Novedades

18/7/2014

La Comisión por la Memoria en Mar del Plata

Para conocer, monitorear y denunciar situaciones de vulneración de derechos

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó varias actividades en la ciudad de Mar del Plata -entre el martes y el jueves de esta semana- con el fin de interiorizarse, monitorear y denunciar diversas situaciones de vulneración de derechos en la localidad. Los directores del organismo mantuvieron reuniones con el fiscal general Fabián Fernández Garello y con la defensora general Cecilia Boeri. En estos tres días de trabajo, la CPM desarrolló además el encuentro regional del programa Jóvenes y memoria, se reunió con familiares de víctimas de la violencia institucional, armó una mesa de trabajo con organizaciones sociales y políticas, firmó un convenio con la Facultad de Humanidades de la UNMP, y realizó una inspección a la Unidad 15 de Batán.

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09/7/2014
Comunicado de la CPM

repudio a la actitud del juez Paolini de Mar del Plata

Es por la limitación de un homenaje a abogados desaparecidos

 

Entre los días 6 y 13 de junio de 1977, durante el terrorismo de estado, grupos de tareas secuestraron y trasladaron a la Base Aérea de Mar del Plata a los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, junto a su esposa María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de cuatro meses. El mismo destino tuvieron los abogados Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther Vázquez de García, José Verde y su esposa Ana María de la Arena y Jorge Candeloro y su esposa Martha García.  Sólo ella,  Ricci, Bozzi, Verde y su esposa sobrevivieron.
La Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata, en el marco de la conmemoración de estos repudiables hechos, promovió un acto en homenaje a los abogados desaparecidos para lo cual solicitó autorización al presidente de la Cámara Penal, Raúl Paolini, para realizar una asamblea en el hall del edificio de tribunales y colocar una placa en su memoria.
En pocas líneas, el presidente de la Cámara dispuso: “… autorízase la colocación de la misma con anterioridad al día 7 de julio del corriente año y sólo el descubrimiento de la misma en una breve y sencilla ceremonia a efectuarse en el día, haciendo saber al peticionante que cualquier otro acto o asamblea que desee llevar a cabo lo deberá realizar en otro ámbito ajeno a este Poder Judicial”.
Lo resuelto y expresado por la presidencia de la Cámara Penal denota una preocupante subestimación de la trascendencia institucional del homenaje a las víctimas del terrorismo de estado, y un notorio apartamiento de las acciones que tienden a consolidar la memoria, la verdad y la justicia.
El homenaje a los abogados desaparecidos debería ser una acción reparatoria asumida por el propio Poder Judicial como un modo de reconocer la valiente actitud que algunos abogados tuvieron en los tiempos más duros de nuestra historia, en contraste con la complicidad manifiesta de muchos magistrados. La dictadura contó con jueces amanuenses y silenciosos que legitimaron la aplicación del plan de extermino.
Hoy, a 30 años de democracia, se debería contar con jueces que protejan a los débiles y perseguidos para que las garantías legales no sean mera declamación sino que incidan en las vidas de las personas.
Cabe preguntarse -como preocupación actual- a qué  Justicia abreva la resolución del Juez Paolini cuando, a partir de una mera facultad administrativa de superintendencia de un edificio, pretende regular mediante “permisos y prohibiciones” el natural ejercicio pleno de derechos constitucionales como son el de reunión y expresión para rescatar la memoria de las víctimas del horror extremo practicado por el estado terrorista.

Entre los días 6 y 13 de junio de 1977, durante el terrorismo de estado, grupos de tareas secuestraron y trasladaron a la Base Aérea de Mar del Plata a los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, junto a su esposa María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de cuatro meses. El mismo destino tuvieron los abogados Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther Vázquez de García, José Verde y su esposa Ana María de la Arena y Jorge Candeloro y su esposa Martha García.  Sólo ella,  Ricci, Bozzi, Verde y su esposa sobrevivieron.
La Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata, en el marco de la conmemoración de estos repudiables hechos, promovió un acto en homenaje a los abogados desaparecidos para lo cual solicitó autorización al presidente de la Cámara Penal, Raúl Paolini, para realizar una asamblea en el hall del edificio de tribunales y colocar una placa en su memoria.

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08/7/2014

La CPM cumplió 15 años

El 8 de julio de 1999, por una resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se creaba la Comisión Provincial por la Memoria.

El conjunto de referentes de un amplio campo de acción en defensa de los derechos humanos, que respondieron a la convocatoria, dieron inicio a un camino que aún continúa.

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19/6/2014
declaracion de la cpm

la tortura en las carceles es sistematica y masiva

 

Tal como viene denunciando la CPM desde hace diez años, en las cárceles del país las prácticas sistemáticas de tortura integran la rutina penitenciaria de castigo, tornando ilusorios los principios de resocialización consagrados legalmente en Argentina. El escándalo y la indignación que producen las fotografías difundidas de las requisas vejatorias y humillantes a ciudadanos detenidos en la provincia de San Luis no ponen al descubierto nada nuevo: es tan sólo otra evidencia de lo ya conocido por todos los poderes del Estado, pues existen recurrentes informes y denuncias en la Justicia y los foros internacionales que así lo acreditan.
No obstante, nunca se ha llevado a cabo una reforma estructural del sistema penitenciario. Por el contrario, en el último tiempo, la presión por más seguridad se ha traducido en una política pública de más encierro y en peores condiciones, como se evidencia claramente en la provincia de Buenos Aires. Tampoco la Justicia ha actuado en consecuencia, y ha garantizado la impunidad y profundización de esta situación crítica.
Es imprescindible la intervención urgente de los distintos poderes del Estado nacional y provinciales para detener la tortura ejecutada por fuerzas policiales y penitenciarias, de la que son víctimas miles de ciudadanos, la inmensa mayoría jóvenes pobres.
No debe dilatarse más la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura -que aún no se ha ejecutado- y los mecanismos provinciales para el control de los lugares de encierro. Al mismo tiempo debe abandonarse el paradigma punitivo y manodurista, que ha demostrado su inoperancia en materia de seguridad, produciendo más violaciones a los derechos humanos.

Tal como viene denunciando la CPM desde hace diez años, en las cárceles del país las prácticas sistemáticas de tortura integran la rutina penitenciaria de castigo, tornando ilusorios los principios de resocialización consagrados legalmente en Argentina. El escándalo y la indignación que producen las fotografías difundidas de las requisas vejatorias y humillantes a ciudadanos detenidos en la provincia de San Luis no ponen al descubierto nada nuevo: es tan sólo otra evidencia de lo ya conocido por todos los poderes del Estado, pues existen recurrentes informes y denuncias en la Justicia y los foros internacionales que así lo acreditan.
No obstante, nunca se ha llevado a cabo una reforma estructural del sistema penitenciario.

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12/6/2014
Jury al Dr. Axel López

La CPM cuestiona decisión del Consejo de la Magistratura

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) expresa su preocupación y rechazo ante el enjuiciamiento del Dr. Axel Gustavo López, a quien el Consejo de la Magistratura acusa de conceder la libertad condicional de un condenado que luego fue imputado en una causa penal por otro homicidio.

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02/6/2014
comision por la memoria

declaraciones 2014

Aquí recogemos las declaraciones públicas producidas por la CPM durante 2014.

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02/6/2014
A 45 días de la declaración de emergencia en seguridad

Se agrava la situación de los derechos humanos en la Provincia

Ante los anuncios realizados por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en relación al resultado de la emergencia de seguridad en sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresa:

La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los derechos humanos de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.

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02/6/2014

Chicha Mariani es parte de la CPM

Emotivo acto en el Liceo Víctor Mercante

Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, fue designada consultora académica de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Le dieron la bienvenida a la institución, los presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón y el consultor académico Baltasar Garzón.

“Muchísimas gracias a la CPM, a la que considero uno de los organismos más importantes del país”, expresó Chicha en el acto que se realizó en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, escuela en donde ejerció como docente durante 25 años. En el encuentro estuvieron presentes Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, senadores y diputados provinciales, funcionarios nacionales, referentes de organismos de derechos humanos y miembros de la Asociación Clara Anahí y de la Comisión por la Memoria.

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12/5/2014
COMUNICADO DE LA CPM

Prácticas ilegales derivadas de la declaración de emergencia

 

La CPM denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros. Particular preocupación generan los realizados en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, y cuya evidencia es publicitada por la página del propio municipio con una foto que ha tomado gran repercusión mediática.
Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial. Y son el resultado de la profundización de un modelo de “seguridad” que promueve el control territorial de los sectores populares.
Estas prácticas policiales son la emergencia de una fuerza policial que las tiene incorporadas en su accionar cotidiano y un poder político que lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención.
Hace unas semanas alertábamos sobre la relación existente entre la promoción de las políticas de mano dura y demagogia punitiva y los asesinatos producidos por particulares ante supuestos delitos contrala propiedad. Hoyalertamos que la respuesta política ante esos hechos -que fue la declaración de emergencia en materia de seguridad- está directamente relacionada con este tipo de procedimientos ilegales y arbitrarios.
Sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas. Se trata del fortalecimiento de uno de los aspectos centrales que caracterizan el poder de la institución policial y que es su dominio territorial.
Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo.
El procedimiento reflejado en la foto remite a la época de la dictadura, cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad. Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas. Si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos.
Insistimos en que la política que debe  asumirse  es el de la seguridad democrática. Con ella se propicia la conjugación de la profesionalización  en el abordaje del delito y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La CPM denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros. Particular preocupación generan los realizados en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, y cuya evidencia es publicitada por la página del propio municipio con una foto que ha tomado gran repercusión mediática.

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12/5/2014
jury a pedro hooft

REPUDIO Y PREOCUPACIÓN POR EL FALLO

 

La CPM expresa su repudio y profunda preocupación ante el pronunciamiento dictado por el jurado de enjuiciamiento en el caso del juez de Mar del Plata Pedro Hooft. El juez Pedro Federico Hooft se encuentra imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a raíz de una causa que se inició el 6 de mayo de 2006 ante la presentación del por entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde. El 13 de marzo del mismo año la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires adhirió a la causa, y el 20 de marzo víctimas directas de los delitos que se imputan y organismos de derechos humanos -entre los que se encuentra la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires- se presentaron como querellantes.
El 5 de marzo de 2013 comenzaron las audiencia preparatorias de Jury que se prolongó por más de un año. Los puntos centrales en los que las querellas fundaron el pedido de destitución fueron:
a.- Visitar los centros clandestinos de detención.
b.- Tener relación directa con la Sub Zona militar 15.
c.- No dar el trámite que correspondía a los recursos de hábeas corpus.
d – Haber tenido contacto directo con los centros de detención clandestinos y saber quiénes se encontraban en ellos [1].
A pesar de existir elementos más que suficientes para determinar la destitución como juez, la mayoría de los conjueces votaron por la absolución de Hooft en este proceso, confundiendo el objetivo del proceso de enjuiciamiento de magistrados. El mismo no es demostrar la comisión de delitos sino el desempeño de los jueces en su función.
Votaron por la absolución: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Hiters, los conjueces abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Nemina, los diputados bonaerenses Abel Buil (FAP) y Guido Martín Lorenzino (FPV) y el senador Héctor Luis Vitale (FR).
En contra de la absolución votaron la diputada Lucía Portes y el senador Luciano Martini, ambos del Frente para la Victoria.
La causa que involucra al Juez Pedro Federico Hooft en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar es fundamental en la medida que permite empezar a revelar la densa y compleja trama de responsabilidades y complicidades de funcionarios del Poder Judicial con el poder de facto y el terrorismo de estado. En este sentido, lo resuelto constituye un claro retroceso en el largo camino que la democracia argentina ha recorrido para alcanzar la memoria, la verdad y la justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Sin embargo, el movimiento de derechos humanos sabe de avances y retrocesos y de lo importante que es seguir impulsando las acciones que el sistema democrático habilita para la búsqueda de justicia. En este sentido, la Comisión Provincial por la Memoria seguirá insistiendo con todas las acciones que tiendan a fortalecer la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
(1) VISITAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION, pudiendo ser advertida su presencia por Marta García de Candeloro, quien le solicitó ayuda, y éste la ignoró, aún tramitando en su Juzgado el Habeas Corpus interpuesto por el Sr. Nicolás Candeloro a favor de Jorge Candeloro y su esposa, la propia Marta García y conociendo que él había sido muerto por manos militares. Estas visitas fueron reconocidas por el propio Hooft en diferentes declaraciones radiales, entre ellas la otorgada a Magdalena Ruiz Guiñazú en marzo del año 2006, así como también en las declaraciones de funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta.
(2) TENER RELACION DIRECTA CON LA SUB ZONA MILITAR 15 a cargo de la represión en la ciudad de Mar del Plata, a la cual le remitió las denuncias por las desapariciones de abogados marplatenses para que el Jefe, Coronel Pedro Barda, sea quien investigara. A pesar de esto, Hooft intercedió ante el Coronel Barda para lograr la liberación del Dr. Camilo Ricci, quien junto a los Doctores Centeno, Alais, Bozzi, Fresneda, Jorge Candeloro y Marta Garcia de Candeloro y Mercedes Argañaraz de Fresneda estaban en el CCD “La Cueva”, en la Base Aérea.
(3) NO DAR EL TRAMITE QUE CORRESPONDIA A LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS presentados a favor de los abogados desaparecidos en lo que la represión militar denominó “La Noche de las Corbatas”. En algunos casos no hay constancia de que los haya diligenciado.
Rechazó el recurso interpuesto en favor de Jorge Candeloro, a pesar de existir una constancia de que había sido detenido junto a Marta García por la Policía Federal de Neuquén y trasladados juntos a Mar del Plata.
A los tres meses, octubre de 1977, el Coronel BARDA le remitió un comunicado por el cual le informaba que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro había sido abatido por las fuerzas militares, al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”. No le pidió explicaciones al Ejército, no investigó esa muerte, no pidió la entrega del cadáver para reabrir el Habeas Corpus y entregarlo a la familia, no comunicó a la familia que el cuerpo de Candeloro había aparecido. Prueba de ello es que su padre lo siguió buscando hasta 1979, cuando interpone otro Habeas Corpus en la ciudad de Neuquén.
No reabrió el Habeas Corpus cuando vio a Marta García detenida ilegalmente en el CCD que funcionaba en la comisaría Cuarta de Mar del Plata.
Más adelante pretendió hacer ver que Marta García había sustraído el expediente del Juzgado, cuando en realidad él le había remitido fotocopias completas al Coronel Caridi de la Sub Zona XV. Inició una reconstrucción en el año 1984 alegando siempre que Marta García lo había retirado en préstamo (dando a entender que ella lo tenía en su poder), remitió siempre esta reconstrucción cuando le fue requerida por tribunales y organismos. Luego de 30 años el expediente fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires entre los expedientes archivados correspondientes al Juzgado del Dr. Hooft. En el expediente original existen resoluciones dictadas por el magistrado acusado dictadas en 1981, 1984 y 1987, es decir con posterioridad a la reconstrucción por él ordenada.
En el caso Juan Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, Hooft tuvo en su poder una nota de autorización que el Coronel Barda hizo a una persona para que explote el campo de los secuestrados. Cuando se le requirió el expediente para incorporarlo como prueba al Juicio por la Verdad, Hooft dijo que alguien lo sacó del archivo y al día de hoy el mismo no apareció. Tampoco investigó las dos causas sobre la desaparición del matrimonio, dictando sin más trámite un sobreseimiento por no existir delito.
Rechazó el Habeas Corpus interpuesto a favor de Pablo Mancini a pesar de haber recibido una contestación de la Base Naval de Mar del Plata donde le informaban que Mancini estaba detenido allí. Hooft consideró que la “detención” se encontraba “justificada”, no le avisó al padre de Pablo Mancini que había interpuesto el Habeas Corpus y resolvió el archivo de las actuaciones. Este expediente fue encontrado luego de 30 años por funcionarios de la Secretaria de DDHH de la provincia de Buenos Aires en el archivo correspondiente al Juzgado de Hooft.
(4) En la causa contra Gregorio Molina, represor del CCD “La Cueva”, un testigo aseguró que Hooft llamaba a dicho centro para averiguar por algunos prisioneros. El conscripto que estaba a cargo del conmutador relató que también informaba sobre algunos recursos de amparo.

La CPM expresa su repudio y profunda preocupación ante el pronunciamiento dictado por el jurado de enjuiciamiento en el caso del juez de Mar del Plata Pedro Hooft. El juez Pedro Federico Hooft se encuentra imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a raíz de una causa que se inició el 6 de mayo de 2006 ante la presentación del por entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde.

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24/4/2014
CONVOCATORIA 2014 DE JOVENES Y MEMORIA

más de 1.000 proyectos de investigacion

El programa  de la CPM Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro sigue creciendo. Este año, en la décimo tercera edición del programa, se inscribieron 1.030 proyectos de investigación. Del total de trabajos presentados, 174 pertenecen a organizaciones sociales y políticas, 390 son grupos que participan por primera vez del programa, 334 son del interior de la Provincia, 619 del Conurbano, y 77 de La Plata.

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12/4/2014
Comunicado de la CPM

Cuestionamiento a las medidas de seguridad anunciadas por Scioli

Luego de su anuncio del sábado 5 de abril, ayer comenzó a regir el decreto 220 que declara por el término de doce meses la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires.

El conjunto de medidas reiteran una vez más las fallidas políticas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos - porque así lo demuestra la realidad y la historia - que ninguna de ellas conducirá a “salvaguardar la vida y los bienes de las personas” como pregonan los fundamentos del decreto.

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03/4/2014
declaracion de la cpm

Linchamientos como efecto de la mano dura

El asesinato de David Moreira en Rosario, y otros episodios de violencia extrema contra jóvenes sospechados de ser autores de robos callejeros, es una señal de alarma que exige pronunciamientos contundentes y acciones políticas de todos los sectores.

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17/3/2014
despues de una inspeccion de la cpm

ordenan la clausura del pabellon 8 de sierra chica

 

Se trata del pabellón Nº 8 de la Unidad 2; la Suprema Corte de Justicia también pidió informes. La disposición llegó después de que la CPM inspeccionara nuevamente esa cárcel junto con la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación) y personal judicial que constató las gravísimas condiciones de detención ya denunciadas en febrero.
La situación de la Unidad 2 de Sierra Chica preocupa también a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Su presidente, Dr. Héctor Negri, dictó la resolución número 051/14 del 12 de marzo de 2014 que requiere informes al Ministerio de Justicia provincial sobre la situación del pabellón 8, y pone en conocimiento de la Procuradora General lo denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria en relación a la inexistencia de contacto con defensores, a fin de que se analice la labor de la defensa técnica.
Entre las dos últimas inspecciones, el equipo del CCT de la CPM presentó más de 400 acciones urgentes en los 19 departamentos judiciales de la Provincia. En cada instancia de monitoreo se pudo verificar que los techos de la Unidad tienen grandes filtraciones de agua a las que se les suma una precaria instalación eléctrica con cables pelados y un alto riesgo para la integridad física de quienes están allí alojados. También se constató que la alimentación que debe proveer el estado es escasa o nula, que existe hacinamiento en celdas compartidas de 2 por 3 metros, y se observó la presencia de cucarachas y ratas. A ello se le suma un régimen que consiste en 24 horas de encierro en las celdas, sin acceso a las duchas, instancias recreativas, educativas y/o laborales ni comunicación telefónica con los familiares o respectivos juzgados.
Ante estas reiteradas denuncias, a las que se sumó una presentación de la PROCUVIN, el Juzgado de Ejecución Nº 2 de Alvear, a cargo de la jueza Adriana Raquel Bianco, resolvió la clausura del Pabellón 8, por un plazo de 10 días a partir del 7 de marzo. Además ordenó que “una vez reparado y rehabilitado” ese sector se proceda al desalojo y reparación del pabellón 10. La orden judicial obliga al director de la Unidad, prefecto Diego Belinchon, a “arbitrar medios a fin de que ningún interno, y en especial los alojados en el pabellón 10, duerma en un colchón en el suelo”, y que los detenidos que ingresan de comisarías “accedan diariamente a horas de patio y recreación, como así también a teléfono”.
Ante esta situación la CPM considera que el estado en que se encuentra la unidad y las personas allí alojadas da cuenta claramente de la desidia del sistema penitenciario y penal en la Provincia, y de la deshumanización a la que son sometidas las personas alojadas en esos lugares de encierro.
El fallo de la clausura: antecedentes y puntos clave
La unidad de Sierra Chica tiene un historial de denuncias. Luego de varias presentaciones anteriores, en el año 2012 la CPM presentó un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Azul, que se declaró incompetente y lo elevó al Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Alvear. La titular del juzgado convirtió el referido habeas corpus en intervención por el artículo 25 inciso 3 del Código Procesal Penal.
Desde febrero de este año la CPM interpuso numerosas acciones que se remitieron nuevamente a la Dra. Bianco por su competencia jurisdiccional. Así la Jueza programó su visita institucional para constatar las denuncias. Esas intervenciones se sumaron a la realizada por la PROCUVIN en el marco de la última inspección. De la información suministrada por ambas instituciones surgen los argumentos que la jueza toma para resolver la clausura.
Al analizar el fallo judicial, los profesionales del Comité Contra la Tortura de la CPM consideraron que si bien la clausura es un avance, el dictamen tiene varios puntos críticos:
Hacinamiento: el fallo es ambiguo sobre este punto ya que no admite el hacinamiento aunque solicita que ninguna persona detenida duerma en el suelo “toda vez que la unidad cuenta con la existencia de camastros”. Esto es un claro incumplimiento del estándar recomendado por la CIDH que dispone que las celdas para una persona deben contar con 7 metros cuadrados. En Sierra Chica las celdas son de 2 x 3 metros, las ocupan 2 personas y no cuentan con condiciones básicas de habitabilidad (agua corriente, luz, etc.).
Condiciones materiales: la jueza solicita que “una vez reparado y rehabilitado el pabellón 8 se procederá al desalojo y reparación del pabellón 10” con el argumento de que “no se advirtió agravamiento de las condiciones de detención” sino “el deterioro lógico de un penal de más de cien años el cual requiere mantenimiento permanente”. Esto deja abierta la posibilidad de una apelación por parte del SPB, ya que no fundamenta suficientemente la clausura, y las reparaciones ineludibles las pueden determinar a su arbitrio el SPB, tornando impotente la resolución judicial.
Acceso a la salud: la jueza advierte que “la unidad penitenciaria cuenta con médico de guardia permanente”, pero elude decir que el acceso a la salud esta mediado por el SPB lo que inhibe la atención médica con la debida atención, tratamientos, suministro de medicación, etc. Se constató que el día de la inspección el médico no se encontraba en la unidad lo que desmorona la supuesta accesibilidad a la salud que se pretende justificar.

Se trata del pabellón Nº 8 de la Unidad 2; la Suprema Corte de Justicia también pidió informes. La disposición llegó después de que la CPM inspeccionara nuevamente esa cárcel junto con la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación) y personal judicial que constató las gravísimas condiciones de detención ya denunciadas en febrero.La situación de la Unidad 2 de Sierra Chica preocupa también a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Su presidente, Dr. Héctor Negri, dictó la resolución número 051/14 del 12 de marzo de 2014 que requiere informes al Ministerio de Justicia provincial sobre la situación del pabellón 8, y pone en conocimiento de la Procuradora General lo denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria en relación a la inexistencia de contacto con defensores, a fin de que se analice la labor de la defensa técnica.

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19/9/2013
archivo de la dippba

colecciones documentales

El centro de documentación y archivo de la CPM produjo 17 colecciones documentales temáticas. La última es acerca del golpe de estado en Chile y su repercusión en la Argentina, y se presentó recientemente. Cada colección consta un DVD de documentos que forman parte del acervo documental del archivo de la ex DIPPBA y un prólogo escrito por algún investigador. Informes: de lunes a viernes de 10 a 16 horas; calle 54 Nº 487 entre 4 y 5, La Plata; teléfono: 0221 4227124; correo electrónico: archivo@comisionporlamemoria.org

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03/9/2013
la cpm

declaraciones 2013

Desde aquí se accede a las declaraciones públicas que la CPM emitió durante 2013.

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