“La violencia institucional es la violencia que despliegan las agencias del sistema penal, un sistema penal selectivo y represivo que funciona bajo una premisa ‘hay que detener más para prevenir el delito’. Argentina tiene una de las tasas de prisionización más alta del mundo y el problema de la seguridad no se solucionó, porque esa premisa es falsa. No hay solución a los problemas de seguridad si no se resuelven las cuestiones estructurales con políticas públicas de inclusión y desarrollo social”, señaló el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, durante el acto por el día nacional de lucha contra la violencia institucional.
A 32 años de la masacre de Budge, en un auditorio lleno, la CPM conmemoró ese día de lucha con una mesa integrada por Roberto Cipriano García, la activista LGTTBI y referente de Otrans Argentina Claudia Vázquez Haro, y Rosa Bru, mamá de Miguel, el joven platense desaparecido en 1993.
“Desde 2015, hubo un aumento del 100 % de las detenciones arbitrarias de las personas trans y travestis. Uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad”, señaló Vázquez Haro. Y agregó: “Los derechos humanos son el resultado de las luchas sociales de los colectivos más vulnerables. No son dádivas de Estados o gobiernos, es la conquista de la organización social y política”.
“Cuando pasó lo de Miguel, ni siquiera podía pensar la idea de la desaparición y la violencia institucional. Después supimos que la Policía lo desapareció y la justicia lo encubrió”, recordó Rosa Bru y destacó el acompañamiento a familiares víctimas de violencia institucional que realiza la CPM como una de sus líneas de trabajo e intervención.
Un día antes del acto realizado este mediodía en la CPM, también se había conmemorado esta fecha en el teatro municipal de Merlo con otra mesa de debate integrada por Cipriano García, Vázquez Haro y Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón.
Los dos actos se realizaron en el marco de las jornadas de capacitación, a cargo de la directora general de la CPM Sandra Raggio, para docentes y coordinadores que participan de una nueva convocatoria del programa Jóvenes y Memoria. En estos días, unos 500 educadores de toda la provincia participaron de estos encuentros.