Aportes del Archivo DIPPBA

Introducción

Desde su creación, la CPM interpretó que el fortalecimiento del camino de la justicia era crucial para la afirmación de una democracia real en la Argentina. La demanda de anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto final y de los indultos, la recuperación de los archivos existentes relacionados con la represión y el respaldo a los Juicios por la Verdad fueron parte de esa lucha.
En el año 2000, la CPM recibió por ley el archivo y la casa que había sido sede de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Desde ese momento se encargó de investigar y entregar pruebas a la Justicia, en principio respondiendo las solicitudes de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para el Juicio por la Verdad y las de otras sedes judiciales donde comenzaban a realizarse juicios similares.
A partir de la anulación de las leyes de impunidad en 2003, la CPM empezó a realizar aportes de documentación que podía resultar probatoria para las causas penales abiertas o reabiertas en todo el país. Se hicieron aportes valiosos para las causas “Etchecolatz”, “Von Wernich”, “Patti”, “Orletti” y “Floreal Avellaneda”, entre muchas otras.

El peritaje

La tarea de los peritos consiste principalmente en hacer visibles a partir de los documentos las distintas modalidades de la represión practicada contra ciudadanos y las responsabilidades de las fuerzas represivas, ordenarlas y valorarlas como pruebas que contribuyan de modo efectivo a la verdad y a la justicia.
A estos fines se consulta la documentación existente en el archivo, reunida en la forma de fichas personales y legajos que constituyen dos grandes bloques de información:
• la elaborada por los miembros del servicio de inteligencia
• la expropiada a las víctimas
De los documentos que integran el fondo de la DIPPBA los más usuales son:
• fichas personales, de eventos y de instituciones
• pedidos de captura
• seguimientos individuales o grupales
• informes elaborados por distintos organismos de inteligencia y compartidos entre los miembros de la “Comunidad informativa”
• carpetas alfabetizadas (fojas de resúmenes de antecedentes de personas)
• hallazgos de cadáveres N.N.
• recursos de hábeas corpus y solicitudes de paradero
• denuncias de secuestros
• fojas del libro de registro
• prontuarios, análisis ideológicos y de antecedentes.

El valor de la prueba

Algunas causas en las que la CPM aportó documentos del archivo de la DIPPBA:

AUTOMOTORES ORLETTI

Carátula: “Guillamondegui, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado”.
Hechos investigados: Funcionamiento del Centro Clandestino de Detención conocido como “Automotores Orletti”. Estructura del organismo que lo controló (SIDE). Secuestro, torturas y desaparición forzada ejercida sobre 62 víctimas.
Estado: con sentencia / 2011 – Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 – Jueces: Dres. Jorge H. Gettas, Oscar Ricardo Amirante y Adrián Federico Grünberg.
Sentencia: Condenados: Eduardo Ruffo, Raúl Antonio Guglielminetti, Eduardo Rodolfo Cabanillas; Honorio Carlos Martínez Ruiz.

Síntesis de los aportes realizados por la CPM
El Centro Clandestino de Detención (CCD) Automotores Orletti dependió en particular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aunque muchos testimonios aseguran que también operaban en él otras fuerzas, como la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. La característica principal de este CCD fue que coordinaba acciones con Fuerzas Armadas de países limítrofes, en el marco de lo que se conoció como Plan Cóndor.
La CPM aportó a esta causa documentos que sirvieron para reconstruir la estructura orgánica de la SIDE (1) e identificar responsables (2.1 y 2.2). Algunos legajos de la DIPPBA dan cuenta de operativos llevados adelante por agentes de la SIDE (3) o muestran acciones de inteligencia en las que es posible vincular a imputados. Otros contienen referencias a “legajos SIDE” (4) —con numeración propia— que corresponden a víctimas vistas en Automotores Orletti. El material demostró también la persecución realizada sobre ciudadanos extranjeros.

Valoración de los documentos DIPPBA en la sentencia judicial
“(…) Completa el cuadro probatorio reseñado una pieza de gran importancia para el presente caso, remitida por la Comisión Provincial de la Memoria, la cual consta de un legajo correspondiente a la Mesa “DS” (la cual por los dichos de la testigo Claudia Bellingeri sabemos que se refiere a delincuentes subversivos) N° 8346 caratulado ‘Imprenta clandestina en la calle Castro 749’ de la ex DIPBA. En dicho legajo consta que en la fecha mencionada personal de la Comisaría Segunda de Morón (Haedo) advirtió un operativo en las inmediaciones del domicilio citado con alrededor de 40 personas vestidas de civil y armadas. Que ante el requerimiento de identificación se logró determinar que se trataba de personal de SIDE y de Seguridad Federal de PFA, los cuales no habían comunicado a la Unidad Regional de Morón que realizarían el procedimiento, en el que detuvieron a tres personas, desconociéndose las identidades y lugar de alojamiento al que fueron trasladados. Por todo ello, se puede afirmar con plena certeza que María Elena Laguna fue privada ilegalmente de su libertad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar reseñadas, como así también su permanencia en el CCD “Automotores Orletti”, su sometimiento a tormentos y condiciones inhumanas de detención y su traslado ilegal a la República Oriental del Uruguay”. (Fragmento de los fundamentos del tribunal en la sentencia dictada en la “causa Orletti”, pág. 1103).

Portada del legajo de la Mesa Ds, Varios, N° 8346, aportado en el caso de la ciudadana uruguaya María Elena Laguna y ponderado en la sentencia del TOF 1.

Foja del legajo N° 8346 de la Mesa Ds, Varios, aportado en el caso  María Elena Laguna y  ponderado en la sentencia del TOF 1.

GALERIA DE IMAGENES

SENTENCIA

REPERCUSIONES (ver link)

CAUSA PATTI

Carátula: “RIVEROS, Santiago O. y otros s/inf. Arts. 151 y otros del CP (casos 226, 246 y 290)”

Hechos investigados: Secuestros, tormentos y asesinato. Accionar de la comisaría de Escobar y de la Unidad Regional Tigre. Coordinación de las acciones represivas entre el Ejercito y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Persecución política a víctimas.  

Estado: con sentencia / 2011. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín. Jueces: Dres. Lucila E. Larrandart, Héctor O. Sagretti y María Lucía Cassain.

Sentencia: Condenados: Santiago Omar Riveros, Reynaldo  Benito Antonio Bignone, Luis Abelardo Patti, Juan Fernando Meneghini y Martí Rodriguez

Síntesis de los aportes realizados por la CPM:

La investigación del equipo de trabajo se desarrolló a partir de los siguientes ejes:

• análisis de la organización represiva planificada desde el Acantonamiento de Campo de Mayo en mayo de 1975; (carátula del legajo N° 2981 de la Mesa Ds, Varios, aportado en la causa Patti (1))

• estudio de la estructura orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1974 y 1977;  (2 y 3)
• reconstrucción de la estructura orgánica y jerárquica de la Unidad Regional XII (con cabecera en Tigre); (4)
• selección de legajos referentes a los denominados “hallazgos de cadáveres”;
• análisis de otra documentación referida a víctimas e imputados de esta causa. 

La documentación del archivo aportada al tribunal y valorada por este en los fundamentos de su sentencia permite advertir la actividad y la organización represiva del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo en 1975. (5)

Portada del legajo N° 2981 de la Mesa Ds, Varios, aportado en la causa Patti y valorado en los fundamentos de la sentencia del TOF


Foja 4 del legajo N° 2981 de la Mesa Ds, Varios, aportado en la causa Patti y valorado en los fundamentos de la sentencia del TOF


Legajo N° 2981 de la Mesa Ds, Varios, aportado en la causa Patti y valorado en los fundamentos de la sentencia del TOF

Valoración de los documentos DIPPBA en la sentencia judicial

“(…) Claudia Bellingeri se refirió a documentos hallados sobre la represión ilegal en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, dentro de la jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, del que dependía la Unidad Regional de Tigre, que incluía a Escobar, antes de 1976.
“Según los documentos exhibidos en la audiencia, en 1975 se da ‘la orden de batalla para la jurisdicción Campo de Mayo’ y desde ese momento aparecen ‘legajos que dan cuenta del trabajo combinado’ con la policía bonaerense. ‘Funcionaban desde antes del 76 en coordinación’, afirmó. Dijo que la Comisión Provincial por la Memoria tiene un archivo con más de 80.000 fichas de los departamentos de policía y otras fuerzas de seguridad y armadas, de la Dirección provincial de inteligencia DIPBA. Los documentos hallados en el 2000, en la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, dan cuenta de la interacción entre el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y la Unidad  Regional de Tigre, de la que dependía la seccional de Escobar. Que la Unidad Regional de Tigre, tenía jurisdicción en Tigre, Escobar, San Fernando, Campana, Pilar, Zárate, Exaltación de la Cruz.
“Señaló que además demuestran que en la seccional de ese partido hubo detenidos de manera ilegal que luego eran entregados al Ejército como, según la causa, sucedió con el ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto.
“Se centró en particular en los hallados sobre la represión ilegal en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, dentro de la jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que puso bajo su órbita a la Unidad Regional de Tigre, que incluía a Escobar y sus sub dependencias como Garín, donde estaba Patti desde antes de 1976.
“Se refirió a la Unidad Regional de Tigre, que dependía del  Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, siendo el Área zona 4, zona construida para la lucha antisubversiva en 1975 y a la ya mencionada  reunión informativa del 8 de mayo de 1975 en Campo  de Campo  de Mayo, a un informe de la Dirección de Inteligencia  de Tigre sobre tal reunión y las fuerzas de la zona que se integran.
“En ese informe secreto de mayo de 1975 elaborado por la DIPBA de Tigre tras una reunión en el Comando de Institutos Militares se daba cuenta de una reunión el 8 de ese mes en Institutos Militares de Campo de Mayo con jefes policiales. A  la reunión fueron convocadas las fuerzas de la zona que se iban a integrar a la creación del destacamento de inteligencia: la Unidad Regional de San Martín, la UR 12 de Tigre (de la que dependía la comisaría de Escobar), los jefes de la Policía de Inteligencia de ambas jurisdicciones, la Brigada de investigaciones de San Martín y de Caseros. En realidad, ‘las fuerzas policiales estaban siendo convocadas por las Fuerzas Armadas para trabajar en conjunto y -en ese caso- sobre los establecimientos fabriles de la zona. En esa reunión, los militares encargaron  a la policía ejercer control sobre establecimientos fabriles de la zona, y pasar información cada cinco o diez días para poder tener controlados a los trabajadores que eran delegados o militantes’.
“‘Son documentos que permiten sostener el vínculo existente entre Institutos Militares de Campo de Mayo y la Policía Bonaerense y otras fuerzas represivas desde antes del año 1976’”. (Fragmento de los fundamentos de la sentencia del TOF en la “Causa Patti”, página 213).

GALERIA DE IMAGENES

SENTENCIA

REPERCUSIONES

www.pagina12.com.ar * 2011-04-25
www.pagina12.com.ar * 2011-02-07
www.pagina12.com.ar * 2010-12-23

www.pagina12.com.ar * 2010-12-07
MASACRE DE MARGARITA BELÉN, CHACO

Carátula: “RENÉS, Athos Gustavo y otros…”.

Hechos investigados: matanza de 11 víctimas ocurrida el 13 de diciembre de 1976 en la localidad chaqueña Margarita Belén, jurisdicción del segundo cuerpo del Ejército.

Estado: con sentencia / 2011 – TOF de Resistencia – Jueces: Dres.: Ramón Luis González, Eduardo Ariel Belforte y Gladis Mirtha Yunes.

Sentencia: Condenados: Athos Gustavo Renes, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ricardo Guillermo Reyes, Ernesto Jorge Simoni. Absuelto: Alfredo Luis Chas

Síntesis de los aportes hechos por la CPM:

La documentación localizada en el fondo documental de la ex DIPPBA y aportada al TOF de Resistencia exhibe la vigilancia que los servicios de inteligencia ejercieron sobre víctimas luego asesinadas en Margarita Belén. Para varias de ellas, por ejemplo, la DIPPBA había confeccionado fichas personales porque habían sido estudiantes en La Plata, y luego ese seguimiento continuó.
En el archivo hay huellas de dicho seguimiento que llegan hasta muy poco tiempo antes de la masacre: solicitudes de captura, “estudios ideológicos”, fojas de “antecedentes” personales y de “activismo” producidos por la SIDE y el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, distribuidos en la “comunidad informativa” y asentados en legajos DIPPBA. Se localizaron pedidos de información realizados por el Batallón 601 en 1975 sobre “elementos de tendencia izquierdista o de reconocida militancia” en la zona (Chaco, Formosa, Corrientes), personas luego asesinadas en Margarita Belén.
La versión de los servicios de inteligencia sobre la masacre plantea que “elementos subversivos” atacaron una columna militar que transportaba “detenidos subversivos a disposición del PEN” hacia Formosa, lo que habría terminado en la fuga y la muerte de algunos de ellos. Esta versión fue mantenida por los servicios a lo largo del tiempo. También continuaron produciéndose, desde una maquinaria burocrática perversa, pedidos de captura para víctimas de la masacre.

Fragmento del legajo DIPPBA de la Mesa Ds, Nº 20595 donde queda explícita la versión policial de los hechos, refutada por completo en el juicio oral. Con “el causante” los servicios de inteligencia (la SIDE y el Batallón de Inteligencia 601) se refieren a una de las víctimas de la masacre que estaba detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. (ver imagen)

SENTENCIA

FUNDAMENTOS

CASO FLOREAL AVELLANEDA

Carátula: “Riveros, Santiago Omar y otros… Caso 145”

Estado: con sentencia / 2009 / TOF 1 de San Martín. Jueces: Dres. Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti

Hechos investigados: secuestro, tortura y asesinato de Floreal Avellaneda, de 15 años, y secuestro y torturas a su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, en 1976.

Sentencia: Condenados: Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen, Osvaldo Jorge García, Alberto Ángel Aneto, Raúl Horacio Harsich, César Amadeo Fragni.

Síntesis de los aportes hechos por la CPM:

El archivo aportó a esta causa valiosos documentos DIPPBA sobre la Zona Militar 4 y la centralidad el Comando de Institutos Militares en la desaparición forzada de personas. A partir de este material, la perito Claudia Bellingeri prestó testimonio en una audiencia oral y pública en el marco del juicio.
Estos aportes, luego ponderados en los fundamentos de la sentencia, demostraron que desde 1975 las comisarías y las áreas militares actuaban de manera coordinada para realizar tareas operativas. Este circuito de informaciones, instrucciones y acciones pudo ser reconstruido a partir del cruce entre documentos. Con documentos hallados en el fondo documental de la DIPPBA también se probó que el Comando de Institutos Militares contenía un organismo de inteligencia e información desde 1975 y que existía un grupo de tareas comandado por el “COT”, y se contribuyó a reconstruir el contexto para la condena al policía bonaerense Alberto Ángel Aneto, que participó del allanamiento y del secuestro de Floreal Avellaneda.
Además, la documentación aportada respalda el testimonio de Iris Pereyra —madre de Floreal Avellaneda— sobre su secuestro, su detención clandestina y su paso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El cruce entre su testimonio y los documentos de la DIPPBA sugiere que Iris y Floreal estuvieron detenidos clandestinamente (en la comisaría de Villa Martelli y en el Comando de Institutos Militares) antes de que ella pasara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
En mayo de 1976, el Primer Cuerpo del Ejército responde, en el marco de un recurso de habeas corpus presentado ante el juez penal de San Martín Dr. Guitard, que posee información acerca de Iris Pereyra de Avellaneda pero no acerca de Floreal. Esta respuesta es incomprensible, pues ambos fueron secuestrados el 15 de abril de 1976, en un mismo hecho, por disposición del Ejército, como surge de la documentación DIPPBA.
Otro aporte significativo fue un listado de agentes policiales que desarrollaron actividades en Vicente López entre 1976 y 1983.

Uno de los documentos DIPPBA aportados para el caso Floreal Avellaneda. Legajo DIPPBA de la Mesa Ds, Varios, Nº 5146 (ver imagen)

Legajo DIPPBA Nº 7987, aportado para el caso Floreal Avellaneda. (ver imagen)

Valoración de los documentos DIPPBA en la sentencia judicial

En los fundamentos de la sentencia del TOF 1 de San Martín (Link al PDF de la sentencia) para el caso Floreal Avellaneda, los jueces destacaron numerosos aspectos del valor probatorio de la documentación aportada por la CPM. En especial, el legajo de la Mesa Ds, Varios, Nº 2703, de “Detenidos a disposición del PEN” donde consta: “Pereyra Iris Etelvina. Activ. del PC CONEC. Montoneros EJ Arg. 114. Decreto 00203 fecha 23-4-76 Dec 1436/78 No. de orden 14194 Alojado en lugar Cdo. IIMM”. También ponderaron la prueba de la creación del Comando de Institutos Militares y su organismo de inteligencia e información desde 1975.
Además, los fundamentos de la sentencia retoman la descripción aportada por Claudia Bellingeri acerca de la existencia de acciones operativas combinadas entre comisarías y áreas militares. Subrayan el hecho de que “la comisaría de Villa Martelli y la Dirección de Seguridad reportaban al COT, además de la vía administrativa y jerárquica común” y que “había grupos operativos que llevaban adelante las acciones”.

GALERIA DE IMAGENES

SENTENCIA

CASO RAGONE, SALTA

Carátula: “Herrera Rubén Nelson y otros…”

Hechos investigados: secuestro y desaparición forzada del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, homicidio de Santiago Catalino Arredes y lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal en Salta, jurisdicción del tercer cuerpo del Ejército.

Estado: con sentencia / 2011 / TOF de Salta. Jueces: Dres.: Marta Liliana Snopek, José C. Quiroga Uriburu y Carlos Jiménez Montilla.

Sentencia. Condenados: Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Joaquín Guil; y Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera (dos años de prisión en ejecución condicional). Absueltos: Andrés del Valle Socaire y Jorge Héctor Zanetto

Síntesis de los aportes hechos por la CPM:

La documentación aportada al TOF de Salta en el marco de este juicio muestra cómo para los servicios de inteligencia el gobernador Miguel Ragone constituyó un foco de atención significativo en la zona norte del país desde 1973. Lo mismo ocurrió con sus familiares, sus funcionarios y su entorno en general  (personas ligadas a él en el ámbito de la Universidad Nacional de Salta y en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, por ejemplo). Así, “la cuestión Ragone” se tradujo en una temprana elaboración de fichas policiales e “informes ideológicos” construidos con datos proporcionados por la SIDE, la Superintendencia de Seguridad Federal, el Batallón de Inteligencia 601, el Destacamento de Inteligencia 143, la “DIP” Salta, entre otros servicios de inteligencia.
Ragone estaba incluido en un pedido de captura emanado de autoridades argentinas en función de “sus actividades subversivas”. En su alegato, la fiscalía planteó: “Ese pedido, Operación Cóndor mediante, fue distribuido en 1976 a todas las dependencias militares y policiales del Brasil. Listas como éstas son las mismas que aparecen en el informe de la Comisión Provincial de la Memoria como emanadas del Destacamento de Inteligencia nº 143. (…). Lo relevante es que desde la propia estructura estatal encargada de la lucha contra la subversión se había caracterizado a Ragone y a muchos de sus seguidores, como enemigos, dignos de ser capturados”.
La lectura de los documentos DIPPBA aportados, donde los sujetos vigilados son retratados como lo “peligroso”, lo “marxista”, lo “subversivo” en el norte del país, permite también reconstruir el funcionamiento de la “comunidad informativa” local, en la que se destaca el rol del Destacamento de Inteligencia del Ejército 143 (Salta) y de la Delegación Salta de la Policía Federal. De algunos legajos aportados se desprende que en las dependencias de ésta (a cargo del fallecido comisario Ernesto Livy, denunciado ante la Conadep por torturas) se realizaban “interrogatorios”.

Foja del legajo DIPPBA Nº 4145, ubicado en la Mesa Ds, Varios y aportado para la causa Ragone (ver imagen)

Foja del legajo DIPPBA Nº 7840, ubicado en la Mesa Ds, Varios y aportado para la causa Ragone. Demuestra la relación de distintos servicios de inteligencia de la “comunidad informativa”: el “SI Salta”, la “DIP Salta”, la “DIPPBA” y la “Side” (ver imagen)

Foja del legajo DIPPBA Nº 19954, “Antecedentes de la Comisión Asesora de Antecedentes”, ubicado en la Mesa Ds, Varios y aportado para la causa Ragone (ver imagen)

La articulación entre civiles y policías. Foja del legajo DIPPBA Nº 16207 de la Mesa Ds, que contiene parte del descargo de un funcionario de la Universidad Nacional de Salta hecho ante el Destacamento 143 del Ejército. Este documento fue ponderado por el abogado de la familia Ragone y por el fiscal en su alegato. (ver imagen)

GALERIA DE IMAGENES

SENTENCIA

REPERCUSIONES

http://www.grupoaries.com.ar

http://periovista.com.ar

http://www.pagina12.com.ar * 2011-11-18

CORRIENTES, CAUSA CLUB HÍPICO DE GOYA

Carátula: “Panetta, Ángel Vicente F/ denuncia”

Hechos investigados: crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en perjuicio de 25 víctimas en centros clandestinos de detención que operaron en la ciudad correntina de Goya, como el que funcionó en el llamado Club o Campo Hípico de esa ciudad.

Estado: con sentencia / 2011/ TOF de Corrientes. Jueces: Dres.: Víctor Antonio Alonso, Lucrecia M. Rojas de Badaró, Fermín Amado Ceroleni.

Sentencia: Condenados: Juan Antonio Obregón, Romualdo Baigorria;  Juan Ramón Alcoverro, Alberto Silveira Ezcamendi, Leopoldo Cao y Luis Leónidas Lemos.

Síntesis de los aportes hechos por la CPM:

La documentación aportada a la Justicia Federal de Corrientes contribuye, en especial, a demostrar la vigilancia focalizada que los servicios de inteligencia ejercieron sobre grupos de personas que buscaban organizarse en el ámbito rural del nordeste argentino (jurisdicción del segundo cuerpo del Ejército).
La DIPPBA y otros servicios de inteligencia pusieron en marcha investigaciones especiales (que después se tradujeron en “relevamientos” y “procedimientos”) dirigidas a perseguir a organizaciones de trabajadores rurales, cooperativas de producción agrícola o ligas agrarias apoyadas por religiosos y laicos del movimiento tercermundista. En algunos documentos es muy explícito el interés de la “comunidad informativa” en investigar y controlar a estos movimientos agrarios reunidos para luchar por mejores condiciones de trabajo y comercialización.

Legajo DIPPBA Nº  19254, de “Antecedentes de la Comisión Asesora de Antecedentes” (ver imagen)

Que muchas víctimas del terrorismo de Estado cuyos casos se investigaron en esta causa hayan sido fichadas por un organismo de inteligencia bonaerense aun cuando su ámbito de residencia, trabajo o militancia era la provincia de Corrientes expresa el proceder coordinado y colaborativo entre distintos servicios de inteligencia (la DIPPBA, el Batallón de Inteligencia 601, el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, el Servicio de Inteligencia Naval, el servicio de inteligencia de la Policía de Corrientes).

Mesa Ds, Varios, Nº 4476, caratulado “Procedimiento antisubversivo en la localidad de Goya (Corrientes)”, que se inicia con un informe del GT-2 fechado 2 de febrero de 1976 (ver imagen)

SENTENCIA