En el año 2003 la COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA creó el COMITÉ CONTRA LA TORTURA, como organismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en la actualidad, fundamentalmente frente a las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El COMITÉ cuenta actualmente con dos áreas de trabajo. Una de DATOS y ESTADISTICA se centra en la recopilación de informes judiciales relativos a torturas y violaciones de derechos humanos en los que aparezcan involucradas fuerzas de seguridad. Ello con el objetivo de realizar una base de datos y estudios estadísticos de diversa índole, que permiten tanto revisar los antecedentes de personal penitenciario o policial como conocer la labor de los fiscales y jueces que intervienen en esas causas. La segunda área del Comité es la de INVESTIGACIÓN. Su actividad fundamental es la detección, estudio y gestión frente a violaciones a derechos humanos en centros de privación de libertad de la provincia.

La primera etapa de trabajo del Comité se vio plasmada, el mes de octubre del año 2004, en la publicación de “El Sistema de la Crueldad”, un exhaustivo informe sobre Torturas, Apremios ilegales y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que se dio a conocer tanto a la opinión pública como a los poderes provinciales y nacionales.

Durante el año 2005, el Comité amplió su tarea, al iniciar visitas de inspección en los establecimientos de detención. Entre los meses de abril y diciembre se visitaron con esta modalidad 10 Unidades Carcelarias, 2 Comisarías, y un Instituto de Menores de máxima seguridad, en las cuales se detectaron reiteradas afectaciones a los derechos fundamentales de los allí alojados.

Por otra parte, el Comité realiza seguimientos de casos testigos, mediante la interposición de denuncias, acciones de hábeas corpus y el patrocinio de causas judiciales, trabajo que muchas veces se realiza en colaboración con Defensores Oficiales de la provincia.

Asimismo, el área trabaja en la propuesta de políticas públicas y en la investigación y esclarecimiento de causas referidas a violaciones de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, con motivo de la tragedia del 16 de octubre de 2005 en la Unidad nº 28 de Magdalena, donde 33 detenidos perdieron su vida tras un incendio, se realizó una investigación especial que incluyó la recepción de testimonios de sobrevivientes, inspecciones a la unidad, estudio de expedientes administrativos y judiciales y patrocinio de víctimas. Se elaboró además un informe y un video que fue entregado a los poderes nacionales y provinciales en el mes de noviembre de 2005.

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