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Políticas de seguridad
Prácticas policiales

Son muchas las personas que han denunciado al Comité Contra la Tortura ser víctimas de diferentes actos ilegales cometidos por la policía bonaerense: hostigamientos, persecución policial, armado de causas, implantación de prueba falsa o extorsiones para obligar a cometer ilícitos organizados por los propios agentes.

Debido a la asimétrica relación de poder entre los funcionarios policiales y las víctimas de estas prácticas, no resulta sencillo trazar respuesta ante los atropellos. Cuando las personas perseguidas se atreven a denunciar la persecución policial, suelen producirse represalias que generalmente se presentan bajo la forma de nuevas persecuciones, golpizas, amenazas, agilización de las causas fraguadas, o incluso riesgo de vida, tal como sucedió con Luciano Arruga por negarse a robar para la policía.

Por eso para contrarrestar estas prácticas resulta fundamental que las víctimas vayan creando un marco de protección, que pueda incluir a sus grupos afectivos (familia, amigos, vecinos), organismos de derechos humanos u órganos judiciales comprometidos.

Entre otras, las intervenciones pueden ser: denuncias judiciales o habeas corpus preventivos, presentaciones administrativas al Ministerio de Justicia y Seguridad, pedido de información o de medidas a los actores judiciales intervinientes o gestiones ante algún otro organismo.

Detención por averiguación de identidad

La DAI (detención por averiguación de identidad) es una facultad policial que permite detener sin orden judicial. Fue otorgada formalmente por el inconstitucional inciso c del artículo 15 de la ley 13482.

Si bien los defensores de esta facultad policial argumentan que se trata de una técnica necesaria para la prevención del delito, el propio Ministerio de Seguridad ha reconocido que no tiene tal finalidad.

Es importante subrayar que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico una persona sólo debe ser privada de su libertad con una orden judicial. Si bien hay excepciones, en esos casos la policía debe notificarlas a la autoridad judicial competente.

  • Análisis de la ley 13482 en el informe 2009
  • Norma