comision
12/4/2014
Comunicado de la CPM

Cuestionamiento a las medidas de seguridad anunciadas por Scioli

Luego de su anuncio del sábado 5 de abril, ayer comenzó a regir el decreto 220 que declara por el término de doce meses la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires.

El conjunto de medidas reiteran una vez más las fallidas políticas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos - porque así lo demuestra la realidad y la historia - que ninguna de ellas conducirá a “salvaguardar la vida y los bienes de las personas” como pregonan los fundamentos del decreto.

A lo largo de los últimos quince años hemos visto acrecentarse la cantidad de agentes policiales y de patrulleros, la creación de nuevas policías y patrullas municipales, la presencia de la Gendarmería nacional en el territorio, la extensión del control poblacional a través de las detenciones por  averiguación de identidad y otras prácticas al margen del control judicial, y el establecimiento de cámaras de seguridad, entre otras medidas denominadas de prevención pero dirigidas al control social de los sectores más vulnerables. Como contrapartida no se pusieron en marcha políticas serias destinadas a perseguir el delito complejo de gran impacto social: narcotráfico, trata de personas, violencia institucional, robo automotor, piratería del asfalto, corrupción, entre otros delitos graves que muchas veces implican a funcionarios públicos por acción u omisión. En relación a estos mercados ilegales, que retroalimentan el delito en los territorios, tampoco se han diseñado estrategias ni políticas de estado que propicien un abordaje que tienda a limitarlos o reducir su impacto por fuera de la herramienta estrictamente represiva. Como ya expresamos en otras oportunidades las políticas que propician la guerra contra el delito, también han fracasado en la mayoría de los países en los que se las ha querido implementar.

 

El despliegue de uniformados, asentados en la lógica de ocupación territorial, construye un escenario bélico de control de los conglomerados poblacionales pobres donde se localizan a los “peligrosos”, como potenciales enemigos de los sectores que concentran mayores niveles de bienestar económico. A unos se los controla, a otros se los protege, expresando en las políticas de seguridad la legitimación de la exclusión social y la estigmatización de los pobres.

 

El límite al régimen de excarcelaciones no es un recurso nuevo. Se ha recurrido a esta estrategia ante las distintas coyunturas que han puesto en tensión al poder político con los reclamos sociales. Estas medidas sumadas al aumento irracional de penas, no sólo no han propiciado un abordaje responsable de la problemática delictiva, sino que también han generado el colapso del sistema carcelario, propiciando condiciones inhumanas de detención y la violencia sistemática en los contextos de encierro.

 

La contracara de estas medidas es el límite estrecho de las políticas de promoción y protección de la infancia y la juventud. Las existentes son  deficientes y están desfinanciadas. El conflicto docente que postergó el inicio de clases dio cuenta de los serios  problemas que tiene  el  sistema público de enseñanza,  lo que también caracteriza al sistema sanitario provincial. Hubiéramos deseado que esta realidad fuera asumida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el mismo énfasis que le ha puesto a las “políticas de seguridad”, en el concepto más restringido, puesto que las políticas sociales y educativas son políticas de seguridad pública claves. El análisis comparativo de los problemas de inseguridad que atraviesan diversas sociedades demuestran a las claras que estos están íntimamente vinculados con los niveles de igualdad y bienestar social.

 

El panorama actual demuestra una vez más, que las políticas de “mano dura” no sólo son incorrectas porque han demostrado su ineficacia, sino también irresponsables y peligrosas ya que afectan la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Al calor de ellas hemos visto y denunciado el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. La tortura sistemática en cárceles y comisarías es un hecho incontrastable. También lo son  las ejecuciones sumarias bajo la modalidad del “gatillo fácil”, las prácticas policiales ilegales, como el armado y fraguado de causas, el hostigamiento policial, el reclutamiento para el delito, entre otros.

 

Estas prácticas sistemáticas del Estado son el contexto que propicia, naturalizando la violencia, actos de barbarie como los linchamientos. En este sentido, que  el gobierno provincial haya decido continuar por el mismo camino, no aporta a la convivencia democrática sino que exacerba la violencia y la fragmentación social, cristalizando un sentido común donde la solución a los problemas radica en el control y represión de los “peligrosos” de la sociedad: “los pibes chorros”, un sintagma que condensa un fuerte racismo y odio social a los más vulnerables. 

 

Insistimos, y lo seguiremos haciendo, en que es imprescindible avanzar en la formulación de políticas de seguridad, democráticas y eficaces, diseñadas no sobre la base de climas y sensaciones, sino de datos y lecturas de las problemáticas con rigurosidad científica, profesionalizando las fuerzas de seguridad, ejerciendo un verdadero control civil de ellas, implementando de manera efectiva la policía judicial, para que no sea otra letra muerta de una ley con buenas intenciones,  concretando la autonomía de la defensa pública, otorgando estatus legal a los mecanismos de control y prevención de la tortura y democratizando el poder judicial y la selección de magistrados. 

COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA 

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