comision
12/5/2014
COMUNICADO DE LA CPM

Prcticas ilegales derivadas de la declaracin de emergencia

 

La CPM denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros. Particular preocupación generan los realizados en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, y cuya evidencia es publicitada por la página del propio municipio con una foto que ha tomado gran repercusión mediática.
Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial. Y son el resultado de la profundización de un modelo de “seguridad” que promueve el control territorial de los sectores populares.
Estas prácticas policiales son la emergencia de una fuerza policial que las tiene incorporadas en su accionar cotidiano y un poder político que lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención.
Hace unas semanas alertábamos sobre la relación existente entre la promoción de las políticas de mano dura y demagogia punitiva y los asesinatos producidos por particulares ante supuestos delitos contrala propiedad. Hoyalertamos que la respuesta política ante esos hechos -que fue la declaración de emergencia en materia de seguridad- está directamente relacionada con este tipo de procedimientos ilegales y arbitrarios.
Sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas. Se trata del fortalecimiento de uno de los aspectos centrales que caracterizan el poder de la institución policial y que es su dominio territorial.
Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo.
El procedimiento reflejado en la foto remite a la época de la dictadura, cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad. Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas. Si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos.
Insistimos en que la política que debe  asumirse  es el de la seguridad democrática. Con ella se propicia la conjugación de la profesionalización  en el abordaje del delito y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La CPM denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros. Particular preocupación generan los realizados en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, y cuya evidencia es publicitada por la página del propio municipio con una foto que ha tomado gran repercusión mediática.
Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial. Y son el resultado de la profundización de un modelo de “seguridad” que promueve el control territorial de los sectores populares.
Estas prácticas policiales son la emergencia de una fuerza policial que las tiene incorporadas en su accionar cotidiano y un poder político que lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención.
Hace unas semanas alertábamos sobre la relación existente entre la promoción de las políticas de mano dura y demagogia punitiva y los asesinatos producidos por particulares ante supuestos delitos contrala propiedad. Hoyalertamos que la respuesta política ante esos hechos -que fue la declaración de emergencia en materia de seguridad- está directamente relacionada con este tipo de procedimientos ilegales y arbitrarios.
Sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas. Se trata del fortalecimiento de uno de los aspectos centrales que caracterizan el poder de la institución policial y que es su dominio territorial.
Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo.
El procedimiento reflejado en la foto remite a la época de la dictadura, cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad. Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas. Si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos.
Insistimos en que la política que debe  asumirse  es el de la seguridad democrática. Con ella se propicia la conjugación de la profesionalización  en el abordaje del delito y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

 

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