comision
12/6/2014
Jury al Dr. Axel Lpez

La CPM cuestiona decisin del Consejo de la Magistratura

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) expresa su preocupación y rechazo ante el enjuiciamiento del Dr. Axel Gustavo López, a quien el Consejo de la Magistratura acusa de conceder la libertad condicional de un condenado que luego fue imputado en una causa penal por otro homicidio.

Esta acusación es un cuestionamiento a la decisión del magistrado, lo cual no es materia de revisión de este órgano. Tal como claramente lo define la ley, existen instancias procesales de impugnación de la resolución de un juez y se presentan ante los tribunales superiores. En el caso mencionado, no se presentó ninguna impugnación. Así el Consejo de la Magistratura hace lo que no puede hacer y, al mismo tiempo, no se ocupa de asuntos propios de su ámbito, como es el funcionamiento de las instituciones establecidas para el control de los tratamientos que deben realizar los condenados, señalados en la sentencia que motiva la acusación.

En la acusación no se identifica que el Juez haya cometido una irregularidad en el ejercicio de sus actos como magistrado. Lo cual implica que el Consejo de la Magistratura se auto asigna un rol de revisión de las resoluciones judiciales, desvirtuando sus funciones y sus responsabilidades. Lo más preocupante es que incurre en esta irregularidad respondiendo a un clima de opinión manodurista, regresivo en el respeto de las garantías procesales y que le adjudica al castigo un efecto correctivo y preventivo.

El juez Axel López procedió conforme a las leyes vigentes respetando todos los pasos que un magistrado debe seguir para tomar una decisión y conceder o no la libertad condicional de un condenado. Luego de un minucioso análisis, le concedió la libertad a una persona que gozaba desde hacía cuatro años de salidas transitorias y que tenía un informe positivo del Servicio Penitenciario Federal, conforme al artículo 13 del Código Penal y la Ley 24660.

Lo que también debería preocupar a los integrantes del Consejo de la Magistratura, legisladores, asociaciones de abogados y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre otros, es el proceso repleto de irregularidades que condujeron a identificar al imputado (aún procesado) como responsable de la violación y asesinato de una joven. En la investigación del fiscal Francisco Turruca de Chaco ha sido probado que la Brigada de Investigaciones de esa provincia utilizó métodos aberrantes para “esclarecer el hecho”: torturaron al imputado con golpes de picana, puños, suelas y lo sometieron a asfixia. ¿La sentencia condenatoria al hoy procesado se fundará en las pruebas colectadas de esta forma?

La transformación de la Justicia, reclamada por amplios sectores de la sociedad, no se logrará violando los derechos humanos ni revisando desde la demagogia punitiva las resoluciones de los jueces que aplican las leyes procesales vigentes. Pensar que una posible prevención del delito se logrará a través de la prolongación del encierro de quienes ya cumplen sus condenas es un absurdo que vulnera todo estado de derecho. Deben ponerse en marcha dispositivos efectivos para la reinserción social: algunos son de competencia del Poder Judicial y otros, claramente, del Poder Ejecutivo.

El enjuiciamiento del juez Axel López es una acción que pretende dar respuesta a los reclamos de justicia con más mano dura y restricción de derechos. No es el camino para lograr la anhelada justicia sino para consumar una arbitrariedad. Solicitamos a los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación que rechacen y cierren el procedimiento de juicio político contra este magistrado.

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