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El juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelozi dictó la prisión preventiva para 11 de los 13 imputados por la masacre de Monte. De esta manera, diez policías y el funcionario municipal seguirán detenidos; los dos restantes continúan procesados. La resolución judicial consideró la gravedad del delito que se investiga y la posibilidad real de que los acusados puedan “eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. En base a las pruebas contundentes que existen en la causa, el Juez también confirmó las imputaciones por homicidio agravado para cuatro de ellos y encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica para el resto.

El Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelozi, dictó la prisión preventiva de los policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, José Alberto Domínguez, Melina Bianco, Héctor Enrique Ángel, José Manuel Durán, Franco Micucci y Nadia Genaro, y del ex funcionario municipal Claudio Martínez. Todos ellos continuarán detenidos. La decisión judicial consideró la gravedad del delito que se investiga y la posibilidad de “eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación” por parte de los acusados. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que familiares de las víctimas y testigos padecieron amenazas y situaciones de hostigamiento y amedrentamiento; por eso, siete de ellos tienen custodia de diferentes fuerzas federales.

Por otra parte, Silva Pelozi determinó la falta de mérito para los otros dos policías imputados, Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Righero; de cualquier manera, esta decisión no termina con la acusación y ambos seguirán siendo investigados por su participación en los hechos.

El titular de la UFI 1 de Cañuelas, Lisandro Damonte, y los particulares damnificados —entre ellos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a las familias de Camila López y Danilo Sansone— habían solicitado la semana pasada la prisión preventiva para los 13 imputados.

A pesar de los pedidos de la defensa para atenuar la calificación legal de los delitos que se investigan, el juez de Garantías de La Plata confirmó las imputaciones por homicidio agravado contra los policías García, Ecilape, Monreal e Ibáñez, y la acusación por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica para el resto. En su resolución subrayó que existen indicios claros y prueba suficiente para acreditar las conductas que motivan la imputación. Según lo que consta en la causa, para el juez está comprobado que al menos dos patrulleros persiguieron, de manera injustificada y en claro abuso policial, el Fiat Spazio en el que paseaban cuatro adolescentes y un joven, y que, en el transcurso de la persecución, dispararon varias veces contra el auto, desencadenando el choque del vehículo contra un acoplado estacionado en la veda de la ruta 3.

La persecución a los tiros terminó con la muerte de Aníbal, Camila, Danilo y Gonzalo, y las lesiones graves de Rocío, la única sobreviviente.

Después del hecho, hubo una actitud corporativa para “alterar o cuanto menos ocultar” los rastros del delito, con el propósito de ayudar a los agentes involucrados en la persecución a eludir la investigación de la justicia. El acta de procedimiento no relevó los disparos efectuados y se falsearon las declaraciones, tomadas en la dependencia policial, de vecinos y vecinas que habían testimoniado que escucharon disparos.

Por su parte, también está acreditado que el entonces secretario de seguridad municipal Claudio Martínez, que tenía bajo su cargo el Centro de Monitoreo, sabía desde las primeras horas de la existencia de la persecución y, sin embargo, demoró la entrega de ese material. E, incluso, un día después suspendió a Alexis Rodríguez, el trabajador del Centro de Monitoreo que fotografió y difundió fotografías donde se ve a Rubén García sacando el cuerpo por la ventana del patrullero y disparando contra el Fiat Spazio.

La confirmación de las prisiones preventivas es un paso más en el esclarecimiento de los hechos que confirman la masacre policial, de la que también son responsables funcionarios municipales. Esta decisión de la justicia es una razón más para que la intendenta Sandra Mayol rectifique el rumbo de la política de seguridad y separe de su cargo a la funcionaria designada en reemplazo del imputado Martínez. La secretaria de relaciones institucionales, a cargo de la  cartera de seguridad, es una ex agente de la Bonaerense y abogada defensora de policías. Este cambio es reclamado por los familiares y toda la comunidad de Monte que se moviliza en las calles y que demostró valentía y decisión, aportando las pruebas que lograron desbaratar la versión policial del accidente.

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