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Tras la brutal represión que sufrió la comunidad del lof en resistencia del departamento de Cushamen—la tercera en desde la recuperación del territorio en marzo de 2015—, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le envió una carta al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y a la Legislatura provincial expresando su preocupación por los constantes hechos de violencia que viene sufriendo el pueblo mapuche. El organismo exigió al gobernador el cese de la persecución y la represión y que se investigue y sancione a los responsables de los últimos hechos. Al mismo tiempo solicitó que se implementen políticas públicas efectivas que incluyan a las comunidades originarias y garanticen sus derechos. La CPM también elevó una nota al juez federal, Guido Otranto, para que se retome la mesa de diálogo. Los Estados tienen el deber, por mandato constitucional, de garantizar el derecho de los pueblos sobres sus tierras ancestrales; su sistemática violación y la persecución y permanente hostigamiento a quienes los demandan degradan la democracia.

Desde el 2015, cuando la comunidad recuperó las tierras ancestrales, que estaban bajo dominio de la Compañía de Tierras del Sud Argentino —propiedad de la familia Benetton—, sufrieron represiones, intentos de desalojo, la persecución de sus militantes y, a su vez, padecen constantemente la presencia militar sobre los accesos a la comunidad.

En la nota presentada al gobernador, la CPM sostiene que el reclamo de las tierras ancestrales que viene llevando adelante la Comunidad del Lof en Resistencia del departamento Cushamen es un reclamo legítimo, reconocido a su vez por la Constitución Nacional, por la Constitución de la provincia de Chubut y  por los Tratados internacionales de Derechos Humanos, como así también por una numerosa jurisprudencia de la CIDH.

Al mismo tiempo, señala que la criminalización, estigmatización, persecución y represión sistemática de los integrantes de la comunidad mapuche, presentándolos como delincuentes, violentos y  terroristas, es un modo de negar estos legítimos derechos y por tanto violan todo el marco normativo que los garantiza y protege. Como ya se ha comprobado en los últimos meses, estas medidas lejos de contribuir a resolver el conflicto, lo han profundizado, al punto de poner en serio riesgo la vida y la integridad de las personas, incluyendo a niños y niñas de la comunidad.

En la carta enviada al gobernador de Chubut el organismo resalta la necesidad imperiosa de que prevalezca la protección de la vida por sobre los intereses particulares y del mercado. Ni obstrucción de vías férreas ni el supuesto robo de ganado justifican semejante uso de la violencia por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión.

La CPM acompaña, desde el primer momento, el reclamo de la comunidad de Cushamen y ha intervenido en más de una oportunidad visitando las tierras recuperadas, entrevistando al Lonko Facundo Jones Huala en la cárcel, y participando en audiencias de los distintos juicios que criminalizaban a la comunidad,  abogando siempre por la resolución pacífica del conflicto y la protección de los derechos de los pueblos originarios. En ese marco, fue veedora de la mesa de diálogo convocada por el Juez Federal, Guido Otranto, y que reunía a las autoridades provinciales y a los miembros del lof.

Lamentablemente, el gobierno de Chubut cerró unilateralmente esta instancia de diálogo y volvió a llevar el reclamo a la instancia judicial: el desenlace fue el último de los hechos de represión que sufrió días atrás la comunidad mapuche. En este sentido, en el escrito dirigido al Juez federal, se cuestionó‎ que no se garantizara el derecho de consulta de la comunidad y que se delegue en la Gendarmería Nacional el procedimiento sin participación de autoridades judiciales, para controlar las graves violaciones de derechos humanos que se vienen reiterando en dichos actos.

La CPM ya denunció públicamente ese procedimiento y, recientemente, presentó —junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena y Equipo Nacional de Pastoral Aborigen— un escrito al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se garanticen las condiciones necesarias para que ningún hecho de violencia suceda contra la comunidad Lof Cushamen. Al mismo tiempo, planteo que es indispensable avanzar en la investigación y sanción de los responsables de la última represión.

Además de la condena de estos hechos, la CPM instó al gobernador a que asuma su responsabilidad y la voluntad política para encontrar una solución pacífica al conflicto. En sintonía con esto, le pidió al juez federal, Guido Otranto, que reinicie la mesa de diálogo convocada en su momento y garantice el derecho de consulta a los pueblos originarios.

Finalmente, se le reclamó al gobernador Mario Das Neves implementar políticas públicas efectivas que incluyan a los pueblos originarios. Ese es el camino que señalan los marcos normativos constitucionales y la única vía de consolidación de la democracia.

El derecho a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas es un acto de justicia que, sin lugar a dudas, fortalece nuestra democracia.

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