La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reitera su preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses. Rechaza las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo celebrando esta situación y solicita a la Suprema Corte y la Procuración General que no convalide estas graves violaciones de derechos humanos. Ambos poderes ignoran los recientes señalamientos del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante las declaraciones del ministro Cristian Ritondo, que niegan la gravedad por la situación de ilegalidad en la que permanecen detenidas las personas privadas de libertad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) insiste en señalar la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos que se producen de manera sistemática en los lugares de encierro.
“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, dijo el ministro en conferencia de prensa, naturalizando así la violencia del Estado y avalando la comisión permanente de delitos en los que incurre.
Esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, “amontonar” personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito. Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable.
En la actualidad, existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad.
Ante la gravedad de esta desobediencia constante, lamentablemente la Suprema Corte provincial ha resuelto no intervenir. En 2017 rechazó el conflicto de poderes planteado por el Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Dr. Jorge López, quien solicitó su intervención frente al desconocimiento reiterado de sus órdenes por parte del poder ejecutivo de disponer la clausura de la comisaría 3ª de Almirante Brown. Casi un año después, se siguen alojando allí detenidos en peores condiciones aún de las señaladas por el juez en su resolución. En ese lugar se habían relevado “varias irregularidades edilicias… ninguna celda contaba con ventilación e iluminación natural; la instalación eléctrica era precaria, con conectores colgando y escasos artefactos de iluminación; había riesgo de electrocución e incendio; los colchones eran comunes -no ignífugos-; las cloacas se hallaban desbordadas; los artefactos sanitarios eran de premoldeado de hormigón o “tipo turco” y la pintura lucía en mal estado (…) destacó que en esta departamental la situación de las personas privadas de su libertad en comisarías resultaba alarmante, a tal punto que en el espacio de sólo un semestre procedió a clausurar definitivamente siete seccionales policiales, las cuales ya poseían ordenes de clausura anteriores que no se estaban cumpliendo (…) ninguna ofrecía condiciones adecuadas para alojar a personas por más de 24 horas.”
A pesar de esto, la Suprema Corte provincial (causa B.74.749) convalidó el accionar desobediente e ilegal del Ministerio de Seguridad rechazando -con el voto de los Jueces Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Daniel Fernando Soria y Luis Genoud- el planteo del juez de Garantías. Sólo le ordenó que denuncie la desobediencia y fije multas pecuniarias (causa B.74.749), ambas herramientas ineficaces e inocuas. En minoría, los jueces Héctor Negri y Eduardo de Lázzari votaron por asumir el conflicto de poderes e intervenir frente a este hecho de enorme gravedad institucional.
La Corte no ignora que la gran cantidad de denuncias por desobediencia que se inician en la provincia de Buenos Aires por estos hechos son archivadas sin ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal. En otros casos, algunos jueces que han fijado multas pecuniarias a los funcionarios incumplidores fueron reprendidos por tribunales superiores. Las sentencias se convierten así en meras declaraciones que no modifican la realidad y el poder judicial deja de ser garante de derechos.
En su labor como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro, la CPM viene denunciando la crisis humanitaria en el sistema penal: hacinamiento, torturas, deplorables condiciones de detención, falta de acceso a la salud. El sistema de encierro está colapsado; y, en ese marco, la vulneración de derechos es sistemática y se producen muertes evitables cada día. Al mes de abril la provincia llegó al récord de 45.000 personas detenidas: 39.394 en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico. Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en comisarías) que no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. Dos de cada tres personas alojadas en comisarías duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones.
En el mismo sentido se expresó recientemente Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, luego de recorrer lugares de encierro durante su visita a la Argentina. En coincidencia con la gravedad de la situación denunciada por la CPM, expresó: “enérgicamente manifiesto mi repudio a estas condiciones y apelo a las autoridades argentinas en todos los niveles y poderes, como cuestión de urgencia humanitaria, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones físicas de detención”.
También se encuentran en pleno trámite las medidas cautelares presentadas ante la Comisión Interamericana por la CPM y la Defensoría de Casación. En este marco, la CIDH instó al estado provincial a disponer medias urgentes y a consensuar con los peticionantes medidas para resolver la grave situación en que se encuentran las personas detenidas en comisarías.
Las declaraciones de Ritondo no sólo desoyen los reiterados señalamientos de los organismos internacionales de derechos humanos sino que faltan el respeto a las familias y víctimas que padecen torturas y muertes en las cárceles y comisarías. Entre ellas las siete madres de los jóvenes masacrados hace 14 meses en la comisaría 1ª de Pergamino. Ante ese hecho ocurrido hace más de un año, el Ministro guardó silencio, no adoptó medidas para impedir que se reitere y profundizó las políticas represivas.
La masacre de Pergamino no es un hecho aislado: es emergente de esta crítica situación producto de las políticas punitivistas, única respuesta del Estado para atender los problemas de seguridad. Estas políticas encarcelan masivamente a los pobres pero no atacan las redes del delito organizado y no resuelven el problema de la inseguridad.
Por eso mismo, tampoco la solución -como propuso el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari- es la construcción de más cárceles y comisarías. El Estado debe dejar de insistir con esta política criminal en materia de seguridad, y encarar reformas estructurales que garanticen y respeten los derechos de todos los sectores de la sociedad y desarrollen políticas que intervengan de manera responsable ante la problemática delictiva sin vulnerar los derechos humanos.