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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en la comisaría 1ª de Florencio Varela, dependencia policial que tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas. Luego de una inspección donde constató las graves condiciones de detención, la CPM reclamó el traslado de todos los detenidos y la efectiva clausura de la comisaría. También envío un informe preliminar para notificar la situación al Comité nacional de prevención de la tortura, y denunció que las autoridades policiales quisieron impedir el trabajo de monitoreo que el organismo realiza, desde hace más de 15 años, en su carácter de mecanismo preexistente en la provincia de Buenos Aires.

El jueves de la semana pasada, las personas detenidas en la comisaría 1ª de Florencio Varela realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento y el traslado a otras dependencias, y denunciaban también amenazas y maltrato policial. El día de la protesta, había 42 detenidos a pesar de que la dependencia policial está clausurada judicialmente para este fin. En el registro de la Corte bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. En la última, de junio del año pasado, el Tribunal Criminal 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un habeas corpus, la clausura de la comisaría. Antes de las clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso.

El jueves 12 los detenidos iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por bomberos locales. Luego de ese conflicto, el comisario de la seccional solicitó el ingreso del grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron la protesta. Las restantes 35 personas alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho y se presentó en la comisaría para realizar una inspección del lugar. La zona de calabozos de la comisaría 1ª de Varela tiene dos sectores que cuentan con tres celdas; un sector tiene dos calabozos contiguos: uno de 2,20 por 2 metros aproximadamente, otro de 3 por 3 metros y un espacio común de 2 por 2 metros en los que se alojaban 19 personas. El otro sector tiene un calabozo de 6 por 3 metros donde permanecían otras 16 personas.

Quienes continuaban alojadas allí lo hacían en condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, sin duchas y con sólo una letrina en cada sector. No accedían a la luz natural ni patio; tampoco accedían a comunicaciones telefónicas. Algunos detenidos denunciaron que llevaban más de tres meses reclamando a los guardias una comunicación con su defensor oficial.

El comisario Alejandro Viscelli y el titular de la Jefatura Departamental, Ramón Rodríguez, quisieron impedir el trabajo de monitoreo de la CPM. Las autoridades no permitían el ingreso a la zona de calabozos y la realización de entrevistas confidenciales con los detenidos, exigiendo la presencia de los agentes policiales. Todos estos condicionamientos violan las reglas de actuación sustentados en el Protocolo facultativo y la ley nacional 26.827 de prevención de la tortura, protocolo que la CPM viene cumpliendo desde hace más de 15 años. El comisario Viscelli fundamentaba su postura en una disposición de la fiscalía que había resuelto restringir el ingreso, resolución que el mismo fiscal desmintió al ser consultado.

A pesar de los intentos por obstaculizar el trabajo de monitoreo, y luego de la intervención del fiscal en turno y la Auditoria de Asuntos Internos, la CPM realizó la inspección y se entrevistó con las personas de manera privada.

Luego de la inspección, la CPM presentó un habeas corpus al juzgado de garantías de turno solicitando el resguardo físico de las personas detenidas en la comisaría 1ª de Varela, su inmediato traslado a comisarías habilitadas para alojar personas y la clausura efectiva de la dependencia policial.

En paralelo, se realizó una denuncia penal para que se investiguen los golpes y amenazas ejercidas sobre las personas detenidas por la policía, y el accionar de las autoridades policiales que buscaron impedir el monitoreo.

El organismo también informó todo lo actuado al Comité nacional de prevención de la tortura, que había requerido su intervención en carácter de mecanismo pre existente de la provincia de Buenos Aires e integrante del Sistema nacional de prevención de la tortura, establecido por ley 26.827.

Esta nueva denuncia de la CPM vuelve a exponer la crítica situación en las comisarías bonaerenses, donde no sólo se han naturalizado las violaciones a los derechos humanos sino también la desobediencia a resoluciones judiciales y las vulneraciones de las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad. Los principios republicanos y de obediencia a la ley y las resoluciones judiciales se han convertido en ficciones que afectan gravemente las instituciones democráticas.

El Estado provincial debe revertir la política criminal e implementar políticas urgentes para evitar nuevas masacres, como las ocurridas en la comisaría 1ª de Pergamino, donde murieron 7 personas, y en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría donde murieron 10 personas.

Todos los días hay nuevas advertencias que los funcionarios provinciales desoyen poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas bajo su custodia.

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