Inteligencia y violencia institucional

Finalizada la dictadura militar y durante los años 80 y 90 la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires siguió desplegando su estructura de espionaje en las ciudades, pueblos y barrios. En ese período no sólo continuó el seguimiento a los gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y los hechos considerados peligrosos sino también incorporó en su listado a las manifestaciones contra la violencia institucional, los casos de “gatillo fácil”. La persecución a los familiares y al entorno de las víctimas, la vigilancia en conferencias y el registro de manifestaciones por reclamos de justicia y las irregularidades del accionar de la misma, dan cuenta del mecanismo de espionaje e inteligencia sobre las víctimas y sobre quienes se animaron a denunciaban la responsabilidad de la policía en los crímenes.

Todo ello se encuentra en las miles de fojas elaboradas desde la denominada masacre de Budge hasta 1998; algunos  de los legajos fueron caratulados con los nombres de las víctimas (Miguel Bru, Andrés Nuñez, Walter Bulacio) o se iniciaron a partir de la solicitud de informes sobre menores muertos por personal policial o por muertos en enfrentamientos. ¿Qué material podemos encontrar? partes de inteligencia elaborados por los propios medios de la DIPPBA que informaban sobre las asambleas, las conferencias y charlas; enormes cantidades de artículos periodísticos, escuchas de programas de radio y televisión; volantes de las marchas que reclamaban justicia; e informes de la detallada organización de los operativos destinados a relevar información en las manifestaciones y marchas.

Este material expresa la inteligencia desplegada y, al mismo tiempo, dan cuenta de la cantidad de casos, sus características, las similitudes que hay entre ellos, y cómo la violencia por parte del Estado convierte a los jóvenes vulnerables en sujetos desprotegidos.

Aquí presentamos los avances del trabajo de investigación, una selección documentos que dan cuenta de la persecución a familiares y organizaciones sociales, y una serie de volantes que fueron recogidos por la DIPPBA en marchas y actos.

Con el advenimiento de la democracia en 1983, uno de los objetivos de la DIPPBA se centró en perseguir y registrar a las víctimas, los familiares y toda aquella organización que se relacionara con los reclamos de justicia por los casos de violencia institucional, evidenciada en las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El uso letal de la fuerza por parte de la policía hacia los jóvenes más desprotegidos comenzaba a convertirse en un “gatillo fácil”; las detenciones arbitrarias, las golpizas, las torturas, prevalecían dando cuenta de que, en democracia, se seguían sucediendo las prácticas de la dictadura.

En ese marco la DIPPBA, en lugar de investigar y trabajar para esclarecer los crímenes, se encargó de vigilar las diversas actividades que se desarrollaban para exigir que se investigue por crímenes que la mayoría de las veces quedaron impunes. Con la presencia de “infiltrados” se espiaban las asambleas, las conferencias y charlas, y se organizaban operativos para asistir a las manifestaciones y marchas.

Todo ello se muestra en las miles de fojas acumualadas en los legajos que se sucedieron desde la denominada “masacre” de Budge hasta 1998, que llevan los nombres de las víctimas o que “solicitan informes de menores muertos por personal policial”. Allí se encuentran los partesde inteligencia elaborados por los “propios medios” de la DIPPBA, con enormes cantidades de artículos periodísticos, escuchas de programas de radio y televisión.

Como muestra del espionaje efectuado durante las protestas en las calles, aparecen también los los afiches y volantes propios de las organizaciones. Escritos de puño y letra o tipeados a máquina o en computadora, según la época, los mismos son testimonio de la violencia ejercida por parte del Estado en ese periodo, y evidencian el espionaje que se ejerció sobre aquellas víctimas, sus familiares y las organizaciones que no cesaron en la lucha. Las palabras, las fechas, las imágenes, los reclamos, viven y nos hablan a través de estos documentos.

Los documentos_

Andrés Núñez_

Andrés Núñez tenía 32 años cuando, el 28 de septiembre de 1990, fue secuestrado en su casa de Villa Elvira por un grupo de policías que lo redujeron y trasladaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde fue sometido a torturas y asesinado. Durante cinco años, la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados confesó que lo habían enterrado en un campo de la localidad de General Belgrano.

El caso llegó a la Justicia en dos oportunidades. En 2010, fue condenado a la pena de prisión perpetua al ex sargento Jorge Alfredo González por privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte, y al ex cabo Víctor Dos Santos por el segundo de los delitos. En marzo de 2017, la Cámara de Apelaciones de La Plata condenó a reclusión perpetua a Luis Raúl Ponce, ex comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata, al ser hallado como coautor de tortura seguida de muerte de de Núñez.

Desde diciembre de 1993 permanece prófugo Pablo Martín Gerez, otro de los policías involucrados. Los agentes Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla están siendo actualmente investigados por encubrimiento.

miguel bru_

El 17 de agosto de 1993 desapareció Miguel Bru. Tenía 23 años, y estudiaba Periodismo en la Universidad. A través de testigos y diferentes pruebas surgidas en la búsqueda que iniciaron sus familiares y amigos se comprobó que fue secuestrado por personal policial y llevado a la Comisaría 9ª de La Plata, ubicada en 5 y 59, donde fue sometido a torturas que lo llevaron  a la muerte.

En 1999 se condenó a prisión perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López por tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario público. El ex comisario Domingo Ojeda, y el ex oficial Ramón Cerecetto fueron sentenciados a dos años de prisión por encubrimiento. En la actualidad, solamente se encuentra en prisión Justo López. Ojeda y Cerecetto recuperaron su libertad tras haber cumplido sólo ocho meses de la pena. Walter Abrigo murió en prisión.

La familia de Miguel junto las organizaciones políticas, sociales y culturales continúan exigiendo la aparición del cuerpo de Miguel, y la investigación penal al resto de los policías que estuvieron presentes en la comisaría 9ª la noche del crimen.

sergio durán_

Sergio Durán tenía 17 años cuando fue detenido por averiguación de antecedentes por la policía, que lo llevó a la comisaría 1ª de Morón el 6 de agosto de 1992. Privado ilegalmente de su libertad, Sergio fue torturado por más de seis horas y falleció más tarde en el hospital de Morón. Por el asesinato sólo fue detenido el subinspector Jorge Ramón Fernández, quien en el primer juicio en 1995 fue condenado a cadena perpetua. El resto de los acusados, el subcomisario Miguel Ángel Rojido, oficial Luis Alberto Farese, cabo Hugo Nicolosi y cabo Raúl  Rodolfo Gastelú se dieron a la fuga. En 2003, once años después de los hechos, se llevó adelante el segundo juicio oral contra tres de los asesinos: Nicolosi, Rojido y Gastelú. El primero fue condenado a cadena perpetua mientras los últimos dos no se presentaron al juicio.

maximiliano albanese_

Maximiliano Albanese fue asesinado el 3 de junio de 1990, tenía 17 años. Estaba sentado con otros dos amigos en el cordón de la vereda esperando para entrar a bailar en el Centro de Estudiantes de Chubut en La Plata, cuando se acercaron tres hombres –el policía Héctor Oscar Ferrero, y los civiles Fabián Guillermo Nievas y Carlos José Navarro-y le pidieron los documentos. Ferrero lo llevó casi ochenta metros a golpes y le disparó en la cabeza. Maximiliano murió dos horas después.

Los tres hombres fueron detenidos y liberados al poco tiempo. Ferrero permaneció prófugo 16 años. En junio de 2006 lo atraparon en San Pablo, Brasil. Sin embargo, la Cámara Penal de La Plata dispuso la prescripción de la causa y volvió a dejar a Ferrero en libertad. El caso quedó impune y archivado en la Justicia.

Rubén “Cachi” Romero_

Cachi Romero fue asesinado en Lavallol con un tiro por la espalda el 8 de junio de 1992. Tenía 19 años y había ido a bailar con sus amigos.
Los policías que dispararon explicaron que habían dado la voz de alto y los jóvenes salieron corriendo. Los testigos aseguraron que ninguno de ellos estaba armado y que únicamente fue la Policía la que disparó.
Cachi apareció con un revólver debajo de su mano derecha. Sin embargo, era imposible que pudiera empuñar el arma porque había sido operado de la muñeca debido a un accidente de trabajo. Tal como lo señaló un informe médico hecho días antes de su muerte: “tenía una limitación en la movilidad de su mano derecha”.
El crimen fue juzgado en 1997 y los policías responsables, José Luis Villalba y Miguel Ángel Horisberguer, fueron condenados a 8 años de prisión  por homicidio simple. La Justicia aceptó la hipótesis de que la víctima estaba armada.

Bauche y Bazán_

Néstor Bauche y Sergio Bazán fueron asesinados el 19 de abril de 1995 a pocas cuadras de sus casas en la localidad de Berazategui. En plena calle Bazan recibió ocho disparos y Bauche dos, efectuados con armas de distintos calibres por el policía Gustavo Javier Chamorro y un civil.
El juicio oral por estos crímenes, llevado adelante en el año 1999 fue caratulado como homicidio en riña, como si Néstor y Sergio hubieran participado en una balacera. La defensa demostró que no hubo riña, que no portaban armas y planteó que el móvil del homicidio había sido la negativa de las víctimas a vender drogas. Por su parte, el tribunal consideró que los jóvenes nunca fueron agresores, que no hubo enfrentamiento, pero aún así condenó al imputado civil a cuatro años de prisión por homicidio en riña y absolvió a Chamorro, aduciendo que los disparos que mataron a Bauche, habían sido en legítima defensa.