8 de Mayo - Día Nacional de la lucha contra la Violencia Institucional

El caso Budge



El 8 de mayo de 1987 la Policía Bonaerense fusiló a Agustín “El Negro” Olivera (26 años), Oscar Aredes (19 años) y Roberto “Willy” Argañaraz (24 años) en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.
Los jóvenes se habían juntado en la esquina de Figueredo y Guaminí, tal como era costumbre en el barrio, cuando el suboficial Juan Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el sargento Isidro Rito Romero bajaron de una camioneta de la Policía Bonaerense y dispararon contra ellos. Olivera recibió doce disparos, Aredes siete y Argañaraz, con un disparo en una de sus piernas, fue subido a la camioneta, para más tarde aparecer en el hospital con un impacto de bala en la cabeza. A las víctimas se les "plantaron" armas en un intento de hacer pasar el caso como un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

La reacción del barrio no se hizo esperar. Los vecinos rápidamente se movilizaron para pelear contra la violencia policial y reclamar por justicia contra este caso de “gatillo fácil”.
El 24 de mayo de 1990 se condenó a Romero a doce años de prisión por homicidio simple mientras que Balmaceda y Miño recibieron la pena de cinco años por homicidio en riña. Ese juicio fue anulado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense por errores procesales. En un nuevo juicio, el 24 de junio de 1994 los policías fueron sentenciados a once años de cárcel por homicidio simple; pero los acusados, que permanecían en libertad, se fugaron tras el fallo. Con la complicidad de la Policía Bonaerense, los asesinos estuvieron prófugos: Romero fue apresado en 1998, Balmaceda y Miño recién en 2006.
 
Las movilizaciones en reclamo de justicia se hicieron cotidianas, fueron marcando el paso de los procesos judiciales y sentaron un antecedente. El Caso Budge, con la organización de los vecinos, amigos y compañeros de trabajo puso al descubierto un procedimiento habitual de la Policía: las ejecuciones de “sospechosos”, desde el punto de vista policial, que luego se hacían pasar por enfrentamientos. La Masacre de Budge se convirtió en el primer caso en democracia, de lo que se denominó  a partir de allí como  “gatillo fácil”, donde todo el barrio se organizó para pelear por la justicia contra la política represiva de la policía y la impunidad.

En este camino de lucha, los familiares de las víctimas encuentran una forma de denunciar y exigir respuestas  por las muertes bajo consignas que refieren a “un universo compartido con los reclamos y denuncias del movimiento tradicional de los derechos humanos: se demanda justicia, se protesta contra la impunidad, se denuncia la violencia de Estado” . Asimismo, la Masacre de Budge visibilizó una problemática social que dio lugar a un nuevo espacio de movilización social con entidad propia: la violencia institucional y particularmente policial .

Amplios sectores de la sociedad se sumaron a los reclamos de los vecinos. La comunidad de Ingeniero Budge comenzó a organizarse formando la “Comisión de amigos y vecinos”. A mediados de 1992, un grupo de familiares de víctimas conformó la Comisión de Familiares de Víctimas Inocentes (Cofavi). Sus miembros más activos eran, en su mayoría, mujeres que encontraron en otras madres nuevos lazos de solidaridad. No se resignaron ante la muerte de sus hijos; obligaron a las instituciones a rendir cuentas exigiendo una mayor transparencia en la actuación judicial y cuestionando su desempeño en el reclamo de plazos y medidas concretas. En el origen y nombre de la Comisión consignan “víctimas inocentes” como una manera de determinar la identidad del grupo, en una narrativa “humanitaria” coincidente con las representaciones acerca de los desaparecidos. Los jóvenes fusilados por la policía fueron identificados bajo la imagen de inocencia preparando un terreno más permeable para que el reclamo tuviera una buena recepción social. La inscripción de la violencia policial con la violencia desplegada por la última dictadura cívico- militar se traduce en la continuidad de ciertas prácticas que se ejercen y “normalizan” sobre un Otro que es peligroso, culpable o sospechoso. 
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A 30 años de democracia, la violencia policial persiste. Los golpes, los insultos, el maltrato, la tortura y el gatillo fácil dan cuenta de una práctica sistemática que se ejerce sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: jóvenes y pobres. La violencia policial no es sólo un modo de operar de las fuerzas de seguridad sino un dispositivo de control y disciplinamiento que profundiza la exclusión social. Es la fuerza instituida y simbólicamente legítima a la que se le adjudican “excesos”, “abusos” y “brutalidad”.
Las situaciones que encubren violaciones a los derechos humanos en el presente nos obligan a avanzar hacia una conceptualización de las transgresiones violentas realizadas desde el Estado, en el ejercicio de un rol institucional. Pensar la violencia institucional hoy invita a reflexionar sobre las rupturas y continuidades de la posdictadura en una doble dimensión: la modalidad que adquiere la violencia y las relaciones sociales sobre las que opera.
Los procedimientos policiales sobre los que se habilitan los hechos de violencia contemplan dimensiones de análisis que no dependen sólo de la organización de la tarea policial, sino que forman parte de un complejo entramado de prácticas institucionales en las que están involucradas las restantes agencias del sistema penal y del poder político.

La violencia policial reconoce un componente cultural decisivo para su configuración actual que implica considerar la funcionalidad que este tipo de prácticas cumple para el desarrollo de nuestra cotidianeidad. La construcción de una escena bélica y el miedo urbano producto de la producción político-mediática de la “inseguridad”, niegan la posibilidad de cuestionar la aplicación de la fuerza directa o el uso de las armas de fuego por parte de la policía al momento de la aprehensión. Dicha sensibilidad habilita y naturaliza las violaciones a los derechos humanos en el accionar violento de la policía sobre jóvenes etiquetados como delincuentes. 


PITA, M. V. (2010). Formas de vivir y formas de morir: los familiares de víctimas de la violencia policial. Buenos Aires: Del Puerto/CELS. En prensa.

GINGOLD, L. (1997). Memoria, moral y derecho: El caso de Ingeniero Budge (1987-1994). México, FLACSO.


Propuestas para trabajar en el aula

Ejes sugeridos
  • Violencia institucional. Las prácticas policiales, continuidades y rupturas con la violencia desplegada durante la última dictadura.  

  • Gatillo fácil: La Masacre de Ingeniero Budge y las versiones en la construcción de los acontecimientos.

  • El barrio, los jóvenes, la construcción de las víctimas. Desigualdad, exclusión y estigmatización de los jóvenes.

  • La organización y la lucha de los familiares y vecinos por verdad y justicia. Relaciones con el movimiento de derechos humanos.

  • Los reclamos por justicia: Desigualdad social ante el acceso a la justicia. Impunidad del sistema judicial.

Ver Imágenes de Ingeniero Budge a 26 años de la Masacre.
Helen Zout, mayo 2013.

 

Algunos materiales y documentos

1 - La mirada de la Dir. de Inteligencia de la Policía de la prov. de Buenos Aires (DIPPBA)
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2 - La lucha de los familiares y amigos de las víctimas..............ver +

3 - La Masacre de Budge en las encrucijadas judiciales ............ver +

 

Otros recursos para el aula

RESEÑA DEL CASO EN LA JUSTICIA

No fue fácil llevar a los policías a juicio. El juez (de Lomas de Zamora, Juan Carlos) Rousseau, que estuvo a cargo de la instrucción, había calificado la causa como homicidio en riña. Por eso los acusados quedaron en libertad. Se había formado la comisión de Amigos y Vecinos de las víctimas, que eran los encargados de reunir las pruebas y buscar a los testigos. El apriete policial fue terrible. Toto Zimerman, que no era un abogado penalista, pero tenía una trayectoria en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En ese momento, el secretario del juzgado era el doctor Ferreiro Pella. Varios eran los obstáculos que se presentaban, entre ellos, la vista del sumario,  la adulteración de las autopsias y exhumar el cuerpo de una de las víctimas, que había sido trasladada a un cementerio de Tucumán. El juez también negó el pedido de reconstrucción del hecho, y entonces se convocaron a actores profesionales –entre ellos a Onofre Lovero– para hacerla ellos mismos, como un acto simbólico de protesta.
En los tribunales de Lomas de Zamora, en mayo del ’90, comenzó el primer juicio a los uniformados. Balmaceda y Miño fueron condenados a cinco años y Romero a 12. A los dos primeros se los juzgó por homicidio en riña, y al segundo, por homicidio simple. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Provincia anuló el juicio por un error técnico. Tras nuevo juicio, hubo una segunda sentencia el 24 de Junio de 1994. Los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple.
Una década después, en septiembre de 1997, la Corte provincial confirmó la segunda sentencia. También “le negó a la defensa de los policías un recurso extraordinario para recurrir ante la Corte Suprema”.
En febrero de 1998 la Suprema Corte de la Provincia resolvió enviar la causa a la Sala II de Lomas de Zamora para que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia, y el 28 de mayo ordenó la detención. Pero ninguna de las tres órdenes se hizo efectiva y los 3 policías estuvieron prófugos.
Balmaceda, Romero y Miño tuvieron protección policial y, por eso, los abogados de los familiares de las víctimas junto a los vecinos comenzaron a realizar una investigación propia. Guardias en las viviendas de los condenados, fechas de cumpleaños de los allegados, afiches con sus caras y hasta “el mapa de la familia Balmaceda”, fueron parte de las estrategias que se dieron para encontrar a los ex policías. El 9 de octubre de 1999, Romero fue el primero que cayó preso. A mediados de septiembre de 2006 fue encontrado Miño y el 2 de noviembre, fue detenido Balmaceda. Al poco tiempo, a Balmaceda: le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria.

Fuente: Reseña elaborada por CPM.

Bibliografía sugerida

-BECKER, H. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

-Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Derechos y estrategias frente a la violencia policial: Cuaderno nº 1 de formación y acción colectiva

-DAICH, D.; PITA, M. V.; SIRIMARCO, M. (2007). “Configuración de territorios de violencia y control policial: corporalidades, emociones y relaciones sociales” en Revista Cuadernos de Antropología Social, N° 25, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: FFYL/UBA.

-DAROQUI, A. (comp) (2012). Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil. Rosario, Editorial HOMOSAPIENS- CPM.

-EILBAUM, L.; MARTíNEZ, J. (1999) “La violencia policial en la Argentina. Un debate sobre las visiones del problema y las políticas posibles”.

-GINGOLD, L. (1997). Memoria, moral y derecho: El caso de Ingeniero Budge (1987-1994). México, FLACSO.

-PITA, M. V. (2012). “Formas populares de protesta: Violencia policial y ´Familiares del gatillo fácil´”.

-PITA, M. V. (2010). Formas de vivir y formas de morir: los familiares de víctimas de la violencia policial. Buenos Aires: Del Puerto/CELS. En prensa.

-PITA, María Victoria (2004). “Violencia Policial y Demandas de Justicia: acerca de las formas de intervención de los familiares de víctimas en el espacio público”. En: Tiscornia, S. (comp.). Burocracias y violencia. Ensayos sobre Antropología Jurídica. Buenos Aires: Antropofagia/Facultad de Filosofía y Letras-UBA.

-TISCORNIA, S. “Violencia Policial. De las prácticas rutinarias a los hechos extraordinarios”.

Informes Comité contra la Tortura, Comisión Provincial por la Memoria.

Informes CELS. Derechos humanos en Argentina.

Además...

Producciones audiovisuales del Programa Jóvenes y Memoria

Colecciones jóvenes y memoria. Vol. 7. NO SOMOS UNO MAS. Basta de violencia policial