Cronología 30 años

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Con Documentos

24 de Marzo, 1976:

Bajo la designación "Proceso de Reorganización Nacional," una junta militar depuso a Isabel Perón y asumió el poder ejecutivo. La junta estaba compuesta por Jorge Rafael Videla -del Ejército-, Emilio Massera -de la Armada-, y Orlando Agosti -de la Fuerza Aérea-. El día del golpe el diario La Prensa publicó uno de los comunicados de la Junta que definían parte de su política represiva: "Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de la Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales."

Proclama del 24 de Marzo de 1976Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional

Informe de Amnesty International:

En febrero de 1980 , la organización de derechos humanos Amnesty International publicó su obra, "Testimonio sobre los campos clandestinos de detención en Argentina." El informe detalló cómo y por qué operaron los centros clandestinos de detención, basado en el testimonio de Oscar Alfredo González y Horacio Guillermo Cid de la Paz. Ellos habían permanecido detenidos en el centro clandestino "El Olimpo", y sus testimonios fueron cruzados con los de otros sobrevivientes. El 23 de febrero, el Gobierno Nacional desmintió la publicación, negando la existencia de centros clandestinos en el país.

Visita de la CIDH:

Desde el 6 hasta al 20 de septiembre de 1979 , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la Argentina para investigar violaciones de los derechos humanos. Como resultado de esta visita se elaboró un informe que dio a conocer el 18 de abril de 1980 . Aunque el informe nunca apareció en la prensa local, el diario La Nación si publicó el rechazo del Gobierno. La organización, que forma parte de la O.E .A., condenó el estado de los derechos humanos en Argentina e hizo recomendaciones para mejorarlo, aunque no podía sancionar al gobierno. Se escribe en el informe final: "A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas violaciones han afectado: el derecho a la vida. . . a la libertad personal. . . a la seguridad e integridad personal. . . de justicia y proceso regular."

El Informe de la CIDH

La Guerra de las Malvinas:

El 2 de abril de 1982 , el presidente de la junta militar, Leopoldo Galtieri, ordenó la invasión de las Islas Malvinas como estrategia para generar en el pueblo argentino más patriotismo y nacionalismo. Frente a una grave situación política y económica, la junta intentó reanimar al pueblo con una victoria militar, pero perdió la guerra en dos meses. Inglaterra mantuvo entonces el control sobre las islas. Como resultado de la guerra, 750 soldados argentinos perdieron la vida. Esto marcó el fin de la dictadura. La Junta Militar declaró sus propósitos en la toma de las islas en el Comunicado Nº 25, el 20 de abril de 1982: "Al recuperar las Islas, Argentina ha llevado a cabo una acción respaldada no sólo por la unanimidad de su pueblo, sino por el mandato de las generaciones hoy ausentes que se han venido sucediendo desde el día en que esa parte de su territorio le fuera arrebatada. Frente a la magnitud de ese compromiso histórico, no cabe otra decisión que la de resistir cualquier intento de condicionar sus títulos o de ignorar sus derechos. Por ello, al mismo tiempo que se deja en claro la invariable disposición Argentina para negociar fórmulas honorables de solución, se hace necesario subrayar con la misma firmeza, la voluntad de sus autoridades y de su pueblo de defender y hacer reconocer sus derechos soberanos." El 14 de junio de 1982 el gobierno militar presentó su rendición, la guerra dejó como saldo más de 600 soldados muertos.

Ley de Autoamnistía:

El 23 de marzo de 1983 , en los últimos días de la dictadura, la Junta Militar promulgó una ley de auto-amnistía. El 28 de abril de 1983 se publicó el "Documento Final", o "Acta Institucional", donde se señalaba que todas las acciones militares habían sido en servicio a la patria, y por lo tanto no eran punibles. También aclaraba que "el juicio histórico decidiría las responsabilidades sobre la guerra contra la subversión". En el primer artículo del documento, se escribe: "Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos."

Texto de la Ley de Autoamnistía

Los Decretos 157 y 158 y la CONADEP:

El 13 de diciembre de 1983 , el presidente Raúl Alfonsín aprobó los decretos 157 y 158. El primero afirmó la necesidad de "afianzar la justicia; con este fin, corresponde procurar que sea promovida la persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, cuya presencia perturbó la vida argentina". El decreto se aplicó particularmente a los dirigentes de organizaciones guerrilleras, reforzando de este modo la teoría de los dos demonios. El segundo decreto mandó enjuiciar a las juntas militares; se escribe en el Artículo 1: "Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes." El 15 de diciembre de ese mismo año fue aprobado el decreto 187, que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), atribuyéndole la responsabilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La CONADEP fue conformada por 13 miembros y cinco secretarios, y tomó testimonio a victimas y familiares para poder documentar el terrorismo de estado.

Decreto 157/83Decreto 158/83

Informe Nunca Más:

El 20 de septiembre de 1984 , se entregó el informe de la CONADEP , Nunca Más, que fue presentado públicamente el 28 de noviembre. Allí se documentó la acción represiva de la dictadura, la existencia de centros clandestinos de detención, la identidad de las víctimas, y se recomendaron "iniciativas ante los distintos poderes del Estado Nacional, con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos en nuestro país." Además, se exigió una investigación judicial de las violaciones de los derechos humanos, y asistencia para los hijos y familiares de personas desaparecidas. Según los testimonios que recibió la CONADEP , se estimó en 8.960 el número de personas que en 1984 continuaban en situación de desaparición forzosa, "sobre la base de las denuncias recibidas, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Pero agrega que "esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados."

Nunca Más

Juicio a las Juntas Militares:

El 22 de abril de 1985 comenzó, con jurisdicción en los fueros civiles de la Cámara Federal de Buenos Aires, el juicio a los nueve miembros de las Juntas Militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos. La causa fue llevada adelante por el fiscal federal Julio Strassera, con la asistencia de Luís Moreno Ocampo. Se presentaron más de 700 casos y alrededor de 800 testigos, y los testimonios recogidos sumaron 900 horas. Las audiencias finalizaron el 14 de agosto, y el 9 de diciembre la Cámara Federal fijó las sentencias. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua. Roberto Viola recibió una sentencia de 17 años de prisión; Armando Lambruschini una sentencia de 8 años, y a Orlando Agosti se lo condenó a servir cuatro años. Los otros miembros de la junta (Leopoldo Fortunato Galtieri, Omar Graffigna, Jorge Anaya, y Basilio Lami Dozo) fueron absueltos.

Juicio a las Juntas Militares

La Ley de Punto Final:

El 23 de diciembre de 1986 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Punto Final, que estableció un plazo final para enjuiciar a los militares involucrados en los crímenes de la dictadura. La ley fue promulgada al día siguiente, a pesar de los miles de personas que se manifestaron en contra. La Ley estableció: "Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado. . . que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley." Los organismos de Derechos Humanos hicieron oír su protesta indicando que dos meses no darían tiempo para lograr justicia para todas las víctimas, pero el Presidente Alfonsín aceptó responsabilidad por las consecuencias de la ley, y el Congreso la aprobó.

Texto de la Ley de Punto Final

Levantamiento Carapintada:

El 16 de abril de 1987 , durante la Semana Santa , un grupo de militares que respondía al teniente coronel Aldo Rico ocupó la Escuela de Infantería en Campo de Mayo para exigir la amnistía y la sustitución de la cúpula militar. Entre el 14 y el 18 de enero de 1988 , Aldo Rico encabezó otro levantamiento carapintada, esta vez en Monte Caseros. Él abandonó su arresto domiciliario y se acuarteló en el Regimiento 4 de Infantería, con unos 60 oficiales y 200 suboficiales, pero se rindieron rápidamente. El 3 de diciembre de 1988 , usando el Batallón de Arsenales en Villa Martelli como centro de operaciones, el coronel Mohamed Seineldín encabezó una rebelión por no haber sido recomendado para el ascenso a General. La última asonada carapintada tomó lugar el 3 de diciembre de 1990 , en que un grupo de militares ocuparon la sede del Estado Mayor del Ejército y del Regimiento I de Patricios. Hubo trece personas muertas y alrededor de 200 heridos.

Obediencia Debida:

El 4 de junio de 1987 el Congreso aprobó la ley de Obediencia Debida, y cuatro días después fue promulgada. El Presidente Raúl Alfonsín la había propuesto a causa de los alzamientos militares. La ley absolvió a los militares de rango intermedio y menor, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por haber cumplido órdenes cómo subordinados. Entre los beneficiados estaban Jorge Bergés, Miguel Etchecolatz, Julio Simón (Turco Julián), Jorge Acosta y Alfredo Astiz, entre cientos más. En el artículo 1 de la Ley se lee: "Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos. . . por haber obrado en virtud de obediencia debida."

Texto de la Ley de Obediencia Debida

Indultos:

El 7 de octubre de 1989 , el presidente Carlos Menem firmó el decreto de indulto que benefició a 216 militares y 64 civiles. El 29 de diciembre de 1990 , Menem firmó el segundo decreto de indulto, que perdonó a los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini. También incluyó a otros militares cómo a Ramón Camps, Ovidio Pablo Ricchieri, y Carlos Suárez Mason. Este decreto anuló las condenas que las juntas habían recibidos en las causas jurídicas de 1985. Además, el indulto absolvió al ex líder de los Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, entre otros guerrilleros. Dando indultos a ambos lados de la "guerra," Menem reforzó la teoría de los dos demonios, acentuando la idea de que las acciones de los guerrilleros fueron las que contribuyeron a la violencia de Estado.

Indulto de 07/10/89

Los Juicios por la Verdad:

El 1 de abril de 1998 , la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata (APDHLP) pidió a la Cámara Federal de esa ciudad que investigue las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar. Tres semanas después, el 21 de abril, la Cámara Federal aprobó la resolución 18/98 que abrió las causas. Los jueces resolvieron: "declarar el derecho de los familiares de las víctimas de los abusos del Estado ocurridos en el pasado gobierno de facto ( 1976 a 1983) de conocer cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la desaparición de ellas y en su caso el destino final de sus restos." El 30 de septiembre de 1998 comenzaron las audiencias orales y públicas, pero debido a las leyes de impunidad no se podía castigar ni condenar a los culpables. Sin embargo, las causas sirvieron para conocer más sobre el destino de los detenidos, y con la nulidad de las leyes de amnistía, los represores recibieron sus castigos penales. Las causas han continuado hasta hoy, con el apoyo de grupos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, entre otros.

Los juicios por la Verdad

Causa de Videla:

El 9 de junio de 1998 , el juez federal Roberto Marquevich ordenó la detención de Jorge Rafael Videla por la causa que intentaba demostrar un plan sistemático de robo de bebes hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Videla fue detenido y permaneció con arresto domiciliario. En su defensa, Videla alegó que ya había sido juzgado por idéntico delito, pero en el 21 de agosto de 2003, la Corte Suprema rechazó su argumento. Decidió que durante el juicio de 1985 no se sabía en extenso sobre la apropiación de niños, y que por lo tanto no constituía cosa juzgada. Esta decisión, aprobada por seis votos y dos abstenciones, permitió el comienzo del juicio oral y público contra Videla y otros miembros de la cúpula militar. Las Abuelas de la Plaza de Mayo estiman que alrededor de 500 niños fueron robados de sus familias durante la última dictadura militar.

Ratificación de la Corte Suprema de la prisión para Videla

La Anulación de las Leyes de Impunidad:

El 25 de marzo de 1998 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogados por el Congreso Nacional, pero las causas de los militares seguían cerradas. Luego, el 6 de marzo de 2001 , el juez Gabriel Cavallo declaró la "inconstitucionalidad y la nulidad insanable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 9 de noviembre del mismo año, la Sala II de la Cámara confirmó por unanimidad el fallo dictado por el juez Cavallo y por eso ratificó la inconstitucionalidad de las dos leyes de impunidad. El 12 de agosto de 2003 , la Cámara Nacional de Diputados anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el 20 del mismo mes la Cámara Nacional de Senadores finalizó su anulación. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema ratificó la inconstitucionalidad de las leyes, declarandolas "constitucionalmente intolerables". Cómo consecuencia pudieron iniciarse nuevamente juicios contra militares acusados de violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar.