Intervenciones

En el 2014, se presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas internadas en el hospital José Esteves por las graves violaciones a los derechos humanos y las deplorables condiciones de internación. Luego de una demora de tres años, y en base a las pericias realizadas, el juzgado de garantías N 6 de Lomas de Zamora ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia reacondicionar las instalaciones del neuropsiquiátrico. El fallo también exige que se respeten los estándares de atención médica exigidos por la ley de salud mental.

A raíz de una presentación de la CPM, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ordenó el cierre de la Fundación San Camilo. En la última inspección al lugar se denunció la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental. La falta de un abordaje interdisciplinario de los cuadros médicos, las graves irregularidades en la habilitación y la falta de control hizo posible que siguiera funcionando en estas condiciones durante años.

Se realiza un acompañamiento y asesoramiento a víctimas de violencia policial en el marco de la causa de Domselaar (“Personal Policial, Domselaar y otros s/Severidades vejaciones y/o apremios ilegales a presos”).

El programa participó en la mesa de Salud Mental en el marco de las cautelares contra el complejo San Martín de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se participa, junto a otras organizaciones de derechos humanos, de la mesa permanente por la causa judicial iniciada por el número de muertes en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

En el año 2014, la CPM presentó un Habeas Corpus Colectivo en virtud del agravamiento de las condiciones de detención de todas las personas privadas de su libertad voluntaria o involuntariamente que se encontraban internadas bajo custodia del Ministerio de Salud. Dicha presentación fue el resultado de la constatación, en el marco de las inspecciones realizadas por el Comité contra la Tortura, de agravamientos vinculados a la modalidad de abordaje, régimen de vida y condiciones materiales dentro de los Hospitales Monovalentes provinciales -tomando como muestra el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, el Hospital Estéves y el Hospital Open Door-. A partir de entonces, se iniciaron 3 causas judiciales -de acuerdo al departamento judicial que le corresponde a cada uno de los hospitales inspeccionados-. 

En el marco de la causa por el Hospital Alejandro Korn se conformó una mesa de trabajo entre la parte actora (CELS, Movimiento por la Desmanicomialización de Romero y CPM) junto a autoridades de la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones y de la Dirección Provincial de Hospitales, ambas pertenecientes a la cartera de Salud. 

Se interviene como miembro del plenario intersectorial y del comité de seguimiento y monitoreo del Órgano de Revisión Local de Salud Mental y participa en las comisiones de trabajo de dicho organismo.

La conformación del Órgano de Revisión Local (ORL) a comienzos del 2015 fue un avance fundamental en el proceso de desmanicomialización. La ley provincial de salud mental 14.580 sancionada en 2013, adhiere en su artículo primero a la ley nacional 26.657, «Derecho a la Protección de la Salud Mental», y establece la garantía de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que padecen problemas de salud mental.

Al adherir de forma íntegra al texto nacional, la ley provincial lo hace también respecto a la conformación del órgano de revisión, en virtud del cual se toman para su creación una serie de pautas mínimas previstas en el Órgano de Revisión Nacional. Allí se establecen los criterios generales de la regulación normativa a nivel local, al mismo tiempo que se establecen los criterios en relación a las instituciones que lo componen.

El Órgano de Revisión Local (ORL) quedó compuesto en 2015 bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.  La organización se planteó en dos instancias: secretaría ejecutiva -integrada por un cuerpo técnico interdisciplinario- y el plenario, conformado por representantes de la CPM, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, diputados y senadores provinciales, Observatorio Social Legislativo, sindicatos de trabajadores de la Salud, Procuración General, Poder Judicial, universidades, entre otros.  

En función de la trayectoria y experiencia de la CPM se impulsó, junto con otras instituciones, la constitución de un comité de monitoreo y seguimiento de espacios de encierro abierto a la participación de miembros del plenario. Asimismo, se participó en el diseño de indicadores y la construcción de herramientas de relevamiento de datos.

En razón de la falta de información oficial y las falencias en la efectiva aplicación de la Ley de Salud Mental, en 2017 la CPM junto a los organismos que componen el ORL trabajó en las comisiones de niñez y salud mental, monitoreo y seguimiento y adecuación legislativa para relevar y sistematizar datos sobre población, externaciones, reiternaciones, número de internaciones que se prolongan por razones sociales o de vivienda y la evolución de las tasas de mortalidad.

Al mismo tiempo, se acordaron estrategias y se aprobaron resoluciones para adecuar los dispositivos de salud mental a la normativa vigente. En ese marco se plateó la ilegalidad y regresividad del proyecto de reforma de la ley de salud mental a nivel nacional que, de aprobarse, implicaría la vuelta a las prácticas de manicomialización.