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y la defensa de los derechos humanos

Una multitud en las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país se movilizó, una vez más, para denunciar la violencia institucional, condenar el gatillo fácil y reclamar por una política de seguridad democrática, respetuosa de los derechos humanos.

Los familiares víctimas de violencia institucional, detrás de la organización de la marcha, afirman que desde el retorno de la democracia hay más de 5500 casos de muerte por gatillo fácil, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías y desapariciones. En el Informe Anual 2018, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que, sólo en la provincia de Buenos Aires, en el último año hubo 121 muertes por uso letal de la fuerza, otras 22 personas murieron en comisarías y, al menos, 160 en cárceles.

La 4ª marcha nacional contra el gatillo fácil, que partió desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, contó con el acompañamiento de la CPM. El secretario Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio estuvieron junto a los miembros de la red de familiares víctimas de violencia institucional de la CPM. También fue parte de la movilización, la madre de Plaza de Mayo-Línea fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiñas.

En el documento de esto año, los organizadores de la marcha denunciaron que “el Estado dio durante el año pasado un salto en la represión”, expresaron su preocupación por la explícita defensa del policía Chocobar por parte del Estado y por la continuidad de fallos judiciales que ratifican la impunidad cuando se trata de juzgar delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

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