La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó en Chapadmalal, el IV encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia institucional. Durante dos días, más de 500 familiares de 18 provincias se reunieron para intercambiar experiencias, desafíos, propuestas y definir líneas de acción articulada con el objetivo de profundizar el trabajo territorial contra las múltiples violencias de las agencias de seguridad, el servicio penitenciario y la justicia. Fueron dos días de trabajo intenso donde se reforzó una premisa clave: la organización de las víctimas es capaz de transformar un sistema penal profundamente injusto, inhumano y en crisis.
El Frente Vital fue asesinado en una casilla de San Fernando el 6 de febrero de 1999 por un efectivo de la Policía Bonaerense. Sebastián Bordón murió de hambre y sed, después de haber sido torturado; su cuerpo fue encontrado al pie de un risco en el Cañón del Atuel, Mendoza, en 1997. El 21 de septiembre del 2000, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano Witis para proteger su huída tras un asalto, ambos fueron fusilados por un agente de la Bonaerense; las mamás de Mariano y Darío se reunieron para reclamar justicia por sus hijos. Lucas Carrasco fue asesinado en marzo de 2004 durante una represión tras un partido de fútbol en el estado de Independiente Rivadavia de Mendoza; su mamá, Viviana, luchó para condenar a los responsables, y se murió sin conocer la justicia. En abril pasado, la misma justicia absolvió al asesino de Omar Cigarán; su mamá, Sandra Gómez, sigue peleando.
El Frente, Sebastián, Darío y Mariano, Lucas, Omar. Detrás de ellos están sus mamás, están Sabina, Miriam, Raquel, Viviana, Sandra, y están los hermanos, las hermanas, hijos, hijas. Detrás de cada una de estas historias, hay dolor, impotencia, resistencia, lucha. Pero no se trata de historias excepcionales ni casos aislados. Son la consecuencia de una práctica sistemática que ha profundizado y extendido las violencias por parte del estado. Historias como estas ocurrieron y siguen ocurriendo en todos los rincones del país. Las víctimas son casi siempre las mismas.
Frente a un sistema penal selectivo, frente a una justicia que convalida las prácticas policiales y penitenciarias, sólo la organización logra quebrar el olvido y la impunidad, a la vez que permite la contención y habilita estrategias de prevención y promoción de derechos y los barrios más vulnerados.
Durante el fin de semana pasado, estas historias y sus protagonistas se cruzaron en Chapadmalal: historias de la violencia y la injusticia con la fuerza de la resistencia y la participación. En el IV encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reunió a unas 500 personas, de más de 60 organizaciones, que llegaron de 18 provincias del país.
La magnitud y federalismo del encuentro y las historias que se contaron en los distintos espacios de trabajo dan cuenta de la grave crisis en materia de derechos humanos que se desprende de las políticas de mano dura en seguridad que se vienen implementando en todo el país desde hace ya varios años. “Todos aplican la misma metodología: la saturación territorial de las fuerzas de seguridad, es decir la única política para reducir la ‘inseguridad’ es llenar de policías, de fuerzas federales los territorios. Esto se traduce en el incremento de la población detenida y el colapso general del sistema de encierro. En definitiva, es la forma con la que el Estado ha decidido ‘gobernar’ a las poblaciones excluidas”, explica Roberto Cipriano García.
Después de dos días de trabajo intenso, desde la CPM valoraron positivamente este encuentro ya que significa “la consolidación y fortalecimiento de las organizaciones de familiares como actores claves en la lucha contra la violencia del Estado. El encuentro fue un paso muy firme en su capacidad de articulación, coordinación y solidaridad que, al tiempo que les da herramientas para enfrentar a los distintos poderes que los vulneran e invisibilizan, las repara en su dolor”
La agenda de las víctimas: del dolor a la construcción política
Como parte de un trabajo sostenido que la Comisión Provincial por la Memoria viene realizando con las organizaciones de familiares, este IV encuentro nacional sigue impulsando la construcción de un gran movimiento social que discuta en la escena pública las políticas en materia de seguridad. Los familiares como sujetos políticos capaces de transformar las profundas irregularidades, arbitrariedades y violencias de un sistema penal que persigue a los sectores más vulnerables de la sociedad.
De sujetos de dolor a sujetos de transformación, del caso particular al colectivo. De alguna manera, ese eje atravesó cada uno de los espacios de trabajo, reflexión y capacitación que se realizaron durante los dos días del encuentro. En el marco de esas actividades, se desarrolló el taller Violencia judicial y acceso a la justicia que permitió el intercambio entre familiares y trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense. La mesa estuvo coordinada por el co-presidente de la CPM, Víctor Mendibil, y contó con la participación del secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, y Mariano Fernandez, secretario general del gremio en el departamento de Mar del Plata.
“Lo que le pasa a cada uno de ustedes le pasa a muchas mamás, papás y hermanos, porque hay una política diseñada de esa manera: es la institucionalización de la violencia para con nuestros pibes y una justicia que está preparada para condenar a esos sectores más desprotegidos”, dijo Víctor Mendibil en la apertura de la mesa. Y agregó: “Ustedes nos ensañan con su lucha porque convirtieron el dolor en organización: la experiencia de cada uno construye una experiencia colectiva que es la única forma de transformar la realidad”.
Como viene denunciando la CPM, la justicia es parte constitutiva del sistema de la crueldad porque no atiende el dolor de las víctimas, porque es selectiva y clasista, porque convalida las violencias perpetradas por los agentes policiales y penitenciarios; en ese sentido, el encuentro entre los familiares y actores judiciales fue un espacio novedoso y atractivo para poder pensar estrategias conjuntas, estrategias que partan del reconocimiento pleno de las víctimas. En este mismo espacio, la CPM volvió a destacar la necesidad de implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, y la autonomía de la defensa pública.
Durante el encuentro también se presentó el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) que construye la CPM junto al GESPYDH—UBA, y la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN). De esta mesa participaron Alcira Daroqui, directora del GESPYDH, Marcelo Medina, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, y el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García. Sandra Raggio, directora general de la CPM, estuvo coordinando la charla.
En línea con la grave crisis del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires que la CPM denunció en su informe anual presentado hace algunos meses, los datos que arroja el RNCT son igual de alarmantes y ponen de manifiesto que las violaciones a los derechos humanos en cárceles, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos son prácticas extendidas en todo el sistema de encierro, federales y provinciales.
Durante las inspecciones realizadas en 2016, el RNCT relevó 1.953 víctimas de torturas y malos tratos que constataron un total de 6.391 hechos de torturas y/o malos tratos. La mayoría de los hechos denunciados por los propios detenidos fueron agresiones físicas, malas condiciones de detención, aislamiento y falta o deficiente alimentación. El relato de las víctimas es incuestionable y los números del sistema de la crueldad deben ser una herramienta para la discusión de las políticas públicas.
Las historias detrás de la organización
Del dolor individual a la lucha y la organización colectiva fue la mesa que cerró el IV encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional. Estuvo coordinada por Yamila Zavala Rodríguez, integrante de la CPM e hija de desaparecidos-asesinados por el terrorismo de Estado, quien destacó “la posibilidad de encontrar un espacio donde poder hablar, aunque haya pasado tiempo, porque las víctimas de las violencias del Estado no siempre tenemos ese lugar”.
La mesa contó con la participación de Raquel Witis, mamá de Mariano, Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, Sabrina Carrasco, hermana de Lucas Carrasco, Isabel de la Cruz, mamá de Ismael Lucena, y Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón. Esas fueron sólo algunas de las muchas historias que se contaron en Chapadmalal.
“Nadie puede entender el dolor de una mamá”, dice Sabina Sotelo, la mamá del Frente Vital. El Frente fue asesinado en 1999 en una casilla de San Fernando. La versión policial quiso instalar que se trató de un enfrentamiento, pero el Frente estaba desarmado, debajo de una mesa y el disparo le atravesó la mano con la que quiso protegerse. “Estaba sola, no sabía para donde correr, pero uno va agarrando coraje y experiencia. Hoy estoy acompañando esos otros dolores; vi a madres llorar como lloré yo, conociendo madres con casos que terminan en lo mismo”, agrega.
Sabina tuvo que luchar muchos años para encontrar justicia. En el primer juicio realizado, el agente de la Bonaerense Héctor Sosa sólo había sido condenado a tres años por exceso en la legítima defensa. Apeló, se encadenó frente a los tribunales, siguió luchando. “Yo lo vi a Sosa salir esposado de un tribunal con 20 años, pero hay mamás que no saben leer un expediente, que no saben que es un habeas, porque nunca nadie les dijo cuáles eran sus derechos. Dónde están esos hombres que estudiaron y juraron hacer justicia?”, se pregunta Sabina.
Canela Bella vive en Mar del Plata. “Tengo la camiseta de las liberadas”, dice. Tuvo a su primer hijo en prisión y su actual pareja está detenido en una cárcel bonaerense. Canela no pertenece a ninguna organización, pero conoce el trabajo de la Comisión desde hace muchos años: “Venir acá me sirve para ampliar mi conciencia y discutir con más recursos y elementos con otros familiares, pero también con la peluquera, con la gente con la que nos cruzamos cotidianamente”.
Como el hijo de Canela, Andrés Salvatierra también nació en el encierro, su mamá dio a luz en el pasillo del pabellón 3 de la cárcel de Los Hornos. “Conviví hasta los 3 años con ella y después me sacaron a un hogar de niños, me querían dar en adopción; a los 5, mi abuela me encontró y me llevó a vivir con ella”. Andrés también es ex detenido: “Estuve más de 10 años detenido y pasé por 14 unidades. La cárcel me dejo un agujero en el pecho, la misma sensación de indignación que siente cualquier persona que fue vejada”, relata.
En esos años padeció toda la crueldad del sistema de encierro: “En mi cuerpo tengo más de 40 disparos de balas. De un ojo casi no veo, de un oído no escucho. A mí me han pasado corriente, ahogado, me tiraron de arriba de un techo, me rompieron una costilla, el brazo, la mano. Acá siguen avalando las mismas prácticas de torturas que se cometían durante la dictadura”, dice.
“Yo no elegí estar en este lugar, porque tuve que salir. Nosotras sabemos que entre familiares no tuvimos el minuto de duelo, ni bien enterramos a mi hermano, salí a pedir justicia. Una justicia que no escucha y nosotras tenemos las calles, donde nace la justicia popular que es lo que nos fortalece”, cuenta Luciana Escobar. Pichón fue visto por última vez el 14 de agosto de 2015 en el boliche La Tienda en Rosario, su cuerpo apareció flotando en el río Paraná siete días después. Tres policías y dos patovicas estuvieron detenidos por el hecho, pero el año pasado recuperaron la libertad. “Somos madres, hermanas, padres, compañeras que nos ponemos las remeras y cada vez que salimos a reclamar por nuestros pibes, nuestros pibes están vivos, más vivos que nunca”, cerró Luciana.
“Yo pensaba que el caso de mi hijo iba a sentar un precedente pero me equivoqué, cada día hay muchos casos más. El Estado es responsable de todo lo que nos ha pasado y eso no lo vamos a dejar de denunciar”, agrega en esa línea Isabel de la Cruz, mamá de Ismael Lucena. El 11 de noviembre de 2011, Ismael y un amigo fueron perseguidos por dos policías de civil, golpeados y detenidos. Producto de los golpes propinados por los policías, Ismael murió en un hospital.
“En este encuentro está el dolor pero también la alegría, los abrazos eternos que te llenan el alma. Entonces pienso si estoy acá es por algo, porque a nosotras nos han cagado la vida pero si estamos acá es porque pudieron haber matado a nuestros hijos pero no han matado su esencia. Seremos la voz de los pibes siempre”, concluyó Isabel.