A casi un mes de la peor masacre ocurrida en comisarías del país, en la que nueve personas murieron asfixiadas y quemadas en una dependencia policial con clausura judicial para el alojamiento de detenidos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se constituyó ayer en Esteban Echeverría para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre de Esteban Echeverría y transmitir su acompañamiento en la lucha por justicia. “No buscamos venganza ni nos moviliza el odio. Luchamos para que estas masacres no ocurran nunca más”, afirmó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Más tarde, familiares e integrantes de la CPM fueron recibidos por el intendente Fernando Gray.
Ayer por la tarde integrantes la CPM tuvieron un sentido encuentro con familiares de víctimas de la masacre de la comisaría 3ra de Esteban Echeverría. La reunión se produjo en el edificio municipal de Monte Grande. Estuvieron presentes Adolfo Pérez Esquivel, el padre Pepe di Paola, Víctor de Genaro, Roberto Cipriano Garcia, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso, Víctor Mendibil, Ana Barletta, Susana Méndez, Carlos Sánchez Viamonte y la directora general Sandra Raggio. En el encuentro participaron familiares de Eduardo Ocampo, Elías Soto, Juan Carlos Fernández, Jeremías Rodríguez y Jorge Ramírez.
Fue un encuentro cargado de emociones y mucho dolor. Cada familiar contó sus historias. Con mucha claridad y contundencia denunciaron el accionar de la policía no sólo en el momento de los hechos sino durante todo el tiempo que sus familiares estuvieron detenidos. Señalaron el silencio y la falta de acompañamiento por parte del Estado y pensaron estrategias para avanzar en el pedido de justicia.
“Mi hijo estaba hacía nueves meses en esa comisaría esperando el cupo en otro lugar. El edificio no tenía ninguna condición para alojamiento. Y bueno, su condena fue la muerte. Lo mataron”, dijo Carina, mamá de Jeremías Rodríguez. “Mi hermano estuvo un año y medio esperando un cupo y el cupo termino siendo la muerte”, agregó Juana, hermana de Juan Carlos Fernández. “Mi hijo estaba desde hacía dos meses en Transradio esperando cupo en un penal. Yo quería que mi hijo saliera mejor de ahí, no peor. Y termino siendo asesinado”, contó la madre de Elías Soto. Todas historias atravesadas por un mismo dolor y que exponen, en toda su crueldad, la injusticia y responsabilidad del Estado.
José Luis Ramírez hizo un pedido conmovedor de justicia por su hijo Jorge, y la hija de Eduardo Ocampo señaló que nadie les informó que su padre estaba desde hacía pocos días en esa comisaría y que de la masacre se enteró por los medios de comunicación.
El presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel le transmitió su solidaridad y el acompañamiento de la institución en este camino: “Estamos viviendo momentos muy difíciles. Esta comisaría había sido clausurada y sin embargo estaba funcionando. Hay responsables y deben ser juzgados”.
El Padre Pepe Di Paola refirió que “en las villas donde trabajamos, en los barrios populares, la droga hace estragos y el estado debe estar más presente. Muchos de estos casos se relacionan con el consumo de drogas. Son jóvenes que debieran tratarse y tendrían oportunidades de una vida mejor, hace falta un Estado que se ocupe de los jóvenes antes de que cometan delitos, tratando las adiciones y generando políticas que los incluyan”.
Luego de esta reunión, los familiares y los integrantes de la CPM fueron recibidos por el intendente de Esteban Echeverría , Fernando Gray. El organismo le presentó un informe detallando la grave situación en la que se encontraba la comisaría cuando ocurrió la masacre. Las familias de las víctimas resaltaron la importancia de poder ser acompañados por el municipio en este proceso de justicia. “Nuestros hijos no merecían morir así”, resumieron.
Por su parte, tras escuchar a los familiares, el intendente Gray se comprometió a acompañarlos, señaló su preocupación por el grave estado de las comisarías bonaerenses y reconoció la responsabilidad del Estado por estas muertes: “Las comisarías de la Provincia están todas iguales y, sin embargo, los funcionarios que deberían dar respuesta, no la han dado aún”.
Desde el primer momento, la CPM se puso en contacto con los familiares de las víctimas y, actualmente, patrocina a las familias de Eduardo Ocampo, Elías Soto, Juan Carlos Fernández, Jeremías Rodríguez, Jorge Ramírez, Miguel Sánchez y Walter Barrios. Además del patrocinio legal, también realizó presentaciones administrativas, una de ellas a Asuntos Internos que terminó con la desafectación de los cinco policías que prestaban servicio en la comisaría 3° la noche de la masacre.
El próximo sábado, la CPM junto a familiares de las víctimas y unos 500 integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales realizarán una marcha por las calles de Monte Grande para reclamar justicia y denunciar, una vez más, la responsabilidad del Estado. “No nos vamos a quedar con la versión de la policía. Nuestros hijos no querían escaparse, no querían morir”.