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Como querellante en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos durante la guerra de Malvinas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) adhirió al pedido de indagatoria a seis militares solicitado por el Centro ex combatientes La Plata y también requirió, en base a nuevas pruebas, que otros cinco miembros de las Fuerzas Armadas sean alcanzados por la misma medida. Para la CPM existen elementos probatorios suficientes para avanzar con el proceso judicial que se inició hace más de diez años y que aún no tuvo resultados significativos.

Hace casi once años, el Centro ex combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) denunció en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. En la causa hay 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.

El año pasado, el CECIM La Plata reiteró la solicitud de indagatoria para los militares Eduardo Flores, Pedro Pierre, Gregorio Cabrera, Rodolfo Cionchi, Osvaldo Vega y Reynaldo Oliver. Hoy, como querellante de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito ante el juzgado federal adhiriendo al pedido solicitado por el centro de ex combatientes.

Asimismo, a raíz de las nuevas pruebas que surgen de un informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, la CPM también solicitó que se cite a declarar al teniente Eduardo Ferrer, a los cabo primero Miguel Ángel Benítez y Fernando Scicchitano, y al cabo Néstor Marmallon. Este informe, realizado a partir del entrecruzamiento de archivos desclasificados y requerimientos obrantes en la causa, permitió identificar nuevas víctimas e imputados y se suma como un elemento de prueba para avanzar con las solicitudes de indagatoria.

Después de tantos años de dilación para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes, la CPM volvió a remarcar la “imperiosa necesidad de contar en la presente investigación con avances en la determinación de responsabilidades penales”. En ese sentido, y con el objetivo de impulsar la causa, el organismo se había presentado como querellante el año pasado.

A 36 años de la guerra, la condena por los hechos de muertes, torturas y malos tratos cometidos en las islas por los militares argentinos contra sus propios soldados sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia.

Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados sin demora. El paso del tiempo genera más impunidad y revictimiza a los conscriptos que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos y sus familias.

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