A poco de crearse la Guardia Urbana de Prevención, el poder ejecutivo del Municipio de La Plata propone avanzar con una nueva normativa que, de acuerdo al anteproyecto de ordenanza que circula, restringe aún más derechos y el uso del espacio público, persigue fines recaudatorios y criminaliza la protesta social, la economía popular, el trabajo sexual y la cultura. Ante la ausencia de información pública sobre el contenido, forma y funcionamiento de este nuevo código de convivencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó que se convoque a una audiencia pública para su discusión plural y democrática con participación de todos los actores de la sociedad civil.
Regulación y sanción de la protesta social, la posibilidad de imponer multas con fines recaudatorios o penas de prisión para cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, además de la regulación de muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los y las ciudadanas platenses, como las reconocidas fiestas de estudiantes secundarios. Estas son algunas de las normas y penalidades del nuevo Código de Convivencia Ciudadana que impulsa el ejecutivo municipal.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierte que esta normativa se inscribe en una política restrictiva, recaudatoria y también represiva, que atenta principalmente contra los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El nuevo código plantea que ante una infracción, se podrá avanzar en el decomiso, multa y detención. No contempla instancias de diálogo o alternativas en la resolución de los conflictos. Además no se garantiza un derecho de plena defensa frente a este proceso, y continua utilizando figuras inconstitucionales como la conversión de la multa en arresto -mecanismo del antiguo derecho romano e ilegal en nuestro país- cuando la persona no puede pagar la misma. A esto se suma que estas penas inconstitucionales, se cumplirían en dependencias policiales. Como ya hemos denunciado las comisarías de la Provincia de Buenos Aires y las de La Plata en particular, se encuentran en una situación de hacinamiento crítico y la Comisión Interamericana ha desaconsejado que sean utilizadas como lugares de detención. En estás condiciones, según el proyecto, una persona podría permanecer hasta 90 días.
Hasta el momento, cualquier análisis resulta incompleto porque el anteproyecto se realizó prácticamente sin consulta pública. La decisión de legislar sobre el uso del espacio público y las prácticas de la vida cotidiana en la ciudad, requieren de un debate serio, abierto y plural con participación de todas las instituciones y organizaciones sociales interesadas en discutir sobre este tema.
En ese sentido, y ante el inminente tratamiento legislativo del código de convivencia, la CPM envió una nota al presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, solicitando que se convoque a audiencia pública para discutir y buscar consensos de fondo antes de su sanción.
“Este proyecto se presenta en un marco de ausencia de información pública sobre su contenido, forma y funcionamiento”, señala el escrito. Y agrega: “Los espacios de debate que se promovieron hasta ahora se difundieron casi sin antelación impidiendo la participación de instituciones y organizaciones sociales”. Una vez más, la CPM insiste que estos debates deben darse de cara a la sociedad.
En estas semanas previas, y ante la preocupación por el avance de este anteproyecto de ordenanza, la CPM participó de distintos espacios de debates colectivos con otros organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y culturales, gremios, cooperativos de trabajo, inmigrantes y colectivas feministas. Estos fueron los actores que se movilizaron de manera masiva en el centro de la ciudad platense para rechazar esta propuesta.
La gestión municipal ha dispuesto recursos dando prioridad a la vigilancia y control del espacio público, a partir de la saturación de agentes municipales —que muchas veces terminan arrogándose funciones de policía— y cristalizada recientemente en la creación de la Guardia Urbana de Prevención. El código de convivencia ciudadana va también en esa dirección y ante las situaciones de vulnerabilidad se elije el camino de la violencia estatal.
Lejos de promover la inclusión social con políticas de ampliación de derechos económicos, sociales y culturales o el fortalecimiento de dispositivos estatales como los servicios locales o zonales de promoción y protección de los derechos del niño, esta propuesta restrictiva, recaudatoria y represiva avanza contra los derechos y garantías de los sectores más vulnerables como colectivos de la economía popular, migrantes, trabajadores sexuales o niños, niñas y adolescentes.