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Se necesitarían tres unidades penitenciarias como la que existe para alojar a todas las personas que hoy se encuentran encerradas en la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena. “Los jueces mandan gente a las cárceles y después se olvidan”, dijo el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, durante la conferencia de prensa de presentación del informe especial sobre el grave estado actual de la UP 28. Mientras se desarrolla el juicio por la masacre de Magdalena, 12 años después, las condiciones estructurales que hicieron posible la masacre siguen presentes en cada lugar de encierro. Reclaman que el Pabellón 16 sea designado como sitio de memoria.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó esta mañana un informe especial La masacre de Magdalena: 12 años después, el fuego sigue ardiendo, que registra la grave situación en la que se encuentra la UP 28. “Hoy, la cárcel de Magdalena es la más sobrepoblada del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hay 1.199 personas detenidas en un lugar con capacidad para 358. La sobrepoblación es del 234 %”, remarco Roberto Cipriano Garcia, secretario del organismo. El informe también recupera parte del informe que la CPM elaboró a partir del testimonio de los sobrevivientes a los pocos días de la masacre.
Desde el primer momento, el organismo había denunciado que fue una masacre, que las autoridades políticas habían desestimado las innumerables advertencias sobre la grave crisis en el sistema de encierro, que los agentes del SPB cerraron con candado la reja y no hicieron nada para socorrer a las 33 personas que quedaron encerradas en el pabellón 16 una vez que se desató el incendio.
“Recién 12 años después se abrió el proceso judicial, pero finalmente la justicia que tanto se demora es un acto de injusticia”, dijo el co-presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, durante la conferencia de prensa. Y agregó: “Nadie les devolverá la vida a ellos y sus familias, pero las víctimas no se mueren, permanecen para reclamar verdad y justicia”.
Junto a Pérez Esquivel, participaron de la mesa de presentación el co-presidente, Víctor Mendibil, el vicepresidente, Mauricio Tenembaum, el secretario Roberto Cipriano García, la integrante del organismo Susana Méndez y la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Además, la conferencia fue acompañada por Carolina Delgado, familiar de los hermanos Granados Baldovino, dos de las víctimas de la masacre, y a quien el CPM patrocina como particular damnificado en el juicio. También estuvieron referentes de la red de familiares víctimas de violencia institucional de la CPM, y militantes sociales y sindicales.
En estos días, el juicio por la masacre de Magdalena está llegando a su etapa final; luego de cuatro meses de audiencia y más de 500 testigos, las querellas pronunciaron su alegato y el próximo sábado alegan las defensas de los 17 funcionarios y agentes del SPB imputados por la muerte de las 33 víctimas de la masacre. “Este juicio sirvió, y esperemos que la justicia condene a los responsables para demostrar que fue, como dijimos desde el principio, una masacre”, expresó Roberto Cipriano García.
“El juicio también demostró la valentía de los detenidos, hace doce años, para socorrer a sus compañeros, y ahora para declarar a pesar de las amenazas permanentes que recibieron. También quedó muy en claro que los penitenciarios fueron a mentir y que, lamentablemente, a pesar de las denuncias, los responsables políticos no llegaron a juicio”, precisó Cipriano García.
“Aunque demorada y acotada porque no están todos los responsables, seguimos demando una justicia que sea justa”, señaló la directora general de la CPM, Sandra Raggio, en la apertura de la conferencia, y remarcó que la presentación de este informe también debe servir para pensar que pasó en el sistema de encierro desde entonces hasta el presente. “Lamentablemente, observamos en cada inspección que la situación no sólo no cambió sino que se agravó: la masacre de Magdalena se reiteró de otra forma, como pasó en marzo en la comisaría de Pergamino, pero también como sucede día a día en todos los lugares de encierro que producen muerte”, concluyó.
El informe La masacre de Magdalena: 12 años después, el fuego sigue ardiendo contiene el registro de las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas por los detenidos y constatadas por la CPM en las inspecciones realizadas durante los últimos tres años.
La sobrepoblación es parte constitutiva de un sistema de la crueldad que sólo genera más violencia. Cuando ocurrió la masacre había 592 detenidos en la UP 28, un lugar con capacidad para 358 personas, hoy son 1.196 personas detenidas y la capacidad de alojamiento disminuyó por la inhabilitación del pabellón donde ocurrió este hecho. Sobrepoblación, hacinamientos y torturas son la clave de un deterioro que, a lo largo de todos estos años, fue agravando las condiciones de detención.
Entre enero de 2014 y septiembre de 2017, se realizaron 777 entrevistas con personas detenidas en la Unidad 28 o sus familiares, y se denunciaron 2.015 hechos de torturas y/o malos tratos que incluyen agresiones físicas, aislamiento, requisas vejatorias, robo de pertenencias, malas condiciones edilicias y desatención de la salud.
Si bien los índices dan cuenta de la grave crisis humanitaria en la UP 28, lo cierto es que la situación se reitera en cada uno de los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires; sólo la justicia y la condena de estos hechos pueden hacer posible la concreción de reformas estructurales. En ese sentido la CPM reclama justicia por Magdalena y un fallo que no sólo repare a las víctimas sino que, al mismo tiempo, interpele a las autoridades políticas para transformar las condiciones actuales del sistema de encierro.
“Hay una práctica sistemática de la violencia en las cárceles, de invisibilización en los medios, pero también está la persistencia de las familias que buscan justicia. En efecto, se van a acelerar estos juicios si somos capaces de organizarnos y hacernos escuchar en las calles”, cerró la presentación del informe el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil.
Finalmente, y frente al intento de volver a usar el pabellón 16 para alojar detenidos, la CPM remarcó públicamente su pedido para que el lugar sea declarado sitio de memoria y se desarrollen allí actividades educativas o de formación profesional.
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