La muerte de un joven en el centro cerrado de Virrey del Pino implica una fuerte regresión en las políticas de niñez y adolescencia. Por sus características, inaugura una modalidad nunca registrada desde la implementación del régimen penal juvenil en la provincia. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando y advirtiendo que esto pasaría desde el año 2014, tras la implementación de un régimen carcelario basado en la administración de la violencia y el aislamiento extremo como política de control del espacio. Ante la gravedad de este hecho, la CPM presenta una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando que se otorguen medidas de protección de los jóvenes.
Federico Zalazar tenía 19 años, murió el lunes luego de ser agredido por otros jóvenes en el módulo 2 del centro cerrado para jóvenes adultos de Virrey del Pino. Otro joven detenido, que estaba junto a Federico, logró escapar y encerrarse en un baño desde donde pidió ayuda a los gritos para que intervengan los asistentes de minoridad y miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Durante el traslado en ambulancia, producto de las heridas en el cuello y el tórax, Federico entró en shock y murió camino al hospital Evita Pueblo. Su compañero herido permanece en el sector de sanidad del centro cerrado. Los tres jóvenes implicados en el ataque fueron trasladados a la Alcaidía 56 del SPB a disposición de la justicia. Mientras tanto, y sin ninguna explicación o justificación, todos los demás jóvenes alojados en Virrey del Pino fueron sancionados con una medida de aislamiento.
Los jóvenes relataron a las autoridades judiciales que las peleas eran habituales, que existían muchas “facas” en el lugar, que es habitual el consumo de sustancias estupefacientes y que tienen que estar todo el día luchando para preservar su vida, su integridad y sus cosas. También describieron que los directivos y el personal del Organismo de Niñez y del Servicio Penitenciario Bonaerense estaban al tanto de todos esos problemas y que no hacían nada, que no intervenían y que la única posibilidad de ser atendidos por un directivo era cortarse o autolesionarse. Las autoridades permitieron la salida conjunta a un espacio común de dos grupos de jóvenes que, desde hacia tiempo, tenían problemas entre sí.
Otro elemento que da cuenta de la responsabilidad de los funcionarios es que las cámaras del módulo no registraron los hechos porque habían sido desviadas y estaban enfocando hacia otro lugar.
La muerte de Federico, bajo custodia del Estado, no es un caso aislado ni azaroso: es el resultado de una forma de gestión del encierro mediante el aislamiento extremo como política de control poblacional y la instauración de un régimen de vida carcelario que sólo genera más violencia y violaciones a los derechos humanos.
Por esto resulta indispensable que se modifiquen las condiciones que hicieron posible la muerte del joven y se clausure el lugar. En estos verdaderos depósitos de jóvenes no se respeta la normativa vigente ni el derecho protectorio de este colectivo, no se implementan políticas y programas para la responzabilización juvenil o su reinserción, no existen dispositivos de tratamiento psicológico o de adicciones ni espacios educativos adecuados.
Desde el 2014, con el desembarco del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el centro cerrado de Virrey del Pino, en las periódicas inspecciones realizadas por el Comité contra la tortura de la CPM se constató cómo el SPB iba tomando el control del espacio hasta implementar las lógicas propias de las cárceles para adultos. Esta carcelización del centro cerrado se tradujo en prácticas de aislamiento permanente que exacerban los pensamientos violentos de los jóvenes, torturas físicas y psicológicas, y la gestión de la violencia como forma de gobierno del lugar. Fueron estas prácticas —que dejan a los jóvenes allí alojados absolutamente desprotegidos, sin ningún tipo de contención y expuestos a una violencia extrema— las que el lunes pasado terminaron con la vida de Fernando, pero antes había causado también autolesiones e intentos de suicidio en otros jóvenes.
Frente a la gravedad de lo que sucede, la nula intervención judicial pese a las reiteradas denuncias y pedidos de que el Servicio Penitenciario Bonaerense deje de intervenir en lugares de encierro de jóvenes y el Organismo de Niñez asuma sus funciones y obligaciones, la CPM presenta una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando medidas de protección para los jóvenes.
Los reiterados habeas corpus colectivos e individuales y denuncias penales y las visitas institucionales periódicas de los jueces, ineficaces para garantizar la tutela judicial efectiva, dan cuenta de la falta de cumplimento del deber judicial de garantía de las vidas de jóvenes detenidos a su disposición. Las intervenciones judiciales suelen culminar en algunas recomendaciones o informes inocuos que permiten que las violencias continúen y se profundicen.
Además de la urgencia que se desprende de la muerte de Federico, la CPM remarca en el escrito presentado ante la CIDH los antecedentes de violencia, desidia y desprotección. En diciembre del año pasado dos jóvenes intentaron suicidarse y, entre enero febrero de este año, se produjeron otros 23 hechos de autolesiones. Tal como consta de las entrevistas realizadas por la CPM, no hubo política institucional alguna tendiente a realizar un abordaje terapéutico adecuado de estos casos.
La muerte, los intentos de suicidio y las autolesiones son resultado directo de los padecimientos que produce en estos jóvenes la implementación de un régimen carcelario que viola los derechos humanos: aislamiento en sus celdas por periodos de 24 horas, falta de contacto telefónico con sus familiares, requisas violentas, torturas y/o malos tratos, y degradantes condiciones materiales de detención (agua no apta para el consumo, desbordes cloacales, falta de vidrios), deficiente o nula atención a la salud y dificultades para garantizar el acceso a la educación son las principales características del régimen de vida que padecen los jóvenes encerrados en Virrey del Pino.
A esto debe sumarse la ausencia de un equipo técnico de profesionales acorde a las condiciones y población alojada en el centro. Desde el 2016, la CPM viene corroborando la reducción del plantel de asistentes de minoridad; en la actualidad, sólo hay una trabajadora social y una psicóloga para la atención de 60 jóvenes. El equipo médico también es insuficiente para abordar la demanda de salud: un director médico con guardia pasiva y un médico coordinador que acude dos días en la semana; en los hechos, la atención cotidiana queda bajo la responsabilidad de cuatro enfermeros.
Desde hace casi cuatro años, cuando denunció el ingreso del SPB al centro cerrado y advirtió sobre sus consecuencias, la CPM realizó diferentes presentaciones administrativas al Organismo de Niñez y se iniciaron acciones judiciales; sin embargo, estas advertencias nunca respondidas por el poder ejecutivo, no lograron revertir las violaciones a los derechos humanos en Virrey del Pino. Si estas denuncias siguen siendo desoídas, lamentablemente otras muertes seguirán ocurriendo.