junio 2011

Informe anual 2011

Se incrementó la persecución policial sobre jóvenes y niños

La Comisión por la Memoria presentó el Informe anual 2011, que refleja el trabajo realizado por su Comité contra la Tortura, y analiza y evalúa las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en la provincia de Buenos Aires.

El acto comenzó con la proyección de testimonios de víctimas de violencia institucional y de inspecciones a lugares de detención. Participaron del panel de presentación: Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura, Daniel Rafecas, juez federal, y Hugo Cañón, presidente de la CPM. Y acompañaron desde el escenario los siguientes miembros de la Comisión por la Memoria: Laura Conte, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Víctor De Gennaro, Emilce Moler, Elizabeth Rivas, Daniel Goldman, Verónica Piccone, Susana Méndez y Carlos Sánchez Viamonte.

Antes del acto, una delegación de la Comisión entregó el informe y se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires Eduardo Pettigiani y los  jueces Luis Genoud, Juan Carlos Hitters, Eduardo De Lázzari y Daniel Soria. La Comisión planteó la necesidad de avanzar en la creación de una Policía Judicial y de ajustar los controles judiciales sobre las detenciones por averiguación de identidad. Los jueces recibieron el informe y se comprometieron a acercar un ejemplar a cada juez de la provincia de Buenos Aires.

Por la tarde, en la presentación pública, estuvieron presentes: Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani (jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires), María del Carmen Falbo (Procuradora de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires), el Mario Coriolano (defensor de casación de la Provincia de Buenos Aires), el juez federal Carlos Rozanski, el juez del Tribunal de Casación Benjamín Sal Llargues, el juez Rafael Sal Lari, Gabriel Ganon (defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe), Fabián Salvioli vicepresidente del comité de DDHH de Naciones Unidas), Marcelo Ponce Núñez, Hugo Godoy y Carlos Leavi (CTA provincia de Buenos Aires), Ignacio Nolfi (subsecretario de DDHH de la Procuraduría), Julián Axat (defensor del Fuero Penal Juvenil), Fabián Cascivio (juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata), Marta Vedio (subsecretaria de DDHH de la municipalidad de La Plata), Rosa Bru, la diputada Victoria Donda, los decanos de la UNLP Aníbal Viguera, Verónica Cruz, Edith Pérez y Hernán Gómez, representantes de organismos de DDHH, organizaciones sociales, familiares de víctimas de la violencia institucional, etc.

“Como hemos señalado en nuestras posiciones públicas, el discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes, constituyen pilares de los problemas a superar. Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos; somos conscientes de que la policía y el servicio penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios”, afirma el informe en la introducción que firman todos los miembros del plenario de la Comisión.

>> Armado de causas y reclutamiento para el delito

Uno de los puntos más relevantes del informe está referido al incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito. “Esta orientación de las políticas públicas de seguridad, ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”. En este contexto, y entre los casos que se destacan, aparece la investigación sobre la desaparición forzada de Luciano Arruga. “Es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano estén nuevamente en actividad”, afirma el informe.
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>> Sobrepoblación y violencia carcelaria

Respecto de la situación carcelaria, el informe afirma que no obstante la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Bs. As, que llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario conforme estándares internacionales, determinó que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. El número de personas detenidas al mes de marzo de 2011, es 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El número total es por tanto, de 29.404 personas detenidas. El sistema aloja, prácticamente al doble de personas que podría alojar legítimamente. El número de muertes en las prisiones bonaerenses se incrementó: mientras en 2009 se habían registrado 117 muertes, en 2010 el número se elevó a 133. (Leer mas)

>> Los organismos internacionales

El informe propone un repaso de las recomendaciones que a lo largo del 2010 realizaron diversos organismos internacionales advirtiendo sobre la grave situación existente en cárceles, comisarías e institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. (Leer mas)

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