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Frente a la propuesta de Carlos Horacio de Casas como representante del estado argentino para ocupar un cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza su postulación y reitera su preocupación por la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional.

Carlos Horacio de Casas es un abogado penalista sin antecedentes en materia de derechos humanos. No sólo eso: todas sus referencias lo ubican casi en un lugar opuesto a esta perspectiva. Fue defensor del oficial del Ejército Enrique Gómez Saa, acusado de cometer crímenes de lesa durante la última dictadura militar. Además en su provincia natal, Mendoza, registra participación en numerosos debates con intervenciones que siempre estuvieron orientadas hacia el cercenamiento de derechos.

Su designación en la CIDH sería muy grave, no sólo por lo que representa en relación a nuestra historia reciente y nuestra vida democrática sino por la proyección internacional. La Argentina ha sido reconocida en materia de derechos humanos precisamente por los caminos que fue encontrando para elaborar socialmente el pasado y para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos.

Este proceso histórico, base del consenso democrático, sustenta el rechazo a su designación.

Pero la propuesta de De Casas se inscribe en una serie de episodios contrarios a la perspectiva de derechos humanos protagonizados por funcionarios nacionales. Las recientes declaraciones negacionistas del titular de la Aduana, Gómez Centurión, y las ya lejanas declaraciones del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, poniendo en duda la cifra de 30 mil desaparecidos, constituyen señales de una política de derechos humanos que niega la lucha de la sociedad argentina por verdad, justicia y memoria.

La Comisión por la Memoria vuelve a exigir la renuncia de Juan José Gómez Centurión, y solicita al gobierno que revea la propuesta de designación de De Casas para integrar la CIDH.

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