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A 40 años de la visita de la CIDH a la Argentina

INFORME ESPECIAL

La vigilancia de la comunidad informativa sobre la visita de la CIDH a la Argentina

El 6 de septiembre de 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante 14 días visitó cuarteles y centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. El informe final, que llegó al país en mayo de 1980, constató la ferocidad de la violencia del Estado y marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar en nuestro país. Al cumplirse 40 años de la histórica visita, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un informe especial que reúne documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), Prefectura Naval Zona Atlántico Norte y Unidades Penitenciarias que revelan el espionaje de los servicios de inteligencia sobre la visita internacional.

“… Porque cada ciudadano argentino debe tomar conciencia de ella. Unos, lo hemos hecho por el dolor; otros lo harán por el conocimiento. Pero debemos asimilar esta verdad porque es nuestro compromiso con las generaciones futuras. Si no quedará por siempre una sombra de tristeza en los descendientes de esta generación tronchada, y no llegará la paz a tanto familiar desolado. Siempre mirará a su alrededor pensando en qué lugar incógnito podrá seguir sufriendo su hijo o qué árbol o qué trozo de cielo recogió su última mirada, su último suspiro, su último pensamiento. Porque hasta les fue negado el trozo de tierra que desde su nacimiento tienen ganado para descansar”.

Extracto de la declaración de las Madres de Plaza de Mayo a la CIDH

El camino del apoyo internacional se convirtió en una pieza fundamental de la lucha de los familiares y organismos de derechos humanos a medida que la aplicación del terrorismo de Estado se intensificaba en nuestro país. Si bien a fines de 1976 una misión de Amnistía Internacional había visitado el país, el impulso más fuerte llegó en septiembre de 1979 con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde 1976, la CIDH recibía a diario numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina. Para 1979, las denuncias habían comenzado a adquirir mayor difusión internacional y ponían en evidencia los instrumentos del terrorismo de Estado: secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos, apropiación de niños nacidos en cautiverio, tortura, exilio, censura. Los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos comenzaron a romper el silencio y a denunciar el plan represivo de la dictadura militar. Estas denuncias eran acompañadas en el plano internacional por grupos de exiliados que apelaron a foros internacionales y gobiernos extranjeros, e impulsaron la creación de comisiones especiales para investigar y recabar información frente a las reiteradas denuncias que se producían en el país.
En este contexto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió intervenir y negociar con el país una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano especial encargado de la promoción y protección de los derechos humanos integrado por miembros independientes que se desempeñan en forma personal.
Las negociaciones con el gobierno militar no fueron fáciles. La presión internacional, fundamentalmente del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, que desde 1977 venía impulsando por distintos medios la llegada de la CIDH al país, fue lo que posibilitó el permiso del gobierno militar argentino para la visita internacional.
Después de meses de negociaciones, la visita se concretó el 6 de septiembre de 1979. La comisión especial encargada de la observación in loco en territorio argentino estuvo integrada por Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro, Marcos Gerardo Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo.
Durante esos 14 días en el país, entrevistó a autoridades militares, líderes políticos, ex-presidentes, personalidades eclesiásticas, jueces, representantes de asociaciones profesionales y gremiales, miembros de organismos de derechos humanos y decenas de familiares de personas detenidas o desaparecidas. Recorrió cárceles en Rawson, Córdoba, La Plata, Chaco y Tucumán. Recibió un total de 5.580 denuncias y documentó el uso de la tortura y la práctica de la desaparición forzada de personas por parte del gobierno militar argentino.
La presión internacional se sintió de tal forma que la visita de 1979 marcó un punto de inflexión en la lucha de familiares de víctimas de la dictadura y organizaciones humanitarias por hacer visibles los crímenes cometidos por la dictadura argentina.
Mientras el gobierno militar activaba un plan de acción para mantener las variables internas bajo control frente a los reclamos internacionales, neutralizar la presencia pública de familiares y opositores al régimen y conciliar sus disidencias políticas internas, los organismos de inteligencia comenzaron a registrar y recolectar información sobre familiares y organismos de derechos humanos.
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) observó de cerca la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. También lo hicieron otros organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad, como muestran los documentos del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Zona Atlántico Norte y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El informe especial y los documentos que compartimos dan testimonio de la circulación de información en torno a las actividades antes, durante y después de la visita, y exponen la comunicación sistemática y estrategia de vigilancia constitutivas de los órganos que integraban la comunidad informativa. Las acciones de inteligencia desplegadas a lo largo de todo el país se coordinaron y articularon en la comunidad informativa, un agrupamiento de todos los sistemas y agencias de las fuerzas armadas y de seguridad. En la provincia de Buenos Aires estas acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los documentos que integran este informe especial pertenecen a tres fondos documentales que gestiona y preserva la CPM, desde el Centro de Documentación y Archivo: “Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)”, “Fondo Sección de Informaciones del Servicio de Inteligencia de Prefectura Zona Atlántico Norte” y “Fondo Documentación del Servicio Penitenciario Bonaerense incautada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”.

EL ESPIONAJE SOBRE FAMILIARES Y ORGANISMOS ANTES DE LA VISITA

«Campaña de acumulación de pruebas»

Si bien la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había pautado con el gobierno argentino para mayo de 1979, una reestructuración y cambio de autoridades postergó el plan original para septiembre de ese año.

Durante 1979 los organismos de inteligencia a nivel nacional iniciaron un circuito de circulación de información con el objetivo de relevar las diversas acciones gestadas al interior de la sociedad civil, fundamentalmente las vinculadas a familiares de personas detenidas o desaparecidas y organismos de derechos humanos, que pudieran significar una amenaza al orden público y la integridad institucional.

En febrero de 1979, ocho meses antes, los organismos de inteligencia comienzan a registrar acciones vinculadas a la llegada de la comitiva internacional. El legajo 13.227 solicita a las delegaciones de la DIPPBA (San Justo, Lanús, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Chascomús, Pehuajó, Azul, Tigre, Mercedes y La Plata) información vinculada al “Plan de los familiares de los presos y desaparecidos” con motivo de la llegada de la CIDH. Este plan estaría basado en la presentación de pruebas sobre los asesinatos y desapariciones ante la comisión de la OEA que podrían encaminar una investigación “con fines punitivos”.

El legajo, que pertenece a la Mesa Ds (delincuente subversivo) y se compone de 64 fojas, expone un minucioso recorrido por las acciones de inteligencia previas sobre familiares y organismos: desde comunicados de prensa hasta una descripción precisa de reuniones, actividades y composición ideológica de sus integrantes. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fueron de los más vigilados. Para la DIPPBA, ambos organismos mantenían por entonces una fuerte proximidad ideológica y aceitada articulación política en sus acciones, a la vez que un vínculo permanente con los familiares de los afectados directos.

En un memorando del 12 de febrero de 1979 informan que la APDH estaría preparando la llegada de la delegación internacional y que se encuentra trabajando en una “campaña de acumulación de pruebas” que habría recabado unos 5.000 testimonios de testigos y víctimas, con nombres y datos de detención, y que planifican entregar a los miembros de la comitiva internacional que visitará el país.

En un informe del 16 de febrero, la delegación Mar del Plata informa respecto a los vínculos de las organizaciones de familiares locales con el Partido Comunista, la Unión de Mujeres Argentinas y la APDH, acompañados por integrantes de la curia local.

Los documentos evidencian la preocupación de los organismos de inteligencia respecto de posibles manifestaciones y demostraciones públicas, y la gestación de una importante movilización a Plaza de Mayo que estaría siendo organizada en coincidencia con la visita internacional.

Para la DIPPBA, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es el organismo a través del cual los familiares canalizan sus inquietudes, lo que la convierte en un actor central a partir del acceso a información clave: pedidos ante la justicia y autoridades nacionales y testimonios de familiares y testigos.

En marzo de 1979, la Delegación DIPPBA Bahía Blanca alerta sobre la llegada al país de panfletos enviados desde el exterior, en un informe que tiene como asunto “Campaña de acción psicológica en favor de los desaparecidos”.

Los familiares de La Plata

En La Plata los familiares venían organizando distintas acciones para reunir información sobre las personas desaparecidas. Un memorando del 27 de marzo de 1979 informa: “Probable formación de comisión de familiares de desaparecidos en la ciudad de La Plata”. Se describen algunas acciones e integrantes, y se notifica que la información habría sido obtenida por medio de datos existentes en los archivos del diario El Día, por autorización de su director a uno de los familiares. Un informe del 19 de abril de 1979  confirma la reunión, y el acceso de los familiares al material del archivo vinculado a hechos donde hubiera participado personal de las FFAA.

 

LEGAJO MESA DS. 13.227_

LEGAJO MESA DS. 13.238_

LEGAJO MESA DS. 14.139_

LEGAJO MESA DS. 14.403_

LEGAJO MESA DS. 14.391_

LEGAJO MESA DS. 14.431_

LEGAJO MESA DS. 14.522_

LEGAJO MESA DS. 13.251_

LEGAJOS DEL FONDO PREFECTURA_

«Campaña en favor de los desaparecidos»

El período previo a la visita fue clave para alertar a la comunidad internacional respecto a los crímenes que se venían cometiendo en nuestro país. La preocupación de los organismos de inteligencia frente a la intensificación de las acciones previas de los familiares se expresa en un informe elaborado el 15 de marzo por el Batallón de Inteligencia 601, dirigido a la Inteligencia del Ejército. La “campaña en favor de los desaparecidos” consiste en una “intensificación de la acción propagandística psicológica a favor de los desaparecidos y presos políticos”, el envío desde el exterior de numerosas solicitudes de paradero de personas desaparecidas y folletos, y la publicación de solicitadas dirigidas al gobierno. Según el informe, estas acciones están siendo promovidas por sectores vinculados a “organizaciones terroristas actualmente asentadas en el exterior”, con el objetivo de crear un clima propicio ante la próxima visita de la CIDH.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue un organismo clave en el período previo a la visita internacional. Había surgido en 1975 anticipando la etapa compleja sobre la que transitaría el país los años venideros, y desde 1976 se había abocado al trabajo de recepción de denuncias, el asesoramiento a familiares para la presentación de hábeas corpus y la conformación de ficheros con datos sobre las desapariciones. Desde mediados de 1978, era uno de los organismos que más fuertemente impulsaba la llegada de la CIDH a nuestro país.

En un documento confeccionado 15 días después, el mismo órgano de inteligencia informa las últimas actividades de la APDH en relación a la visita: alerta sobre un viaje a Estados Unidos y el vínculo de este organismo con integrantes de la Comisión de la OEA. A su vez, informa que la APDH viene recopilando información sobre personas detenidas, desaparecidas y secuestradas que fueron objeto de apremios instrumentalizados en actas labradas a través de escribanos públicos, lo que las dota de un valor testimonial de envergadura. El documento expresa que la APDH no solo está reuniendo información vinculada a los nombres de las víctimas sino también de las circunstancias que rodearon cada episodio, con especial énfasis en detalles que puedan tener alguna significación: marcas, modelos, color, patentes de vehículos intervinientes en procedimientos, uniformes de personal interviniente, nombres que puedan haberse oído y/ó proporcionado de dicho personal, identificación de lugares de detención, nombres de personal que haya atendido a posteriori los reclamos de los familiares de las víctimas, expresiones por ellos vertidas, etc.

En agosto de 1979 la CIDH envió algunos representantes con el objetivo de preparar lo que sería su visita oficial en septiembre. En agosto los representantes de la CIDH estuvieron en la Asamblea y se entrevistaron con algunos de sus miembros. “Dos días después, la APDH sufrió el único allanamiento judicial ocurrido durante la dictadura militar. El desafío más urgente era la defensa de la vida. Las primeras desapariciones de personas habían ocurrido durante el gobierno de Isabel y veíamos que la tormenta se venía encima”. Así recordaba el clima de las primeras reuniones que dieron origen al organismo en 1975 Aldo Etchegoyen, obispo de la Iglesia Metodista, ex presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y miembro fundador de la Comisión Provincial por la Memoria.

A esa altura, en los informes de inteligencia se filtran también las tensiones al interior del gobierno militar, que confiaba en su capacidad de control y maniobra sobre la seguridad interior pero, en el plano internacional, sabía que la visita de la CIDH configuraba un escenario sobre el que no podría ejercer ningún tipo de acción futura.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) es otro de los organismos sobre los que se desarrolla una inteligencia previa a la visita. En el legajo Ds. Varios 13.238 de la DIPPBA, con fecha del 11 de abril de 1979, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informa que las personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y sus familiares estarían orquestando una campaña destinada a prestar “un cuadro distorsionado de la vida dentro de las distintas unidades de detención del país” y que es a través de la LADH que se están gestando los pedidos de audiencia para ser presentados ante la delegación de la OEA.

En mayo se vuelven a informar sus actividades previas a la visita, desde la perspectiva de los órganos de inteligencia, orientadas al objetivo de finalizar el petitorio de la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos. Al mismo tiempo, la DIPPBA alerta sobre la realización de afiches con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y solicita que sean registrados e informados.

Desde la sede de Corrientes y Callo (Capital Federal), donde también funcionó la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Liga recibió denuncias y realizó una tarea de asesoramiento a los familiares de las víctimas. Incluso antes de 1976, en enero de 1975, la Liga había elevado un documento a la CIDH que examinaba los peligros al régimen democrático. Fue fuertemente perseguida, y sus miembros víctimas directas de la dictadura argentina.

Este legajo informa el mismo 6 de septiembre de 1979 sobre un viaje de familiares de detenidos desaparecidos desde la provincia de Chaco con el objetivo de reunirse con la CIDH, con información relacionada a la situación de los detenidos encarcelados.

Agrupaciones y partidos políticos 

En agosto y septiembre, el clima de tensión se acrecienta y las organizaciones de familiares intensifican sus apariciones públicas. Las acciones de inteligencia también comienzan a registrar el impacto del clima de denuncia ante a la próxima visita. El 27 de agosto de 1979 la delegación Capital Federal de la DIPPBA (legajo Ds. Varios 14.403) confecciona un informe sobre una declaración firmada por destacadas personalidades de la vida política, económica, social y cultural, que estría siendo difundida por “colaterales del Partido Comunista, miembros y militantes de agrupaciones políticas y medios de comunicación”. La declaración instaba al gobierno militar argentino a adoptar una actitud de colaboración en relación a la visita internacional y transmitía expectativas en cuanto al retorno al estado de derecho.

El Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina también vigiló las expresiones previas a la visita de agrupaciones y partidos políticos. Elaboró un informe de siete fojas, con fecha del 1 de octubre de 1979, que describe sus actividades y pronunciamientos públicos frente a la visita de la CIDH. El informe describe minuciosamente al Partido Justicialista, la Alianza Nacionalista Anticomunista, la Unión Cívica Radical, el Partido Federal, la Federación Demócrata Cristiana y el Partido Socialista Democrático. Algunos apoyan las acciones de la comitiva en el país y otros cuestionan la visita por considerar que la Argentina debe encontrar mecanismos internos para dirimir sus asuntos.

«REBROTE PROPAGANDÍSTICO»

Durante los 14 días que duró la visita, los organismos y familiares profundizaron acciones orientadas a la visibilización y denuncia. El legajo 14.431 de la Mesa Ds. Varios, confeccionado por la Policía Federal el 12 de septiembre de 1979, se compone de seis fojas que remiten información sobre el hallazgo de panfletos en la ciudad de Buenos Aires dos días antes.

Los órganos de inteligencia sabían que durante su estadía en el país la CIDH operaría desde la sede de la OEA en Argentina, ubicada en Avenida de Mayo 760 de la ciudad de Buenos Aires. El legajo Ds. Varios 14.397 de la DIPPBA solicita información a todas sus delegaciones sobre la posible concentración que se produciría frente a dicha sede. Un informe elaborado por el Batallón de Inteligencia 601 informa que la Comisión de Familiares de personas Detenidas y Desaparecidas se encuentra abocada a la tarea de reunir la mayor cantidad de familiares para hacer una concentración el 7 de septiembre, con la finalidad de presionar ante la CIDH para que se intime al gobierno militar a liberar a los detenidos y expedirse en relación a los desaparecidos. Toda la comunidad informativa articuló el circuito de información vinculado a lo que sucedería el día 7. La Superintendencia de Inteligencia de la Policía Federal realiza un informe tres días antes de la llegada de la CIDH al país que notifica que la concentración está siendo convocada para las 8 de la mañana.

La convocatoria fue masiva y también se panfletearon las universidades: otro documento informa que en la Facultad de Derecho de Buenos Aires se han encontrado panfletos que convocan a la ciudadanía a asistir a la movilización el día 7 de septiembre. La mirada sobre el ámbito universitario también se expresa en un informe elaborado por la DIPPBA un día después del arribo de la CIDH al país (Ds. Varios 14.139) en el que informa sobre la aparición de panfletos en distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata. El informe advierte sobre un posible incremento del rebrote propagandístico si la situación cambia y quedan en libertad “elementos que estaban -hasta hace poco- privados de su libertad a consecuencia de su accionar ideológico extremista”.

El propio Ministerio de Educación se encargó de mirar de cerca la situación universitaria. El legajo Ds. Varios 14.522 del 15 de octubre de 1979, “Accionar vinculado a la visita de la CIDH”, informa el hallazgo de volantes distribuidos por la Comisión Universitaria por los Derechos Humanos (CUDH), y adjunta ejemplares de los volantes, reunidos por el propio Ministerio y enviados a la DIPPBA.

El Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina también observó de cerca la aparición de pintadas e inscripciones públicas vinculadas a la visita de la CIDH y las posibles repercusiones sobre las organizaciones de familiares. Un informe construye un diagnóstico respecto a las expectativas que la presencia internacional podría haber generado en las organizaciones de familiares, y asegura que se mantienen expectantes al resultado del informe final.

La CIDH bajo la mirada de los servicios de inteligencia

Las diversas actividades planificadas por la CIDH durante su estadía en el país fueron vigiladas y perseguidas por los organismos de inteligencia. Los horarios de llegada, los lugares donde se alojarían, las visitas a cárceles y unidades penales en todo el país, las entrevistas con organismos y referentes nacionales y una descripción detallada de los antecedentes personales de cada uno de los miembros son minuciosamente detallados e informados ante los órganos de inteligencia.

Una preocupación particular estaba vinculada a las visitas que la CIDH planificaba realizar en distintas unidades penales y cárceles del país. Las tareas de inteligencia previas a la visita tenían como objetivo reunir información vinculada a la composición y características de organismo internacional que llegaría al país. En un legajo de mayo de 1979 (Ds. Varios 13.251) la DIPPBA anexa la resolución de la CIDH sobre “visitas in loco” fechada en mayo de 1979. Este tipo de visitas, tal como puede leerse en el reglamento, facultan a la CIDH a trasladarse a cualquier Estado americano con la anuencia o invitación del gobierno respectivo con el objetivo de realizar una observación. El documento permite identificar marcas y señalamientos del propio órgano de inteligencia sobre algunos artículos. Dos artículos llamaron particularmente la atención: “f. Los miembros de la Comisión Especial tendrán acceso a las cárceles y todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevistarse privadamente a las personas recluidas o detenidas” y “g. La Comisión Especial podrá utilizar cualquier medio apropiado para recoger, grabar o reproducir la información que considere oportuna”.

El legajo Ds. Varios 14.458 se compone de 89 fojas con informes de inteligencia del 7 y el 10 de septiembre y recortes periodísticos sobre el inicio de actividades en el país. El cronograma es sumamente minucioso e informa, entre otros elementos, las reuniones con el gobierno militar, referentes del periodismo como Jacobo Timerman, de la cultura como Ernesto Sábato, y políticos como Arturo Frondizi e Isabel Martínez de Perón. En relación a la visita a la ex presidenta, la jefatura de la delegación de Inteligencia de La Plata envía ese día un agente especial para informar lo acontecido. Al mismo tiempo, continuaba la mirada sobre la sociedad civil. El legajo adjunta e informa pronunciamientos públicos de organizaciones políticas como la Democracia Cristiana y la Unión de Mujeres Argentinas, y de familiares, como la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

Visitas a cárceles: Devoto, Olmos y Unidad 9

Durante su estadía en el país la CIDH visitó las cárceles de Villa Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, Unidad 9 de La Plata, Olmos y los centros militares de Magdalena y la Ribera en Córdoba. También se visitó la cárcel de Córdoba, la Unidad 21 (Instituto de Resocialización), la Superintendencia de Seguridad Federal, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la comisaría 9 de La Plata.

Desde 2016, la CPM comparte custodia con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires del archivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, relativo a los presos políticos alojados en las unidades penitenciarias de la Provincia durante la última dictadura militar. El acervo documental consta de 225 cajas de tamaño oficio y 30 libros de registros y actas del SPB, con legajos personales e historias clínicas de personas detenidas por razones políticas entre 1974 y 1983 en las unidades 1 y 8 de Olmos y la 9 de La Plata, y en menor medida, de otras unidades penales. El Servicio Penitenciario, como órgano de seguridad del Estado, también registró y construyó información vinculada a la presencia de la comisión especial de la OEA en sus unidades penales.

En cada cárcel o unidad penal, los integrantes de la CIDH se reunían con los máximos referentes de cada establecimiento, realizaban una inspección ocular de las celdas y los lugares de detención, se entrevistaban con las personas detenidas, particularmente aquellas bajo la calificación de “DT” (delincuentes terroristas), y hacían un relevamiento exhaustivo de las condiciones generales de detención de cada lugar.

La primera de las visitas sobre las que se tiene registro fue la que se realizó al Instituto de Detención Cárcel Federal Unidad 2 de Villa Devoto. El 9 de septiembre, tres días después de arribar al país, la CIDH es recibida a las 10.25 hs por el director del Servicio Penitenciario Federal, el coronel Jorge Antonio Botti, y otras autoridades del SPF. El informe de cinco fojas transcribe cada detalle de la comunicación sostenida entre los miembros de la CIDH y los representantes del SPF: nómina de las personas detenidas, presupuesto diario para alimentación, servicio médico, talleres de trabajo. También recorrieron la Unidad Penal 23 de varones y el Hospital Penitenciario Central. A las 16.50 se retiraron del lugar.

La visita a la Unidad 9 de La Plata también quedó registrada en un detallado informe que describe cada una de las comunicaciones y actividades de los miembros de la CIDH dentro de la unidad penal. La inspección en la unidad 9 se realizó el 13 de septiembre de 1979; comenzó a las 17.30 hs y terminó a las 00.20 del día siguiente. En el lugar, los integrantes de la comitiva se reunieron con las autoridades, realizaron una inspección ocular de las instalaciones, y consultaron por el régimen alimentario y la lista de libros censurados (adjunta en el informe). Según consta en uno de los informes consultados, algunas personas detenidas se negaron a entrevistarse, por lo que al finalizar la visita, el Sr. Vargas Carreño, propuso que cada persona detenida redacte en su celda las denuncias que tuvieran que formular. Finalmente el 17 de septiembre, cuatro días después, Tom Farer y Manuel Velazco Clark volvieron en busca de las respectivas denuncias. Al retirarse, solicitaron la nómina completa de la dotación de oficiales de la unidad. El informe es firmado por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, condenado en el juicio que investigó la participación de agentes del servicio penitenciario bonaerense en crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

Ese mismo 13 de septiembre, Farer y Vargas Carreño y sus intérpretes visitan la Unidad 8 de mujeres y la Unidad 1 de Olmos. En esta unidad solicitaron un registro de los nacimientos producidos con anterioridad de 3 años a la fecha y ver el libro de actas de sanidad. Después de recorrer la unidad hicieron una única entrevista privada a una persona detenida y se retiraron a las 13.15 hs A las 13.25 ingresaron a la Unidad 1 de Olmos.

Los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense se acompañan también de una descripción de la CIDH y de sus miembros. En uno de los apartados finales, el propio SPB sugiere recomendaciones particulares:

  1. “Hasta la venida de la CIDH y durante la permanencia de la misma en nuestro país, adquiere particular importancia el control que se efectúe de las organizaciones que coadyuvan con el accionar del oponente subversivo, tales como la APDH, la LADH y la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos”.
  2. “Durante este período debe continuar realizándose una intensa actividad de inteligencia tendiente a neutralizar la acción del oponente”.

FONDO DOCUMENTAL UNIDADES PENITENCIARIAS

1980: el informe y sus repercusiones

La publicación de 294 páginas cubrió el período de 1975-1979 y fue presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1980. Las conclusiones que arroja son contundentes:

“…la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.”

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 14 de diciembre de 1979

Después de la visita, los organismos de inteligencia vigilaron la llegada y circulación de los resultados del documento. Por su carácter sensible, identificar a los responsables de hacerlo circular era clave al momento de evitar el avance de lo que calificaban como “potencial subversivo”.

En un legajo (Mesa De. legajo 285) del 24 de septiembre de 1979, cuatro días después de retirarse la comitiva internacional, la DIPPBA solicita que las delegaciones provinciales releven en sus jurisdicciones información relativa a las repercusiones de la visita de la CIDH al país, y las opiniones públicas emitidas por distintos sectores: empresariales, industriales, estudiantiles, políticos y de opinión pública en general. El informe establece una pormenorizada caracterización de las repercusiones en el ámbito empresarial, religioso, gremial, estudiantil y medios de comunicación e incorpora una llamativa descripción por clases sociales. Al final, se adjunta una declaración pública de la Sociedad Rural de Bolívar en apoyo a las FFAA y un cuestionamiento a la CIDH.

En agosto de 1980 la DIPPBA notifica la recepción de panfletos remitidos a la sede del Club Gimnasia y Esgrima La Plata titulados “Declaración del Consejo de Presidencia de la APDH”. El documento escrito por la APDH destaca la visita de la CIDH y solicita que se sean dadas a conocer las conclusiones del informe. El legajo 16.721 de la Mesa Ds. Varios reproduce un resumen del informe que la CIDH le dirige a Amnistía Internacional. Y el legajo 17.339 de la Mesa Ds. Varios notifica que Amnistía Internacional ha hecho llegar ese resumen a la Central Nacional de Energía Atómica (CNEA) “como si fuera bibliografía común, sin pasar sobre ningún tipo de control”, agrega con malestar. Al final, el informe expresa la necesidad de establecer controles urgentes de los distintos organismos para registrar y monitorear su circulación.

La llegada del informe al país

En mayo de 1980 ingresaron al país 500 ejemplares. Dos integrantes de la APDH, Emilio Mignone y Aldo Etchegoyen, fueron los encargados de ir a buscar el material a Ezeiza. Los relatos del episodio no dejan de ser asombrosos. El objetivo era ingresar al país un material sumamente sensible, que declaraba públicamente que en la Argentina se cometían crímenes de forma sistemática. Los 500 informes lograron saltear los controles de seguridad, ingresar al país y ser distribuidos entre los organismos y las víctimas. 

Aldo Etchegoyen fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Entre 1979 y 2001 fue obispo de la Iglesia Metodista y presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe. En los años previos a la dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea militante contra la violencia desplegada desde el Estado, abriendo sus puertas para proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. 

La visita de la CIDH marcaría un punto de inflexión sin retorno para la dictadura militar argentina. La sostenida lucha de los familiares y organismos abrió un camino imprescindible que hizo posible la apertura democrática que llegaría en 1983. Los documentos que aquí presentamos, confeccionados con fines muy disímiles, dan testimonio de eso.

LEGAJO 16664_

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LEGAJO 16889_

La llegada del informe al país

500 informes repartidos en 5 paquetes de 100 kilos cada uno. De manera casi asombrosa, la documentación logró superar todos los controles de seguridad e ingresar al país.
El relato de Aldo Etchegoyen, uno de los protagonistas.

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