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“La subdenuncia impide una lucha eficaz contra la tortura, ese es lo que he visto en las relatorías realizadas en distintos países. Por eso es tan importante este trabajo de registro y monitoreo que vienen haciendo”, destacó el experto internacional, ex relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, durante la conferencia realizada en la sede de la CPM.

En ese marco, se presentaron los resultados de un nuevo informe, el octavo, del Registro nacional de casos de tortura y/o malos tratos que realiza cada año la CPM, el GESPyDH y la Procuración Penitenciaria de Nación (PPN).

Las cifras del relevamiento de inspecciones y monitoreo de las prácticas policiales en la provincia de Buenos Aires y el sistema federal son alarmante y son la expresión directa de la consolidación de las políticas punitivistas: durante el 2018, 1621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura.

“Este registro parte de un principio político: creemos en las voces de las personas detenidas. Y también de otro principio: la necesidad de intervenir y denunciar para contribuir, aunque sean en casos particulares, a revertir esa situación. Ante un Estado que niega la tortura, para nosotros, no intervenir no tendría sentido”, resaltó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

“Este es el registro de la verdad, una verdad construida con tal rigurosidad científica, con tal valor cualitativo y cuantitativo que hace imposible su refutación. Cuando empezamos, hace nueve años, nos decían que no había tortura, después que eran hechos aislados y, finalmente, tuvieron que reconocerlo”, explicó el procurador penitenciario Francisco Mugnolo. “El mayor mérito es la publicidad de este informe: hoy nadie puede decir que desconoce este diagnóstico. Este registro ha sido, incluso, fundamento de sentencia en algunos casos”, agregó Alcira Daroqui de GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA.

Junto a ellos, estuvo en la mesa de presentación Ariela Álvarez, integrante del Comité provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes de Chaco. Organismo que, desde este año, se incorpora al trabajo interinstitucional de control y monitoreo del RNCT.

La actividad fue acompañada por los y las integrantes de la CPM Susana Méndez, Ana Barletta, María Sondereguer, Víctor Mendibil y Ernesto Alonso, y la directora general Sandra Raggio. Una gran cantidad de público llenó el auditorio de la CPM, entre ellos estuvieron integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, miembros del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, autoridades universitarias y referentes sindicales.

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