forma de gobierno<\/em> de esas poblaciones excluidas, que armoniza con los efectos excluyentes del modelo econ\u00f3mico.<\/p>\nLos \u00edndices r\u00e9cord de prisionizaci\u00f3n y sobre-encarcelamiento de la gesti\u00f3n anterior no son indicadores de medidas de seguridad eficaces y control del delito sino de altos niveles de desigualdad e injusticia social. En dicho periodo, la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creci\u00f3 a un promedio interanual de 9% y culmin\u00f3 con 51.000 detenidos en c\u00e1rceles, alcald\u00edas, comisar\u00edas y monitoreo electr\u00f3nico, que se alojaron en casi 21.000 plazas: la sobrepoblaci\u00f3n carcelaria creci\u00f3 del 72 % al 118 %. Esta cifra representa una tasa de prisionizaci\u00f3n de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la m\u00e1s alta del pa\u00eds; la tasa provincial se posiciona por encima del promedio nacional (232 c\/100.000) y mundial (145 c\/100.000).<\/p>\n
Las personas alojadas en comisar\u00edas provinciales pasaron de 1.836 a 3.854 en cuatro a\u00f1os, siempre en las mismas 1.200 plazas informadas; la sobrepoblaci\u00f3n aument\u00f3 del 159 % al 217 %. La cr\u00edtica situaci\u00f3n en comisar\u00edas provoc\u00f3 que el 11 de febrero de 2019 la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de las personas alojadas en 15 comisar\u00edas provinciales, solicitadas por la CPM, el CELS y la Defensor\u00eda de Casaci\u00f3n provincial. El organismo internacional sostuvo que \u201clas condiciones son propicias para que se produzcan violaciones a los derechos de las personas all\u00ed detenidas y el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos humanos de tales personas\u201d. Con anterioridad se hab\u00edan dictado medidas cautelares sobre otras seis comisar\u00edas; ninguna de estas medidas fue cumplida por la gesti\u00f3n anterior, que desconsider\u00f3 y vaci\u00f3 las mesas de trabajo promovidas en esa instancia.<\/p>\n
En algunas jefaturas departamentales de Seguridad correspondientes a comisar\u00edas cauteladas por la CIDH, la sobrepoblaci\u00f3n se increment\u00f3 m\u00e1s aun: en Lan\u00fas un 1.522 %, en Almirante Brown un 1.285 % y en Quilmes un 868 %. De las 270 comisar\u00edas que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resoluci\u00f3n administrativa, es decir no pod\u00edan hacerlo; no obstante, el 36 % de la poblaci\u00f3n en comisar\u00edas fue alojado all\u00ed.<\/p>\n
Este sistema de la crueldad funcion\u00f3 de manera casi autom\u00e1tica, y el Poder Judicial operaba como un gestor de la violencia estatal en la calle y en la c\u00e1rcel. Entre 2012 y 2019 s\u00f3lo el 11% de las detenciones fueron producto de una orden judicial previa, y la mayor\u00eda aprehensiones policiales en flagrancia luego convalidadas por fiscales y jueces.<\/p>\n
Estos records marcan el sesgo represivo de la intervenci\u00f3n estatal, que incrementa las condiciones de posibilidad para la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos, deteriora profundamente la democracia y el estado de derecho, y ahonda aun m\u00e1s las brechas sociales.<\/p>\n
Los acontecimientos ocurridos en la regi\u00f3n (en particular, Chile y Bolivia) dan cuenta de la necesidad de encarar urgentes transformaciones estructurales de la pol\u00edtica y de las fuerzas de seguridad. Porque se han ido constituyendo en una fuerza corporativa armada que, en situaciones de alta conflictividad social y pol\u00edtica, responden a lineamientos ideol\u00f3gicos de las derechas autoritarias, y son capaces de perpetrar cr\u00edmenes grav\u00edsimos como en tiempos de dictaduras. En gran medida, el futuro de las democracias est\u00e1 sujeto a desmontar estos dispositivos de control y represi\u00f3n, reencauzando las pol\u00edticas de seguridad para inscribirlas en una reconfiguraci\u00f3n necesaria del Estado que garantice derechos y mitigue desigualdades. Algunos acontecimientos de la escena mundial, la violencia policial contra poblaciones afrodescendientes y latinas en Estados Unidos, son indicadores relevantes de las consecuencias de estas pol\u00edticas. EEUU ha sido la usina de buena parte de las directrices que marcan las reformas judiciales, procesales y penales, como tambi\u00e9n las doctrinas que se implementan como constituci\u00f3n de las fuerzas y de los ministerios de seguridad de la regi\u00f3n y de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
En los cuatro a\u00f1os de la gesti\u00f3n del gobierno de la alianza Cambiemos, el alineamiento a la llamada \u201cdoctrina de las nuevas amenazas\u201d (en referencia al narcotr\u00e1fico y el terrorismo) nutri\u00f3 la agenda del Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n y gener\u00f3 nuevas condiciones para el endurecimiento del sistema penal, el sobre-encarcelamiento y el despliegue de la violencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio. La \u201cdoctrina Chocobar\u201d y la expansi\u00f3n de m\u00e1s fuerzas federales para reprimir la protesta social, expuestas descarnadamente en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, son un ejemplo de esto.<\/p>\n
Las consecuencias pr\u00e1cticas fueron el incremento de las muertes provocadas por el Estado. En la Provincia, el uso letal de la fuerza policial ocasion\u00f3 485 muertes en cuatro a\u00f1os; de \u00e9stas, 21 fueron femicidios mayoritariamente cometidos con el arma reglamentaria. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense (14 m\u00e1s que en 2018); es decir, un promedio de 11 asesinatos por mes. No se trata de muertes aisladas o producto del azar: contienen regularidades que las explican y son producto de la definici\u00f3n de las pol\u00edticas de seguridad.<\/p>\n
Durante la gesti\u00f3n de la gobernadora Vidal (2016-2019), se produjeron 550 muertes en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas bonaerenses, lo que equivale a un promedio de 138 muertes por a\u00f1o y 11 por mes; 521 eran varones, 25 mujeres y 4 personas trans. Teniendo en cuenta la poblaci\u00f3n, la evoluci\u00f3n de la tasa en estos cuatro a\u00f1os marca un promedio anual de 3,5 muertes cada mil personas detenidas. Adem\u00e1s, murieron al menos 70 personas en arresto domiciliario, custodiadas por el SPB mediante pulsera electr\u00f3nica. S\u00f3lo en 2019, 29 personas murieron en arresto domiciliario, sumadas a las 148 ocurridas en lugares de encierro totalizan 177 personas fallecidas a disposici\u00f3n de la justicia penal provincial.<\/p>\n
Durante estos a\u00f1os las muertes producidas por problemas de salud representaron el 78%, los homicidios 11%, los suicidios 10% y los accidentes 1%, con promedios mensuales sumamente preocupantes: cada mes murieron 9 personas por problemas de salud, y hubo un homicidio y un suicidio. Esto nos lleva a insistir con lo que reclamamos hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os: la salud penitenciaria debe depender del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Justicia, e integrarse a las pol\u00edticas sanitarias provinciales; la asistencia de la salud mediada por la seguridad, la falta de medicamentos, tratamientos, aparatolog\u00eda y profesionales conforman un cuadro que produce muertes por enfermedades curables.<\/p>\n
La tortura sigui\u00f3 siendo una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica el a\u00f1o pasado: solo la CPM registr\u00f3 y denunci\u00f3 12.594 hechos de tortura y\/o malos tratos, surgidos de las 6.713 entrevistas y comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. Adem\u00e1s, se realizaron 107 inspecciones a c\u00e1rceles, alcaid\u00edas, comisar\u00edas, centros de j\u00f3venes y hospitales neuropsiqui\u00e1tricos. En todo el per\u00edodo se presentaron 4.448 acciones judiciales individuales urgentes (habeas corpus e informes) y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos. Sobre estos casos, el Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT) relev\u00f3 de manera detallada 2.358 hechos de tortura y\/o malos tratos informados por 439 v\u00edctimas.<\/p>\n
Desde 2008 la CPM registra los hechos de violencia y las lesiones en los lugares de encierro informados por las propias autoridades. Entre 2016 y 2019 se relevaron 26.368 v\u00edctimas de hechos de violencia o que padecieron lesiones; en 2019 fueron 5.115 los hechos ocurridos en 61 centros de detenci\u00f3n (unidades penales, alcald\u00edas, comisar\u00edas, centros de detenci\u00f3n para j\u00f3venes), padecidos por 6.758 v\u00edctimas. Las responsabilidades penitenciarias por estos hechos nunca son investigadas.<\/p>\n
Por otra parte, no se revirtieron cuestiones cr\u00edticas y estructurales del sistema judicial: casi el 50% de los hombres est\u00e1 detenido en prisi\u00f3n preventiva, es decir siendo inocentes; el caso de las mujeres es m\u00e1s grave: de las 2.265 privadas de su libertad, el 60% permanec\u00edan en esta condici\u00f3n; y de las 100 personas trans, el 70 % estaba detenido sin condena.<\/p>\n
Al igual que la prisi\u00f3n preventiva, el juicio abreviado tambi\u00e9n se ha convertido en regla: entre 2013 y 2018 el 79% de las condenas en la Provincia se dictaron por este procedimiento. Entre ambos a\u00f1os, las condenas por juicio abreviado presentaron una variaci\u00f3n del 70%, y las condenas por juicio oral disminuyeron en t\u00e9rminos relativos y se mantuvieron en t\u00e9rminos absolutos. En 2015, las sentencias condenatorias fueron 12.141 por juicio abreviado y 3.381 por juicio oral y p\u00fablico. En 2019, las condenas por abreviados fueron 17.348 y en juicio oral se mantuvieron estables en 3.364. En esta expansi\u00f3n jug\u00f3 un rol importante la defensa oficial, m\u00e1s inclinada al juicio abreviado que las fiscal\u00edas: en 2018 las fiscal\u00edas requirieron 3.917 procesos abreviados y las defensor\u00edas, 10.416.<\/p>\n
El Poder Judicial fue benevolente con los delitos cometidos por los funcionarios p\u00fablicos que declamaban la defensa de las instituciones republicanas, pero desobedec\u00edan sistem\u00e1ticamente sus \u00f3rdenes. Cada d\u00eda el gobierno provincial incumpli\u00f3 136 sentencias: 33 que establec\u00edan cupos en c\u00e1rceles, y 103 que clausuraban y prohib\u00edan alojar personas en comisar\u00edas. Esto no tuvo ninguna consecuencia para ellos. En este accionar, y en la negativa sistem\u00e1tica de la gesti\u00f3n a entregar informaci\u00f3n p\u00fablica sobre el sistema penal, puede corroborarse el escaso valor otorgado a los principios que estructuran la organizaci\u00f3n republicana de gobierno.<\/p>\n
En cuanto a las mujeres y personas trans, padecieron incluso mayores violaciones de derechos humanos en el encierro constituido por un f\u00e9rreo patriarcado.<\/p>\n
El encarcelamiento de las mujeres se vincula estrechamente con el endurecimiento de la llamada \u201cguerra contra las drogas\u201d. Seg\u00fan el Informe de la Procuraci\u00f3n General provincial, el 36% de las mujeres estaban detenidas por la infracci\u00f3n a la ley 23.737 de estupefacientes. Las mujeres embarazadas y las madres con hijos\/as menores de cinco a\u00f1os viviendo en el encierro eran 77 en diciembre de 2019.<\/p>\n
De las personas trans encerradas, el 53% eran extranjeras. Esta especificidad no sucede con el resto de la poblaci\u00f3n detenida, que en 2018 era solamente el 6%. Un enfoque interseccional resulta imprescindible no solo para intervenir sino para desmantelar las causas xen\u00f3fobas y transodiantes que criminalizan el estado migratorio y las identidades trans. Seg\u00fan los \u00faltimos datos publicados del SNEEP, en 2018 las personas trans ten\u00edan en promedio menor participaci\u00f3n en programas laborales y en actividades deportivas que el resto de la poblaci\u00f3n detenida: solo el 25% ten\u00eda acceso a realizar un deporte, mientras que ese porcentaje para las mujeres cis era del 55%, y para los varones cis del 73%. Lo mismo ocurr\u00eda con los programas educativos: el 80% de las personas trans no participaba.<\/p>\n
En cuanto a la ni\u00f1ez, en este informe se analiza el deterioro acelerado y cr\u00edtico de los sistemas de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos y de responsabilidad penal juvenil. Desfinanciamiento, falta de personal adecuado, ausencia de un plan estructural para las ni\u00f1eces, entre otros son problemas de larga data que se agravaron. A esto se agrega que la gesti\u00f3n saliente estuvo m\u00e1s enfocada en insistir con proyectos regresivos y contrarios a la Convenci\u00f3n de derechos del ni\u00f1o: la baja de la edad de punibilidad (presentado en marzo de 2019), la implementaci\u00f3n del Servicio c\u00edvico voluntario en valores impulsado por el Ministerio de Seguridad nacional o, en PBA, la reforma del fuero de responsabilidad penal juvenil que pretend\u00eda disolver los Juzgados de Garant\u00edas del Joven. Todos configuran respuestas estatales que debilitaban y desdibujaban el paradigma de la protecci\u00f3n integral, en pos de instaurar procedimientos de naturaleza tutelar que desconocen el car\u00e1cter de sujetos de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes (NNyJ).<\/p>\n
En este contexto, observamos que se despleg\u00f3 un extenso repertorio de pr\u00e1cticas policiales como forma de ejercer el poder en los barrios y territorios (detenciones arbitrarias, aplicaci\u00f3n de normas contravencionales de cuestionada constitucionalidad, persecuciones, hostigamientos y amenazas como forma de disciplinamiento, irrupci\u00f3n de fuerzas de seguridad en \u00e1mbitos escolares). Esto, sumado a la falta de datos rigurosos y p\u00fablicos respecto de los problemas que atraviesan a NNyJ, contribuy\u00f3 a la construcci\u00f3n de estereotipos que los estigmatizan como sujetos peligrosos.<\/p>\n
Las pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas a la ni\u00f1ez y la juventud que s\u00f3lo atienden a la dimensi\u00f3n penal de los conflictos y los problemas, sustray\u00e9ndose a la perspectiva de derechos, no hacen m\u00e1s que revelar el preocupante principio ideol\u00f3gico que las legitima. O sea, tratar como diferencias naturales lo que son desigualdades construidas socialmente. Esta manera de gobernar se refleja en el presupuesto provincial: las partidas para pol\u00edticas de seguridad son sustancialmente superiores a las de pol\u00edticas para la ni\u00f1ez.<\/p>\n
La regresividad en el sistema implic\u00f3 una ola represiva librada por fuerzas de seguridad y actores judiciales, corroborada con el encarcelamiento, a diciembre de 2019, de 651 j\u00f3venes en dispositivos penales de la provincia de Buenos Aires, alojados\/as en un sistema que declaraba 427 plazas en centros cerrados y de recepci\u00f3n y 108 en centros de contenci\u00f3n; eso gener\u00f3 un 23 % de sobrepoblaci\u00f3n, record tambi\u00e9n en estos dispositivos. Las medidas de seguridad excepcionales continuaron aplic\u00e1ndose pese a su dudosa constitucionalidad.<\/p>\n
Entre 2016 y 2019 se registraron 1.103 hechos de tortura y\/o malos tratos (un promedio de 275 por a\u00f1o) en 19 de los 21 centros cerrados o de recepci\u00f3n. Durante 2019 se registraron 114 hechos de tortura en 12 centros de detenci\u00f3n de los que fueron v\u00edctimas 53 j\u00f3venes. Golpes, aislamiento extremo, afectaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n familiar, imposibilidad de comunicarse con las familias de manera fluida y condiciones inhumanas de detenci\u00f3n integran el repertorio de padecimientos<\/p>\n
Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. En las inspecciones realizadas se siguieron constatando torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes: abusos sexuales, golpes, reg\u00edmenes de aislamiento extremo, sujeciones mec\u00e1nicas sin protocolizar y con personal insuficiente (personas esposadas a camas sin indicaci\u00f3n m\u00e9dica), falta de comunicaci\u00f3n con referentes afectivos, condiciones materiales inhumanas, y falta de acceso a la justicia y a una defensa especializada. Los tratamientos continuaron caracteriz\u00e1ndose por pr\u00e1cticas no consentidas y carentes de abordaje interdisciplinario. Las personas internadas manifestaron en las entrevistas que tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externaci\u00f3n, y fueron las primeras en denunciar la falta de dispositivos sustitutivos al manicomio.<\/p>\n
A nivel general, pese a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la ley provincial 14.580, el Ministerio de Salud no elabor\u00f3 un plan provincial de salud mental participativo, interdisciplinario e intersectorial. A partir del monitoreo, podemos afirmar que la falta de construcci\u00f3n de informaci\u00f3n se constituye como uno de los claros indicadores de la deficiencia en la planificaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de salud mental.<\/p>\n
Durante 2019 el total de personas internadas en los monovalentes fue de 1.785, seg\u00fan lo informado a la CPM por cada hospital; disminuy\u00f3 la poblaci\u00f3n internada con respecto al a\u00f1o 2018, cuando fue de 1.844. Sin embargo, es fundamental cruzar esta lectura con otros datos como externaciones, re-internaciones, derivaciones y fallecimientos. Del total de ingresos a los cuatro hospitales monovalentes (2.004), el 68% fueron re-internaciones. Como se destac\u00f3 en el informe anterior respecto del hospital Cabred, el monovalente m\u00e1s grande de la Provincia, es evidente que las externaciones no son sustentables en tanto se realizan hacia un afuera<\/em> que carece de redes de apoyo y dispositivos alternativos; esto redunda en un alto porcentaje de re-internaciones.<\/p>\nEn 2019 se contabilizaron 150 personas fallecidas en el marco de internaciones por razones de salud mental. Esta es una cifra preliminar ya que, debido a la demora con la que se reciben las notificaciones de la SCJBA, se siguen sumando muertes (por ejemplo, en el informe anterior se inform\u00f3 un total de 176 fallecimientos ocurridos en 2018 y desde entonces hasta la fecha se sumaron otros 35). Esta situaci\u00f3n implica que se dificulte la comparaci\u00f3n interanual y, m\u00e1s all\u00e1 de la comparaci\u00f3n, es preocupante la falta de avance en este tema. Sigue sin darse cumplimiento a la resoluci\u00f3n 15\/2014 del \u00d3rgano de revisi\u00f3n de la ley nacional de salud mental (ORL) que insta a la investigaci\u00f3n de cada muerte en plazos razonables e introduce el factor del encierro como potencial determinante. Dicha resoluci\u00f3n tambi\u00e9n insta a que se indaguen las acciones y omisiones vinculadas a las condiciones de internaci\u00f3n seg\u00fan el Protocolo de Estambul de la ONU.<\/p>\n
Las c\u00e1rceles mal llamadas psiqui\u00e1tricas (Unidades 45 y 34) son espacios donde no se respetan los principios fundamentales de la ley nacional de salud mental. All\u00ed se relevaron las mismas pr\u00e1cticas de tortura: aislamiento, sobremedicaci\u00f3n, falta de seguimiento en los tratamientos farmacol\u00f3gicos, ausencia de estrategias interdisciplinarias de abordaje, entre otras. Al igual que en el resto de las c\u00e1rceles, el acceso a la salud es mediado por el Servicio Penitenciario y la atenci\u00f3n est\u00e1 a cargo de profesionales que respetan escasamente la ley de derechos del paciente y de salud mental, y prima la l\u00f3gica de seguridad por sobre la de salud. Estos espacios no se encuentran preparados para abordar cuadros agudos ni para sostener tratamientos en personas con padecimientos cr\u00f3nicos. Adem\u00e1s, en esas unidades se alojaban 143 personas sobrese\u00eddas que no deb\u00edan estar encarceladas.<\/p>\n
Es destacable que luego de un largo litigio, iniciado por la CPM en abril de 2018, en diciembre de 2019 se logr\u00f3 la clausura judicial definitiva del pabell\u00f3n SAC de la Unidad 34. Se destacan, principalmente en los monovalentes p\u00fablicos, mejoras de cierta envergadura en las condiciones materiales, en gran medida ordenadas por los magistrados que tienen a cargo las presentaciones colectivas realizadas por la CPM, pero claramente insuficientes ante lo prolongado de las internaciones por razones sociales o de vivienda. Hay que reconocer tambi\u00e9n las pr\u00e1cticas respetuosas de derechos y las experiencias de desmanicomializaci\u00f3n, aunque sigan teniendo el car\u00e1cter marginal, artesanal y autogestivo de hace d\u00e9cadas. No existi\u00f3, en estos \u00faltimos a\u00f1os, una sola pol\u00edtica p\u00fablica financiada para dotarlas de recursos o ampliarlas, excepto el otorgamiento de un subsidio m\u00ednimo para apoyar la externaci\u00f3n de pocos\/as usuarios\/as.<\/p>\n
Sin pol\u00edticas integrales de abordaje comunitario y de apoyo al cuidado, ser\u00e1 muy dif\u00edcil propiciar la externaci\u00f3n sustentable de los espacios de encierro y cumplir con la ley nacional de salud mental que sostiene el cierre de los manicomios. Tampoco se pudieron constatar planes o lineamientos generales dotados de presupuesto con el objetivo de mejorar y ampliar el sistema sanitario deficiente. Es grave que la autoridad de aplicaci\u00f3n de la ley 14.580 no haya dado pasos decididos para garantizar a los ciudadanos bonaerenses vivir, en 2020, en una provincia libre de espacios de encierro manicomial.<\/p>\n
La insistencia en presentar este diagn\u00f3stico cada a\u00f1o, y en reiterar las razones que provocan las violaciones a los derechos humanos que denunciamos, alberga la esperanza de que por fin los gobiernos tomen la decisi\u00f3n de encarar otra orientaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal. Una pol\u00edtica que se distancie de la matriz neoliberal que le dio cuerpo y curso para perpetuarse como forma indiscutible, naturalizada, y cuyo desmonte implica poner en tensi\u00f3n tesis enmarcadas en el sentido com\u00fan, asentadas sobre ideas falsas, simplificaciones de problemas complejos, carencia de datos objetivos para el dise\u00f1o de los planes de seguridad, sensaciones implantadas y reproducidas por los empresas que producen contenidos de comunicaci\u00f3n, y por la expectativa de captar la adhesi\u00f3n electoral.<\/p>\n
Sigue siendo una tarea pendiente que los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonen la demagogia punitivista (propia de las derechas), y esperamos que pueda concretarse en este cambio de gesti\u00f3n. No desconocemos que es un desaf\u00edo dif\u00edcil: implica ir a contrapelo de este sentido com\u00fan consolidado y encarar, desde una perspectiva democr\u00e1tica y garante de derechos, un camino sostenido como pol\u00edtica de Estado en relaci\u00f3n con las agencias estatales involucradas en asuntos de seguridad. El horizonte debe ser transformar las condiciones para reducir las posibilidades del delito de manera estructural. Si se insiste con la \u201cmano dura\u201d, seguir\u00e1n repiti\u00e9ndose las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y en los lugares de encierro que, lejos de generar un efecto disuasorio como castigo correctivo, es uno de los elementos que provocan mayores niveles de violencia social e inseguridad y afectan a toda la sociedad.<\/p>\n
Con esa preocupaci\u00f3n, el contexto en que se presenta el XIV Informe<\/em> est\u00e1 marcado por hechos que obligan a la nueva gesti\u00f3n a abordar este problema como parte central de su agenda de gobierno.<\/p>\nEn el marco de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia del COVID-19, que dictaron el aislamiento social obligatorio en todo el territorio, las fuerzas de seguridad asumieron por natural competencia la funci\u00f3n de garantizar su cumplimiento. Y hubo intervenciones policiales violentas: desde hechos de hostigamiento y maltrato, detenciones arbitrarias y torturas, hasta muertes por uso letal de la fuerza.<\/p>\n
Facundo Astudillo Castro fue visto con vida por \u00faltima vez el 30 de abril de 2020 y, al cierre de este informe, contin\u00faa desaparecido. El caso de Facundo, un joven de Pedro Luro (partido de Villarino, provincia de Buenos Aires), se investiga como desaparici\u00f3n forzada. La hip\u00f3tesis central apunta a la responsabilidad directa de la Polic\u00eda bonaerense no s\u00f3lo en el hecho sino en la trama del posible encubrimiento, donde tambi\u00e9n es preciso avanzar en la responsabilidad de la justicia. Si se confirma, esta responsabilidad pone de manifiesto de manera dram\u00e1tica el conjunto de problemas que atraviesa al sistema penal todo, y expresa con nitidez la matriz de funcionamiento del sistema de la crueldad.<\/p>\n
Facundo es un joven de los sectores populares, trabajador, participante en actividades culturales, sociales y educativas de su comunidad, con conciencia de sus derechos. Entre sus actividades, particip\u00f3 durante varios a\u00f1os del programa J\u00f3venes y Memoria de la CPM. Es consciente tambi\u00e9n del estigma que pesa sobre j\u00f3venes como \u00e9l, constituidos en blancos privilegiados de la violencia policial.<\/p>\n
Presentados como potenciales delincuentes ligados a la cuesti\u00f3n narco y a los robos, la narrativa punitivista los despoja de derechos. El \u201cinter\u00e9s superior de la seguridad ciudadana de las personas de bien\u201d los coloca en un plano inferior del estatus legal. Como veremos en este informe, son presas del sistema de la crueldad, desamparados en la desigualdad, estigmatizados en su condici\u00f3n, sospechados por actos potenciales. Son perseguidos por la polic\u00eda y captados por el sistema penal, muchas veces antes de ser captados por los mercados ilegales. Convalidados como tales por la justicia, que no garantiza pleno derecho a la defensa y a un juicio justo, son sometidos a situaciones de castigo penal que no respetan bases m\u00ednimas de la vida humana en condiciones dignas. El cumplimiento de la condena nunca es el final de estas trayectorias marcadas por la violencia. El Estado los tiene bajo su custodia sin brindar ninguna herramienta para la reinserci\u00f3n social y, una vez en libertad, la reincidencia suele ser el destino. Esta confirmaci\u00f3n, en lugar de poner en cuesti\u00f3n al sistema, es un argumento trillado, una profec\u00eda autocumplida para profundizar la desigualdad.<\/p>\n
Esperamos que este informe aporte nuevos argumentos para avanzar en otra direcci\u00f3n; la realidad es incontrastable. Esperamos que lo sea para el conjunto de la sociedad y, sobre todo, para quienes tienen la obligaci\u00f3n de garantizar el bien com\u00fan. Tal como manda nuestra Constituci\u00f3n nacional: \u201cafianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa com\u00fan, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres [mujeres y LGBITQ] del mundo que quieran habitar en el suelo argentino\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n instamos al nutrido campo de las organizaciones sociales, sindicales y pol\u00edticas a colocar este tema como parte de las agendas y demandas, en pos de impulsar todas las transformaciones que hagan falta para la plena vigencia de los derechos humanos del conjunto de nuestro pueblo.<\/p>\n