Introducción

La publicación de este XV Informe se enmarca en un contexto excepcional a nivel global, provocado por el COVID-19. La pandemia obligó a redefinir prioridades y reorientar la política a las exigencias de enfrentar las consecuencias que fue generando, tanto en términos de la salud de la población como del resto de las dimensiones que configuran las condiciones de vida: el trabajo, los ingresos, el hábitat, la educación, la cultura. Las transformaciones forzadas por la pandemia y las medidas imprescindibles de cuidado tuvieron un fuerte impacto en las rutinas y prácticas cotidianas de las instituciones y las personas.

La pandemia llegó a los lugares de encierro con un sistema colapsado y en plena crisis, luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida, unidades superpobladas y hacinadas, un sistema de salud penitenciaria deteriorado y sin posibilidades de brindar una asistencia elemental, servicios básicos colapsados y condiciones de sobrevida inhumanas, donde el gobierno se ejerce a través de la tortura en sus múltiples dimensiones.

Las medidas adoptadas en el marco del ASPO para luchar contra la pandemia tuvieron como desafío evitar que impactara brutalmente en los sistemas de encierro donde las medidas preventivas básicas, como el distanciamiento social o el lavado frecuente de manos, resultan de imposible cumplimiento. Desafío aun mayor en un sistema de salud deficitario desde hace años, que produce decenas de muertes por atención médica deficiente, rasgo que no se logró revertir durante el 2020. Aun así, las muertes producidas por COVID en el encierro fueron proporcionalmente menores a las ocurridas extramuros.

En diciembre de 2019 la CPM fue designada, conforme lo establece la ley nacional 26.827, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Esta designación, llevada a cabo por el Consejo Federal de Mecanismos Locales a propuesta del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, formalizó una trayectoria de casi 20 años de monitoreo de lugares de encierro y lucha por los derechos humanos. El esfuerzo institucional estuvo orientado no sólo a sostener los programas de trabajo del organismo sino, sobre todo, a fortalecer el monitoreo en los lugares de encierro en un momento crítico para las personas privadas de libertad. Esto ameritaba crear nuevas estrategias para garantizar los derechos de las personas detenidas en un contexto de alta complejidad, vulnerabilidad y riesgo de vida: a las condiciones inhumanas de detención y el conjunto de precariedades padecidas, ahora se sumaba la pandemia que -como veremos en el Informe- tuvo un profundo impacto en el encierro y en las prácticas policiales desplegadas en los territorios.

Como cada año, este Informe Anual presenta un diagnóstico de la política criminal, las políticas de seguridad y penitenciarias, las de niñez, salud mental y de justicia con el objetivo de contribuir a las transformaciones pendientes en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

En este universo complejo las respuestas estatales fueron diferentes. Mientras la Policía bonaerense continuó y profundizó un despliegue violatorio de los derechos humanos sobre las poblaciones que persigue, las estrategias e iniciativas del Ministerio de Salud sobre las personas con padecimiento mental alojadas en los neuropsiquiátricos públicos expresaron una ruptura con las políticas que se venían implementando en la Provincia. Por primera vez se produjeron avances y se presentaron planes de readecuación para cumplir con la ley nacional de salud mental y cerrar los manicomios.

La política criminal no tuvo cambios significativos, pese a que el Ministerio de Justicia presentó iniciativas legislativas tendientes a revertirla que no prosperaron en la Legislatura provincial. Por otro lado, las iniciativas que intentaron bajar la cantidad de personas detenidas en el sistema penitenciario lograron una disminución importante durante el primer semestre, pero se revirtió en la segunda parte del año alcanzando las cifras del inicio de la gestión.

Desde el Ministerio de Justicia se planteó el diálogo con las personas detenidas como un eje central para avanzar en el respeto de derechos humanos; no obstante, la represión desatada por el SPB a principios de noviembre terminó anulándolo.

Otro dato central es la actuación regresiva del Poder Judicial consolidando el incremento de la prisionización y la captación penal. Pese a que durante la presidencia de la Suprema Corte provincial ejercida por Eduardo De Lazzari, que finalizó en abril de 2020, se desplegaron iniciativas para adecuar las resoluciones judiciales a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el sostenimiento de la mesa interinstitucional, esto cambió sustancialmente a partir del cambio de presidencia. Desde la Procuración General, al comenzar la Mesa, se derogaron las resoluciones 567/13 y 752/00, a pedido de la CPM y la Defensoría de Casación. La primera obstaculizaba la disposición de la inmediata libertad en los casos pertinentes, derivando en casos absurdos en los que en comisarías clausuradas y con altos niveles de hacinamiento hubiera personas por delitos menores durante una noche esperando ser atendidos al día siguiente en la fiscalía. La segunda instruía a los/as fiscales a apelar automáticamente todas las resoluciones que concedieran excarcelaciones. Estas iniciativas, que tuvieron por finalidad disminuir los índices de prisionización, cesaron al comenzar la pandemia.

El sistema de niñez atravesó cambios en su dirección durante el año pasado, pero no se implementaron iniciativas que revirtieran el déficit histórico de políticas con perspectiva de derechos humanos, y las violaciones de derechos humanos que continuaron en los centros cerrados y de recepción. No obstante, vale destacar, la reducción de la población en los centros cerrados, de recepción y contención de jóvenes. Si bien no es motivo de análisis en este informe, la designación de nuevas autoridades en la dirección del Órgano de Niñez producidas durante 2021 muestran señales de un cambio que habrá que evaluar a futuro.

Es necesario desnaturalizar la crisis que atraviesa el sistema penal en la Provincia, y las violaciones estructurales de derechos, como si fuera producto de la dinámica social y no generada por decisiones compartidas por los tres poderes del Estado desde el año 2000 hasta la actualidad. Por eso la resolución del problema requiere también del compromiso de los tres poderes públicos.

Es por ello que aceptamos la invitación para integrar una mesa interinstitucional de diálogo convocada por decreto 24/2019 del gobernador Kiciloff a poco de asumir el 10 de diciembre de 2019, mientras en las cárceles se desarrollaba una huelga de hambre masiva producto de la crítica situación generada por la gestión saliente que dejó a las personas detenidas sin provisión de alimentos. Fue una iniciativa importante que intentó modificar la línea histórica de la política criminal: convocar a los tres poderes del Estado a pensar caminos de resolución de la crítica situación. Y pudo ser el primer paso para avanzar en transformaciones estructurales que revirtieran los nudos más problemáticos: la práctica sistemática de la tortura, la violencia estructural y la muerte como parte del gobierno de las poblaciones atrapadas por el sistema penal. Lamentablemente, pandemia mediante, quedó desactivada.

La fuerte presión de los medios de comunicación empresariales hegemónicos, la política regresiva de la Suprema Corte de Justicia provincial y la Procuración General (que echó por tierra una resolución justa y necesaria tomada por el juez del Tribunal de Casación Víctor Violini), las contradicciones públicas de la propia gestión provincial, expresadas en los discursos públicos del ministro de Seguridad Sergio Berni a favor de profundizar las políticas punitivas, o los pedidos de juicio político del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, a jueces que otorgaban arrestos domiciliarios o morigeraciones de personas en riesgo por la pandemia, retrotrajeron la situación al punto cero.

Los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del ASPO; si bien no se vio reflejado en una disminución proporcional de la prisionización, logró un amesetamiento pocas veces visto en el sistema penitenciario bonaerense. La cantidad de personas detenidas en la Provincia pasó de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas menos (1%), producto de 1.958 personas menos alojadas en cárceles y alcaidías, pero 587 más en comisarías y 676 más con monitoreo electrónico. Aunque no resolvió la sobrepoblación extrema que acumula el sistema de encierro, logró mantener la cifra estable, un dato no menor que rompe la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos años. Como puede observarse no existió ninguna liberación masiva de personas.

Los caminos de diálogo para la gestión de los conflictos, intentados por el Ministerio de Justicia con personas detenidas, sus familiares y distintos actores y organizaciones, tuvo su punto de inflexión en la crisis desatada en las cárceles en noviembre del 2020 y la cruenta represión ejercida por el Servicio Penitenciario Bonaerense que implicó, en la práctica, un fortalecimiento del gobierno violento. Después de 8 meses de suspensión de visitas, su habilitación fue anunciada y programada con anticipación pero el día anterior una orden del SPB volvió a suspenderlas, lo que provocó el inicio de las protestas. Frente a la indignación y los reclamos, los agentes penitenciarios, lejos de contenerlas, las fogonearon incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras (quedó filmado) o abriendo las puertas de los patios sin custodia.

Luego de estos hechos, más de 1.500 personas padecieron represión extrema y torturas: traslado compulsivo de detenidos desnudos, sin sus pertenencias y sin cumplir con el requisito de la autorización judicial previa. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente heridas, un total de 634 lesiones: 413 padecieron un tipo de lesión, 88 dos tipos de lesión y 15 al menos tres tipos de lesión.

En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Por último, falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos”, en el marco de la protesta y la represión en la UP 46 de San Martín.

La gravedad y extrema violencia penitenciaria puede verse incluso en el incendio intencional provocado por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela. A modo de reconocimiento, la tapa de este Informe Anual muestra las instalaciones del CUSAM (Centro Universitario San Martín), reconstruidas con el enorme esfuerzo de los estudiantes privados de libertad, la Universidad de San Martín y diferentes organizaciones. Esto y los casos de violencia policial ocurridos en el marco del control de la ASPO exponen que si no hay cambios estructurales en la política criminal las consecuencias son muy gravosas para nuestra sociedad.

Desde la CPM, en nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, hemos acudido a todas las instancias de diálogo cada vez que fuimos convocados, tanto por las personas detenidas como por el gobierno o los actores judiciales, a los efectos de encontrar modos de transitar las crisis sin violencia. Fuimos parte de la mesa interinstitucional, de varias audiencias judiciales en los lugares de encierro y de mesas de diálogo en unidades penitenciarias. En todas las instancias en que fueron convocadas, las personas detenidas demostraron respeto, racionalidad y fundamentos sólidos en sus reclamos, e intentaron aportar constructivamente a resolver las situaciones que se planteaban. Es una buena práctica que se las incluya en todas las instancias de diálogo que se generen.

Una iniciativa positiva adoptada en los inicios de la pandemia, ante la suspensión de las visitas familiares, fue autorizar el uso de telefonía celular en todos los ámbitos de encierro. La CPM presentó varias acciones administrativas o judiciales para que las personas detenidas accedieran a su derecho a la comunicación y a la vinculación familiar, cuestión sobre la que insiste hace años. La resolución favorable de algunos jueces y la decisión del gobierno provincial de avanzar en su autorización, pese a las críticas de sectores de la oposición, implicó un cierto alivio del malestar y de los efectos del aislamiento prolongado. Descomprimió tensiones pero también se constituyó en una herramienta valiosa para la prevención y asistencia de las víctimas de tortura, su documentación y registro, y para agilizar la comunicación fluida con la CPM, con otras organizaciones de derechos humanos o de familiares para denunciar el agravamiento de las condiciones de detención.

Para consolidar la tarea, nuestro organismo creó el programa Punto Denuncia Torturas (PDT) a partir de convenios firmados con ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as: ACIFAD (Asociación de familiares de detenidos), Asociación Pocho Lepratti, Casa Joven Diana Sacayán, Colectivo Dignidad, Cooperativa Esperanza, FADELI (Asociación de familiares, detenidos y liberados), Proyecto Mecha y Red de familiares Camino al Siglo XXII. Entre junio y diciembre, los PDT realizaron 7.900 entrevistas a detenidos o familiares que denunciaban graves violaciones de derechos humanos. Estas entrevistas, sumadas a las 14.000 realizadas por los equipos de la CPM, ascendieron en total a 21.000 en las que se relevaron 16.000 hechos de torturas o malos tratos y otros 16.000 hechos de violencia o morosidad judicial. A partir de estas comunicaciones, que dan cuenta de la continuidad de la práctica sistemática de la tortura, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas denunciando agravamientos de las condiciones de detención, estructurales o comunes a miles de detenidos.

Esta modalidad de intervención se complementó con la presencia de la CPM en los lugares de encierro en el marco de mesas de diálogo y/o audiencias judiciales y en los momentos críticos, como lo acontecido en abril en la UP 23 de Florencio Varela donde fue asesinado Federico Rey, quien reclamaba por una resolución judicial en el contexto de pandemia. La funcionaria penitenciaria Eliana Heidenreich disparó balas de plomo (su uso está prohibido dentro de las cárceles) y otros dos agentes luego intentaron encubrirla alterando pruebas. La justicia hizo su parte buscando la impunidad: dijo que se trataba de un hecho culposo y no doloso.

Pese a los esfuerzos por lograr que por la pandemia las personas con enfermedades graves o edad avanzada accedieran a morigeraciones de detención o arrestos domiciliarios, la regla fue una escasa respuesta judicial con perspectiva de derechos humanos y la mayoría de los pedidos fueron rechazados.

Durante 2019 murieron 148 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; en 2020, 178. De las 178, 29 fueron por Covid-19; esta diferencia implica un promedio de 15 por mes o una cada dos días; 170 eran varones, 7 mujeres y una trans. Se produjo al menos una muerte en 41 de los 64 espacios carcelarios de la provincia de Buenos Aires, es decir, en dos de cada tres. En particular, los homicidios y suicidios se concentraron en 19 unidades. Del total de muertes, 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida. La CPM viene requiriendo el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas públicas generales. En la actualidad las prestaciones son muy deficientes producto de la mediación penitenciaria, la carencia de profesionales, insumos, medicamentos y dispositivos que se integren con la atención extramuros.

Se registró un descenso importante de mujeres detenidas. Al finalizar 2020, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB: el 4,5% de la población total detenida y 10,5% menos que el año anterior. Pese a esta merma positiva, en 2020 ha persistido un problema padecido por esta población: el excesivo uso de la prisión preventiva del Poder Judicial, que ascendió al 59% (1.189) contra el 47% en el caso de los hombres. En diciembre de 2020, tres unidades penales del SPB alojaban a 26 mujeres detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años y a siete embarazadas, un 57% menos respecto que el año anterior. Este descenso fue producto del trabajo articulado por múltiples actores en el marco de la mesa interinstitucional. Como otro dato positivo, señalamos el descenso de la cantidad de personas trans y travestis detenidas, que se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020. No obstante, se registraron hechos graves de torturas y malos tratos padecidos por este colectivo, como los ocurridos en la alcaldía Pettinato donde 11 personas trans y travestis sufrieron condiciones de detención inhumanas y distintas violencias por parte del personal de custodia.

Como señaláramos, mientras que las políticas promovidas inicialmente por el Ministerio de Justicia intentaron modificar las que se venían implementando en la Provincia, las políticas de seguridad marcaron una continuidad con las políticas punitivistas o de mano dura que se vienen implementando desde hace décadas. La disociación de las políticas de seguridad y de justicia resultó irresoluble para pensar una política criminal que revirtiera la crítica situación que persiste en lugares de encierro.

En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: 1) retroceso en la conducción civil de las policías; 2) profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial; y 3) agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías.

El incremento de personas detenidas en comisarías alcanzó en noviembre el récord de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas; entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 la población en estos ámbitos creció en 23 %. Entre 2012 y 2015 las comisarías alojaron un promedio interanual de 1.640 personas, durante 2016-2019 a 3.510, y en 2020 el promedio anual fue de 4.849. Para las 1.200 plazas informadas por el Ministerio de Seguridad el año pasado, esto implicó una sobrepoblación del 295%. Las mujeres o las personas trans detenidas en comisarías agregan un plus de padecimiento: este informe analiza las torturas y abusos sexuales padecidos por 28 mujeres en la comisaría 3 de La Tablada, hechos que no son excepcionales para estos colectivos.

El Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medicadas cautelares sobre 21. A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales el 43% (131) se encontraban inhabilitadas para alojar personas (ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial). Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas. Conforme información oficial, en el 76% de las comisarías hay instalaciones eléctricas riesgosas y sólo la mitad tiene matafuegos; únicamente el 16% tiene sistemas de presurización con mangueras para apagar incendios y el 6% tiene salidas rápidas de emergencia.

En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.

La alta tasa de prisionización, que no creció durante 2020 pero se mantiene constante en un nivel muy alto en relación con los índices nacionales y globales, es un indicador básico del sesgo de la política criminal manodurista. Se consolida por las decisiones de los jueces que siempre optan por la postura más regresiva y por el despliegue de las fuerzas en el territorio, con aprehensiones generalizadas y rutinarias que no están relacionadas con el delito sino con la arbitrariedad policial.

Como mencionamos, en la Provincia los delitos descendieron -conforme lo informaron la Procuración General y el Ministerio de Seguridad- pero crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales, mayoritariamente no vinculadas con la comisión de delitos: de 280.000 personas aprehendidas en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas. Esto se vincula directamente con el incremento de detenciones en comisarías ya que, en la mayoría de los casos, aunque no queden detenidas permanecen horas o días alojadas.

En 2020 se registraron 123 muertes a manos de las fuerzas de seguridad en territorio bonaerense; al menos uno fue un femicidio cometido por un agente con su arma reglamentaria. A modo de ejemplo: este despliegue policial violento provocó las muertes de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán en San Nicolás mediante el uso letal de un patrullero, y el asesinato de Lucas Verón de La Matanza en un caso claro de gatillo fácil. Otro hecho sin resolver por la justicia federal que no investiga es la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Se destacan dos situaciones: por un lado, la deficiente actuación judicial que no ha investigado de manera adecuada la hipótesis de la responsabilidad policial; por otro, la gran cantidad de acciones posteriores de la propia policía para impedir que se conozca la verdad. La CPM está participando activamente en estas causas patrocinando a las familias y como particular damnificado.

Como contrapartida, las políticas de salud mental presentaron avances que se observan en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, pero también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación. Producto de esto, la población en estos ámbitos descendió de 1.785 personas en 2019 a 1.444 en diciembre de 2020. También aquí descendieron las muertes: 66 contra 68 del año 2019. De estas 66, 42 fueron por problemas de salud, 14 por COVID 19. Esto implica que, de no haber sido por la pandemia, este número podría haber sido aun menor. No obstante, en el sistema de alojamiento de personas con padecimiento mental (sumando el sistema público y el privado) creció de 172 muertes en 2019 a 212 en 2020.

Otro problema estructural son las comunidades terapéuticas privadas, en las que se han relevado graves violaciones de derechos humanos. En este caso la rápida intervención del Ministerio de Salud y de distintos juzgados frente a las presentaciones de la CPM provocó la clausura de varias. Es indispensable implementar controles adecuados de estos lugares que históricamente operaron por fuera de la normativa vigente.

Debe agregarse a las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una lógica tratamental sino securitaria, donde no se cumple con la ley de salud mental. Estos lugares deben integrarse a las políticas de la Subsecretaría de Salud Mental y las personas alojadas deben recibir el tratamiento adecuado. También debe modificarse la intervención policial frente a crisis padecidas por personas en la vía pública. En esos casos debe intervenir la autoridad sanitaria, abordarlos como pacientes y no criminalizarlos. Los casos de Francisco Cruz, Cristian Moreno Garzón y Carlos Ibáñez, detenidos de manera violenta que terminaron muriendo en diferentes circunstancias, muestra claramente la responsabilidad policial y judicial en ese final.

En cuanto a las políticas de niñez, el informe analiza el funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos (SPPD) y el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ). La pandemia sumó nuevas complejidades al deficiente funcionamiento de los dispositivos del SPPD limitando aun mas su accionar, lo que implicó dejar en manos de la Policía bonaerense el abordaje de las situaciones conflictivas.

De todos los NNyJ ingresados a los dispositivos de encierro del OPNyA (753), sólo el 33% (245) tuvo algún tipo de contacto previo con el SPPD. Este dato evidencia la falta de acciones, servicios y programas que eviten que la primera intervención estatal sea la punitiva. Los organismos del SPPD se encuentran lejos de donde acontecen los problemas. Las instituciones que debían proteger los derechos de NNyJ se plegaron a la no presencialidad: algunas con guardias mínimas y sin los recursos disponibles frente a la complejidad del contexto; otras directamente permanecieron cerradas en el marco del ASPO sin anticiparse y ofrecer un sistema de intervenciones oportunas. Todo ello implicó una intervención del sistema penal destinado a las personas menores de edad, que se erige paralelamente al SPPD en lugar de ser subsidiario e impide intervenciones en clave de accesibilidad o restitución de derechos.

Respecto del SRPJ, la pandemia y las medidas que se adoptaron generaron situaciones sumamente complejas y dolorosas para los NNyJ que atravesaron este período dentro de los dispositivos penales. La cantidad de jóvenes se redujo de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que minimizó el histórico problema de hacinamiento. No obstante, para quienes continuaron alojados en los centros, se incrementaron el malestar y las malas condiciones de vida producto de la falta de medidas que contrapesaran las consecuencias de la falta de visita y actividades. Muchos de los reclamos estuvieron centrados en la falta de comunicación con familiares, la mayor exposición al aislamiento, la falta de insumos para higiene y limpieza.

Aunque esta disminución de la población fue importante y muchos egresaron con medidas morigeratorias, que para esta población sí adoptó el Poder Judicial, no fueron positivas las medidas adoptadas con 46 de esos jóvenes que fueron trasladados hacia distintas unidades penales del SPB. El tránsito del sistema de encierro juvenil al sistema de encierro de adultos por el solo hecho de contar con 18 años es una de las acciones implementadas por el OPNyA y avalada por los jueces, pese a contradecir los principios y objetivos (entre ellos la especialidad) previstos en la ley 13.634.

Si bien se autorizó formalmente el uso de celulares, la demora en su implementación y la limitación arbitraria en los distintos centros derivaron en un incremento de la conflictividad (en cantidad y frecuencia), en situaciones que sobrepasaron a las autoridades y culminaron en intervenciones judiciales, y en el aumento de la violencia física y tormentos como instrumentos de “desactivación de conflictos”.

A esto se agrega la falta de abordaje adecuado de las situaciones complejas que se presentaron con varios jóvenes que intentaron suicidarse o se autolesionaron. Como consecuencia de este cuadro, se suicidaron Lucas Soraire y Nazareno Saucedo. En ambos casos los intentos y anuncios previos no fueron debidamente atendidos ni se desplegaron dispositivos de contención adecuados. Uno de ellos fue torturado pocas horas antes de tomar esa decisión. En 2018 y 2019 se había suicidado un joven cada año.

En cuanto a los jóvenes inimputables de 15 o menos años, 92 ingresaron al sistema de encierro, un 12 % del total; se sigue utilizando la excepción legal prevista en el artículo 64 de la ley 13.634.

Este informe analiza también el desempeño del Poder Judicial, elemento central en la consolidación del sistema penal que describimos. Son determinantes para la constitución de este diagnóstico: la estigmatización y prejuicios que se registran en muchas de sus resoluciones, la ausencia de una perspectiva de derechos humanos (incluyendo las cuestiones de género), la indolencia e indiferencia frente al incumplimiento de las sentencias o las prácticas de torturas y malos tratos de cuya impunidad son parte.

La casi nula investigación de los casos de torturas sigue siendo un problema estructural. Entre otros factores, se sostiene en la decisión del titular de la Procuración General de no cumplir con la ley 14.687 que dispone la creación de unidades fiscales especializadas en los distintos departamentos judiciales. Las causas abiertas por violencia institucional entre 2014 y el primer semestre de 2020 representan el 0,5% del total de investigaciones iniciadas, y 9 de cada 10 se resuelven mediante el archivo (66%) o la desestimación (24%). Otra porción de hechos ni siquiera llegan a ser investigados por falta de dispositivos de acompañamiento y protección de víctimas y testigos, que quedan expuestos a las represalias de los victimarios. La misma protección corporativa del Poder Judicial se observa en el caso de las muertes producidas por agentes policiales en territorio provincial: entre 2018 y el primer semestre de 2020 la CPM relevó 336 casos y el Ministerio Público Fiscal sólo registró 36 carátulas de “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”, tipo penal por el que deberían investigarse estos hechos. La decisión institucional de la Procuración General de no aplicar esta ley es, además de la responsabilidad que implica su desobediencia, una señal hacia los operadores judiciales y fuerzas de seguridad acerca del escaso interés estatal en perseguir y sancionar estos delitos. La necesidad de implementar políticas efectivas para la prevención, investigación de la tortura y asistencia de sus víctimas sigue siendo una deuda del Estado provincial.

Este Informe Anual, como todos los anteriores, tiene varios objetivos. Por un lado, visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en todos aquellos lugares donde las personas están privadas de su libertad y las múltiples violencias que despliegan las fuerzas de seguridad, cuyos blancos responden a una selectividad clasista, racista y patriarcal que la justicia convalida, avala y reproduce. No son las marcas ni los resabios de la dictadura: son los rasgos de un sistema económico y social excluyente e injusto cuya matriz se fraguó tras el golpe de 1976, se profundizó y consolidó durante los gobiernos neoliberales elegidos democráticamente. Es imprescindible desmontar entonces las matrices que lo fundan, que anidan en gran medida en estos paradigmas securitarios enquistados en las instituciones del Estado, y sin grandes transformaciones en todos los gobiernos.

Ejemplo de ello, tema que se aborda en este informe, son las agencias de inteligencia que han reproducido prácticas ilegales y de persecución política propias de los regímenes autoritarios de otras épocas, y que hoy están siendo transformadas estructuralmente a partir de la decisión del gobierno nacional de intervenir la AFI, limitar sus funciones y eliminar fondos reservados.

El mismo desafío se debe encarar en todas las materias que analizamos en este informe. Por ello buscamos dar cuenta de estas matrices una y otra vez, interpelando a los tres poderes estatales y a la sociedad, tan remisa a ver como víctimas a quienes sufren los atropellos más crueles del Estado y las consideran merecedoras de esa violencia.

Estas ideas deben ser combatidas por quienes consideramos que la democracia y los derechos humanos son indivisibles, y que estos valores no deben desecharse para construir discursos públicos que consigan la adhesión política.

Mostramos la sistematicidad de la violencia que denunciamos, pues es inherente a esta lógica de gobierno de la precariedad, y como tal sólo puede resolverse de manera estructural cambiando la orientación de la política criminal implementada desde hace más de 20 años en la provincia de Buenos Aires. Ello implica generar cambios legislativos que dejen atrás el punitivismo, democratizar las fuerzas policiales y el servicio penitenciario, conformar sistemas de control interno y externos autónomos y eficientes, pensar la seguridad como abordaje multiagencial y no sólo policial, transformar y también democratizar la justicia y garantizar su pleno acceso. También continuar fortaleciendo las políticas sociales y de salud que aborden de manera integral y adecuada los problemas asociados a los conflictos de las personas con la ley penal, en particular la cuestión de las adicciones, personas a quienes debe tratarse como pacientes y no como delincuentes. La tortura y el gatillo fácil no se resolverán sólo con formación, así como la sobrepoblación y hacinamiento no se resuelven sólo con más cárceles: si se sigue la misma política estarán abarrotadas en poco tiempo.

Somos plenamente conscientes de que el primer año de gestión del gobierno se produjo en un contexto excepcional marcado por la pandemia y las dificultades inéditas que se presentaron, pero es necesario analizar lo ocurrido durante 2020 para alertar que de no modificarse esta tendencia la situación crítica se profundizará, lo que implica más dolor y más muerte.