SOBRE ESTA SECCIÓN
Sección de Inteligencia Ilegal
La recurrencia a prácticas represivas e ilegales de las agencias de inteligencia hunde sus raíces en la historia de nuestro país bajo la lógica del “enemigo interno”. No obstante, las decisiones de gobierno de la Alianza Cambiemos construyeron el andamiaje normativo y funcional para un sistema de vigilancia masiva y persecución política sin precedentes que apuntó a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, organizaciones sociales, centros comunitarios y familiares de víctimas de violencia institucional. También operó el espionaje hacia el interior de las cárceles, con vigilancia sobre sindicalistas, exfuncionarios y empresarios privados de su libertad.
La magnitud de este sistema se traduce en los datos de causas penales por espionaje: 97 imputaciones penales, de las cuales el 79 % están procesadas; más de la mitad de las imputaciones corresponde a agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el 11,5 % a personal retirado de la Bonaerense y el 10 % a personal del SPF; y las causas que tramitan en la justifica Federal de Lomas de Zamora y de Dolores concentran el 85 % de las imputaciones.
Desde 2016, a partir de la Contrarreforma del Sistema de Inteligencia, se cristalizaron importantes retrocesos tanto en los mecanismos de transparencia para el manejo de fondos reservados de la AFI, como en el sistema de escuchas, intervenciones de las comunicaciones y profundización del vínculo entre servicios de inteligencia y el Poder Judicial, así como en la adquisición y utilización –sin controles de legalidad- de nuevas tecnologías de vigilancia. El sistema de escuchas fue trasladado a la órbita de la Corte Suprema y terminó ampliando desmesuradamente sus atribuciones. Finalmente, con la reforma del Código Penal se introdujeron las “nuevas técnicas de investigación” y las figuras del imputado colaborador, agente encubierto, agente revelador e informante, que funcionaron como plafón jurídico para la extorsión y el direccionamiento de testimonios en causas por corrupción.
Frente a tales retrocesos, el nuevo gobierno presidido por Alberto Fernández dispuso la prohibición a los organismos de inteligencia de participar como auxiliares de la justicia en investigaciones criminales, ejercer facultades represivas o cumplir funciones policiales. En este marco, la CPM entregó a la intervención de la AFI un informe de diagnóstico y recomendaciones para una institucionalización de las actividades de inteligencia desde una perspectiva de derechos humanos. Además, la CPM interviene como auxiliar de la justicia –como en la causa “D’Alessio”- en base a su experiencia en materia de análisis y desclasificación de documentos de inteligencia, y también como parte querellante impulsando distintas investigaciones penales en curso. Asimismo, en 2020 la CPM realizó observaciones al llamado “Protocolo de ciberpatrullaje” del Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de evitar la vigilancia digital masiva y la vulneración de datos personales.
Por otra parte, el esquema nacional de acciones de inteligencia ilegal ha tenido sus réplicas en la Provincia de Buenos Aires, con múltiples casos de acciones desplegadas desde el Servicio Penitenciario Bonaerense -como la implantación de micrófonos y cámaras en la Alcaidía Departamental 3 de Melchor Romero-, la Policía Bonaerense –por ejemplo, con tareas de seguimiento, infiltración y hostigamiento de familiares y amigos de las víctimas de la Masacre de Monte- y hasta el Ministerio Público Fiscal. Más acá en el tiempo, la gestión del ministro de Seguridad Sergio Berni dispuso el traspaso de distintas superintendencias –dedicadas a la coordinación y supervisión, y de conducción civil- a la propia policía, entre ellas la de Planificación e Inteligencia Criminal.
En suma, para esta CPM la fuerte opacidad y secretismo arraigadas históricamente en el sistema de inteligencia, exacerbada en la gestión del presidente Mauricio Macri, deben superarse con un debate político y social amplio que incorpore estándares democráticos para reformar una de las áreas más sensibles del Estado. Para ello, algunos ejes: redefinición del sistema de inteligencia nacional y criminal; especificidad de las tareas de investigación criminal; fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios de control; y necesidad de un marco normativo y regulatorio específico para las tareas de inteligencia e investigación criminal en la provincia de Buenos Aires.
AGENCIA ANDAR:
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