SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de Niñez
A más de diez años de la creación del sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y jóvenes las instituciones responsables de implementarlo siguen sin consolidar intervenciones integrales. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) a cargo de su implementación está degradado y desfinanciado, los servicios zonales y locales se integran con trabajadores precarizados, presupuestos magros y una escasez generalizada de recursos que evidencian una necesaria revisión y jerarquización del área.
El Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos. Demasiados casos son abordados por el régimen penal juvenil y/o por fuerzas de seguridad sin que exista un trabajo previo de promoción y protección de derechos. Mientras
Los vacíos que deja el Sistema de Promoción y Protección son tomados por la policía. Cuando el abordaje existe , es inconstante y sin un plan de acción claro, y ante la ineficiencia de las intervenciones llega un posterior tránsito por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
Los datos oficiales sólo registran las institucionalizaciones, no hay estadísticas respecto a acciones de promoción de derechos alternativas a la toma de una medida de abrigo. Las categorías a las que responden las intervenciones son opacas y cuestionadas, sobre todo cuando existen pedidos de adoptabilidad. En cuanto al abordaje de la salud mental la tercerización es completa: se deriva a organizaciones del tercer sector, conveniadas o no con el OPNyA.
En un contexto signado por la pandemia los niños, niñas y jóvenes sufrieron un nuevo estigma: fueron perseguidos, hostigados y reprimidos por considerar que eran “una amenaza epidemiológica”; fueron capturados sin orden judicial, se los involucró en investigaciones penales, padecieron golpes, malos tratos y torturas en la vía pública y en comisarías.
Gran parte del poder judicial desconoce los principios fundamentales del fuero especializado y los centros de detención de NNyJ se encuentran atravesando un proceso de carcelización que los asemeja a las cárceles de adultos.
En el sistema penal se incrementó la conflictividad, la violencia física y los tormentos, las derivaciones a unidades penales, y las tentativas de suicidio y suicidios. Durante 2020 por los contagios y medidas sanitarias se redujo el personal en todos los dispositivos penales. Esto impactó de manera directa en los jóvenes, sumó nuevas limitaciones a sus derechos e implicó mayor tiempo de encierro.
Las acciones de reclamo fueron tramitadas como “problemas de conducta” y las soluciones devinieron en sanciones. El acceso a la salud también se vio afectado y el doble encierro deterioró notablemente la salud mental de muchos jóvenes. Durante 2020 se conocieron al menos 7 tentativas de suicidio y dos jóvenes se quitaron la vida.