SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de seguridad
En línea con las últimas gestiones provinciales, el ministro Sergio Berni hizo una serie de modificaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad y en la organización operativa que concentraron aún más la conducción de la fuerza policía en cabeza de los mandos policiales. Estas transformaciones terminaron por derribar el modelo de conducción civil de la fuerza, que se había planteado en la reforma iniciada por León Arslanián.
En ese contexto, las decisiones del nuevo gobierno intensificaron dos rasgos de las políticas de seguridad: la profundización del esquema de saturación policial y el agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías.
Despliegue policial en el territorio que, durante la mayor parte del 2020, estuvo marcado por la pandemia y las medidas excepciones que limitaron la libertad ambulatoria. El control del ASPO, en particular la aplicación del artículo 205 del Código Penal, se convirtió en el principal motivo de captación de las fuerzas policiales. Otra figura discrecional para justificar el control territorial rutinario y las aprehensiones.
A su vez, las denuncias de torturas y malos tratos vinculadas al desempeño policial con motivo del control del ASPO, la extensión territorial y similitud de estas prácticas, y la difusión de imágenes por los propios policías dan cuenta de ciertos rasgos de sistematicidad que tuvo el despliegue policial durante la pandemia.
Uso letal de la fuerza
El impacto simbólico de la “doctrina Chocobar” se materializó en decisiones que explicitaron una política de promoción del uso de las armas de fuego por parte de los y las agentes. Entre 2016 y 2020, la CPM registró 618 muertes por uso letal de la fuerza.
En 2020 se registraron 123 casos, 21 menos que en 2019. Sin embargo, se mantiene el promedio global del periodo: 123,6 casos por año. Asimismo, es relevante incorporar al análisis que, durante el ASPO, disminuyeron las denuncias de ilícitos; elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo.
En el periodo 2016-2020, la intervención de las fuerzas policiales en territorio bonaerense produjo una muerte cada tres días. En la mayoría de los casos la muerte se produjo para defender bienes materiales y cuando los policías se encontraban en actividad pero fuera de servicio.
El dato más grave de la letalidad policial, porque da cuenta de la utilización desmedida, sin relación a la amenaza planteada, irracional e ilegal: Sólo el 1% de las intervenciones fueron en circunstancias en las que estaba en riesgo la vida de otras personas.
Durante este mismo periodo se registraron 22 femicidios policiales. Ese número representa casi la mitad de las de las víctimas mujeres por uso letal de la fuerza (45).
Violación de derechos humanos en comisarías
Las medidas tomadas por la gestión iniciada en diciembre de 2019 profundizaron las políticas que generaron el colapso en dependencias policiales.
El promedio anual de las personas detenidas en 2020 fue de 4.849, mientras que el promedio anual para 2019 fue de 3.675. En noviembre de 2020 fue el peor momento: 5.661 detenidos en 1.265 plazas, lo que representó una tasa de sobrepoblación del 347%, la más alta en 15 años.
El otro rasgo de ilegalidad que se mantiene sin cambios es la permanencia de personas detenidas en comisarías clausuradas. A diciembre de 2020 se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales el 43% (131) se encontraban inhabilitadas (por orden ministerial o judicial) para alojar personas. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.
Durante el periodo 2016-2020 fueron 104 las personas fallecidas. De este total, 18 murieron durante el 2020 y cinco de las víctimas se encontraban alojados en dependencias clausuradas
Ineficacia de los controles internos y externos
Desde el 2015 están vigentes las medidas cautelares de la CIDH por la situación en comisarías bonaerenses; el año pasado se creó una mesa de seguimiento para fijas pautas y medidas concretas que permitieran encauzar el cumplimiento del Estado. Sin embargo, no se lograron avances concretos y fue notoria la falta de disposición del Ministerio de Seguridad que no participó de la mayoría de las reuniones y cuando lo hizo fue con funcionarios sin poder para tomar decisiones. La misma actitud tuvo la Procuración General y la Corte Bonaerense.
En ese escenario, las comisarías cauteladas no sólo continuaron alojando personas sino que la población detenida en dichas dependencias fue en aumento: a diciembre de 2020, 19 de las 21 comisarías cauteladas alojaban personas detenidas.
El gobierno provincial tampoco acató la sentencia del Tribunal de Casación Penal, a raíz de un habeas corpus presentado por la CPM. En ese marco, los planes presentados por los ministerios de Seguridad y Justicia no representaron más que un compromiso para trasladar personas alojadas en comisarías cauteladas y clausuradas a la órbita del servicio penitenciario. La meta plasmada en el plan decía que al 29/01/2021 estarían vacías, al día de hoy no se cumplió.
A pesar de reconocer el riesgo de vida y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas detenidas en dependencias policiales, las propuestas para remediarla están lejos de modificar la política criminal como marco estructural para bajar el índice de prisionización y la cantidad de aprehensiones policiales arbitrarias; por el contrario, se centran en promesas de respuestas paliativas como mejorar las condiciones edilicias y aumentar las plazas.