SOBRE ESTA SECCIÓN
Sección de políticas penitenciarias
A fines de 2019, con el recambio gubernamental, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense convocó a una Mesa de Diálogo interinstitucional frente a la grave crisis humanitaria en las cárceles de la Provincia. Los problemas estructurales que persisten desde hace décadas se vieron profundizados hasta límites críticos durante el gobierno anterior (Vidal, 2015-2019), lo que había derivado en protestas y reclamos masivos en la mayoría de las unidades penitenciarias y, consecuentemente, en el llamado a aquella Mesa de Diálogo de la cual la CPM fue parte desde la primera reunión en su carácter de mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por insistencia de la CPM, el Ministerio convocó a familiares de detenidos y a otros organismos. Durante algunos meses las demandas se fueron resolviendo –como la provisión de comida, revisión de morigeraciones de pena, condiciones de alojamiento- y las protestas cesaron, pero al poco tiempo irrumpió la pandemia y, con ella, nuevos afectaciones de derechos: se suspendieron visitas de familiares hasta noviembre; se frenaron las morigeraciones; escaseó aún más la comida; y se detuvo el otorgamiento de medidas de prisión domiciliaria para personas incluidas en grupos de riesgo frente al Covid-19; entre otras. Sobre el miedo y malestar de la población encarcelada, el SPB promovió el 30 de octubre una serie de medidas –como haber permitido que cientos de personas se subieran a los techos de distintas cárceles, liberando zonas y facilitando y sosteniendo escaleras- que terminaron en una cruenta represión con cientos de heridos, mutilados y un detenido que murió meses después. En las unidades 31 de Florencio Varela y 48 de San Martín la infraestructura y las pertenencias de los Centros de Estudiantes fueron destruidas por personal del SPB. En base a datos construidos por la CPM se estima que 1000 personas padecieron lesiones o traslados compulsivos durante y después de la brutal represión. Se identificaron heridas en 516 personas y al menos 107 traslados arbitrarios. El aislamiento y hacinamiento extremos fueron otras de las formas de tortura. Estas prácticas se enmarcan en un modo de gestión de la violencia como elemento inherente al gobierno penitenciario que articula con otros tipos de tortura y malos tratos: precariedad material, deficiencias alimentarias, falencias sanitarias, desvinculación familiar y robo o daño de pertenencias. Entre 2016 y 2020, solo en base a los datos del SPB remitidos a la justicia, casi 30.000 personas fueron víctimas de hechos de violencia o padecieron lesiones en las cárceles bonaerenses, y en el último año se volvió a repetir la preeminencia del uso de la fuerza por parte del SPB con el 24,5 % de los hechos lesivos. En cuanto al derecho a la salud, las deficiencias sobre la atención se han profundizado con el desmantelamiento de la estructura sanitaria a través de los años. La irrupción de la pandemia sólo agravó este escenario: con una tasa de letalidad cercana al 9 % respecto a los contagios, el Covid-19, en el SPB, fue más letal que en los otros ámbitos de la sociedad. Por otra parte, esta sección analiza la violencia patriarcal en el encierro y su impacto en mujeres cis y personas trans y travestis. Se evalúan el constante crecimiento de la cantidad de mujeres encarceladas hasta 2020, cuando se produce la primera baja de los últimos 15 años; la situación de las madres y sus hijes en el encierro; la violencia sexual; y el impacto diferencial de la prisión sobre las personas que integran el colectivo LGTBIQ+. En otro orden, la sección examina la situación de los Centros de Estudiantes como espacios de resistencia en el encierro. Actualmente hay alrededor de 15 centros de estudiantes dentro del SPB con un total de 1.000 estudiantes privados/as de libertad que cursan distintas carreras universitarias. Pero, según datos de 2019, el 54 % de las personas privadas de la libertad en el SPB no accede a programas educativos, y sólo el 3 % accede a educación universitaria. Por último, la sección plantea el escenario de las muertes en el SPB: entre 2008 y 2020 se produjeron 1769 muertes en cárceles y alcaidías, que equivalen a 136 muertes por año o 4,3 muertes cada 1000 personas detenidas. Durante esa serie, las muertes producidas por problemas de salud representaron el 72 % seguido de los homicidios (17 %). En 2020 las personas muertas en la cárcel tenían en promedio 49 años. El mayor tenía 82 y el menor 20. Las causas de muerte están en sintonía con la tendencia histórica, aunque ese año registra una mayor proporción de muertes provocadas por enfermedades debido a la incidencia del Covid-19. Por otra parte, respecto a los suicidios en el encierro, en términos comparativos sigue siendo 5 veces más frecuente dentro de la cárcel que fuera de ella. Aún así, frente a datos como estos que alarman, el Estado provincial lleva un registro deficitario de la mortalidad en la cárcel.
AGENCIA ANDAR:
12-05-2020
Grave retroceso de la Suprema Corte bonaerense frente a la pandemia en las cárceles
05-11-2020
Buscan reconstruir los centros de estudiantes en las cárceles
https://www.andaragencia.org/buscan-reconstruir-los-centros-de-estudiantes-en-las-carceles/
22-12-2020
Torturas y malos tratos sobre población trans y travesti en Alcaidía platense