Pol\u00edticas de seguridad<\/strong><\/p>\nEn l\u00ednea con las \u00faltimas gestiones provinciales, el ministro Sergio Berni hizo una serie de modificaciones en la estructura org\u00e1nica del Ministerio de Seguridad y en la organizaci\u00f3n operativa que concentraron a\u00fan m\u00e1s la conducci\u00f3n de la fuerza polic\u00eda en cabeza de los mandos policiales. Estas transformaciones terminaron por derribar el modelo de conducci\u00f3n civil de la fuerza, que se hab\u00eda planteado en la reforma iniciada por Le\u00f3n Arslani\u00e1n.<\/p>\n
En ese contexto, las decisiones del nuevo gobierno intensificaron dos rasgos de las pol\u00edticas de seguridad: la profundizaci\u00f3n del esquema de saturaci\u00f3n policial y el agravamiento de la crisis humanitaria en las comisar\u00edas.<\/p>\n
Despliegue policial en el territorio que, durante la mayor parte del 2020, estuvo marcado por la pandemia y las medidas excepciones que limitaron la libertad ambulatoria. El control del ASPO, en particular la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 205 del C\u00f3digo Penal, se convirti\u00f3 en el principal motivo de captaci\u00f3n de las fuerzas policiales. Otra figura discrecional para justificar el control territorial rutinario y las aprehensiones.<\/p>\n
A su vez, las denuncias de torturas y malos tratos vinculadas al desempe\u00f1o policial con motivo del control del ASPO, la extensi\u00f3n territorial y similitud de estas pr\u00e1cticas, y la difusi\u00f3n de im\u00e1genes por los propios polic\u00edas dan cuenta de ciertos rasgos de sistematicidad que tuvo el despliegue policial durante la pandemia.<\/p>\n
Uso letal de la fuerza<\/strong><\/p>\nEl impacto simb\u00f3lico de la \u201cdoctrina Chocobar\u201d se materializ\u00f3 en decisiones que explicitaron una pol\u00edtica de promoci\u00f3n del uso de las armas de fuego por parte de los y las agentes. Entre 2016 y 2020, la CPM registr\u00f3 618 muertes por uso letal de la fuerza.<\/p>\n
En 2020 se registraron 123 casos, 21 menos que en 2019. Sin embargo, se mantiene el promedio global del periodo: 123,6 casos por a\u00f1o. Asimismo, es relevante incorporar al an\u00e1lisis que, durante el ASPO, disminuyeron las denuncias de il\u00edcitos; elemento que debe considerarse porque la mayor\u00eda de las muertes producidas por polic\u00edas se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son v\u00edctimas de robo.<\/p>\n
En el periodo 2016-2020, la intervenci\u00f3n de las fuerzas policiales en territorio bonaerense produjo una muerte cada tres d\u00edas.\u00a0En la mayor\u00eda de los casos la muerte se produjo para defender bienes materiales y cuando los polic\u00edas se encontraban en actividad pero fuera de servicio.<\/p>\n
El dato m\u00e1s grave de la letalidad policial, porque da cuenta de la utilizaci\u00f3n desmedida, sin relaci\u00f3n a la amenaza planteada, irracional e ilegal: S\u00f3lo el 1% de las intervenciones fueron en circunstancias en las que estaba en riesgo la vida de otras personas.<\/p>\n
Durante este mismo periodo se registraron 22 femicidios policiales. Ese n\u00famero representa casi la mitad de las de las v\u00edctimas mujeres por uso letal de la fuerza (45).<\/p>\n
Violaci\u00f3n de derechos humanos en comisar\u00edas<\/strong><\/p>\nLas medidas tomadas por la gesti\u00f3n iniciada en diciembre de 2019 profundizaron las pol\u00edticas que generaron el colapso en dependencias policiales.<\/p>\n
El promedio anual de las personas detenidas en 2020 fue de 4.849, mientras que el promedio anual para 2019 fue de 3.675. En noviembre de 2020 fue el peor momento: 5.661 detenidos en 1.265 plazas, lo que represent\u00f3 una tasa de sobrepoblaci\u00f3n del 347%, la m\u00e1s alta en 15 a\u00f1os.<\/p>\n
El otro rasgo de ilegalidad que se mantiene sin cambios es la permanencia de personas detenidas en comisar\u00edas clausuradas. A diciembre de 2020 se informaron 304 comisar\u00edas ocupadas, de las cuales el 43% (131) se encontraban inhabilitadas (por orden ministerial o judicial) para alojar personas. Sin embargo, en esta condici\u00f3n alojaban al 36% del total de personas detenidas.<\/p>\n
Durante el periodo 2016-2020 fueron 104 las personas fallecidas. De este total, 18 murieron durante el 2020 y cinco de las v\u00edctimas se encontraban alojados en dependencias clausuradas<\/p>\n
Ineficacia de los controles internos y externos<\/strong><\/p>\nDesde el 2015 est\u00e1n vigentes las medidas cautelares de la CIDH por la situaci\u00f3n en comisar\u00edas bonaerenses; el a\u00f1o pasado se cre\u00f3 una mesa de seguimiento para fijas pautas y medidas concretas que permitieran encauzar el cumplimiento del Estado. Sin embargo, no se lograron avances concretos y fue notoria la falta de disposici\u00f3n del Ministerio de Seguridad que no particip\u00f3 de la mayor\u00eda de las reuniones y cuando lo hizo fue con funcionarios sin poder para tomar decisiones. La misma actitud tuvo la Procuraci\u00f3n General y la Corte Bonaerense.<\/p>\n
En ese escenario, las comisar\u00edas cauteladas no s\u00f3lo continuaron alojando personas sino que la poblaci\u00f3n detenida en dichas dependencias fue en aumento: a diciembre de 2020, 19 de las 21 comisar\u00edas cauteladas alojaban personas detenidas.<\/p>\n
El gobierno provincial tampoco acat\u00f3 la sentencia del Tribunal de Casaci\u00f3n Penal, a ra\u00edz de un habeas corpus presentado por la CPM. En ese marco, los planes presentados por los ministerios de Seguridad y Justicia no representaron m\u00e1s que un compromiso para trasladar personas alojadas en comisar\u00edas cauteladas y clausuradas a la \u00f3rbita del servicio penitenciario. La meta plasmada en el plan dec\u00eda que al 29\/01\/2021 estar\u00edan vac\u00edas, al d\u00eda de hoy no se cumpli\u00f3.<\/p>\n
A pesar de reconocer el riesgo de vida y la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos humanos de las personas detenidas en dependencias policiales, las propuestas para remediarla est\u00e1n lejos de modificar la pol\u00edtica criminal como marco estructural para bajar el \u00edndice de prisionizaci\u00f3n y la cantidad de aprehensiones policiales arbitrarias; por el contrario, se centran en promesas de respuestas paliativas como mejorar las condiciones edilicias y aumentar las plazas.<\/p>\n<\/div>
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