Pol\u00edticas de justicia<\/strong><\/p>\nLa aguda crisis institucional del sistema de justicia nacional y provincial requiere de cambios, entre otros asuntos, en los mecanismos de selecci\u00f3n y designaci\u00f3n de los jueces y funcionarios judiciales, su remoci\u00f3n, y mecanismos disciplinarios e instancias parlamentarias de seguimiento del funcionamiento judicial.<\/p>\n
La CPM ha realizado una serie de presentaciones ante la Corte bonaerense respecto de diferentes casos que sugieren el funcionamiento irregular y arbitrario en algunas jurisdicciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal: pr\u00e1cticas de hostigamiento en perjuicio de jueces independientes, la posible injerencia ilegal de agentes de inteligencia en causas instruidas en jurisdicci\u00f3n provincial y el armado de causas, entre otros hechos de evidente gravedad institucional.<\/p>\n
Otro elemento central a la hora de discutir una transformaci\u00f3n urgente de la justicia es la necesidad de incorporar la perspectiva de g\u00e9nero a la labor jurisdiccional. Es sabido que las normas y leyes reproducen estereotipos machistas y discriminatorios, pero estos estereotipos provienen generalmente de las interpretaciones de quienes imparten justicia y las constituyen en sentencias. La perspectiva de g\u00e9nero implica cumplir la obligaci\u00f3n constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando relaciones asim\u00e9tricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, y visibilizando estereotipos discriminatorios de g\u00e9nero en la producci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa y en la valoraci\u00f3n de hechos y pruebas.<\/p>\n
El otro elemento, que nos ocupa muy particularmente en calidad de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, es el deficiente y, en muchos casos, c\u00f3mplice funcionamiento de la justicia en las casusas de violencia institucional.<\/p>\n
Para ello no ayuda la lenta y deficiente implementaci\u00f3n de la ley provincial 14.687 de violencia institucional, promulgada en 2015, que busc\u00f3 crear agencias especializadas para la investigaci\u00f3n y condena de estos delitos. Al d\u00eda de hoy, s\u00f3lo existen 8 dependencias judiciales dedicadas a esta especialidad.<\/p>\n
De acuerdo a los informes del Registro de Violencia Institucional, entre 2014 y el primer semestre de 2020 se iniciaron 27.136 causas por presuntos delitos enmarcados en la mencionada ley. Estas 27 mil causas representan apenas el 0,5% del total de causas iniciadas en el fuero criminal correccional.<\/p>\n
De esas 27 mil, 9.358 causas corresponde al periodo entre 2018 y primer semestre del 2020: en menos de la mitad los autores fueron sindicados (43%) y apenas 253 (3%) fueron imputados formalmente. \u00bfC\u00f3mo finalizan las causas de violencia institucional? De cada diez causas finalizadas en el per\u00edodo 2018-2020, nueve se resolvieron mediante el archivo (62%) o la desestimaci\u00f3n (28%). S\u00f3lo el 2% fueron elevadas a juicio oral.<\/p>\n
Otra porci\u00f3n de hechos ni siquiera llegan a investigarse bajo ese marco legal, como es el caso de las muertes producidas por agentes policiales en territorio provincial: entre 2018 y 2019 la CPM relev\u00f3 264 casos y el Ministerio P\u00fablico Fiscal s\u00f3lo registr\u00f3 29 car\u00e1tulas de \u201chomicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad\u201d.<\/p>\n
Entre 2018 y el primer semestre de 2020, s\u00f3lo se investigaron 14 delitos de tortura, una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica y expandida en todos los lugares de encierro. Por el contrario, dos de cada tres causas se caratularon como severidades, vejaciones y\/o apremios ilegales, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico, delitos que prev\u00e9n penas comparativamente menores.<\/p>\n
Litigio colectivo<\/strong><\/p>\nDurante 2020 la CPM present\u00f3 120 acciones colectivas por agravamiento de las condiciones de detenci\u00f3n en c\u00e1rceles, comisar\u00edas y alcald\u00edas. En un a\u00f1o atravesado por la pandemia, el impacto en los lugares de encierro puso de relieve nuevamente un sistema de encarcelamientos que sostiene estructuralmente la tortura y los malos tratos, vulnerando todos los derechos humanos de las personas detenidas. En definitiva, las malas condiciones preexistentes continuaron y el contexto de la pandemia agrav\u00f3 vulneraciones previas.<\/p>\n
La CPM ha sido pionera en el \u00e1mbito local en la promoci\u00f3n de procesos constitucionales de alcance colectivo. Estos han sido reconocidos por la misma Corte bonaerense. El proceso colectivo satisface de mejor manera la garant\u00eda constitucional de acceso a la justicia, removiendo obst\u00e1culos econ\u00f3micos (muchas personas no tienen acceso a la justicia en virtud de su situaci\u00f3n de pobreza), organizativos (el grupo es tan numeroso que resulta impracticable llevarlos a todos a juicio) y procesales (los procedimientos tradicionales son ineficaces para encauzar estos intereses).<\/p>\n
La pr\u00e1ctica judicial monitoreada por la CPM da cuenta de que, luego de dictadas las sentencias en los procesos de h\u00e1beas corpus colectivos, en la mayor\u00eda de los casos los expedientes son archivados en forma autom\u00e1tica sin controlar el cumplimiento de la sentencia y denegando los pedidos de ejecuci\u00f3n. De este modo, ante planteos de incumplimiento o denuncia de nuevos hechos, se inician nuevos expedientes ante juzgados o tribunales diferentes, lo que favorece la proliferaci\u00f3n de litigios y el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional y de recursos.<\/p>\n
Ser\u00eda deseable que el Poder Legislativo y la SCJBA modificaran el sistema de registro de procesos colectivos incluyendo al h\u00e1beas corpus colectivo en el que se ventilen pretensiones que involucren derechos de personas detenidas. Ello es relevante en sistemas legales donde ha proliferado el derecho declarativo, pero no hay una decisi\u00f3n concreta de implementaci\u00f3n.<\/p>\n
Esto \u00faltimo se manifest\u00f3 durante 2020, cuando la SCJBA, en interpretaci\u00f3n regresiva de su doctrina legal primigenia, desconoci\u00f3 el car\u00e1cter colectivo del planteo ventilado en el \u00abfallo Violini\u00bb. En vez de procesar el conflicto como colectivo, delineando en un \u00fanico pronunciamiento los postulados b\u00e1sicos a tener en cuenta para resolver los innumerables planteos que le fueran presentados, oblig\u00f3 a las casi 50.000 personas privadas de su libertad a litigar en forma individual con las consecuencias que ello represent\u00f3 para un sistema de administraci\u00f3n de justicia en crisis, evidentemente saturado.<\/p>\n<\/div>
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