En los últimos 20 años las reformas legislativas promovidas por los sucesivos gobiernos, compartidas y aplicadas por el poder judicial, más un creciente plafón de discursos mediáticos punitivistas endurecieron el tratamiento estatal del problema de la seguridad y extendieron el alcance del sistema penal.
Esto incluye el incremento de penas, la reducción de garantías procesales, la delegación de la investigación judicial en la policía, la saturación policial y el empleo de fuerzas militarizadas para la ocupación de los territorios, la expansión de las fiscalías y el debilitamiento de la defensa pública, el incremento de la tasa de encarcelamiento a valores inéditos y, como consecuencia, la vulneración sistemática de los derechos más elementales de las personas alcanzadas por el sistema penal.

A pesar del crecimiento en la utilización del juicio abreviado, la prisión preventiva continúa siendo una medida generalizada, a tal punto que explica el 86% de los ingresos al SPB. La tasa de personas detenidas sin condena es mayor en el caso de las mujeres y las personas trans y travestis.

Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso penal: la retención también automática del sistema penal. Entran cada vez más y salen cada vez menos. En cuanto a las personas condenadas, entre 2017-2021 los juzgados provinciales de ejecución penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de acceso a institutos progresivos en la ejecución de la pena.