Sección inicial
Acciones del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en 2021
SOBRE ESTA SECCIÓN
Política criminal
A la luz del crecimiento exponencial del sistema penal, desde fines de 2019 a la actualidad se constata el fracaso de las iniciativas del actual gobierno provincial (Mesa Interinstitucional de Diálogo, por ejemplo) y de las audiencias convocadas por la Cámara de Casación Penal Federal para reducir el hacinamiento en comisarías. Tras la pandemia, la política criminal sobrevivió intacta.
Durante 2021 el MPF inició 847.173 investigaciones contra mayores de 18 años, equivalentes a 6700 investigaciones abiertas por cada 100.000 adultos de la población de la provincia. Por otro lado, se ordenaron 39.125 privaciones de libertad basadas principalmente en sumarios confeccionados por la policía: 90 % del total. En contraposición, persiste la deficiente investigación de la violencia institucional: las causas abiertas entre 2014 y 2020 por violencia institucional representan el 0,5% del total de investigaciones penales iniciadas.
La promoción judicial del encierro es otra de las constantes: a diciembre de 2021 sólo el 46% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme. Aproximadamente el 16 % ingresa a la cárcel con condena, y en promedio las personas pasan 344 días encarceladas hasta la sentencia de primera instancia.
Al igual que la prisión preventiva, también se ha convertido en regla el uso abreviado, un instituto que afecta las garantías del debido proceso y para el cual el MPF destina el doble de personas para acusar -545 agentes fiscales- que para defender -269 defensores-. Entre 2013 y 2021, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado. En el extremo opuesto se suma otro problema: entre 2017-2021 los juzgados de ejecución penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de acceso a institutos progresivos en la ejecución de la pena, lo que impacta directamente en la tasa de encarcelamiento de la Provincia -un 66 % más alta que hace 10 años y con 428 personas mayores de 18 años cada 100.000-.
En cuanto a población detenida en comisarías, 2020 y 2021 presentan las cifras más altas desde 2006, con índice de sobrepoblación de 222 % en el último año. En cárceles, con 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas, se registró una sobrepoblación de 111 %. Como se explica en este capítulo, el problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar. Entre 2001 y 2021 se crearon 11.800 plazas y la población detenida creció en 29.500 personas. Sobre este cuadro, cabe señalar la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que, desde el 3 de mayo de 2005, incumple una sentencia emblemática dictada por la Corte Suprema de la Nación que fijó estándares mínimos para las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires. Desde 2005 a la actualidad la vulneración de derechos humanos es notablemente peor.