SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de control de la corrupción y la inteligencia ilegal
La combinación sistemática de actos de corrupción y de tortura afecta derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad y de las víctimas de violencia policial-judicial. Existe, por lo tanto, un vínculo inextricable entre la tortura, la violación de derechos humanos en general y la corrupción.
Violencia carcelaria y corrupción
En el sistema penitenciario, los actos de corrupción son de carácter estructural: están insertas en su andamiaje burocrático, son naturalizadas por los agentes y autoridades, y padecidas por las personas privadas de libertad, familiares y allegados.
El cuadro de corrupción, hacinamiento y violencia se reitera en todas las cárceles bonaerenses: venta de pabellones, camas, colchones, comida, visitas íntimas, carnets y/o permisos laborales, educativos o recreativos, estupefacientes e incluso graves denuncias por hechos de trata, entre otras, resultan prácticas regulares, con la dirección, anuencia y/o complicidad de las autoridades penitenciarias.
Durante la actual gestión de gobierno se implementó una política activa en materia de investigación de este tipo de hechos, a cargo de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el último año se iniciaron 584 sumarios administrativos contra funcionarios penitenciarios por hechos de corrupción y tenencia y/o comercialización de estupefacientes. Muchas de estas denuncias motivaron la adopción de sanciones. En este marco, por ejemplo, en agosto de 2021 se removió de sus cargos a la cúpula de oficiales que dirigía la Unidad 1 de Olmos.
No obstantes, es necesaria una urgente revisión de la estrategia de prevención, investigación y control por parte de los organismos públicos competentes y una jerarquización e independencia del esquema contralor, ante la magnitud y sistematicidad de la problemática.
Violencia policial-judicial y corrupción
Los mercados ilegales y el crimen organizado son, en gran medida, gestionados por una trama policial-judicial. No estamos ante hechos aislados o puntuales de determinados agentes y/o funcionarios con conductas irregulares, sino que estas prácticas funcionan dentro de un esquema sistémico, rutinario y recurrente de las fuerzas policiales. En muchos casos, en estrecha conexión con funcionarios judiciales (como se desprende del caso del fiscal Claudio Scapolán y el personal de su fiscalía imputados), que validan investigaciones irregulares y habilitan una batería de acciones discrecionales, tales como tareas investigativas desprovistas de evidencia o pistas falsas en base a escuchas telefónicas. Una de las prácticas más eficaces es el armado y/o fraguado de causas penales, extorsiones y/o exigencias monetarias.
Según información del Registro de expulsados e inhabilitados de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, en el período 2015-2021 fueron expulsados de la Policía de la provincia de Buenos Aires 2.772 agentes. Luego de un pico de expulsiones en 2018, se nota una descenso paulatino, con 301 expulsados en 2020 y 182 hasta junio de 2021.
La mayor cantidad de expulsiones de personal policial correspondió a abandono de servicio, seguido por las categorías de connivencia o participación en crímenes comunes, infracciones de contenido patrimonial, violencia policial, irregularidades funcionales graves en dependencias, violencia de género y corrupción.
Inteligencia ilegal e informes de la CPM a la Comisión Bicameral
A lo largo de 2021, la apertura y el trámite de numerosas causas judiciales en las que se investigan hechos vinculados a inteligencia ilegal muestran la magnitud del aparato de espionaje montado por los gobiernos nacional y provincial en el período 2015-2019. Asimismo, reflejan la profunda crisis que atraviesa el sistema de inteligencia desde larga data y su impacto en los subsistemas de inteligencia criminal y de las provincias. Desde 1983 a la actualidad, las agencias encargadas de producir inteligencia funcionaron como instrumentos polivalentes al servicio del poder de turno para la producción de inteligencia política.
Como dijimos en informes anteriores, la intervención de la AFI y la designación de Cristina Caamaño, que llevó a cabo una política de saneamiento y transparencia del accionar de este organismo, es un punto de partida para consolidar otra institucionalidad en este tema. A pesar del importante cúmulo de pruebas documentales y testimoniales y la inusitada gravedad de los hechos, el avance de las causas se vio frenado por el corporativismo judicial que, con epicentro en los tribunales federales de Comodoro Py, ha funcionado como dispositivo de protección política y judicial de muchos de los imputados.
En mayo del 2021 la CPM presentó un informe ante la Comisión bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia que propone algunos ejes para la discusión de una reforma integral del sistema nacional de inteligencia. El rol de las bases de la AFI a cargo de personal policial retirado, sus objetivos de inteligencia, el espionaje ilegal dentro de establecimientos penitenciarios así como la penetración en la justicia provincial del sistema de inteligencia ilegal, montado a nivel nacional en articulación con sectores del Ministerio Público Fiscal de la provincia, son algunos de los principales puntos.
Todavía resta una profunda reforma que se traduzca en una nueva normativa en pos de respetar los derechos fundamentales y garantías.