SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de Niñez
Sistema de promoción y protección
Durante el último año, 61.682 niños, niñas y jóvenes (NNyJ) fueron abordados por el Sistema de Promoción y Protección de Derechos (SPPD), un incremento del 20% en relación al 2020. La inmensa mayoría de estos NNyJ fueron alojados en dispositivos no oficiales, lo que evidencia la escasez de recursos del Estado para dar respuesta a los problemas del sector y deriva en una supervisión deficiente de los convenios debido a la cantidad de dispositivos para auditar.
Por otra parte, el porcentaje de egresos durante este período fue inferior al de ingresos, tendencia opuesta al informe del año anterior. Más de la cuarta parte de los egresos (26,5%), se produjeron por “abandono unilateral” de la medida, un panorama desalentador sobre el estado del SPPD porque se trata de NNyJ expulsados del sistema por falta de intervenciones restitutivas y/o ausencia de recursos y abordajes alternativos que los contengan.
Las inspecciones realizadas a los hogares convivenciales dieron cuenta de que los NNyJ son víctimas de violencia por parte funcionarios responsables. En otros muchos casos, los operadores o trabajadores además de estar precarizados no cuentan con la formación profesional necesaria para el abordaje de situaciones complejas y desconocen los protocolos de actuación. A esto se suma el hacinamiento y las malas condiciones edilicias de los hogares producto de años de desfinanciamiento.
Existe también una afectación grave al derecho de acceso a la justicia y a la información, en general los NNyJ no tienen conocimiento de su situación, contacto con juzgados y/o asesorías, ni participación en decisiones que los involucran directamente, todo en completa violación a las normativas vigentes.
Ante la ausencia de un proyecto institucional, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) no logra garantizar un piso mínimo de derechos para el abordaje de NNyJ. Así persiste el paradigma del viejo patronato y la ausencia de perspectiva en clave de promoción y protección de derechos.
En este marco, lo habitual es que los NNyJ crezcan en la institución hasta que llegan a la mayoría de edad sin ningún avance en la revinculación familiar o el proceso judicial de adopción y suelen ser derivados a hogares de personas adultas. La institucionalización resulta así el único abordaje que ofrece el Estado.
Niñez encarcelada
En el fuero de responsabilidad penal juvenil, se mantiene el diagnóstico de años anteriores: no se respeta el principio de especialidad del fuero, ausencia de comunicación periódica de los defensores y juzgados y traslado de jóvenes a unidades penales del SPB.
A diciembre del 2021, la cantidad de población encerrada ascendía a 516 jóvenes; de ese total, 24 son no punibles, es decir niños y niñas de 15 o menos años. Otro dato alarmante, a pesar que las sentencias y condenas por juicio abreviados aumentaron, el 56% de la población detenida se encuentra bajo medidas cautelares.
Al mismo tiempo, preocupa la cantidad de jóvenes cumpliendo medidas de privación o restricción de la libertad sin contacto previo con el sistema de promoción y protección de derechos. Esto implica desnaturalizar un sistema cuya idea principal es la promoción y protección de derechos y no el castigo. En 2021 eran 378 (73%) los jóvenes encerrados en el sistema penal que no habían tenido contacto con el SPPD.
Según el informe REINA (registro integral de niñez y adolescencia del OPNyA), a diciembre de 2021 el 78% de los NNyJ privados de libertad estaban en centros cerrados o de recepción, dispositivos de régimen cerrado por lo que tampoco se acude a dispositivos de encierro que aminoren el nivel de control.
La tortura, los malos tratos y las diferentes violencias a las que se expone a jóvenes muestran el creciente proceso de carcelización que atraviesan estos lugares de encierro. Las condiciones de detención y el deficiente acceso a la salud mental confluyen para generar un estado de situación alarmante, cuyo indicador más relevante son actos en las que los jóvenes ponen en riesgo su propia vida. Suicidios, tentativas de suicidio y autolesiones, dan cuenta de un sistema penal juvenil de encierro cada vez más parecido al sistema penal de adultos en cuanto al tratamiento, la falta de escucha, la falta normativas comunes y las discrecionalidades.
Otro recurso habitual es establecer como medida morigeratoria el alojamiento del joven en una comunidad terapéutica conveniada con el OPNyA. Sin embargo, las experiencias de monitoreo en estos espacios dan cuenta de las malas condiciones de alojamiento, y los graves hechos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes que se desarrollan: aislamiento, incomunicación, sujeción mecánica, sobremedicación, tercerización de la violencia, irregularidad de las historias clínicas, falta de monitoreo y control de legalidad, y fallecimientos.