SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de salud mental
En las políticas de salud mental se vislumbran avances significativos en el camino a la sustitución y cierre de los manicomios y el cumplimiento de la ley nacional de salud mental (LNSM) 26.657.
Los cuatro hospitales neuropsiquiátricos monovalentes, Colonia Domingo Cabred (Open Door), José Esteves (Temperley), Alejandro Korn (Melchor Romero, La Plata) y Domingo Taraborelli (Necochea) presentaron planes de adecuación durante el año 2021, y se encuentran en pleno proceso de readecuación a la LNSM. Las gestiones anteriores al frente del Ministerio de Salud no dieron prioridad al cumplimiento de la ley que ordenaba para 2020 la efectiva sustitución y cierre de los hospitales.
En tal sentido, actualmente se ha constatado el cierre de varias salas de internación así como el sostenido descenso de la población alojada en dichos dispositivos: 2.225 en 2015 y aproximadamente 1.300 en 2021, una disminución de 42% en seis años. También se ha reducido la cantidad de fallecimientos: 92 en 2015 y 54 en 2021.
No obstante 9 de cada 10 personas alojadas en los hospitales neuropsiquiátricos están encerradas de manera involuntaria y el 25 por ciento de ellas con más de 20 años de internación continuada. Por otra parte, persiste un alto porcentaje de reinternaciones, que constituyen el 43% de los ingresos, lo que demuestra que parte de las externaciones no resultan sustentables, ya sea por falta de dispositivos y personal adecuado o por déficit habitacional entre los usuarios del sistema de salud mental.
En algunos dispositivos se relevaron casos de usuarios que desconocían el plan farmacológico que les administraban o que no realizaban actividades recreativas o terapéuticas. También, la aplicación arbitraria de la sujeción mecánica de parte de los profesionales, en virtud de la falta de una regulación precisa de esta práctica.
Otro aspecto que debe regularse con precisión es la intervención policial ante personas con padecimiento mental en crisis en la vía pública. En situaciones relevadas por la CPM, los agentes policiales detienen a la persona y la alojan en las comisarías aplicando golpes y torturas para controlar la situación de crisis, en lugar de intervenir el personal sanitario y trasladar a la persona a un hospital. Esto ocurre muchas veces por la falta de voluntad de los servicios de emergencia de ocuparse de estas personas.
En cuanto a los institutos neuropsiquiátricos de seguridad, funcionan dos en la Provincia: uno en la Unidad Penal 34, que a fines de 2021 alojaba a 478 hombres, y otro en la UP 45, con 40 mujeres, ambos situados en la localidad de Melchor Romero (La Plata). Estas unidades no dependen del Ministerio de Salud sino de la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia, y están desconectadas del resto del sistema público de salud. En las inspecciones realizadas durante 2021 se relevó: intervención farmacológica sin fines terapéuticos, las personas no tenían registro del personal profesional de salud mental, no existía trabajo interdisciplinario y se identificaron personas detenidas sin criterio de permanencia. También se constató sobremedicación, sujeción mecánica y largos períodos de aislamiento, prácticas de torturas y malos tratos que se utilizan de manera sistemática y que conviven con las precarias condiciones materiales de alojamiento. A esto se suma la permanencia del encierro: durante 2021, ocho personas siguieron privadas ilegítimamente de su libertad en la UP 34 por falta de recursos económicos y contención familiar.
Por otra parte, este informe examina las comunidades terapéuticas, clínicas neuropsiquiátricas y todo tipo de dispositivo privado que restrinja la libertad a personas por razones de salud mental, instituciones que al cubrir un vacío de las políticas públicas terminan creando una total discrecionalidad y falta de control alarmantes: no existe un registro de estas comunidades ni estándares para su habilitación. Son instituciones que cubren un vacío de las políticas públicas; algunas funcionan de manera adecuada, pero en muchos casos se violan los derechos humanos sin control judicial alguno.
En una inspección en abril de 2021 a la Fundación Candil, de Pilar, la CPM constató casos de sobremedicación con el objeto de disciplinar y controlar a los usuarios. También aislamientos constantes y violencia; medidas de castigo; afectación del vínculo familiar; mala alimentación; y un médico clínico que asistía cada 15 días. Contextos similares de vulneración sistemática de derechos fueron advertidos en las comunidades terapéuticas San Antonio, de Pilar; Cumelén, de Olavarría; y Proyecto Universo, de La Plata. Resulta alarmante que se haya relevado en algunas de estas instituciones la presencia de personas menores alojadas con personas adultas.
En cuanto a las muertes de personas internadas en dispositivos de salud mental, durante 2021 se registraron 161 fallecimientos, contra 233 ocurridas en 2020. Sólo en la UP 34 de Melchor Romero, considerada formalmente unidad neuropsiquiátrica para varones, se registraron 7 suicidios en los últimos 6 años además de 47 autolesiones en el mismo período y al menos 4 tentativas de suicidio. Entre agosto de 2020 y marzo de 2021 se produjeron 3 suicidios, en todos los casos las personas fueron encontradas muertas en su celda mientras permanecían sometidas a régimen de aislamiento extremo.