SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de seguridad
Las políticas de seguridad continuaron centradas en la idea de saturación policial en los territorios, expresada en anuncios de incorporar en dos años 40.000 nuevos policías, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumarían a los casi 100.000 con que cuenta la Bonaerense. También se anunciaron instancias de formación, práctica de tiro y de manejo, pero inscriptas en la misma matriz: la retórica discursiva de presentar batalla y hacer la guerra, asociada a las manifestaciones o barrios populares, como puede verse en la comunicación oficial de Fuerza Buenos Aires.
En ese contexto, la violencia policial se presenta de manera cotidiana y extendida en todo el territorio de la Provincia. Durante 2021 abordamos 398 casos que involucraron a 466 víctimas individuales (de las cuales más del 15 por ciento fueron niñas, niños y jóvenes) y se intervino en 29 hechos con víctimas colectivas e indeterminadas. Con respecto a las prácticas policiales, la violencia física se constituyó en la más denunciada (162 ocasiones) y la segunda fue el uso letal de la fuerza (con 97 ocasiones).
Las muertes producidas por la intervención policial representan la consecuencia más grave de las rutinas o prácticas policiales. De acuerdo a los registros de la CPM, en la serie 2016-2021 hubo 742 muertes, 1 cada 3 días. En este marco, sólo el año pasado se registraron 120 muertes producidas por policías, de las cuales 25 víctimas eran menores de edad. Asimismo, 59 de los 120 casos fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial. Estos datos muestran la necesidad de derogar el estado policial porque no impacta en la prevención del delito pero sí en la letalidad de las acciones policiales.
Otro aspecto analizado en este informe son los mercados ilegales y el crimen organizado, gestionados en gran medida por una trama policial-judicial. No estamos ante hechos aislados o puntuales de determinados agentes y/o funcionarios con conductas irregulares, sino que estas prácticas funcionan dentro de un esquema sistémico, rutinario y recurrente de las fuerzas policiales. En muchos casos, en estrecha conexión con funcionarios judiciales (como se desprende del caso del fiscal Claudio Scapolán y el personal de su fiscalía), que validan investigaciones irregulares y habilitan una batería de acciones discrecionales, tales como tareas investigativas desprovistas de evidencia o pistas falsas en base a escuchas telefónicas. Una de las prácticas más eficaces es el armado y/o fraguado de causas penales, extorsiones y/o exigencias monetarias.
Con respecto al armado y fraguado de causas penales, la CPM recibió 57 denuncias durante 2021 y de su análisis vuelve a surgir el rol de la justicia en la convalidación del discurso policial-fiscal. Sobre este tema, se observa en los distintos casos una serie de irregularidades comunes tales como el inicio de la investigación mediante denuncias anónimas y la delegación de la investigación en la policía; entre otras.
Por último, en esta sección se detalla, a partir del trabajo de la CPM en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el grave cuadro de violaciones a los derechos humanos en comisarías, en las que al finalizar el 2021 había 4.445 personas detenidas. Si bien se registra un descenso del 6,5% en relación a diciembre de 2020 (314 personas menos), el promedio de alojamiento en 2021 fue de 4.500 personas por mes. Y como dato de contexto, en los últimos 10 años (2012-2021) la población detenida en comisarías casi se cuadriplicó, aumentó un 397%.
En cuanto a la sobrepoblación en comisarías, en 2021 fue de 222 %, aunque si se contabilizan solo aquellas dependencias que efectivamente alojaban personas la sobrepoblación registrada alcanza el 232 %. Hubo 9 comisarías con más de 400% de sobrepoblación y una de ellas en particular informó poseer capacidad para 1 persona y alojaba 17.
Este cuadro de vulneración de derechos se expresa también en las 35 acciones colectivas presentadas por la CPM en 2021 por hacinamiento en comisarías, además de las deficiencias en la atención médica, las inhumanas condiciones de detención, la presencia de personas enfermas o mayores de 60 años y las requisas violentas, entre otras problemáticas. Bajo estas condiciones, las muertes en comisarías son una constante: 25 muertes se produjeron el año pasado, y en los últimos 10 se registraron 187 en dependencias policiales de la Provincia. La mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas para alojar personas.
Hace 25 años la Suprema Corte provincial dispuso por primera vez la prohibición de alojamiento de menores en comisarías. Luego diversas resoluciones y acuerdos del máximo tribunal provincial, e incluso de la Corte nacional, lo reiteraron haciendo extensiva la prohibición a personas enfermas, mujeres embarazadas o mayores de 65 años, remarcando también que las comisarías debían alojar personas por poco tiempo. Nada de esto se cumple: se siguen alojando menores -hemos relevado casos de niños/as de 8 años-, personas enfermas que incluso mueren en las comisarias, mujeres embarazadas y adultos mayores. Muchas personas permanecen varios meses en estos lugares. El poder judicial ordena, los gobiernos incumplen, el poder judicial no hace cumplir sus decisiones, pero vuelve a ordenar lo que nuevamente será incumplido. Un circuito recurrente naturalizado por los poderes estatales que reproduce graves violaciones de derechos humanos sin ninguna consecuencia.