SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas penitenciarias
La cantidad de personas detenidas en cárceles y alcaidías siguió creciendo: en diciembre de 2021 ascendió a 49.662 personas contra 45.392 de diciembre de 2020. Esto elevó la tasa de encarcelamiento a 306 personas cada 100.000 habitantes, contra 284 de diciembre de 2020.
Como respuesta a esta situación crítica, el Ministerio de Justicia centró sus acciones en la construcción de más plazas penitenciarias. Otras gestiones de gobierno pusieron el mismo énfasis: entre 2001 y 2021 se crearon 11.800 plazas y la población detenida aumentó en 29.500 personas. El año pasado, en 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas se registró una sobrepoblación de 111%. El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar. Si la tasa de encarcelamiento no disminuye, no será posible bajar estos índices.
Por otra parte, la tortura sigue siendo una práctica sistemática en estos lugares de detención, sin que se hayan implementado políticas para su prevención, sanción o asistencia de las víctimas. En 2021 la CPM registró 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales. Estos se relevaron a partir de 386 inspecciones, sumado a las entrevistas en sede o telefónicas que realizaron los equipos de este organismo, y las organizaciones de familiares y ex detenidos que integran el programa Punto Denuncia Torturas. Entre todos los dispositivos se realizaron 40.559 entrevistas con personas detenidas o sus familiares, que derivaron en 25.562 presentaciones individuales (habeas corpus y escritos urgentes) ante los órganos judiciales correspondientes y 199 habeas corpus colectivos o ampliaciones. Entre los problemas denunciados se destacan la falta de acceso a la justicia (21 %), la afectación del vínculo familiar (20 %) y la falta o deficiente asistencia sanitaria (17 %).
Torturas y malos tratos
Sobre una muestra de 416 casos respecto al total, el Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) analizó sus características, zonas y lugares de ocurrencia y frecuencias, entre otros aspectos de estos hechos de violencia.
En materia de salud, la desatención por parte de profesionales y la falta de continuidad a tratamientos prescriptos son los principales problemas denunciados. En más de 120 casos las víctimas habían sido diagnosticadas antes de ser detenidas y su tratamiento se suspendió por el encarcelamiento. Además, se detectaron situaciones de espera de más de 1 año para recibir revisión médica.
En cuanto al aislamiento, en 2021 se detectaron 332 casos, con preeminencia de duración de 1 a 7 días (128 casos, 43 % del total) y al menos 10 personas que padecieron el aislamiento continuo durante más de 180 días. En el 92,7 % de los hechos denunciados, las personas permanecieron en sus celdas las 24 horas de cada día que duró el aislamiento.
Otro de los aspectos analizados por el RNCT es el impedimento de vinculación familiar y social, con 273 víctimas que fueron alojados en unidades penales lejanas a sus domicilios o se le negaron salidas extramuros, entre otros motivos. Más del 40 % sufrió la desvinculación durante más de un año ininterrumpido.
Por otra parte, casi el 70 % del total de la muestra denunció haber pasado hambre y 57 personas fueron víctimas de agresiones físicas, con golpizas por parte de hasta 12 penitenciarios en simultáneo sobre una misma víctima. Traslados constantes, requisas personales vejatorias, robo y/o daños de pertenencias y traslados gravosos son los otros ejes de violencia analizados en el marco del RNCT.
Encierro y disciplinamiento patriarcal
A fin de 2021, había 2.405 mujeres y 112 personas trans y travestis detenidas en el SPB, el 5% del total de la población detenida. Ambas poblaciones aumentaron con respecto a 2020. En el caso de las mujeres detenidas, el SPB tiene un cupo estipulado para 1.057 personas, esto significa que en 2021 la sobrepoblación de mujeres en las cárceles bonaerenses fue del 60%, aumentando 23 puntos con respecto a 2020.
Como denunció la CPM en informes anteriores, persiste la sistematicidad y el carácter diferencial de las vulneraciones de derechos sobre mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ como, por ejemplo, en la cantidad de personas detenidas sin condena: en el caso de mujeres asciende a 59,8 el porcentaje de procesadas y encarceladas, y en la población trans y travestis asciende a 73,2, frente al 52,5 % en el caso de los varones.
El sistema carcelario tiene 20 espacios destinados a alojar mujeres cis y personas trans y travestis, la mayoría se trata de anexos en cárceles de varones, por lo que se ven limitadas en la circulación por la unidad y las actividades que pueden realizar. Además, el principal problema expresado es la falta de atención a la salud y los controles ginecológicos ya que no había personal especializado en la unidad pero tampoco eran llevadas al hospital. Y en el caso de las personas trans, el incumplimiento de los tratamientos de hormonización.
Al finalizar el 2021, el SPB alojaba 50 mujeres embarazadas o viviendo con sus hijas/os: 20 estaban embarazadas y 30 junto a sus hijas/os. La población aumentó después del marcado descenso de 2020, vinculado con las medidas adoptadas tanto por la pandemia como por instancias interinstitucionales constituidas para tal fin, pero sin llegar a los niveles de los años anteriores. Entre las principales denuncia, se señala la deficitaria o inexistente atención a la salud de mujeres gestantes, la falta de alimentación adecuada para ellas y sus hijos e hijas en el encierro y la falta de privacidad.
Gestión de la violencia y muertes bajo custodia del SPB
La violencia en la cárcel se explica fundamentalmente por las inhumanas condiciones de detención, por la crudeza de los regímenes de vida, y por la gestión penitenciaria de los conflictos que estas condiciones generan. Entre 2016-2021 más de 33.000 personas fueron víctimas de hechos de violencia o padecieron lesiones en las cárceles bonaerenses y la muerte evitable es una posibilidad cercana para las personas detenidas bajo custodia del SPB.
Entre 2008 y 2021 se produjeron 1.968 muertes en cárceles y alcaidías bonaerenses, un promedio de 141 muertes por año, 12 por mes. En 2021, 199 personas murieron en cárceles provinciales contra 178 en 2020. De estas 199 muertes, 8 de cada 10 ocurrieron por problemas de salud no asistidos. Esto confirma la necesidad de hacer lugar al planteo sostenido por la CPM en cuanto al necesario traspaso de la Dirección de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales. Esto constituye una palmaria desigualdad ante la ley de las personas detenidas a las que el Estado provincial no atiende en igualdad de condiciones que al resto de la población. Esta desigualdad se manifestó en la campaña de vacunación contra el Covid-19: mientras avanzaba para toda la sociedad, no se ponía en práctica en cárceles y comisarías.
Por otra parte, en los últimos tres años el suicidio en las cárceles se constituyó en la segunda causa de muerte, sólo en 2021 se registraron 18 suicidios (9,2 % del total de muertes). Como contexto general se debe tener en cuenta que el SPB registró, en 2021, 1.544 hechos de autolesiones, de los cuales 27 % se produjeron en celdas de aislamiento.
En cuanto a los homicidios en cárceles bonaerenses, ocurrieron 6 casos durante el año pasado: 4 alojados en la UP 2 de Sierra Chica, uno en la UP 17 de Urdampilleta y uno en la UP 37 de Barker; todos varones con un promedio de edad de 30 años. Este tipo de muerte está vinculado a prácticas penitenciarias de delegación de la violencia en las personas detenidas y de habilitación del uso y circulación de armas blancas, mientras que la visión oficial sobre los homicidios los explica como producto de “problemas entre presos”.