La Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria presenta su XVI Informe Anual, en su car\u00e1cter de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura designado conforme lo establece la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevenci\u00f3n de la Tortura.<\/p>\n
Este trabajo se sustenta en las tareas de monitoreo, intervenci\u00f3n e investigaci\u00f3n realizadas por el organismo durante 2021, y es un diagn\u00f3stico de la pol\u00edtica criminal, penitenciaria, de seguridad, de ni\u00f1ez, de salud mental y de justicia de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
La informaci\u00f3n que se hace p\u00fablica da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que persisten en lugares de encierro sobre personas adultas o ni\u00f1as, y en el despliegue policial en los territorios. Tambi\u00e9n da cuenta de la responsabilidad de un poder judicial que no cumple su funci\u00f3n de garante de derechos y control de la legalidad.<\/p>\n
Se destaca que las pol\u00edticas de salud mental muestran avances en clave de cumplir con la ley nacional de salud mental y en el cierre de los manicomios p\u00fablicos.<\/p>\n
Estas violaciones estructurales de derechos humanos, sustentadas en la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la tortura, no son una novedad: son la continuidad de las pol\u00edticas punitivistas o de la mano dura que se implementan en el territorio provincial desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os.<\/p>\n
En la reuni\u00f3n plenaria de octubre del a\u00f1o 2002, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria creaba el Comit\u00e9 contra la Tortura, un programa destinado al monitoreo y control de lugares de encierro y del despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Fue una decisi\u00f3n sostenida por tres ideas<\/strong>. La primera remite a concebir los trabajos de la memoria inscriptos en las condiciones del presente: no como mera especulaci\u00f3n interpretativa o discursiva sino como perspectiva que permite formular los alertas de los instantes de peligro, y actuar para evitar procesos autoritarios y antidemocr\u00e1ticos; el imperativo \u00e9tico del Nunca M\u00e1s no radica en el mero recuerdo de lo sucedido sino en la capacidad de desarrollar una sensibilidad social ante el padecimiento de las v\u00edctimas de violaciones a los derechos humanos en todo tiempo y lugar. Ello nos conduce a la segunda idea fuerza: las garant\u00edas de no repetici\u00f3n son efectivas siempre que logremos que la democracia sea garant\u00eda del pleno goce de derechos, en clave de inclusi\u00f3n social, generaci\u00f3n de oportunidades y mejora de la vida de todos los sectores sociales. La tercera idea fuerza surge de la necesidad de sostener un compromiso activo e irrestricto con la vigilancia de su cumplimiento, la desnaturalizaci\u00f3n de las violencias estatales, la visibilizaci\u00f3n y denuncia, y la acci\u00f3n directa en resguardo de las v\u00edctimas.<\/p>\nEl Comit\u00e9 contra la Tortura fue la expresi\u00f3n de estas ideas; se constituy\u00f3, a poco de andar, en un mecanismo de monitoreo y control de una de las graves violaciones de derechos humanos que la democracia no revirti\u00f3: la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la tortura estatal en los lugares de detenci\u00f3n.<\/p>\n
Por aquellos a\u00f1os se discut\u00eda a nivel internacional la propuesta de un instrumento que complementara las acciones del Comit\u00e9 contra la Tortura creado por la Convenci\u00f3n contra la Tortura de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, en clave de control territorial y presencial de la tortura y los malos tratos. En esos antecedentes, que culminar\u00edan con la aprobaci\u00f3n del Protocolo Facultativo a la Convenci\u00f3n contra la Tortura que crea el Subcomit\u00e9 para la Prevenci\u00f3n de la Tortura, se bas\u00f3 la CPM para crear su Comit\u00e9 contra la Tortura como \u00f3rgano de monitoreo y control de lugares de encierro y del despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios, anticip\u00e1ndose incluso a la iniciativa internacional. Esta decisi\u00f3n institucional no estuvo exenta de discusiones internas. En principio en cuanto a su creaci\u00f3n y luego acerca de su alcance: si deb\u00eda ser una instancia colaborativa que construyera diagn\u00f3sticos e informes a partir de datos aportados por las v\u00edctimas, la justicia, los medios de comunicaci\u00f3n y fuentes diversas proponiendo y recomendando los cambios necesarios, o deb\u00eda constituirse como un mecanismo que relevara la realidad en el territorio en contacto directo con las v\u00edctimas, que no s\u00f3lo recomendara sino que interviniera denunciando administrativa o judicialmente las violaciones de derechos humanos.<\/p>\n
Entre 2002 y 2004, cuando se publica el primer Informe Anual, se sostuvo la primera idea. Ya desde 2005, a partir del agravamiento de la situaci\u00f3n, la CPM inicia el monitoreo presencial en lugares de detenci\u00f3n. Aquel a\u00f1o estuvo signado por la masacre de la Unidad 28 de Magdalena, donde murieron bajo custodia del Estado 33 personas privadas de su libertad, y por la prueba cient\u00edfica de la aplicaci\u00f3n de picana o pasaje de corriente el\u00e9ctrica a un detenido alojado en la Unidad 9 de La Plata. Estos hechos confirmaban la necesidad de una intervenci\u00f3n directa, de denuncia y demanda hacia la justicia. La experiencia demostr\u00f3 que las recomendaciones realizadas a los gobiernos no lograron revertir las situaciones analizadas. En estos 20 a\u00f1os, generalmente las reiteradas recomendaciones no fueron tomadas por los distintos gobiernos, que s\u00f3lo produjeron modificaciones (siempre parciales y pocas veces permanentes) a instancias de audiencias u \u00f3rdenes judiciales o de los organismos internacionales de derechos humanos.<\/p>\n
En 1999, la coyuntura ya abonaba la idea de creaci\u00f3n del Comit\u00e9 contra la Tortura. Las iniciativas impulsadas por el reci\u00e9n electo gobernador Carlos Ruckauf inauguraban pol\u00edticas de seguridad centradas en el punitivismo o la mano dura como respuesta a las consecuencias de las pol\u00edticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem, que hab\u00edan incrementado la desigualdad social y la pobreza. La pol\u00edtica criminal profundiz\u00f3 la selectividad clasista del sistema penal captando a los sectores sociales m\u00e1s pobres, y su consecuencia fue el crecimiento de la violencia policial y el aumento de la prisionizaci\u00f3n. A la saturaci\u00f3n policial de los territorios como forma de gobernar esas desigualdades, se sumaron reformas legislativas regresivas al c\u00f3digo procesal de la provincia de Buenos Aires y al C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n (un ejemplo paradigm\u00e1tico fueron las leyes Blumberg en el a\u00f1o 2005) que provocaron un aumento exponencial de la cantidad de personas detenidas. Las consecuencias sociales de las pol\u00edticas neoliberales de los a\u00f1os 90 se trataban como un problema de inseguridad criminal y no de inseguridad social.<\/p>\n
Lo cierto es que la matriz que se configur\u00f3 en esos a\u00f1os nunca se desarticul\u00f3; tampoco durante gobiernos que sostuvieron discursos y pol\u00edticas progresivas en materia de expansi\u00f3n de derechos, que cambiaron las orientaciones generales de las pol\u00edticas gubernamentales post neoliberalismo (sobre todo en materia econ\u00f3mica y social), y que tambi\u00e9n impulsa[1]ron las luchas por verdad, justicia y memoria.<\/p>\n
De las continuidades y la instalaci\u00f3n de una matriz punitivista en la pol\u00edtica criminal, transversal a todas las gestiones de gobierno, dan cuentan los sucesivos informes anuales presentados por la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria desde el a\u00f1o 2004. Los llamamos El<\/em> sistema de la crueldad<\/em> porque los sistemas de encierro y las pr\u00e1cticas violentas de las polic\u00edas en los territorios usan de manera sistem\u00e1tica la tortura y la capacidad de producir padecimiento a aquellos sectores sobre los que el sistema penal despliega su fuerza. Se trata de una t\u00e9cnica de gobierno de los sectores excluidos del acceso a derechos e instituida a partir de una cadena punitiva: un primer eslab\u00f3n conformado por las fuerzas de seguridad que se despliegan de manera violenta en los territorios, un segundo eslab\u00f3n formado por el poder judicial que convalida su actuaci\u00f3n de manera autom\u00e1tica y un tercer eslab\u00f3n integrado por el servicio penitenciario que gobierna las poblaciones encarceladas tambi\u00e9n a partir de las pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de torturas y malos tratos.<\/p>\nLa tortura y los malos tratos son pr\u00e1cticas generalizadas utilizadas como t\u00e9cnicas de disciplinamiento y sometimiento de los grupos se\u00f1alados como peligrosos que forman parte de los sectores populares. Los j\u00f3venes varones pobres nutren el sistema recibiendo una violencia ejemplifica[1]dora para el resto; una violencia que legitima y reproduce la desigualdad configurando a los sujetos despojados de derechos como culpables de su destino. Cristaliza un sentido com\u00fan que opera como construcci\u00f3n ideol\u00f3gica del neoliberalismo, naturaliza la violencia y desplaza la responsabilidad del estado hacia los individuos, ocluyendo su condici\u00f3n de v\u00edctimas al transformarlos en victimarios a secas, sin inscribir sus actos en los condicionamientos que los promueven y que son generados por el sistema econ\u00f3mico, social y cultural donde se desarrollan trayectorias de vidas precarizadas al extremo. Las marcas de esta violencia multidimensional, ejercida en distintos momentos de cada biograf\u00eda, arrasan la subjetividad y reducen los proyectos vitales a la supervivencia.<\/p>\n
El sistema penal endurecido como respuesta a consecuencias provocadas por pol\u00edticas de desigualdad no s\u00f3lo no resuelve el problema sino que lo agudiza: desplaza en su centralidad al conjunto de pol\u00edticas que podr\u00edan intervenir en la prevenci\u00f3n de los hechos que luego son el sustento legitimador del castigo. As\u00ed, se produce un efecto de bola de nieve<\/em> que acrecienta la violencia, en tanto se constituye como v\u00eda privilegiada para la resoluci\u00f3n de la conflictividad que dispara la desigualdad. Esta continuidad de pol\u00edticas punitivistas impregna las instituciones del sistema penal y consolida, gesti\u00f3n tras gesti\u00f3n, culturas y pr\u00e1cticas arraigadas que se tornan cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de transformar.<\/p>\nEn el a\u00f1o 2021 se consolidaron las pol\u00edticas punitivistas. Las consecuencias pueden verse en el crecimiento sostenido de la poblaci\u00f3n detenida en c\u00e1rceles, alcaid\u00edas, comisar\u00edas y monitoreo electr\u00f3nico: 50.148 personas en 2020 y 54.107 en 2021.<\/strong><\/p>\n\n
Las pol\u00edticas de seguridad<\/strong> continuaron centradas en la idea de saturaci\u00f3n policial en los territorios, expresada en anuncios de incorporar en dos a\u00f1os 40.000 nuevos polic\u00edas, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumar\u00edan a los casi 100.000 con que cuenta la Bonaerense. Tambi\u00e9n se anunciaron instancias de formaci\u00f3n, pr\u00e1ctica de tiro y de manejo, pero inscriptas en la misma matriz: la ret\u00f3rica discursiva de presentar batalla y hacer la guerra, asociada a las manifestaciones o barrios populares, como puede verse en la comunicaci\u00f3n oficial de Fuerza Buenos Aires.<\/p>\nDurante 2021, la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 v\u00edctimas individuales (m\u00e1s del 15 % por ciento eran ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes), e intervino en 29 hechos con v\u00edctimas colectivas o indeterminadas. Con respecto a las pr\u00e1cticas policiales, la violencia f\u00edsica se constituy\u00f3 en la m\u00e1s denunciada (162 ocasiones) y la segunda fue el uso letal de la fuerza (97 ocasiones). Estas pr\u00e1cticas policiales ocurrieron en todo el territorio provincial: 154 localidades de 72 municipios de la Provincia.<\/p>\n
Las muertes producidas por intervenci\u00f3n policial son la consecuencia m\u00e1s grave de las rutinas o pr\u00e1cticas policiales. De acuerdo a los registros de la CPM, en 2021 se registraron 120 muertes producidas por polic\u00edas<\/strong> en el territorio provincial; 25 v\u00edctimas eran menores de edad, manteni\u00e9ndose la cifra de a\u00f1os anteriores, y 10 casos por razones de g\u00e9nero: 7 femicidios y tres femicidios vinculados. De estos \u00faltimos, en 8 de los 10 casos la muerte se produjo con el arma provista por el Estado y tambi\u00e9n en 8 de los 10 casos los agentes se encontraban fuera de servicio. Asimismo, 59 de los 120 casos fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial. Estos datos muestran la necesidad de derogar el estado policial porque no impacta en la prevenci\u00f3n del delito pero s\u00ed en la letalidad de las acciones policiales.<\/p>\nCon respecto al armado y fraguado de causas penales, la CPM trabaj\u00f3 en 57 denuncias durante 2021, y de su an\u00e1lisis vuelve a surgir el rol de la justicia en la convalidaci\u00f3n del discurso policial-fiscal. Se observa una serie de irregularidades comunes tales como el inicio de la investigaci\u00f3n mediante denuncias an\u00f3nimas y la delegaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n en la polic\u00eda, que al iniciar las causas presenta los hechos delictivos y su resoluci\u00f3n o esclarecimiento inmediato realizando diligencias sin control judicial.<\/p>\n
A fines de 2021 hab\u00eda 4.445 personas detenidas en comisar\u00edas.<\/strong> Si bien hay un descenso del 6,5% en relaci\u00f3n a diciembre de 2020 (314 personas menos), el promedio de alojamiento en 2021 fue de 4.500 personas por mes. En los \u00faltimos 10 a\u00f1os (2012-2021) la poblaci\u00f3n detenida en comisar\u00edas aument\u00f3 un 397%. En cuanto a la sobrepoblaci\u00f3n, en 2021 fue de 222%, aunque si se contabilizan s\u00f3lo las dependencias que efectivamente alojaban personas la sobrepoblaci\u00f3n registrada alcanza el 232%. Los a\u00f1os 2020 y 2021 presentan las cifras m\u00e1s altas desde 2006: en el extremo, hubo 9 comisar\u00edas con m\u00e1s de 400% de sobrepoblaci\u00f3n y una en particular inform\u00f3 tener capacidad para una persona y alojaba 17.<\/p>\nEste cuadro de vulneraci\u00f3n de derechos se expresa tambi\u00e9n en las 35 acciones colectivas presentadas por la CPM en 2021 por el hacinamiento permanente y extendido en comisar\u00edas, las deficiencias en la atenci\u00f3n m\u00e9dica, las inhumanas condiciones de detenci\u00f3n, la presencia de personas enfermas o mayores de 65 a\u00f1os y las requisas violentas, entre otras problem\u00e1ticas. Bajo estas condiciones, las muertes en comisar\u00edas alcanzaron un r\u00e9cord: 25 personas fallecieron bajo custodia policial<\/strong>, la cifra m\u00e1s alta en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, periodo en el que se registraron 187 muertes en dependencias policiales de la Provincia. La mitad de las comisar\u00edas donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas. S\u00f3lo en 15 casos se inform\u00f3 la causa de muerte: 7 casos de ahorcamiento, 6 por problema de salud y dos por agresi\u00f3n f\u00edsica (en un caso de personal policial y en el otro de otra persona detenida).<\/p>\nHace 25 a\u00f1os la Suprema Corte provincial dispuso por primera vez la prohibici\u00f3n de alojamiento de menores en comisar\u00edas. Luego diversas resoluciones y acuerdos del m\u00e1ximo tribunal provincial, e incluso de la Corte nacional, lo reiteraron haciendo extensiva la prohibici\u00f3n a personas enfermas, mujeres embarazadas o mayores de 65 a\u00f1os, remarcando tambi\u00e9n que las comisar\u00edas deb\u00edan alojar personas por poco tiempo. Nada de esto se cumple: se siguen alojando menores -hemos relevado casos de ni\u00f1os\/as de 8 a\u00f1os-, personas enfermas que incluso mueren en las comisarias, mujeres embarazadas y adultos mayores. Muchas personas permanecen varios meses en estos lugares. El poder judicial ordena, los gobiernos incumplen, el poder judicial no hace cumplir sus decisiones, pero vuelve a ordenar lo que nuevamente ser\u00e1 incumplido. Un circuito recurrente naturalizado por los poderes estatales que reproduce graves violaciones de derechos humanos sin ninguna consecuencia.<\/p>\n
Otro aspecto analizado en este informe son los mercados ilegales y el crimen organizado, gestionados en gran medida por una trama policial-judicial. No estamos ante hechos aislados o puntuales de determinados agentes y\/o funcionarios con conductas irregulares, sino que estas pr\u00e1cticas funcionan dentro de un esquema sist\u00e9mico, rutinario y recurrente de las fuerzas policiales. En muchos casos, en estrecha conexi\u00f3n con funcionarios judiciales (como se desprende del caso del fiscal Claudio Scapol\u00e1n y el personal de su fiscal\u00eda), que validan investigaciones irregulares y habilitan una bater\u00eda de acciones discrecionales, tales como tareas investigativas desprovistas de evidencia o pistas falsas en base a escuchas telef\u00f3nicas. Una de las pr\u00e1cticas m\u00e1s eficaces es el armado y\/o fraguado de causas penales, extorsiones y\/o exigencias monetarias.<\/p>\n
Seg\u00fan informaci\u00f3n del registro de expulsados e inhabilitados de la Auditor\u00eda General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, en el per\u00edodo 2015-2021 fueron expulsados de la Polic\u00eda de la provincia de Buenos Aires 2.772 agentes. Luego de un pico de expulsiones en 2018, se nota un descenso paulatino, con 301 expulsados en 2020 y 182 hasta junio de 2021. La mayor cantidad de exoneraciones de personal policial correspondi\u00f3 a abandono de servicio, seguido por las categor\u00edas de connivencia o participaci\u00f3n en cr\u00edmenes comunes, infracciones de contenido patrimonial, violencia policial, irregularidades funcionales graves en dependencias, violencia de g\u00e9nero y corrupci\u00f3n. Frente a un problema estructural, las respuestas institucionales resultan escasas y muy d\u00e9biles.<\/p>\n
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En cuanto a las pol\u00edticas penitenciarias<\/strong>, sigui\u00f3 creciendo la cantidad de personas detenidas en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas: en diciembre de 2021 ascendi\u00f3 a 49.662 personas<\/strong> contra 45.392 de diciembre de 2020. Esto elev\u00f3 la tasa de encarcelamiento de 306 personas cada 100.000 habitantes, contra 284 de diciembre de 2020.<\/p>\nComo respuesta a esta situaci\u00f3n cr\u00edtica, el Ministerio de Justicia centr\u00f3 sus acciones en la construcci\u00f3n de m\u00e1s plazas penitenciarias. Otras gestiones de gobierno pusieron tambi\u00e9n el \u00e9nfasis en la misma cuesti\u00f3n: entre 2001 y 2021 se crearon 11.800 plazas y la poblaci\u00f3n detenida aument\u00f3 en 29.500 personas. El a\u00f1o pasado, en 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas se registr\u00f3 una sobrepoblaci\u00f3n de 111%.<\/strong> El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la pol\u00edtica criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar. Si la tasa de encarcelamiento no disminuye, no ser\u00e1 posible bajar estos \u00edndices. La construcci\u00f3n de m\u00e1s plazas no reduce la sobrepoblaci\u00f3n, s\u00f3lo incrementa y cristaliza nuevos pisos de encarcelamiento. Para resolver la sobrepoblaci\u00f3n de hoy habr\u00eda que construir en un a\u00f1o c\u00e1rceles que alberguen a alrededor de 30.000 personas, lo que equivaldr\u00eda a 60 unidades carcelarias de 500 personas. Pero esto tampoco alcanzar\u00eda; si bien el incremento interanual ha ido fluctuando, alcanza niveles elevad\u00edsimos: entre 2020 y 2021 la poblaci\u00f3n encarcelada creci\u00f3 un 7,9%. Har\u00eda falta construir, de manera sostenida, 5 unidades penitenciarias por a\u00f1o. No hay forma de ganar esa carrera mientras no se modifique la pol\u00edtica criminal, y la cr\u00edtica situaci\u00f3n que se padece en c\u00e1rceles, alcaid\u00edas y comisar\u00edas se ir\u00e1 profundizando. Este es uno de los puntos centrales del que da cuenta este informe y en el que venimos insistiendo desde hace 20 a\u00f1os.<\/p>\nPor otra parte, la tortura sigue siendo una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica en estos lugares de detenci\u00f3n, sin que se hayan implementado pol\u00edticas para su prevenci\u00f3n, sanci\u00f3n o asistencia de las v\u00edctimas. En 2021 la CPM registr\u00f3 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia<\/strong> de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisar\u00edas provinciales. Estos se relevaron a partir de 386 inspecciones a establecimientos carcelarios y comisar\u00edas, sumado a las entrevistas en sede o telef\u00f3nicas que realizaron los equipos de este organismo, y las organizaciones de familiares y ex detenidos que integran el programa Punto Denuncia Torturas. Entre todos los dispositivos se realizaron 40.559<\/strong> entrevistas<\/strong> con personas detenidas o sus familiares, que derivaron en 25.562 presentaciones individuales<\/strong> (habeas corpus y escritos urgentes) ante los \u00f3rganos judiciales correspondientes y 199 habeas corpus colectivos<\/strong> o ampliaciones. Entre los problemas denunciados se destacan la falta de acceso a la justicia (21 %), la afectaci\u00f3n del v\u00ednculo familiar (20 %) y la falta o deficiente asistencia sanitaria (17 %).<\/p>\nSobre una muestra de 416 casos de este total, el Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) analiz\u00f3 detalladamente caracter\u00edsticas, zonas y lugares de ocurrencia y frecuencias, entre otros aspectos.<\/p>\n
En materia de salud, la desatenci\u00f3n por parte de profesionales y la falta de continuidad de tratamientos prescritos son los principales problemas denunciados. En m\u00e1s de 120 casos las v\u00edctimas hab\u00edan sido diagnosticadas antes de ser detenidas y su tratamiento se suspendi\u00f3 por el encarcelamiento. Adem\u00e1s, se detectaron situaciones de espera de m\u00e1s de un a\u00f1o para recibir revisi\u00f3n m\u00e9dica. Las cuestiones de salud no atendidas provocaron la mayor causal de muertes en contextos de encierro. En 2021, 199 personas murieron en c\u00e1rceles provinciales<\/strong> contra 178 en 2020: un incremento de la tasa de fallecimientos que pas\u00f3 de 4,2 a 4,4 cada 10.000 personas en 2021. De estas 199 muertes, 8 de cada 10 ocurrieron por problemas de salud no asistidos. Esto confirma la necesidad de hacer lugar al planteo sostenido por la CPM en cuanto al necesario traspaso de la Direcci\u00f3n de Salud Penitenciaria a la \u00f3rbita del Ministerio de Salud para integrarse a las pol\u00edticas sanitarias provinciales. Esto constituye una palmaria desigualdad ante la ley de las personas detenidas a las que el Estado provincial no atiende en igualdad de condiciones que al resto de la poblaci\u00f3n. Esta desigualdad se manifest\u00f3 en la campa\u00f1a de vacunaci\u00f3n contra el Covid-19: mientras avanzaba para toda la sociedad, no se pon\u00eda en pr\u00e1ctica en c\u00e1rceles y comisar\u00edas. Fue necesario que la CPM presentara una acci\u00f3n de amparo para que se cumpliera reci\u00e9n en julio de 2021, a partir de una sentencia favorable de la C\u00e1mara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo de La Plata.<\/p>\nPor otra parte, en los \u00faltimos tres a\u00f1os el suicidio en las c\u00e1rceles se constituy\u00f3 en la segunda causa de muerte; s\u00f3lo en 2021 se registraron 18 suicidios (9,2 % del total de muertes). Esto significa 4 suicidios cada 10.000 personas detenidas, una cifra exponencialmente mayor a la tasa provincial (0,6 v\u00edctimas cada 10.000 personas en 2020). Como contexto general se debe tener en cuenta que el SPB registr\u00f3, en 2021, 1.544 hechos de autolesiones en distintos espacios carcelarios, de los cuales 27 % se produjeron en el sector de separaci\u00f3n del \u00e1rea de convivencia (SAC), es decir, en espacios de aislamiento. Todas las v\u00edctimas fueron varones (uno de ellos, var\u00f3n trans) con un promedio de 33 a\u00f1os. Ninguno recibi\u00f3 asistencia psicol\u00f3gica o m\u00e9dica psiqui\u00e1trica.<\/p>\n
En cuanto a los homicidios en c\u00e1rceles bonaerenses, ocurrieron 6 casos durante el a\u00f1o pasado: 4 alojados en la UP 2 de Sierra Chica, uno en la UP 17 de Urdampilleta y uno en la UP 37 de Barker; todos varones con un promedio de edad de 30 a\u00f1os. Este tipo de muerte est\u00e1 vinculado a pr\u00e1cticas penitenciarias de delegaci\u00f3n de la violencia en personas detenidas, y la habilitaci\u00f3n del uso y circulaci\u00f3n de armas blancas. La versi\u00f3n oficial sobre estos homicidios es que se trat\u00f3 de \u201cproblemas entre presos\u201d, deslig\u00e1ndose de cualquier responsabilidad en la prevenci\u00f3n.<\/p>\n
El aislamiento de personas en celdas o pabellones se expande en las 66 c\u00e1rceles provinciales como parte de casi todos los reg\u00edmenes de alojamiento, justificado en el crecimiento de la sobrepoblaci\u00f3n y hacinamiento extremos. Pr\u00e1cticamente todas las personas detenidas en cualquier r\u00e9gimen carcelario (detenidos con conducta, trabajadores, estudiantes, evangelistas, poblaci\u00f3n, SAC o admisi\u00f3n) pasan de lunes a viernes m\u00e1s de la mitad del d\u00eda aisladas en sus celdas o pabellones (entre 12 y 24 horas) y 12 a 48 horas los fines de semana. Desde el RNCT se analizaron 332 casos de personas aisladas, con preeminencia de duraci\u00f3n de uno a 7 d\u00edas (128 casos, 43% del total) y al menos 10 personas que padecieron aislamiento continuo durante m\u00e1s de 180 d\u00edas. En el 92,7% de los hechos denunciados las personas permanecieron en sus celdas las 24 horas de cada d\u00eda que dur\u00f3 el aislamiento.<\/p>\n
En 66 hechos de agresiones f\u00edsicas analizados por el RNCT, que se componen de 118 actos violentos con un promedio de dos por hecho (siempre relevados dentro de los \u00faltimos dos meses), los golpes de pu\u00f1o son la forma de violencia que se registr\u00f3 de manera m\u00e1s frecuente en 8 de cada 10 hechos. Luego se despliega una variedad de actos: patadas con la persona en el piso, golpes con palos u otros objetos contundentes, disparos a quemarropa con balas de goma, gas pimienta arrojado a corta distancia sin causa alguna, sujeci\u00f3n apretada y prolongada, criqueo o torsi\u00f3n de los brazos detr\u00e1s de la espalda, ducha o manguerazos de agua fr\u00eda en pleno invierno, pata-pata o golpes con palos en las plantas de los pies y tobillos, amenazas, cachetazos y empujones, son parte del repertorio utilizado por el SPB. Y se destacan agresiones de particular crueldad y gravedad: abusos sexuales y asfixias o ahorcamientos.<\/p>\n
El informe analiza tambi\u00e9n el encierro y disciplinamiento patriarcal. A finales de 2021, hab\u00eda 2.405 mujeres y 112 personas trans y travestis<\/strong> detenidas en el SPB, el 5% del total de la poblaci\u00f3n privada de su libertad. Ambas poblaciones aumentaron con respecto a 2020. El SPB tiene estipulado el cupo para 1.057 mujeres, esto significa que en 2021 la sobrepoblaci\u00f3n fue del 60%, 23 puntos m\u00e1s respecto a 2020.<\/p>\nComo denunci\u00f3 la CPM en informes anteriores, persiste la sistematicidad y el car\u00e1cter diferencial de las vulneraciones de derechos a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, por ejemplo en la cantidad de personas detenidas sin condena: mientras que en detenidos varones el 52,5% son procesados, en el caso de mujeres asciende a 59,8% y en la poblaci\u00f3n trans y travesti al 73,2 %.<\/p>\n
El sistema carcelario tiene 20 espacios destinados a alojar mujeres cis y personas trans y travestis; la mayor\u00eda son anexos en c\u00e1rceles de varones, por lo que se ven limitadas en la circulaci\u00f3n por la unidad y las actividades que pueden realizar. El principal problema expresado es la falta de atenci\u00f3n a la salud y los controles ginecol\u00f3gicos, ya que no hay personal especializado en la unidad y no reciben atenci\u00f3n extra muro. Y en el caso de las personas trans, el incumplimiento de los tratamientos de hormonizaci\u00f3n que provoca padecimientos graves o el incumplimiento de diversos aspectos de la ley de g\u00e9nero.<\/p>\n
Al finalizar 2021, el SPB alojaba 50 mujeres embarazadas o viviendo con sus hijas\/os: 20 embarazadas y 30 junto a sus hijas\/os.<\/strong> La poblaci\u00f3n aument\u00f3 despu\u00e9s de un marcado descenso en 2020 vinculado con las medidas adoptadas por la pandemia y por instancias interinstitucionales constituidas para tal fin, pero sin llegar a los niveles de los a\u00f1os anteriores. Entre las principales denuncias, se se\u00f1ala la deficitaria o inexistente atenci\u00f3n a la salud de mujeres gestantes, la falta de alimentaci\u00f3n adecuada para ellas y sus hijos e hijas en el encierro y la falta de privacidad.<\/p>\nLos actos de corrupci\u00f3n penitenciaria<\/strong> son de car\u00e1cter estructural: est\u00e1n insertos en su andamiaje burocr\u00e1tico, son naturalizados por los agentes y muchas autoridades, y padecidos por las personas privadas de libertad, familiares y allegados. El cuadro de corrupci\u00f3n, hacinamiento y violencia se reitera en todas las c\u00e1rceles bonaerenses: venta de pabellones, camas, colchones, comida, visitas \u00edntimas, carnets y\/o permisos laborales, educativos o recreativos, estupefacientes e incluso graves denuncias por hechos de trata, entre otras, resultan pr\u00e1cticas regulares, con la direcci\u00f3n, anuencia y\/o complicidad de las autoridades penitenciarias. Un aspecto a destacar es que durante la actual gesti\u00f3n de gobierno se implement\u00f3 una pol\u00edtica activa en materia de investigaci\u00f3n de este tipo de hechos, a cargo de la Auditor\u00eda de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 2021 se iniciaron 584 sumarios administrativos contra funcionarios penitenciarios por hechos de corrupci\u00f3n y tenencia y\/o comercializaci\u00f3n de estupefacientes, contra 449 iniciados en 2020, 317 en 2019 y 283 en 2018; muchas de estas denuncias implicaron sanciones. Por ejemplo, en agosto de 2021 se removi\u00f3 de sus cargos a la c\u00fapula de oficiales que dirig\u00eda la Unidad 1 de Olmos. No obstante, resulta indispensable una urgente revisi\u00f3n de la estrategia de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y control de los organismos p\u00fablicos competentes y una jerarquizaci\u00f3n e independencia del esquema de contralor.<\/p>\n\n
Este informe analiza tambi\u00e9n las pol\u00edticas judiciales<\/strong> de un poder que no se constituye en un tercero de apelaci\u00f3n que controle la legalidad del accionar estatal y garantice el cumplimiento de derechos. En el sistema penal se evidencia una cultura judicial autoritaria y elitista, que se manifiesta en la ausencia de respuestas a las violaciones sistem\u00e1ticas de derechos humanos de las personas privadas de su libertad o en la falta de celeridad, de profundidad y empat\u00eda con las v\u00edctimas para investigar los casos de violencia estatal.<\/p>\nLa crisis institucional del sistema de justicia nacional y provincial requiere cambios en los mecanismos de selecci\u00f3n y designaci\u00f3n de jueces y funcionarios judiciales, que deben abrirse a la sociedad, y mecanismos disciplinarios \u00e1giles, transparentes y efectivos, as\u00ed como instancias parlamentarias de seguimiento del funcionamiento judicial. Un ejemplo de esto es la continuidad de Fabi\u00e1n Fern\u00e1ndez Garello como fiscal general de Mar del Plata, investigado por cr\u00edmenes de lesa humanidad mientras se desempe\u00f1aba como agente de inteligencia en la DIPPBA durante la dictadura militar.<\/p>\n
Entre los aspectos pendientes de modificaci\u00f3n, en este informe se analiza el funcionamiento arbitrario e irregular de algunas jurisdicciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal, la persecuci\u00f3n a jueces independientes que consolida la injerencia ilegal de agentes de inteligencia en causas provinciales y el armado de causas, entre otros. Tambi\u00e9n preocupa la endeble incorporaci\u00f3n de perspectiva de g\u00e9nero, incumpliendo obligaciones constitucionales y convencionales respecto del derecho a la igualdad.<\/p>\n
En lo particular, atendiendo al rol de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura de la CPM, resaltamos una vez m\u00e1s la falta de avances en la implementaci\u00f3n de la ley 15.005 (reformada por la ley 15.023) de creaci\u00f3n de la polic\u00eda judicial para investigar las causas penales, sin delegarlas en la polic\u00eda bonaerense, y el cumplimiento de la ley 14.687 de creaci\u00f3n de las fiscal\u00edas especializadas en violencia institucional.<\/p>\n
Entre 2014 y el primer semestre de 2021, en la provincia de Buenos Aires se iniciaron 30.205 causas por presuntos delitos enmarcados en la ley 14.687 de violencia institucional, que representan apenas el 0,5% del total cercano a 6.000.000 de causas iniciadas en el fuero criminal correccional durante ese per\u00edodo. De ese total, 12.737 causas corresponden al periodo de entre 2018 y el primer semestre de 2021; el 68% investiga delitos cometidos por polic\u00edas, 29% por agentes del SPB y el 3% restante se reparten entre agentes municipales, sanitarios, educativos, judiciales y otros. S\u00f3lo se registran 56 agentes judiciales: el poder judicial no se investiga a s\u00ed mismo. Asimismo, de los casi 13 mil presuntos autores involucrados, menos de la mitad fueron sindicados y apenas 324 (3%) imputados formalmente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia. De cada 10 causas finalizadas en el per\u00edodo 2018-2021, 9 se resolvieron mediante el archivo (62%) o la desestimaci\u00f3n (28%). S\u00f3lo el 2% fueron elevadas a juicio oral. Otra porci\u00f3n de hechos ni siquiera llegan a ser investigados bajo ese marco legal, como es el caso de las muertes producidas por agentes policiales en territorio provincial: entre 2018 y 2020 la CPM relev\u00f3 388 casos y el Ministerio P\u00fablico Fiscal s\u00f3lo registr\u00f3 42 car\u00e1tulas de \u201chomicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad\u201d. En los restantes 346 homicidios producidos por agentes policiales no se inform\u00f3 c\u00f3mo se caratularon o si fueron investigados. Entre 2018 y el primer semestre de 2021 solo el 0,1% de los delitos se calificaron como tortura (23 casos). Por el contrario, dos de cada tres causas se caratularon como delitos que prev\u00e9n penas menores.<\/p>\n
Las fiscal\u00edas incumplen tambi\u00e9n con la resoluci\u00f3n 115\/13 de la Procuraci\u00f3n General, que establece que por cada fallecimiento ocurrido en una dependencia carcelaria debe iniciarse una investigaci\u00f3n penal y una operaci\u00f3n de autopsia. Sin embargo, de las 462 muertes registradas entre 2018 y 2020, la Procuraci\u00f3n no inici\u00f3 causa judicial en el 17% de los casos, y en las que se inici\u00f3 causa no se garantiz\u00f3 el cumplimiento de las resoluciones y protocolos establecidos para investigarlas.<\/p>\n
Durante 2021 se iniciaron en la Provincia 847.173 investigaciones penales<\/strong> contra mayores de 18 a\u00f1os, equivalentes a 6.700 investigaciones abiertas por cada 100.000 adultos. Por otro lado, se ordenaron 39.125 privaciones de libertad<\/strong>, de las cuales el 90 % fueron sin orden judicial previa, convalidando autom\u00e1ticamente el sumario policial y sin control de legalidad.<\/p>\nLa promoci\u00f3n judicial del encierro es otra de las constantes: a diciembre de 2021 s\u00f3lo el 46% de las personas detenidas a cargo del SPB ten\u00eda condena firme<\/strong>; s\u00f3lo el 16 % ingresa a la c\u00e1rcel con condena, y en promedio las personas pasan 344 d\u00edas encarceladas hasta la sentencia de primera instancia.<\/p>\nComo la prisi\u00f3n preventiva, tambi\u00e9n se ha convertido en regla el uso del juicio abreviado, un instituto que afecta las garant\u00edas del debido proceso y para el cual el MPF destina el doble de personas para acusar (545 agentes fiscales) que para defender (269 defensores). Entre 2013 y 2021, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado. Aqu\u00ed debemos se\u00f1alar el incumplimiento de la ley provincial 14.442 que otorga cierto grado de autonom\u00eda a la defensa p\u00fablica creando la figura del Defensor General de la Provincia.<\/p>\n
En el extremo opuesto se suma otro problema: entre 2017 y 2021 los juzgados de ejecuci\u00f3n penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de acceso a institutos progresivos en la ejecuci\u00f3n de la pena, lo que impacta directamente en la tasa de encarcelamiento.<\/p>\n
Todos estos aspectos enunciados se vislumbran tambi\u00e9n en 14 nuevas causas judiciales donde la CPM se present\u00f3 como particular damnificado institucional o querellante, en su car\u00e1cter de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura. En ellas se investigan hechos de violencia policial o penitenciaria, corrupci\u00f3n policial o penitenciaria, inteligencia ilegal y lesa humanidad, que se suman a otros 39 litigios en tr\u00e1mite.<\/p>\n
En los casos de mayor gravedad, se realizaron 8 presentaciones internacionales ante el sistema interamericano y el sistema internacional de derechos humanos, entre ellas 6 solicitudes de medidas cautelares.<\/p>\n
En el desarrollo de dos juicios orales en los que intervino la CPM se obtuvieron condenas contra funcionarios estatales. En uno se conden\u00f3 al ex director del centro cerrado COPA (perteneciente al OPNyA) por vejaciones y apremios ilegales contra tres j\u00f3venes en 2016, en el marco de una persecuci\u00f3n y golpiza. La jueza valor\u00f3 los informes t\u00e9cnicos y declaraciones testimoniales de las\/os profesionales de la CPM. En el otro se conden\u00f3 a un ex m\u00e9dico policial de Punta Indio por falso testimonio en el caso del asesinato del joven Sebasti\u00e1n Nicora, en 2013. La CPM patrocin\u00f3 a la familia durante el debate oral donde se comprob\u00f3 que la intervenci\u00f3n del acusado provoc\u00f3 el retraso de la investigaci\u00f3n al ocultar el disparo por arma de fuego, afirmar que muri\u00f3 por un golpe con elemento corto-punzante y no realizar las pr\u00e1cticas indicadas en los protocolos. En ambos casos la lentitud judicial en la investigaci\u00f3n y los problemas enunciados requirieron de enormes esfuerzos para obtener un resultado condenatorio.<\/p>\n
Este informe analiza tambi\u00e9n la apertura y el tr\u00e1mite de numerosas causas judiciales en las que se investigan hechos vinculados a inteligencia ilegal<\/strong>, que muestran la magnitud del aparato de espionaje montado por los gobiernos nacional y provincial en el per\u00edodo 2015-2019 y la intervenci\u00f3n de agentes o ex agentes de la polic\u00eda bonaerense y el servicio penitenciario en estos entramados ilegales. Esto refleja la profunda crisis que atraviesa el sistema de inteligencia desde larga data y su impacto en los subsistemas de inteligencia criminal y de las provincias. Desde 1983 a la actualidad, las agencias encargadas de producir inteligencia funcionaron como instrumentos polivalentes al servicio del poder de turno para la producci\u00f3n de inteligencia pol\u00edtica. Como dijimos en informes anteriores, la intervenci\u00f3n de la AFI y la designaci\u00f3n de Cristina Caama\u00f1o, que llev\u00f3 a cabo una pol\u00edtica de saneamiento y transparencia del accionar de este organismo, es un punto de partida para consolidar otra institucionalidad en este tema. A pesar del importante c\u00famulo de pruebas documentales y testimoniales y la inusitada gravedad de los hechos, las causas no avanza[1]ron e incluso hubo una regresi\u00f3n en muchas, en virtud del atravesamiento pol\u00edtico que genera mecanismos de impunidad sostenidos por una parte importante del poder judicial.<\/p>\nEn mayo del 2021 la CPM present\u00f3 un informe ante la Comisi\u00f3n bicameral de fiscalizaci\u00f3n de los organismos y actividades de inteligencia que propone algunos ejes para la discusi\u00f3n de una reforma integral del sistema nacional de inteligencia. El rol de las bases de la AFI a cargo de personal de la polic\u00eda bonaerense retirado, sus objetivos de inteligencia, el espionaje ilegal dentro de establecimientos penitenciarios, as\u00ed como la penetraci\u00f3n en la justicia provincial del sistema de inteligencia ilegal, montado a nivel nacional en articulaci\u00f3n con sectores del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Provincia, son algunos de los principales puntos.<\/p>\n
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En cuanto a las pol\u00edticas de ni\u00f1ez<\/strong>, durante el \u00faltimo a\u00f1o, 61.682 ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes (NNyJ) fueron abordados por el sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos<\/strong> (SPPD), un incremento del 20% en relaci\u00f3n a 2020. La inmensa mayor\u00eda de estos NNyJ fueron alojados en dispositivos no oficiales, lo que evidencia la escasez de recursos del Estado para dar respuesta a los problemas del sector y deriva en una supervisi\u00f3n deficiente de los convenios debido a la cantidad de dispositivos para auditar.<\/p>\nPor otra parte, el porcentaje de egresos durante este per\u00edodo fue inferior al de ingresos, tendencia opuesta al informe del a\u00f1o anterior. M\u00e1s de la cuarta parte de los egresos (26,5%), se produjeron por abandono unilateral de la medida, un panorama desalentador sobre el estado del SPPD porque se trata de NNyJ expulsados del sistema por falta de intervenciones restitutivas y\/o ausencia de recursos y abordajes alternativos que los contengan.<\/p>\n
Las inspecciones realizadas a los hogares convivenciales dieron cuenta de que los NNyJ son v\u00edctimas de violencia por parte de funcionarios responsables. En otros casos, los operadores o trabajadores, adem\u00e1s de estar precarizados, no cuentan con la formaci\u00f3n profesional necesaria para abordar situaciones complejas y desconocen los protocolos de actuaci\u00f3n. A esto se suma el hacinamiento y las malas condiciones edilicias de los hogares, producto de a\u00f1os de desfinanciamiento. Existe tambi\u00e9n una afectaci\u00f3n grave al derecho de acceso a la justicia y a la informaci\u00f3n: en general los NNyJ no tienen conocimiento de su situaci\u00f3n, contacto con juzgados y\/o asesor\u00edas ni participaci\u00f3n en decisiones que los involucran directamente, todo en completa violaci\u00f3n a las normativas vigentes.<\/p>\n
Ante la ausencia de un proyecto institucional, el Organismo Provincial de Ni\u00f1ez y Adolescencia (OPNyA) no logra garantizar un piso m\u00ednimo de derechos para el abordaje de NNyJ. As\u00ed persiste el paradigma del viejo patronato y la ausencia de perspectiva en clave de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos. Lo habitual es que los NNyJ crezcan en la instituci\u00f3n hasta que llegan a la mayor\u00eda de edad sin ning\u00fan avance en la revinculaci\u00f3n familiar o el proceso judicial de adopci\u00f3n, y suelen ser derivados a hogares para personas adultas. La institucionalizaci\u00f3n resulta as\u00ed el \u00fanico abordaje que ofrece el Estado.<\/p>\n
En el fuero de responsabilidad penal juvenil<\/strong> se mantiene el diagn\u00f3stico de a\u00f1os anteriores: no se respeta el principio de especialidad del fuero, no hay comunicaci\u00f3n peri\u00f3dica de los defensores y juzgados con los j\u00f3venes, y persiste la pr\u00e1ctica de trasladarlos a unidades penales del SPB. A diciembre del 2021, la cantidad de poblaci\u00f3n encerrada ascend\u00eda a 516 j\u00f3venes<\/strong>; de ese total, 24 son no punibles, es decir ni\u00f1os y ni\u00f1as de 15 o menos a\u00f1os. Otro dato alarmante, a pesar de que aumentaron las sentencias y condenas por juicio abreviados, es que el 56% de la poblaci\u00f3n detenida se encuentra bajo medidas cautelares.<\/p>\nAl mismo tiempo, vale citar la cantidad de j\u00f3venes cumpliendo medidas de privaci\u00f3n o restricci\u00f3n de la libertad sin contacto previo con el sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos. Esto implica desnaturalizar un sistema cuya idea principal no es el castigo. En 2021 eran 378 (73%) los j\u00f3venes encerrados en el sistema penal que no hab\u00edan tenido contacto con el SPPD.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe REINA (registro integral de ni\u00f1ez y adolescencia del OPNyA), a diciembre de 2021 el 78% de los NNyJ privados de libertad estaban en dispositivos de r\u00e9gimen cerrado. La tortura, los malos tratos y las violencias a las que se expone a j\u00f3venes muestran el creciente proceso de carcelizaci\u00f3n que atraviesan estos lugares de encierro. Las condiciones de detenci\u00f3n y el nulo acceso a la atenci\u00f3n de la salud mental confluyen para generar un estado de situaci\u00f3n alarmante, cuyo indicador m\u00e1s relevante son actos en los que los j\u00f3venes ponen en riesgo su propia vida. Suicidios, tentativas de suicidio y autolesiones dan cuenta de un sistema penal juvenil de encierro cada vez m\u00e1s parecido al sistema penal de adultos en cuanto a falta de tratamiento en clave de responsabilizaci\u00f3n, falta de escucha, falta de normativas comunes y discrecionalidades.<\/p>\n
Otro recurso habitual es establecer como medida morigeratoria el alojamiento del joven en una comunidad terap\u00e9utica conveniada con el OPNyA. Sin embargo, las experiencias de monitoreo en estos espacios dan cuenta de las malas condiciones de alojamiento, y los graves hechos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes que se desarrollan: aislamiento, incomunicaci\u00f3n, sujeci\u00f3n mec\u00e1nica, sobremedicaci\u00f3n, tercerizaci\u00f3n de la violencia, irregularidad de las historias cl\u00ednicas, falta de monitoreo y control de legalidad, y muertes.<\/p>\n
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En las pol\u00edticas de salud mental<\/strong> se vislumbran avances significativos en el camino a la sustituci\u00f3n y cierre de los manicomios y el cumplimiento de la ley nacional de salud mental (LNSM) 26.657.<\/p>\nLos cuatro hospitales neuropsiqui\u00e1tricos monovalentes, Colonia Domingo Cabred (Open Door), Jos\u00e9 Esteves (Temperley), Alejandro Korn (Melchor Romero, La Plata) y Domingo Taraborelli (Necochea) presentaron planes de adecuaci\u00f3n durante el a\u00f1o 2021, y se encuentran en pleno proceso de readecuaci\u00f3n a la LNSM. Las gestiones anteriores al frente del Ministerio de Salud no dieron prioridad al cumplimiento de la ley que ordenaba para 2020 la efectiva sustituci\u00f3n y cierre de los hospitales. En tal sentido, actualmente se ha constatado el cierre de varias salas de internaci\u00f3n as\u00ed como el sostenido descenso de la poblaci\u00f3n alojada en dichos dispositivos: 2.225 en 2015 y aproximadamente 1.300 en 2021, una disminuci\u00f3n de 42% en seis a\u00f1os. Tambi\u00e9n se ha reducido la cantidad de fallecimientos: 92 en 2015 y 54 en 2021.<\/p>\n
De las personas alojadas en estos \u00e1mbitos, 9 de cada 10 fueron encerradas de manera involuntaria y el 25% lleva m\u00e1s de 20 a\u00f1os de internaci\u00f3n continua. No obstante persiste un alto porcentaje de reinternaciones, que constituyen el 43% de los ingresos, lo que demuestra que parte de las externaciones no resultan sustentables, ya sea por falta de dispositivos y personal adecuado o por d\u00e9ficit habitacional entre los usuarios del sistema de salud mental.<\/p>\n
En algunos dispositivos se relevaron casos de usuarios que desconoc\u00edan el plan farmacol\u00f3gico que les administraban o que no realizaban actividades recreativas o terap\u00e9uticas. Tambi\u00e9n, la aplicaci\u00f3n arbitraria de la sujeci\u00f3n mec\u00e1nica de parte de los profesionales, en virtud de la falta de una regulaci\u00f3n precisa de esta pr\u00e1ctica.<\/p>\n
Otro aspecto que debe regularse con precisi\u00f3n es la intervenci\u00f3n policial ante personas con padecimiento mental en crisis en la v\u00eda p\u00fablica. En situaciones relevadas por la CPM, los agentes policiales detienen a la persona y la alojan en las comisar\u00edas aplicando golpes y torturas para controlar la situaci\u00f3n de crisis, en lugar de intervenir el personal sanitario y trasladar a la persona a un hospital. Esto ocurre muchas veces por la falta de voluntad de los servicios de emergencia de ocuparse de estas personas.<\/p>\n
En cuanto a los institutos neuropsiqui\u00e1tricos<\/em> de seguridad<\/em>, funcionan dos en la Provincia: uno en la Unidad Penal 34, que a fines de 2021 alojaba a 478 hombres, y otro en la UP 45, con 40 mujeres, ambos situados en la localidad de Melchor Romero (La Plata). Estas unidades no dependen del Ministerio de Salud sino de la Direcci\u00f3n de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia, y est\u00e1n desconectadas del resto del sistema p\u00fablico de salud. En las inspecciones realizadas durante 2021 se relev\u00f3: intervenci\u00f3n farmacol\u00f3gica sin fines terap\u00e9uticos, las personas no ten\u00edan registro del personal profesional de salud mental, no exist\u00eda trabajo interdisciplinario y se identificaron personas detenidas sin criterio de permanencia. Tambi\u00e9n se constat\u00f3 sobremedicaci\u00f3n, sujeci\u00f3n mec\u00e1nica y largos per\u00edodos de aislamiento, pr\u00e1cticas de torturas y malos tratos que se utilizan de manera sistem\u00e1tica y que conviven con las precarias condiciones materiales de alojamiento. A esto se suma la permanencia en el encierro por falta de recursos econ\u00f3micos y contenci\u00f3n familiar: durante 2021 ocho personas siguieron privadas ileg\u00edtimamente de su libertad en la UP 34. S\u00f3lo en esta unidad, considerada formalmente unidad neuropsiqui\u00e1trica para varones, se registraron 7 suicidios en los \u00faltimos 6 a\u00f1os, adem\u00e1s de 47 autolesiones en el mismo per\u00edodo y al menos 4 tentativas de suicidio. Entre agosto de 2020 y marzo de 2021 se produjeron tres suicidios; en todos los casos las personas fueron encontradas muertas en su celda mientras permanec\u00edan sometidas a r\u00e9gimen de aislamiento extremo pese a las \u00f3rdenes judiciales que lo proh\u00edben.<\/p>\nEn el caso de las comunidades terap\u00e9uticas, cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas y todo tipo de dispositivo privado que restrinja la libertad a personas por razones de salud mental, no existe un registro riguroso ni est\u00e1ndares para su habilitaci\u00f3n. Son instituciones que cubren un vac\u00edo de las pol\u00edticas p\u00fablicas; algunas funcionan de manera adecuada, pero en muchos casos se violan los derechos humanos sin control judicial alguno. En una inspecci\u00f3n en abril de 2021 a la Fundaci\u00f3n Candil de Pilar, la CPM constat\u00f3 casos de sobremedicaci\u00f3n con el objeto de disciplinar y controlar a los usuarios. Tambi\u00e9n aislamientos constantes y violencia, medidas de castigo, afectaci\u00f3n del v\u00ednculo familiar, mala alimentaci\u00f3n y un m\u00e9dico cl\u00ednico que asist\u00eda cada 15 d\u00edas. Contextos similares de vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos fueron advertidos en las comunidades terap\u00e9uticas San Antonio de Pilar, Cumel\u00e9n de Olavarr\u00eda y Proyecto Universo de La Plata. Resulta alarmante que se haya relevado en algunas instituciones la presencia de personas menores alojadas con personas adultas. En relaci\u00f3n a la cantidad de muertes de personas internadas durante 2021 en todo el sistema (p\u00fablico o privado) se registraron 161 fallecimientos contra 233 ocurridos en 2020.<\/p>\n
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Para finalizar, reiteramos que este nuevo Informe Anual pretende ser un aporte constructivo a los tres poderes del Estado para que las pol\u00edticas p\u00fablicas provinciales se implementen con perspectiva de derechos humanos, y atendiendo la vulnerabilidad de los sectores impactados por el sistema penal y de encierro. Los cambios urgentes para revertir la cr\u00edtica situaci\u00f3n analizada requieren del compromiso de todas las fuerzas pol\u00edticas: es necesario construir consensos y acuerdos que profundicen nuestra democracia y garanticen derechos iguales para todas y todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
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