Pol\u00edtica criminal<\/strong><\/p>\nA la luz del crecimiento exponencial del sistema penal, desde fines de 2019 a la actualidad se constata el fracaso de las iniciativas del actual gobierno provincial (Mesa Interinstitucional de Di\u00e1logo, por ejemplo) y de las audiencias convocadas por la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal Federal para reducir el hacinamiento en comisar\u00edas. Tras la pandemia, la pol\u00edtica criminal sobrevivi\u00f3 intacta.<\/p>\n
Durante 2021 el MPF inici\u00f3 847.173 investigaciones contra mayores de 18 a\u00f1os, equivalentes a 6700 investigaciones abiertas por cada 100.000 adultos de la poblaci\u00f3n de la provincia. Por otro lado, se ordenaron 39.125 privaciones de libertad basadas principalmente en sumarios confeccionados por la polic\u00eda: 90 % del total. En contraposici\u00f3n, persiste la deficiente investigaci\u00f3n de la violencia institucional: las causas abiertas entre 2014 y 2020 por violencia institucional representan el 0,5% del total de investigaciones penales iniciadas.<\/p>\n
La promoci\u00f3n judicial del encierro es otra de las constantes: a diciembre de 2021 s\u00f3lo el 46% de las personas detenidas a cargo del SPB ten\u00eda condena firme. Aproximadamente el 16 % ingresa a la c\u00e1rcel con condena, y en promedio las personas pasan 344 d\u00edas encarceladas hasta la sentencia de primera instancia.<\/p>\n
Al igual que la prisi\u00f3n preventiva, tambi\u00e9n se ha convertido en regla el uso abreviado, un instituto que afecta las garant\u00edas del debido proceso y para el cual el MPF destina el doble de personas para acusar -545 agentes fiscales- que para defender -269 defensores-. Entre 2013 y 2021, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado. En el extremo opuesto se suma otro problema: entre 2017-2021 los juzgados de ejecuci\u00f3n penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de acceso a institutos progresivos en la ejecuci\u00f3n de la pena, lo que impacta directamente en la tasa de encarcelamiento de la Provincia -un 66 % m\u00e1s alta que hace 10 a\u00f1os y con 428 personas mayores de 18 a\u00f1os cada 100.000-.<\/p>\n
En cuanto a poblaci\u00f3n detenida en comisar\u00edas, 2020 y 2021 presentan las cifras m\u00e1s altas desde 2006, con \u00edndice de sobrepoblaci\u00f3n de 222 % en el \u00faltimo a\u00f1o. En c\u00e1rceles, con 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas, se registr\u00f3 una sobrepoblaci\u00f3n de 111 %. Como se explica en este cap\u00edtulo, el problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la pol\u00edtica criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar. Entre 2001 y 2021 se crearon 11.800 plazas y la poblaci\u00f3n detenida creci\u00f3 en 29.500 personas. Sobre este cuadro, cabe se\u00f1alar la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que, desde el 3 de mayo de 2005, incumple una sentencia emblem\u00e1tica dictada por la Corte Suprema de la Naci\u00f3n que fij\u00f3 est\u00e1ndares m\u00ednimos para las condiciones de detenci\u00f3n en la Provincia de Buenos Aires. Desde 2005 a la actualidad la vulneraci\u00f3n de derechos humanos es notablemente peor.<\/p>\n<\/div>
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