Pol\u00edticas de justicia<\/strong><\/p>\nEl poder judicial no se constituye en un tercero de apelaci\u00f3n que controle la legalidad del accionar estatal y garantice el cumplimiento de derechos. En el sistema penal, se evidencia una cultura judicial autoritaria y elitista, que se manifiesta en la ausencia de respuestas a las violaciones sistem\u00e1ticas de derechos humanos de las personas privadas de su libertad o en la falta de celeridad y de profundidad para investigar los casos de violencia estatal.<\/p>\n
La crisis institucional del sistema de justicia nacional y provincial requiere de cambios en los mecanismos de selecci\u00f3n y designaci\u00f3n de jueces y funcionarios judiciales, y mecanismos disciplinarios \u00e1giles y transparentes as\u00ed como instancias parlamentarias de seguimiento del funcionamiento judicial. En la n\u00f3mina de las deudas pendientes persisten el funcionamiento arbitrario e irregular de algunas jurisdicciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal y la persecuci\u00f3n a jueces independientes, consolid\u00e1ndose la tendencia a la injerencia ilegal de agentes de inteligencia en causas provinciales y el armado de causas, entre otros. Tambi\u00e9n preocupa la endeble incorporaci\u00f3n de perspectiva de g\u00e9nero, incumpliendo obligaciones constitucionales y convencionales respecto del derecho a la igualdad.<\/p>\n
En lo particular, atendiendo al rol de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura de la CPM, se\u00f1alamos que no se constatan avances en la implementaci\u00f3n de la ley provincial 14.687 de violencia institucional ni de la ley 15.005 (reformada por la ley 15.023) de la creaci\u00f3n de la polic\u00eda judicial que asuma la investigaci\u00f3n de las causas.<\/p>\n
En este marco, entre 2014 y el primer semestre de 2021, en la provincia de Buenos Aires se iniciaron 30.205 causas por presuntos delitos enmarcados en la Ley 14.687\/14 de violencia institucional, que representan apenas el 0,5% del total de causas iniciadas en el fuero criminal correccional durante ese per\u00edodo, que rondan los 6 millones.<\/p>\n
De ese total, 12.737 causas corresponden al periodo entre 2018 y el primer semestre de 2021; en el 68% los presuntos autores de estos delitos pertenecen a fuerzas de seguridad, 29% al SPB y el 3% restante se reparten entre agentes municipales, sanitarios, educativos, judiciales y otros. S\u00f3lo se registran 56 agentes judiciales, entre los casi 13 mil hechos del per\u00edodo (0,4%), dejando entrever que el Poder Judicial no se investiga a s\u00ed mismo.<\/p>\n
Asimismo, de los casi 13 mil presuntos autores involucrados, menos de la mitad fueron sindicados y apenas 324 (3%) imputados formalmente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo Procesal Penal de la provincia. No se registra ning\u00fan imputado perteneciente a \u00f3rganos judiciales. De cada 10 causas finalizadas en el per\u00edodo 2018-2021, 9 se resolvieron mediante el archivo (62%) o la desestimaci\u00f3n (28%). S\u00f3lo el 2% fueron elevadas a juicio oral.<\/p>\n
Otra porci\u00f3n de hechos ni siquiera llegan a ser investigados bajo ese marco legal, como es el caso de las muertes producidas por agentes policiales en territorio provincial: entre 2018-2020 la CPM relev\u00f3 388 casos y el Ministerio P\u00fablico Fiscal s\u00f3lo registr\u00f3 42 car\u00e1tulas de \u201chomicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad\u201d. En los restantes 346 homicidios producidos por agentes policiales, no se inform\u00f3 c\u00f3mo se caratularon o si fueron investigados.<\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, entre 2018 y el primer semestre de 2021 se investig\u00f3 solo el 0,1% de los delitos de \u201ctortura\u201d (23 casos). Por el contrario, 2 de cada 3 causas se caratularon como delitos que prev\u00e9n penas menores.<\/p>\n
Las fiscal\u00edas incumplen tambi\u00e9n con la Resoluci\u00f3n 115\/13 de la Procuraci\u00f3n General, la cual establece que por cada fallecimiento ocurrido en una dependencia carcelaria debe iniciarse una investigaci\u00f3n penal y una operaci\u00f3n de autopsia. Sin embargo, de las 462 muertes registradas entre 2018-2020, la Procuraci\u00f3n dej\u00f3 por fuera el 17% de los casos y en los que se inici\u00f3 causa no se garantiz\u00f3 el cumplimiento de las resoluciones y protocolos establecidos para investigarlas.<\/p>\n
Litigio individual y colectivo<\/strong><\/p>\nDurante el 2021, en su car\u00e1cter de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, la CPM se present\u00f3 como particular damnificado institucional en 7 causas: cuatro por uso letal de la fuerza, el asesinato de Alejandro Mart\u00ednez en la comisar\u00eda de San Clemente del Tuy\u00fa, una por torturas a tres j\u00f3venes en una comisar\u00eda de Tres de Febrero y otra por un allanamiento ilegal en Pergamino.<\/p>\n
En el \u00faltimo a\u00f1o, la CPM tambi\u00e9n fue litigante en dos juicios orales que terminaron con las condenas del subdirector del centro cerrado COPA por severidades, vejaciones y apremios ilegales contra cuatro adolescentes y del ex m\u00e9dico policial Jos\u00e9 Daraio por fraguar la autopsia al cuerpo de Sebasti\u00e1n Nicora y ocultar la causa de muerte.<\/p>\n
Asimismo, en 2021 la CPM present\u00f3 m\u00e1s de 25.000 acciones judiciales individuales informando agravamientos en las condiciones de detenci\u00f3n y reclamando que se arbitren medidas que los hagan cesar. Tambi\u00e9n se realizaron m\u00e1s de 150 presentaciones judiciales colectivas identificando la acentuaci\u00f3n de la crisis humanitaria que caracteriza al \u00e1mbito de encierro punitivo provincial. Entre ellas, la participaci\u00f3n en la Causa \u201cVerbitsky Horacio s\/h\u00e1beas corpus\u201d o las medidas cautelares para garantizar la vacunaci\u00f3n por el COVID 19 en las dependencias del SPB, alcaid\u00edas y comisar\u00edas de la provincia, lo que oblig\u00f3 al ejecutivo a implementar un plan de vacunaci\u00f3n para personas privadas de su libertad.<\/p>\n
Junto al litigio, la CPM adopt\u00f3 como pol\u00edtica la construcci\u00f3n de espacios de elaboraci\u00f3n con las v\u00edctimas que busca contrarrestar la ausencia de pol\u00edticas de acompa\u00f1amiento, contenci\u00f3n y apoyos a nivel estatal. Los vac\u00edos que el sistema judicial muestra en el acompa\u00f1amiento y el abordaje a las v\u00edctimas de violencia estatal constituyen una nueva forma de violencia.<\/p>\n<\/div>
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