Pol\u00edticas de control de la corrupci\u00f3n y la inteligencia ilegal<\/strong><\/p>\nLa combinaci\u00f3n sistem\u00e1tica de actos de corrupci\u00f3n y de tortura afecta derechos y garant\u00edas fundamentales de las personas privadas de libertad y de las v\u00edctimas de violencia policial-judicial. Existe, por lo tanto, un v\u00ednculo inextricable entre la tortura, la violaci\u00f3n de derechos humanos en general y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Violencia carcelaria y corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\nEn el sistema penitenciario, los actos de corrupci\u00f3n son de car\u00e1cter estructural: est\u00e1n insertas en su andamiaje burocr\u00e1tico, son naturalizadas por los agentes y autoridades, y padecidas por las personas privadas de libertad, familiares y allegados.<\/p>\n
El cuadro de corrupci\u00f3n, hacinamiento y violencia se reitera en todas las c\u00e1rceles bonaerenses: venta de pabellones, camas, colchones, comida, visitas \u00edntimas, carnets y\/o permisos laborales, educativos o recreativos, estupefacientes e incluso graves denuncias por hechos de trata, entre otras, resultan pr\u00e1cticas regulares, con la direcci\u00f3n, anuencia y\/o complicidad de las autoridades penitenciarias.<\/p>\n
Durante la actual gesti\u00f3n de gobierno se implement\u00f3 una pol\u00edtica activa en materia de investigaci\u00f3n de este tipo de hechos, a cargo de la Auditor\u00eda de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el \u00faltimo a\u00f1o se iniciaron 584 sumarios administrativos contra funcionarios penitenciarios por hechos de corrupci\u00f3n y tenencia y\/o comercializaci\u00f3n de estupefacientes. Muchas de estas denuncias motivaron la adopci\u00f3n de sanciones. En este marco, por ejemplo, en agosto de 2021 se removi\u00f3 de sus cargos a la c\u00fapula de oficiales que dirig\u00eda la Unidad 1 de Olmos.<\/p>\n
No obstantes, es necesaria una urgente revisi\u00f3n de la estrategia de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y control por parte de los organismos p\u00fablicos competentes y una jerarquizaci\u00f3n e independencia del esquema contralor, ante la magnitud y sistematicidad de la problem\u00e1tica.<\/p>\n
Violencia policial-judicial y corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\nLos mercados ilegales y el crimen organizado son, en gran medida, gestionados por una trama policial-judicial. No estamos ante hechos aislados o puntuales de determinados agentes y\/o funcionarios con conductas irregulares, sino que estas pr\u00e1cticas funcionan dentro de un esquema sist\u00e9mico, rutinario y recurrente de las fuerzas policiales. En muchos casos, en estrecha conexi\u00f3n con funcionarios judiciales (como se desprende del caso del fiscal Claudio Scapol\u00e1n y el personal de su fiscal\u00eda imputados), que validan investigaciones irregulares y habilitan una bater\u00eda de acciones discrecionales, tales como tareas investigativas desprovistas de evidencia o pistas falsas en base a escuchas telef\u00f3nicas. Una de las pr\u00e1cticas m\u00e1s eficaces es el armado y\/o fraguado de causas penales, extorsiones y\/o exigencias monetarias.<\/p>\n
Seg\u00fan informaci\u00f3n del Registro de expulsados e inhabilitados de la Auditor\u00eda General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, en el per\u00edodo 2015-2021 fueron expulsados de la Polic\u00eda de la provincia de Buenos Aires 2.772 agentes. Luego de un pico de expulsiones en 2018, se nota una descenso paulatino, con 301 expulsados en 2020 y 182 hasta junio de 2021.<\/p>\n
La mayor cantidad de expulsiones de personal policial correspondi\u00f3 a abandono de servicio, seguido por las categor\u00edas de connivencia o participaci\u00f3n en cr\u00edmenes comunes, infracciones de contenido patrimonial, violencia policial, irregularidades funcionales graves en dependencias, violencia de g\u00e9nero y corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Inteligencia ilegal e informes de la CPM a la Comisi\u00f3n Bicameral<\/strong><\/p>\nA lo largo de 2021, la apertura y el tr\u00e1mite de numerosas causas judiciales en las que se investigan hechos vinculados a inteligencia ilegal muestran la magnitud del aparato de espionaje montado por los gobiernos nacional y provincial en el per\u00edodo 2015-2019. Asimismo, reflejan la profunda crisis que atraviesa el sistema de inteligencia desde larga data y su impacto en los subsistemas de inteligencia criminal y de las provincias.\u00a0 Desde 1983 a la actualidad, las agencias encargadas de producir inteligencia funcionaron como instrumentos polivalentes al servicio del poder de turno para la producci\u00f3n de inteligencia pol\u00edtica.<\/p>\n
Como dijimos en informes anteriores, la intervenci\u00f3n de la AFI y la designaci\u00f3n de Cristina Caama\u00f1o, que llev\u00f3 a cabo una pol\u00edtica de saneamiento y transparencia del accionar de este organismo, es un punto de partida para consolidar otra institucionalidad en este tema. A pesar del importante c\u00famulo de pruebas documentales y testimoniales y la inusitada gravedad de los hechos, el avance de las causas se vio frenado por el corporativismo judicial que, con epicentro en los tribunales federales de Comodoro Py, ha funcionado como dispositivo de protecci\u00f3n pol\u00edtica y judicial de muchos de los imputados.<\/p>\n
En mayo del 2021 la CPM present\u00f3 un informe ante la Comisi\u00f3n bicameral de fiscalizaci\u00f3n de los organismos y actividades de inteligencia que propone\u00a0algunos ejes para la discusi\u00f3n de una reforma integral del sistema nacional de inteligencia. El rol de las bases de la AFI a cargo de personal policial retirado, sus objetivos de inteligencia, el espionaje ilegal dentro de establecimientos penitenciarios as\u00ed como la penetraci\u00f3n en la justicia provincial del sistema de inteligencia ilegal, montado a nivel nacional en articulaci\u00f3n con sectores del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la provincia, son algunos de los principales puntos.<\/p>\n
Todav\u00eda resta una profunda reforma que se traduzca en una nueva normativa en pos de respetar los derechos fundamentales y garant\u00edas.<\/p>\n<\/div>
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