Los 40 a\u00f1os de democracia ininterrumpida que se cumplen el 10 de diciembre de 2023 requieren de una profunda revisi\u00f3n de los logros y las deudas pendientes en materia de derechos humanos en nuestro pa\u00eds y, en particular, en la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
Esta trayectoria se inscribe en un marco regional impactado de diversas maneras por procesos de violencia y violaciones masivas de los derechos humanos, que transformaron profundamente a las sociedades en un contexto global de reconfiguraci\u00f3n del orden capitalista y de transformaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n
En el cono sur, las democracias emergentes de estas experiencias se configuraron en torno a una ilusi\u00f3n com\u00fan: la democracia ser\u00eda el r\u00e9gimen capaz de garantizar la no repetici\u00f3n de las violencias del pasado, signado por las dictaduras militares que se implementaron en la d\u00e9cada del \u201870.<\/p>\n
En la Argentina, el Nunca M\u00e1s fue un principio fundante del nuevo tiempo por venir. Nunca m\u00e1s a las dictaduras y golpes de Estado que caracterizaron la din\u00e1mica pol\u00edtica del siglo XX en nuestro pa\u00eds. Nunca m\u00e1s al terrorismo de Estado, la desaparici\u00f3n de personas, la tortura, el exilio, es decir a las violaciones a las garant\u00edas y derechos elementales de las personas. Nunca m\u00e1s tambi\u00e9n a la violencia pol\u00edtica y, m\u00e1s que eso, a intentar v\u00edas de transformaci\u00f3n de la sociedad por fuera de la democracia y el respeto a la Constituci\u00f3n nacional.<\/p>\n
El Nunca M\u00e1s y la supremac\u00eda constitucional por encima de las fracciones de poder (como las Fuerzas Armadas que hab\u00edan condicionado el pleno funcionamiento de la democracia) se dirimieron fundamentalmente en la escena judicial, cuyo sustento probatorio se provey\u00f3 en gran medida por la labor de la Comisi\u00f3n Nacional de Desaparici\u00f3n de Personas (CONADEP).<\/p>\n
La justicia retroactiva, sostenida como v\u00eda de superaci\u00f3n del pasado y garant\u00eda de no repetici\u00f3n, concentr\u00f3 buena parte de las expectativas. La posibilidad de sancionar penalmente a los m\u00e1ximos responsables de la dictadura militar, en procesos judiciales ajustados a derecho, dar\u00eda cuenta de la posibilidad de dar vuelta la p\u00e1gina de la historia, y dejar atr\u00e1s una democracia siempre condicionada por el partido militar y sus aliados civiles, como los grandes grupos empresarios y de los agro negocios. Es decir, cambiar las reglas del juego y centrarlas b\u00e1sicamente en la nueva normatividad que deb\u00eda cumplirse. Los pactos internacionales de derechos humanos de los sistemas de protecci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) y la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) se incorporaron al ordenamiento jur\u00eddico y se reconoci\u00f3 la competencia de la Corte Interamericana para juzgar las violaciones de derechos humanos.<\/p>\n
La igualdad ante la ley garantizar\u00eda el camino hacia una mayor equidad social. En ese sentido, democracia significaba plena vigencia de los derechos humanos. En el nuevo tiempo el ideal superador las encontraba en el mismo horizonte: lo formal era la garant\u00eda de lo real. Una ilusi\u00f3n que tambi\u00e9n pretend\u00eda resolver la deuda social de la dictadura: la v\u00eda para la implantaci\u00f3n de pol\u00edticas regresivas en materia econ\u00f3mica y social que dej\u00f3 no s\u00f3lo miles de v\u00edctimas de la violencia represiva del Estado sino tambi\u00e9n pobreza y desocupaci\u00f3n.<\/p>\n
Como dec\u00edamos, la escena judicial que sancion\u00f3 penalmente a los m\u00e1ximos responsables del autodenominado \u201cproceso de reorganizaci\u00f3n nacional\u201d provoc\u00f3 en t\u00e9rminos simb\u00f3licos y positivos que la buena nueva no s\u00f3lo era un anuncio de los nuevos tiempos sino que expresaba, en t\u00e9rminos reales, revertir por la fuerza de la ley y el derecho las relaciones de poder. Es decir, el ideal de una justicia que equilibrara la balanza, siempre inclinada por la desigualdad de armas entre d\u00e9biles y poderosos, sustrayendo a los oprimidos de la mano de sus opresores. Lo formal ten\u00eda fuerza para transformar lo real.<\/p>\n
Las v\u00edctimas, otrora se\u00f1aladas como delincuentes subversivos, terroristas, ap\u00e1tridas, enemigos en una guerra librada en defensa de la naci\u00f3n, las buenas costumbres y los valores cristianos y occidentales, fueron restituidas como sujetos de derecho a trav\u00e9s del testimonio transformado en prueba, es de decir en verdad jur\u00eddica indudable e indeleble.<\/p>\n
La verdad jur\u00eddica, como tambi\u00e9n fue en t\u00e9rminos narrativos el Informe Nunca M\u00e1s presentado por la CONADEP, emancip\u00f3 de sus victimarios a las v\u00edctimas que pudieron decirse a trav\u00e9s de su palabra, sin la sujeci\u00f3n de la violencia atroz del centro clandestino y la tortura.<\/p>\n
El llamado \u201cparadigma punitivo\u201d que domin\u00f3 la escena de la transici\u00f3n a la democracia puso en la posibilidad del reproche penal buena parte de la expectativa de poder saldar las cuentas con el pasado, y dar vuelta la p\u00e1gina.<\/p>\n
Las pol\u00edticas de memoria puestas en marcha se inscribieron all\u00ed, en reivindicar y poner en valor a la democracia como modo de convivencia y como forma de rearticular el pacto que nos restitu\u00eda como comunidad nacional, quebrada en la \u201cguerra salvadora\u201d de los genocidas que exterminaron, en nombre de la naci\u00f3n, a quienes construyeron como \u201cap\u00e1tridas\u201d, parias sin derechos.<\/p>\n
La naciente democracia se inscribi\u00f3 en una nueva etapa del capitalismo que vino de la mano de la celebraci\u00f3n de la democracia liberal como panacea de la promesa moderna, cuyo hito fue la derrota de las experiencias del socialismo real marcadas por dos acontecimientos: la ca\u00edda del muro de Berl\u00edn y de la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica.<\/p>\n
Los a\u00f1os 90, cuando se ubica en Argentina lo que llamamos el \u201cboom de la memoria\u201d, fue tambi\u00e9n el tiempo donde se ech\u00f3 por tierra esa ilusi\u00f3n de que la democracia procedimental sostenida en la legalidad constitucional pondr\u00eda l\u00edmites a la violaci\u00f3n a los derechos humanos y propender\u00eda a nuevas conquistas. La democracia se transform\u00f3 entonces en un campo de disputa en torno a los proyectos de sociedad en curso. Las reformas neoliberales se pusieron en marcha en gobiernos elegidos democr\u00e1ticamente, y profundizaron a\u00fan m\u00e1s la brecha de la desigualdad y la injusticia social.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo se fue articulando el campo de la memoria y los derechos humanos? En los periodos donde los gobiernos tuvieron una pol\u00edtica activa de memoria y reparaci\u00f3n de los da\u00f1os producidos por los cr\u00edmenes de la dictadura, como fueron los primeros a\u00f1os del gobierno de Alfons\u00edn y los gobiernos kirchneristas, coincidieron con fuertes expectativas en cuanto a ampliaci\u00f3n de derechos y democratizaci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n
Si bien en ambos periodos se advierten avances significativos en materia de derechos (pol\u00edticos sobre todo durante el gobierno de Alfons\u00edn y sociales durante los gobiernos kirchneristas), no lograron superar la brecha de desigualdad que inaugur\u00f3 la dictadura.<\/p>\n
Tampoco avanzaron en reformas estructurales sostenidas de las fuerzas de seguridad que terminaran con pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas ilegales que a\u00fan hoy siguen vulnerando los derechos humanos de los sectores m\u00e1s pobres. La pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la tortura, lejos de erradicarse, adquiri\u00f3 modalidades diferentes a las de la dictadura, y se hicieron extensivas como modo de control y gobierno de los sectores de la poblaci\u00f3n a\u00fan excluidos por el modelo de desarrollo.<\/p>\n
Es decir, puede advertirse cierto desacople entre las pol\u00edticas de memoria y la pol\u00edtica criminal o de seguridad. Pues mientras las primeras se profundizan en gobiernos que sostienen con mayor \u00e9nfasis el discurso de defensa de los derechos humanos, las segundas se mantienen inalteradas en una matriz claramente violatoria de los derechos de los sectores m\u00e1s vulnerados.<\/p>\n
El fortalecimiento del estado penal, que gobierna a los que excluye por medio de la pol\u00edtica criminal, es transversal a todos los gobiernos desde hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os, m\u00e1s all\u00e1 de algunos esfuerzos para transformarlo que no tuvieron continuidad. De ello damos cuenta a\u00f1o a a\u00f1o en nuestros Informes Anuales y lo reiteramos como una de las deudas pendientes m\u00e1s gravosas de nuestra democracia, que cumple 40 a\u00f1os.<\/p>\n
La emergencia de los discursos anti derechos, con su componente negacionista sobre los cr\u00edmenes de lesa humanidad, es resultado tambi\u00e9n de una democracia que legaliza la desigualdad, tolera y naturaliza la pobreza e indigencia, estigmatiza a los m\u00e1s vulnerados se\u00f1al\u00e1ndolos como sospechosos, como se evidencia en la selectividad del sistema penal que patrulla a los pobres, los captura y los encierra como t\u00e9cnica de control y disciplinamiento.<\/p>\n
El cuestionamiento de los derechos humanos como sustento y horizonte de la democracia coincide con la matriz ideol\u00f3gica de la mano dura, que admite el estado de excepci\u00f3n con los pobres que no merecen el acceso a derechos y reclama un punitivismo selectivo que no cuestiona los grandes delitos de los poderosos.<\/p>\n
No basta con pol\u00edticas de memoria como fuente de legitimaci\u00f3n de una democracia apegada a derechos. El recuerdo del horror por s\u00ed mismo no garantiza la no repetici\u00f3n: s\u00f3lo se lograr\u00e1 si se conecta con los horrores presentes, si muestra lo que no quiere verse, si hace escuchar las voces de las v\u00edctimas de hoy sistem\u00e1ticamente negadas. Por ello estamos convencidos de que este informe (y todos los que hemos publicado en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas) no solo son necesarios sino que tambi\u00e9n son justos, pues pretenden ir a contrapelo de lo que parece inmodificable, reconociendo esas voces, narrando sus padecimientos, sistematizando las dimensiones de la violencia que las atraviesa.<\/p>\n
Frente a una derecha que amenaza, la respuesta no puede ser replicar y profundizar las pol\u00edticas que los tranquilizan: m\u00e1s mano dura, m\u00e1s polic\u00eda brava controlando los territorios, m\u00e1s encarcelamiento, m\u00e1s c\u00e1rceles, mas tortura. La respuesta debe ser ampliar derechos, ampliar garant\u00edas, fortalecer pol\u00edticas p\u00fablicas que incluyan, igualen y generen posibilidades para todas\/os.<\/p>\n
Frente a las mafias que operan y organizan los mercados ilegales y que crecen entramadas con la polic\u00eda, la pol\u00edtica y la justicia, y a redes narcos que adquieren visibilidad p\u00fablica por su violencia la respuesta no puede ser profundizar este camino, debe ser cambiar el rumbo.<\/p>\n
Para eso es este nuevo Informe Anual -ya el n\u00famero diecisiete- que la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria hace p\u00fablico en su car\u00e1cter de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la ley nacional 26.827.<\/p>\n
Durante el a\u00f1o 2022, la continuidad de la pol\u00edtica criminal se expres\u00f3 una vez m\u00e1s en el crecimiento de la poblaci\u00f3n encarcelada y las tasas de prisionizaci\u00f3n, la persistencia de la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la tortura en los lugares de encierro, el despliegue policial en los territorios y la continuidad de graves vulneraciones de derechos de ni\u00f1o\/as. S\u00f3lo las pol\u00edticas de salud mental escapan a este diagn\u00f3stico cr\u00edtico.<\/p>\n
La cantidad de personas detenidas en el sistema penal bonaerense aument\u00f3 de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022 llevando la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes, lo que duplica la tasa mundial de prisionizaci\u00f3n de 152 personas cada 100.000 habitantes. En c\u00e1rceles y alcaid\u00edas pas\u00f3 de 46.456 a 48.046, en monitoreo electr\u00f3nico de 3.206 a 3.627 y en comisar\u00edas baj\u00f3 de 4.445 a 3.948.<\/p>\n
Pese a la cr\u00edtica situaci\u00f3n que se analiza en este Informe Anual, el dato positivo a destacar en el marco de las pol\u00edticas de seguridad es la disminuci\u00f3n abrupta de la letalidad policial. Los casos registrados de uso letal de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, bajaron de 130 a 90 entre 2021 y 2022, 40 casos menos que implican una baja sustancial del 31%.<\/p>\n
De las 90 muertes ocurridas en territorio provincial, 53 fueron realizadas por agentes de polic\u00eda bonaerense, diez menos que las 63 del a\u00f1o 2021. Tambi\u00e9n las muertes a manos de polic\u00edas federales bajaron de 21 a 11. Y los casos de muerte provocados por agentes de la Polic\u00eda de CABA bajaron de 25 a 19 en igual per\u00edodo.<\/p>\n
No es factible determinar si la disminuci\u00f3n registrada corresponde a una reducci\u00f3n aleatoria o est\u00e1 dando cuenta de una transformaci\u00f3n m\u00e1s estructural, lo que podr\u00e1 ponderarse si se sostiene la baja, ya que ninguno de los ministerios de Seguridad publica informaci\u00f3n consolidada ni elabora informes anal\u00edticos o programas que aborden la cuesti\u00f3n.<\/p>\n
Un elemento a tener en cuenta es el creciente juzgamiento de agentes policiales por casos de gatillo f\u00e1cil o torturas, que en muchos casos provocaron condenas o incluso la realizaci\u00f3n de juicios que aunque terminaron en absoluciones tuvieron mucho impacto medi\u00e1tico y movilizaciones p\u00fablicas reclamando justicia. S\u00f3lo con la intervenci\u00f3n directa de la CPM se llevaron a cabo siete juicios orales y p\u00fablicos, algunos por jurados, contra polic\u00edas bonaerenses por casos de gatillo f\u00e1cil o torturas en los \u00faltimos dos a\u00f1os; fueron condenados 22 polic\u00edas y hubo 5 absueltos. En 2022, en los tres debates orales en que particip\u00f3 el organismo se lograron las condenas de los funcionarios policiales. Hubo dos por juicio t\u00e9cnico, el homicidio (gatillo f\u00e1cil) de Mat\u00edas Banuera (Departamento Judicial de Quilmes), m\u00e1s el homicidio por el uso letal del patrullero de Ulises Rial y Ezequiel Corbal\u00e1n (Departamento Judicial de San Nicol\u00e1s), y el tercero por juicio por jurados, el homicidio (gatillo f\u00e1cil) de Lucas Ver\u00f3n (Departamento Judicial de La Matanza).<\/p>\n
Sin embargo en l\u00edneas generales no se han modificado los aspectos que venimos advirtiendo en informes anteriores con relaci\u00f3n a las condiciones de posibilidad que explican los casos de uso letal.<\/p>\n
En 52 de los 90 casos la muerte se produjo en conflictos asociados a la sustracci\u00f3n de sus bienes personales. En 6 de cada 10 casos se produjeron con polic\u00edas en actividad pero fuera de servicio, y 3 de cada 10 con polic\u00edas en actividad y en servicio. La mayor\u00eda de las muertes (61) fueron provocadas por el arma de fuego reglamentaria.<\/p>\n
Las muertes se distribuyeron en 30 municipios, la mayor\u00eda en 21 de los 24 municipios del conurbano: La Matanza, Merlo, Almirante Brown y Lomas de Zamora contin\u00faan reuniendo la mayor cantidad de muertes. Berazategui destaca por su descenso, pasando de 8 muertes en 2021 a ninguna registrada en 2022. Por primera vez desde la construcci\u00f3n de este registro (2016) ocurrieron hechos de uso letal de la fuerza en cinco municipios: Luj\u00e1n, Mercedes, Pergamino, Ramallo y San Vicente.<\/p>\n
La cantidad de mujeres v\u00edctimas de letalidad policial fue la misma pese a la baja total pronunciada de casos: 7 en 2021 y 2022. En cuanto a los femicidios cometidos por agentes policiales se produjo una baja a dos femicidios y un femicidio vinculado contra siete femicidios y tres femicidios vinculados en el a\u00f1o 2021. La baja en los casos de menores de 18 a\u00f1os super\u00f3 la baja general, pasando de 25 en 2021 a 9 en 2022.<\/p>\n
Una muestra de que las detenciones policiales son para controlar los territorios m\u00e1s pobres habitados por los j\u00f3venes morochos, que representan el estigma del delincuente construido como imaginario social, es que durante 2022 la polic\u00eda aprehendi\u00f3 222.145 personas de las cuales apenas 38.179 (17%) fueron privadas de su libertad por imputaci\u00f3n judicial de un delito y de \u00e9stas s\u00f3lo 18.920 (8%) ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisi\u00f3n preventiva o fueron condenadas por acreditarse en t\u00e9rminos judiciales esa imputaci\u00f3n. Estos porcentajes bajos dan cuenta que las detenciones no tienen por finalidad reprimir el delito sino gobernar ciertos territorios.<\/p>\n
No obstante la continuidad de este patr\u00f3n de funcionamiento policial, se destaca como positiva una disminuci\u00f3n importante de las aprehensiones policiales que, sin considerar las particularidades de 2020 por la pandemia, pasaron de 279.744 en 2019 a las 222.145 actuales, 57.599 menos. A pesar de este descenso, las detenciones siguen sin cumplir con las salvaguardias legales y procesales (brindar informaci\u00f3n sobre derechos, un examen m\u00e9dico independiente, notificar a un tercero la detenci\u00f3n y acceder a una defensa t\u00e9cnica), herramientas indispensables para la prevenci\u00f3n y lucha contra la tortura.<\/p>\n
La detenci\u00f3n de personas durante uno o varios d\u00edas en comisar\u00edas contribuye a las condiciones inhumanas de detenci\u00f3n y hacinamiento extremo que persisten en estos lugares: a diciembre de 2022, en 1.265 camastros se alojaban 3.948 personas, lo que representaba un 212% de sobrepoblaci\u00f3n. Estos valores representan una baja con relaci\u00f3n a 2021 (232%), pero en mayo de 2023 ascendieron nuevamente a 238%.<\/p>\n
Las comisar\u00edas contin\u00faan siendo lugares donde no se respetan los derechos elementales: 40% de los detenidos est\u00e1 en comisar\u00edas clausuradas por orden judicial y\/o administrativa; persiste el incumplimiento de prohibir la aprehensi\u00f3n y detenci\u00f3n de los grupos especialmente vulnerables (ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, personas enfermas, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 a\u00f1os) y en casi todas hay sobrepoblaci\u00f3n-hacinamiento e inhumanas condiciones de detenci\u00f3n.<\/p>\n
Durante 2022 murieron al menos 25 personas en comisar\u00edas bonaerenses, dos menos que en 2022, lo que representa una tasa de 5,8 muertes cada 1.000 personas detenidas. Las muertes informadas como presuntos ahorcamientos fueron 13, contra 8 de 2021. En la figura del suicidio muchas veces pretenden ocultar la responsabilidad policial en dicha muerte.<\/p>\n
Un ejemplo de esto es el caso de Daiana Soledad Abreg\u00fa, una joven asesinada en la comisar\u00eda de Laprida, cuyo homicidio se quiso hacer pasar como suicidio. Se organiz\u00f3 una gran cantidad de acciones y omisiones delictivas de parte de polic\u00edas y una cobertura importante del Ministerio de Seguridad provincial y el fiscal interviniente, que no llev\u00f3 a cabo una investigaci\u00f3n adecuada, eficaz y diligente respetuosa de est\u00e1ndares internacionales previstos por organismos especializados en estos temas, pese a que el funcionario est\u00e1 designado a cargo de investigar los casos de violencia institucional.<\/p>\n
El despliegue policial en el territorio se caracteriza por la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la tortura y los malos tratos. La CPM intervino el a\u00f1o pasado en 502 casos que implicaron 982 pr\u00e1cticas ilegales. Tambi\u00e9n se relevaron pr\u00e1cticas extendidas de corrupci\u00f3n. Este organismo registr\u00f3 y denunci\u00f3 75 casos que involucran a 154 efectivos de las fuerzas de seguridad en 32 municipios. Los delitos cometidos fueron: narcocriminalidad, extorsi\u00f3n, robos, hurtos, secuestros extorsivos, encubrimiento, uso de autos robados, facilitaci\u00f3n de fugas, exacciones ilegales, venta de espacios y bienes a personas detenidas en dependencias policiales, irregularidades en cobro de horas extras, allanamientos ilegales, tareas de inteligencia ilegal, fraguado o armado de causas, falsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos, liberaci\u00f3n de zonas. La diversidad de dependencias denunciadas, la extendida distribuci\u00f3n territorial y temporal de las pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n policial relevadas, sumado a los casos graves que se registran con la participaci\u00f3n de numerosos agentes, varios de ellos de jerarqu\u00eda, dan cuenta de lo estructural y sistem\u00e1tico de estos delitos policiales.<\/p>\n
En cuanto a las pol\u00edticas penitenciarias<\/strong>, el aumento de 46.456 personas detenidas en diciembre de 2021 a 48.046 personas detenidas en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas un a\u00f1o despu\u00e9s implica un crecimiento de la tasa general de prisionizaci\u00f3n<\/strong>, que pas\u00f3 de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes. Mientras que la poblaci\u00f3n de la provincia de Buenos Aires creci\u00f3 un 11% en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, la cantidad de personas detenidas aument\u00f3 un 93%.<\/p>\nLas distintas gestiones de gobierno provincial desde el 1999 han asumido la pol\u00edtica criminal vigente como la \u00fanica posible. En este punto no est\u00e1n dispuestas a generar ning\u00fan debate sobre la irracionalidad de la pol\u00edtica criminal ni a cambiarla, pese a que en mesas de di\u00e1logo o reuniones lo reconocen y asumen sus efectos. La provincia de Buenos Aires repite estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblaci\u00f3n y hacinamiento en c\u00e1rceles y comisar\u00edas. En los \u00faltimos 18 a\u00f1os tres ministros de Justicia abordaron el problema desde la misma \u00f3ptica.<\/p>\n
En 2005 el ministro de Justicia promet\u00eda resolver la cuesti\u00f3n del hacinamiento y la sobrepoblaci\u00f3n construyendo ese a\u00f1o y el siguiente 9.680 plazas penitenciarias, de las cuales s\u00f3lo se construyeron 2.760 plazas en esos a\u00f1os y otras 1.955 en 2007, totalizando 4.715 en toda la gesti\u00f3n.<\/p>\n
Luego, en 2008, otro ministro de Justicia anunci\u00f3 con el mismo objetivo la construcci\u00f3n de dos c\u00e1rceles, 15 alcaid\u00edas y 1.500 lugares en el programa casas por c\u00e1rceles, de cuyas iniciativas s\u00f3lo complet\u00f3 1.932 plazas.<\/p>\n
Por \u00faltimo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la actual gesti\u00f3n tambi\u00e9n anunci\u00f3 la construcci\u00f3n de 12.000 nuevas plazas (11 alcaid\u00edas y 4 c\u00e1rceles) de las cuales en tres a\u00f1os s\u00f3lo se construyeron 2.886, menos del 25% de lo comprometido. El problema con esta res- puesta, a la luz de la experiencia hist\u00f3rica, es que a cada ampliaci\u00f3n del sistema le sigui\u00f3 un incremento de personas encarceladas: entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la poblaci\u00f3n detenida aument\u00f3 en 31.056 personas.<\/p>\n
Est\u00e1 demostrado que construir c\u00e1rceles no mejora las condiciones de detenci\u00f3n sino que, por el contrario, eleva el piso de encarcelamiento. La ocupaci\u00f3n siempre supera la capacidad. El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la pol\u00edtica criminal que los tres poderes del Estado provincial se niegan a modificar.<\/p>\n
Cabe recordar que la Provincia contin\u00faa incumpliendo con el fallo Verbitsky, dictado el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n cuando revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA) y orden\u00f3 a la Provincia el cese del agravamiento de las condiciones de detenci\u00f3n instruyendo a los tribunales provinciales. La Suprema Corte provincial, obligada a intervenir, promovi\u00f3 una serie de iniciativas inocuas y cerr\u00f3 la causa en 2007. Apelada esta resoluci\u00f3n, un nuevo fallo de la Corte nacional en 2021 revoc\u00f3 dicho cierre en mayo del 2021.<\/p>\n
El 12 de julio de 2021 la SCBA convoc\u00f3 a una audiencia a todos los organismos involucrados en el tema. Luego de la primera audiencia se conformaron cuatro comisiones de trabajo coordinadas por funcionarios y relatores de la SCBA e integradas por los organismos participantes: Procuraci\u00f3n General, Defensor\u00eda de Casaci\u00f3n Penal, Consejo de Defensores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, y CPM. Cada comisi\u00f3n tuvo a su cargo un tema y el mandato de alcanzar consensos b\u00e1sicos para requerir y recomendar medidas a la Corte. Se alcanzaron importantes acuerdos y recomendaciones que no fueron consideradas por el m\u00e1ximo tribunal provincial.<\/p>\n
El 3 de mayo de 2022 (a un a\u00f1o de la reapertura de la causa y el d\u00eda en que se cumpl\u00edan 17 a\u00f1os del fallo Verbitsky) la SCBA dict\u00f3 la resoluci\u00f3n 502: asumi\u00f3 que \u201clas condiciones generales que presenta la problem\u00e1tica enjuiciada no evolucionaron en un sentido positivo\u201d, y que el estado de situaci\u00f3n actual es \u201clesivo e inconstitucional\u201d (considerandos III y IV). No obstante, su fuerza se diluy\u00f3 en t\u00e9rminos como \u201cexhortar\u201d, \u201cencomendar\u201d, \u201crecordar\u201d, \u201creiterar\u201d, \u201csolicitar\u201d, \u201ctraer a colaci\u00f3n\u201d, \u201cinstar\u201d o \u201cevaluar la posibilidad\u201d. La historia de estas exhortaciones es la historia de la inercia y morosidad judicial.<\/p>\n
La \u00fanica medida con car\u00e1cter determinante fue crear una nueva estructura burocr\u00e1tica para el seguimiento del caso, la Autoridad del programa de cumplimiento de sentencia (APCS), pese a la escasa efectividad que hab\u00eda demostrado la estructura creada anteriormente en el marco del mismo fallo y con igual fin (la Subsecretar\u00eda de DDHH de la SCBA). En junio de 2022 el acuerdo 4.064 cre\u00f3 tambi\u00e9n el Observatorio participativo del programa de cumplimiento de sentencia, cuya integraci\u00f3n y funciones fueron establecidas reci\u00e9n 10 meses despu\u00e9s, en abril de 2023, mediante el acuerdo 4.102.<\/p>\n
En los 15 a\u00f1os transcurridos, desde que la Suprema Corte provincial cerrara la causa en 2007 por considerar finalizada su intervenci\u00f3n, hasta diciembre de 2022 -previa nueva orden de la Corte nacional de reabrirla-, la tasa de encarcelamiento provincial pas\u00f3 de 175 a 311 cada 100 mil habitantes; la sobrepoblaci\u00f3n en el SPB se increment\u00f3 de 29% a 109%; la sobrepoblaci\u00f3n en comisar\u00edas registr\u00f3 un promedio interanual de 233%; en las c\u00e1rceles bonaerenses murieron 2.157 personas (12 por mes) y en las comisar\u00edas se registraron al menos 215 muertes (casi dos por mes).<\/p>\n
Como se ver\u00e1 en este informe, las instancias de articulaci\u00f3n institucional que podr\u00edan vehiculizar transformaciones progresivas (centralmente las mesas de trabajo en el marco de la causa Verbitsky ante la SCBA, la causa sobre comisar\u00edas ante el Tribunal de Casaci\u00f3n Penal o las mesas en torno a las medidas cautelares en tr\u00e1mite ante la CIDH) nunca alcanzan definiciones efectivas pese a coincidir en los diagn\u00f3sticos.<\/p>\n
El m\u00e1ximo tribunal provincial debi\u00f3 -y a\u00fan debe- adoptar decisiones urgentes, categ\u00f3ricas, adecuadas y efectivas para desandar esta crisis humanitaria provocada por la pol\u00edtica criminal de la provincia de Buenos Aires, y garantizar el pleno cumplimiento de las leyes y las garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n
Mientras tanto, la tortura<\/strong> contin\u00faa siendo una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica: con diferentes modalidades, intensidades y frecuencias se relevaron en todos los establecimientos del SPB, con una significativa incidencia de los ubicados lejos de los grandes aglomerados urbanos.<\/p>\nDurante 2022 los equipos de este MLPT realizaron 803 inspecciones a c\u00e1rceles, alcaid\u00edas, neuropsiqui\u00e1tricos y centros de j\u00f3venes de la provincia de Buenos Aires, y 38.571 entrevistas o comunicaciones con personas detenidas, familiares, allegados, otros organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas realizadas por las 11 organizaciones de familiares de personas detenidas y ex detenidos que integran el programa Punto Denuncia Tortura implementado por el organismo. En ese marco se registraron un total de 45.004 hechos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, malos tratos, negaci\u00f3n de acceso a la justicia y otras restricciones. Por estos hechos se realizaron 26.183 presentaciones judiciales individuales y 122 acciones colectivas.<\/p>\n
Del total de hechos relevados de violaciones de derechos humanos, 32.023 (71%) corresponden a hechos de torturas y malos tratos: aislamiento, requisas violentas y vejatorias, afectaci\u00f3n del v\u00ednculo familiar, malas condiciones materiales de alojamiento, agresiones f\u00edsicas, traslados constantes o gravosos, agresi\u00f3n verbal o psicol\u00f3gica, falta o deficiente asistencia de la salud, robo de pertenencias. En el cap\u00edtulo de Pol\u00edticas Penitenciarias se desagrega y analiza cada categor\u00eda.<\/p>\n
La vulneraci\u00f3n de derechos m\u00e1s relevada fue la falta o deficiente acceso a la justicia como consecuencia de los obst\u00e1culos que enfrentan las v\u00edctimas para comunicarse y obtener audiencias con sus juzgados y defensor\u00edas, el desconocimiento de la situaci\u00f3n procesal, el armado o fraguado de causas que ascendieron a 9.370 hechos, un 20,3% del total.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se analizan estos hechos desde la tarea del Registro Nacional de Casos de Tortura y\/o Malos Tratos (RNCT), integrado desde 2010 por la CPM, la Procuraci\u00f3n Penitenciaria de la Naci\u00f3n (PPN) y el Grupo de estudios sobre sistema penal y derechos humanos (Gespydh) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). El marco conceptual y metodol\u00f3gico del RNCT amplifica las posibilidades de conocimiento de la tortura penitenciaria: primero, partiendo de un concepto amplio que contiene las dimensiones pertinentes que dan cuenta, de manera rigurosa, del conjunto de padecimientos que el sistema penitenciario genera sobre las personas privadas de su libertad; segundo, registrando por cada v\u00edctima todos los hechos combinados que se comuniquen; tercero, incorporando hechos independientemente de su denuncia judicial.<\/p>\n
La formulaci\u00f3n de un concepto amplio y din\u00e1mico (construido desde la palabra de las v\u00edctimas en casi 20 a\u00f1os de monitoreo de lugares de encierro) extendi\u00f3 el horizonte de interpretaci\u00f3n de este fen\u00f3meno, reflejando as\u00ed las distintas formas de violencia que experimentan las personas detenidas. Como marco conceptual construido a partir de investigaciones rigurosas y peri\u00f3dicas, esta multidimensionalidad permite entender la tortura como parte de la gobernabilidad penitenciaria. En ese sentido, se registran tanto pr\u00e1cticas violentas de tipo estructural y extendido como otras selectivas y direccionadas de mayor o menor nivel de intensidad, y desplegadas por per\u00edodos temporales variables que van de unos pocos minutos a jornadas enteras.<\/p>\n
De los casos abordados por la CPM durante 2022 se seleccion\u00f3 una muestra intencional de 470 casos que pasaron a formar parte de la base anual del RNCT y que permiten individualizar 2.163 hechos de tortura. Esta muestra permite una descripci\u00f3n m\u00e1s detallada de los casos para comprender de manera m\u00e1s densa y profunda el fen\u00f3meno de la tortura a los efectos de aportar mejores elementos anal\u00edticos.<\/p>\n
A\u00f1o a a\u00f1o, el relevamiento de los equipos del MLPT y el an\u00e1lisis de casos del RNCT confirman el car\u00e1cter sistem\u00e1tico, generalizado y multidimensional de la tortura penitenciaria, sus consecuencias en t\u00e9rminos de derechos humanos y su funcionalidad para sostener el gobierno de la poblaci\u00f3n encarcelada.<\/p>\n
El desarrollo de recorridos institucionales en el registro de los hechos de torturas, el juzgamiento de los cr\u00edmenes de lesa humanidad y el activismo en derechos humanos lograron en Argentina la aceptaci\u00f3n de un concepto amplio de torturas, en el sentido previsto en la definici\u00f3n de la Convenci\u00f3n interamericana para prevenir y sancionar la tortura. No obstante, algunos actores institucionales han iniciado un debate acerca del alcance de este concepto, planteando la necesidad de restringir los hechos que deben nominarse de esta manera. Para la historia de lucha contra la tortura en nuestro pa\u00eds y los avances mencionados, registrar de manera restringida la tortura es regresivo e invisibiliza esta realidad cr\u00edtica.<\/p>\n
Vinculado con esta forma de gobierno penitenciario, otro dato relevante lo constituye la cantidad de personas fallecidas<\/strong> bajo custodia penitenciaria que aumentaron de 242 a 244 casos entre 2021 y 2022. Si bien disminuy\u00f3 la cantidad de fallecimientos en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas, de 200 en 2021 a 188 en 2022 (-12), aumentaron la de fallecimientos de detenidos con monitoreo electr\u00f3nico, de 42 a 56 (+14). La tasa de muertes en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas baj\u00f3 de 4,5 a 4 de cada 1.000 detenidos, ascendiendo de 13,1 a 15,4 cada 1.000 detenidos entre quienes cumpl\u00edan arresto domiciliario con monitoreo electr\u00f3nico. Existe una relaci\u00f3n directa entre ambos tipos de muerte, considerando que una parte de los fallecimientos en detenci\u00f3n domiciliaria se producen luego de una estad\u00eda en la c\u00e1rcel que genera o agrava las causas de muerte. Reci\u00e9n luego del agravamiento de los cuadros y los pedidos reiterados de este organismo o sus defensores se concede el arresto domiciliario.<\/p>\nDe las 188 muertes ocurridas en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas, 162 fueron por problemas de salud no asistidos de manera adecuada, 20 por suicidio, 5 por homicidio y una por accidente. Las restantes 56, ocurridas en arresto domiciliario por monitoreo electr\u00f3nico, fueron por problemas de salud. Este a\u00f1o aument\u00f3 exponencialmente la participaci\u00f3n de mujeres en el total de muertes, pas\u00f3 de 1% a 4,3%, y de las personas trans que pas\u00f3 de 0,5% a 1,6%.<\/p>\n
El funcionamiento deficiente de la Direcci\u00f3n de Salud Penitenciaria sigue siendo responsable principal de muertes que podr\u00edan evitarse. Y persiste la decisi\u00f3n pol\u00edtica de no pasar esta estructura de la \u00f3rbita actual del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Salud provincial, consolidando as\u00ed una clara desigualdad en la atenci\u00f3n sanitaria de las personas detenidas. La implementaci\u00f3n de los CAS (hospitales m\u00f3viles instalados dentro de los complejos penitenciarios pero fuera de las unidades) es la gran incoherencia del sistema: en lugar de mejorar, agregaron un nuevo nivel de restricci\u00f3n al acceso a la atenci\u00f3n: los\/as detenidos\/as tienen m\u00e1s dificultades para llegar a la atenci\u00f3n m\u00e9dica y, cuando lo consiguen, en la mayor\u00eda de los casos no hay profesionales que atiendan. A la mediaci\u00f3n penitenciaria arbitraria para salir del pabell\u00f3n y lograr la atenci\u00f3n se suma las dificultades burocr\u00e1ticas para salir de la Unidad hasta el CAS, ya que hay que designar una comisi\u00f3n penitenciaria que acompa\u00f1e y una ambulancia o m\u00f3vil, que son escasos. M\u00e1s dif\u00edcil aun es que se cumpla con la atenci\u00f3n o tratamientos especializados extra muros. Tampoco existe atenci\u00f3n de la salud mental: no hay tratamientos psicol\u00f3gicos adecuados y acceder a una atenci\u00f3n psiqui\u00e1trica adecuada es una misi\u00f3n imposible. As\u00ed, la tasa de suicidios ascendi\u00f3 a 4,2 cada 10.000 personas detenidas, una cifra muy superior a la tasa provincial (0,5 v\u00edctimas cada 10.000 personas) y a la tasa nacional (0,1 v\u00edctimas cada 10.000 personas).<\/p>\n
En 2022 murieron 5 personas por homicidio, de 40 a\u00f1os promedio; se registr\u00f3 por primera vez una mujer v\u00edctima de homicidio. La tasa de homicidios en el sistema penitenciario ascendi\u00f3 a 1,1 de cada 10.000 personas contra 0,4 en la provincia de Buenos Aires y 0,5 del pa\u00eds. Morir asesinado o por suicidio es m\u00e1s frecuente dentro que fuera de los muros. Este tipo de muerte es parte de la delegaci\u00f3n de la violencia del SPB en las personas detenidas y de habilitaci\u00f3n del uso y circulaci\u00f3n de armas blancas, y el Estado es responsable directo.<\/p>\n
En la c\u00e1rcel la corrupci\u00f3n penitenciaria<\/strong> tambi\u00e9n es sistem\u00e1tica y estructural. A lo largo del a\u00f1o 2022 fueron denunciados por este organismo 61 casos de corrupci\u00f3n penitenciaria: comercializaci\u00f3n de espacios y bienes, extorsi\u00f3n, narcocriminalidad, violencia f\u00edsica, estafas, robo de pertenencias, etc. Durante la actual gesti\u00f3n de gobierno, la Auditor\u00eda de Asuntos Internos implement\u00f3 una pol\u00edtica activa en materia de investigaci\u00f3n incrementando la cantidad de sumarios tramitados entre 2020 (449) y 2021 (584), con una leve disminuci\u00f3n durante el a\u00f1o 2022 (534). En el per\u00edodo diciembre 2021 \/ abril 2023 hay 1308 sumarios en tr\u00e1mite, 102 sumarios archivados, 11 sumarios vinculados a hechos de Salud Penitenciaria, 183 agentes penitenciarios sumariados, 77 agentes con pase a disponibilidad, 7 destituidos, 5 sanciones, 6 sobreseimientos y un expediente en Asuntos Jur\u00eddicos del Ministerio de Justicia en tr\u00e1mite.<\/p>\nPara las mujeres cis y personas del colectivo LGTBIQ+ <\/strong>la c\u00e1rcel produce impactos diferenciales porque es un lugar pensado y estructurado para alojar varones. Las violencias y vulneraciones de derechos inherentes al sistema carcelario, sumadas al tratamiento desigual de funcionarios\/as judiciales y penitenciarios\/as reproducen la violencia patriarcal y heterocisexista imperante. La mayor\u00eda es encarcelada por infracciones a la ley de estupefacientes (43% de las mujeres y 45 % de personas trans y travestis, contra el 13% de varones), demostrando que la pol\u00edtica criminal que proclama la lucha contra el narcotr\u00e1fico se limita a perseguir s\u00f3lo al eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil del mercado ilegal. Su participaci\u00f3n se debe contextualizar en la situaci\u00f3n vulnerable en la que se encuentran: la pobreza y la exclusi\u00f3n del mercado laboral, atravesadas por la desigualdad y las violencias patriarcales (seg\u00fan el SNEEP, en 2021 el 47% de las mujeres cis y el 81% de las personas trans y travestis estaba desocupadas previo a su detenci\u00f3n).<\/p>\nAl finalizar el 2022, hab\u00eda 2.655 mujeres y 106 personas trans y travestis detenidas en el SPB, el 5% del total de la poblaci\u00f3n detenida. La cantidad de mujeres cis y personas trans y travestis detenidas aument\u00f3 en un 10% respecto de 2021, mientras que la poblaci\u00f3n de varones detenidos creci\u00f3 en un 4% de un a\u00f1o al otro. La poblaci\u00f3n de mujeres cis registra un ascenso sostenido creciendo m\u00e1s de 3 veces en los \u00faltimos 20 a\u00f1os: aument\u00f3 un 335%, pasando de 611 en 2003 a 2.655 mujeres presas en 2022.<\/p>\n
En cuanto a la poblaci\u00f3n trans y travesti se asume la existencia de un subregistro en los datos oficiales remitidos ya que, a partir de las tareas de monitoreo, se ha tomado conocimiento de personas cuya identidad de g\u00e9nero autopercibida no se respeta. En los \u00faltimos a\u00f1os la poblaci\u00f3n pas\u00f3 de 101 en 2019 a 112 en 2021 y 106 en 2022.<\/p>\n
Un problema hist\u00f3rico del sistema carcelario bonaerense es que la mayor\u00eda de las personas est\u00e1n presas sin condena firme. La sistematicidad del uso extendido de la prisi\u00f3n preventiva se profundiza al analizar seg\u00fan g\u00e9nero perjudicando de modo diferencial a mujeres, trans y travestis, como se ha denunciado en informes previos. Casi el 60% de las mujeres cis y m\u00e1s del 80% de las personas trans y travestis se encontraban detenidas siendo inocentes para la justicia; en caso de los varones era casi un 50 %.<\/p>\n
El aumento del encarcelamiento provoca c\u00e1rceles sobrepobladas con condiciones de detenci\u00f3n que vulneran los derechos de las personas detenidas. Para las mujeres cis y personas trans y travestis el sistema carcelario destina 20 de 66 lugares de encierro. Las mujeres son encarceladas en 15 unidades penales y una alcaid\u00eda departamental que tienen un cupo estipulado para 1.077 personas. Esto significa que en 2022 la sobrepoblaci\u00f3n de mujeres en las c\u00e1rceles bonaerenses fue del 66% contra el 60 % del a\u00f1o anterior.<\/p>\n
El rol que el orden patriarcal impone a las mujeres involucra la responsabilidad del cuidado de sus hijos, hijas y familiares; rol que se sigue ejerciendo desde el encierro. Al finalizar el 2022 el SPB alojaba 25 mujeres embarazadas y 25 detenidas junto a sus hijos o hijas. Seg\u00fan los \u00faltimos datos disponibles, el 56% de la poblaci\u00f3n trans y travesti en el SPB era extranjera; mientras que, para la poblaci\u00f3n de varones y de mujeres, esa proporci\u00f3n era del 5% y 6% respectivamente. Las personas extranjeras en el encierro est\u00e1n en una posici\u00f3n m\u00e1s adversa por no contar con visitas y\/o personas que puedan acercarles alimentos, productos de higiene o medicamentos no provistos por el SPB. A su vez, encuentran mayores dificultades para acceder a derechos procesales, como el arresto domiciliario. Estos datos adem\u00e1s deben pensarse en el contexto de una pol\u00edtica criminal transodiante y xen\u00f3foba que criminaliza, persigue y castiga especialmente a trans y travestis extranjeras.<\/p>\n
En cuanto a las pol\u00edticas de ni\u00f1ez<\/strong>, tanto en el sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos (SPPD) como el sistema de responsabilidad juvenil (SRPJ) se relevaron vulneraciones de derechos producto de la falta de pol\u00edticas integrales destinadas a efectivizar derechos.<\/p>\nEn diciembre de 2022 hab\u00eda 3.922 ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes (NNyJ) institucionalizados y durante todo el a\u00f1o el sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos abord\u00f3 68.020 casos. Durante 2022 la mayor\u00eda de los egresos se producen porque el SPPD entiende que las intervenciones derivaron en la restituci\u00f3n de derechos (34,2%); el 28,9% es por \u201cabandono unilateral de medida\u201d y los egresos por \u201cguarda preadoptiva\u201d acumulan el 24,9% de los casos. Esta \u00faltima medida se produce muchas veces sin agotar previamente la posibilidad de que los\/as ni\u00f1os\/as vuelvan a su hogar.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n por la Memoria monitore\u00f3 15 dispositivos convivenciales, y se abordaron 170 situaciones (muchas que involucran a grupos de hermanos y hermanas), donde se relevaron y denunciaron casos de torturas y malos tratos por parte de operadores de las instituciones. NNyJ que sufrieron violencia en su grupo familiar fueron nuevamente victimizados por el SPPD que debe velar por su cuidado.<\/p>\n
El monitoreo dio cuenta de los problemas estructurales de las pol\u00edticas de ni\u00f1ez en la provincia de Buenos Aires, la falta de un proyecto que respete y garantice derechos de NNyJ, y la ausencia total de control judicial de los magistrados que dispusieron las medidas de protecci\u00f3n de derechos y de las asesor\u00edas de incapaces intervinientes o representantes tutelares. La gran mayor\u00eda de los juzgados de Familia no concurre a los dispositivos convivenciales: no conocen los lugares donde est\u00e1n ni\u00f1os o ni\u00f1as alojados por medidas de protecci\u00f3n que ordenaron.<\/p>\n
En cuanto al sistema de responsabilidad penal juvenil, desde 2006 la CPM denuncia la carcelizaci\u00f3n de un sistema que reproduce patrones propios de la penalidad m\u00e1s dura de adultos. Las medidas impuestas a NNyJ responden a los fundamentos de la justicia retributiva: el sufrimiento se impone como castigo para compensar a las v\u00edctimas. No hay dispositivos que trabajen de manera adecuada desde una perspectiva de restituci\u00f3n de derechos, creaci\u00f3n de oportunidades o reeducaci\u00f3n. La justicia juvenil resuelve las causas condenando mediante el juicio abreviado extorsivo, utilizado en el 92% de los casos.<\/p>\n
La privaci\u00f3n de libertad en instituciones de r\u00e9gimen cerrado es la medida judicial que se ordena para el 83% de los ingresos. En diciembre de 2022 hab\u00eda alojados 589 j\u00f3venes privados de la libertad: 490 en reg\u00edmenes cerrados y 99 con la libertad restringida en reg\u00edmenes de semilibertad. Adem\u00e1s ingresaron 109 ni\u00f1os\/as no punibles, 13 % del total de ingresos. Por otra parte, 41 j\u00f3venes fueron derivados durante el a\u00f1o al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 40 a instituciones de salud mental. Estas derivaciones son la forma de resoluci\u00f3n de los conflictos que se producen por reclamos de derechos de parte de los pibes. Frente a las protestas, el traslado.<\/p>\n
Durante 2022 se realizaron 53 inspecciones de monitoreo general y seguimiento de situaciones individuales y colectivas en establecimientos penales. Las violaciones de derechos humanos que se relevaron fueron: requisas corporales vejatorias y humillantes, golpes, aislamiento, insultos, amenazas y traslados compulsivos. Se suman falta de talleres de formaci\u00f3n y de certificaci\u00f3n para el desempe\u00f1o laboral que contemplen los intereses de j\u00f3venes, obstaculizaci\u00f3n de los v\u00ednculos familiares y sexo-afectivos, implementaci\u00f3n desigual del protocolo para el uso de tel\u00e9fonos celulares y\/u otros dispositivos tecnol\u00f3gicos, y deficiente conectividad a internet, saldada por las familias de j\u00f3venes.<\/p>\n
En los centros penales del OPNyA se aplica el aislamiento como r\u00e9gimen cotidiano: los j\u00f3venes permanecen encerrados entre 18 y 36 horas. En los centros se a\u00edsla para evitar conflictos, para sancionar cuando hubo un conflicto, para adaptar a quienes ingresan, para resguardar j\u00f3venes que tuvieron tentativa de suicidio o autolesiones. No existe otra forma de gestionar estas situaciones: recortan derechos con el aislamiento, que facilita la vigilancia con menos recursos y menos trabajo.<\/p>\n
El aislamiento y la restricci\u00f3n de derechos son hechos de tortura graves que no deben aplicarse en ninguna circunstancia. Sin embargo, la principal medida de sanci\u00f3n en los centros penales juveniles es el aislamiento de entre uno y 15 d\u00edas, la misma modalidad que se utiliza en c\u00e1rceles de adultos. Detectamos este tipo de pr\u00e1ctica cotidiana en 9 de los centros inspeccionados.<\/p>\n
La asistencia de la salud mental es inexistente. En ambos sistemas (SPPD y SRPJ) observamos que los NNyJ presentan cuadros de gran angustia que muchas veces se manifiestan en autolesiones, intentos de suicidio y, en el caso m\u00e1s extremo, suicidios consumados.<\/p>\n
Entre enero y diciembre del 2022 en el sistema de responsabilidad penal juvenil hubo 62 activaciones del protocolo de suicidio, que en 15 casos correspondieron a autolesiones y\/o intentos de suicidio. Como se viene mencionando, en estos dispositivos de encierro las autolesiones y suicidios son un problema que acontece con regularidad. En el monitoreo se observa que no hay diagn\u00f3stico y dimensi\u00f3n de los padecimientos de salud mental de los\/as j\u00f3venes.<\/p>\n
No contamos con esta informaci\u00f3n para el caso de los dispositivos convivenciales del SPPD. Sin embargo, a partir del monitoreo se relev\u00f3 falta de previsi\u00f3n y prevenci\u00f3n reflejada en la inexistencia de pautas y protocolos de actuaci\u00f3n para abordar situaciones de angustia y crisis subjetivas, adem\u00e1s de desconocimiento de las herramientas ya existentes, como el protocolo de prevenci\u00f3n del suicidio adolescente. Los relatos de NNyJ coinciden en se\u00f1alar que m\u00e1s que brindar contenci\u00f3n las respuestas institucionales apuntan a controlar y castigar las manifestaciones de angustia. Al momento de articular con instituciones de salud, se encuentran con la dificultad de que no hay profesionales id\u00f3neos para trabajar con NNyJ o que los turnos en el sistema p\u00fablico de salud se demoran mucho.<\/p>\n
En el a\u00f1o 2022 se produjo el fallecimiento de Alex Fleitas, detenido en el Centro de Recepci\u00f3n Malvinas Argentinas (CRMA), muri\u00f3 por asfixia luego de agonizar durante meses, como consecuencia del humo inhalado al prenderse fuego su celda. De manera deliberada los custodios del centro no le brindaron asistencia a tiempo, demorando la apertura de la celda por \u201crazones de seguridad\u201d. En diciembre del 2022 muri\u00f3 Ezequiel Romano, un ni\u00f1o alojado en el Hogar San Patricio por haberse broncoaspirado en el desayuno que compart\u00eda con el resto de los\/ as ni\u00f1os\/as del hogar. Si bien recibi\u00f3 atenci\u00f3n m\u00e9dica en el hospital no lograron salvarle la vida. Al menos 8 j\u00f3venes m\u00e1s murieron durante el a\u00f1o en instituciones de cuidado del sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos.<\/p>\n
En las pol\u00edticas de salud mental<\/strong>, a 10 a\u00f1os de la adhesi\u00f3n de la provincia de Buenos Aires a la ley 14.580 de Salud Mental, se destacan algunos avances del Estado provincial en la elaboraci\u00f3n de recursos, pautas y gu\u00edas de abordaje; la constituci\u00f3n de mesas intersectoriales y la presentaci\u00f3n de un registro \u00fanico provincial de establecimientos de salud (RUPES), que contempla las instituciones habilitadas en el \u00e1mbito privado.<\/p>\nNo obstante hay deudas que siguen pendientes: las unidades penitenciarias neuropsiqui\u00e1tricas no han sido incluidas en el plan provincial sexagenal; en los hospitales neuropsiqui\u00e1tricos monovalentes p\u00fablicos se siguen constatando l\u00f3gicas manicomiales y vulneraciones de derechos; respecto al \u00e1rea de consumo problem\u00e1tico y\/o adicciones el sector privado cubre el vac\u00edo estatal, ausencia que lleva a una total discrecionalidad de las instituciones privadas. En el encierro prima la l\u00f3gica de seguridad por sobre el criterio sanitario; la intervenci\u00f3n de fuerzas de seguridad en la v\u00eda p\u00fablica, en situaciones que involucran a personas con padecimiento mental, muestra falta de formaci\u00f3n y perspectiva para reconocer una crisis subjetiva y dar intervenci\u00f3n al sistema de salud.<\/p>\n
Como dato positivo se\u00f1alamos que la cantidad de personas internadas en los cuatro hospitales monovalentes de la Provincia disminuy\u00f3 un 9% respecto de 2021. Sin embargo, las cifras indican que las externaciones no son tan efectivas: de 999 ingresos, el 56% (557) fueron reinternaciones. Esto da cuenta de las dificultades y de la necesidad de fortalecer los dispositivos comunitarios intermedios para sostener un tratamiento ambulatorio y de recursos en los dispositivos existentes.<\/p>\n
Adem\u00e1s se identificaron servicios de internaci\u00f3n sobrepasados en su capacidad, con hacinamiento, personal insuficiente, sometimiento a r\u00e9gimen de aislamiento, aplicaci\u00f3n de sujeci\u00f3n mec\u00e1nica sin regulaci\u00f3n ni control, condiciones materiales indignas, sobremedicaci\u00f3n y prolongaci\u00f3n de internaciones por razones sociales. Muchas comunidades terap\u00e9uticas son \u00e1mbitos donde se registran graves violaciones de derechos humanos sin control estatal adecuado y efectivo.<\/p>\n
Durante el a\u00f1o, se monitorearon cinco comunidades terap\u00e9uticas donde se constataron que estas pr\u00e1cticas son comunes y estructurales. El control del Estado era nulo o m\u00ednimo y la articulaci\u00f3n escasa o inexistente. Muchas internaciones son irregulares o directamente ilegales, y constituyen secuestros y privaciones ilegales de la libertad. El modelo de abordaje es un sistema de l\u00f3gica disciplinaria de premios y castigos que a veces se constituye como justificaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de derechos. No s\u00f3lo no se adec\u00faa a la LNSM, adem\u00e1s se incumple en todos los casos con la ley nacional 26.529 que regula la confecci\u00f3n de historias cl\u00ednicas y el consentimiento informado. En estos lugares se relevaron adem\u00e1s condiciones materiales riesgosas, pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de violencia, aislamiento, malos tratos y hasta casos de abuso sexual. La puesta en marcha del registro \u00fanico es una iniciativa positiva que debe fortalecerse con recursos destinados al control territorial de los dispositivos.<\/p>\n
En las dos c\u00e1rceles neuropsiqui\u00e1tricas, designadas como \u201cinstitutos neuropsiqui\u00e1tricos de seguridad\u201d, no hay direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n ni presencia del Ministerio de Salud; por ende est\u00e1n disociadas y desconectadas del sistema p\u00fablico y no fueron incluidas en el plan provincial sexagenal de salud mental. No se adec\u00faan a la LNSM e incluso alojan a personas sobrese\u00eddas, el 22% de los detenidos en el caso de la Unidad Penitenciara 34. En esta unidad, a diciembre de 2022, se registraba un 48% de sobrepoblaci\u00f3n y hab\u00eda una m\u00e9dica\/o cada 32 personas detenidas y una psic\u00f3loga\/o cada 58 personas detenidas. En la Unidad 45 de mujeres se relev\u00f3 una muerte en el sector de aislamiento y falta de abordaje de situaciones de violencia entre detenidas (la \u00fanica estrategia del personal es el aislamiento).<\/p>\n
Se comprob\u00f3 que se siguen aplicando pr\u00e1cticas de tortura en las dos unidades: sujeci\u00f3n mec\u00e1nica gravosa, sobremedicaci\u00f3n y aislamiento. Las personas no reciben informaci\u00f3n sobre la medicaci\u00f3n que les suministran (b\u00e1sicamente por medio de inyectables y bajo coacci\u00f3n), los profesionales de la salud no recorren los pabellones y todo se agrava por las condiciones materiales inhumanas de detenci\u00f3n.<\/p>\n
Las unidades denominadas \u201cneuropsiqui\u00e1tricas\u201d reproducen la l\u00f3gica de seguridad, control y vigilancia del resto de las c\u00e1rceles, profundizan el padecimiento mental y aumentan la desafiliaci\u00f3n social. Lo mismo pasa en las unidades que dicen abordar los consumos problem\u00e1ticos y adicciones: no cumplen con lo planteado discursivamente como objetivo institucional ni se adecuan a la normativa vigente.<\/p>\n
Durante 2022 se registraron 171 muertes de personas internadas por razones de salud mental en instituciones p\u00fablicas o privadas. El 75% (117) se produjeron en el sector p\u00fablico; la mayor cantidad, un 33%, se concentra en hospitales p\u00fablicos monovalentes (57) y existe una grave falencia en el registro de la causa de las muertes, sobre todo en el sector privado.<\/p>\n
La c\u00e1rcel 34 de Melchor Romero es la que mayor cantidad de suicidios registra en los \u00faltimos 7 a\u00f1os. Cuando una persona con padecimiento mental manifiesta indicios de riesgo cierto e inminente, el primer actor estatal en arribar suelen ser agentes de las fuerzas de seguridad. La l\u00f3gica securitaria de esa intervenci\u00f3n se evidencia posteriormente en comisar\u00edas y c\u00e1rceles con cuadros agudos que se agravan por la falta de abordaje integral o asistencia adecuada.<\/p>\n
Frente al cuadro descripto, es necesario remarcar la importancia de contar con un poder judicial<\/strong> que cumpla con su funci\u00f3n de control efectivo sobre los poderes p\u00fablicos y garantice el cumplimiento de los derechos humanos. La trama institucional que debe revertirse est\u00e1 integrada por: la falta de celeridad o de medidas adecuadas en respuesta a los graves hechos perpetrados por agentes estatales, la persistencia de fuertes carencias de perspectiva de derechos humanos, la falta de garant\u00edas a las v\u00edctimas para acceder a la verdad o la justicia, y los comportamientos autoritarios y elitistas de funcionarios\/as judiciales que muchas veces se reflejan en malos tratos, desidia y falta de empat\u00eda hacia quienes padecen graves violaciones de derechos humanos.<\/p>\nLa crisis institucional del sistema de justicia provincial (y tambi\u00e9n nacional) requiere cambios en los mecanismos de selecci\u00f3n y designaci\u00f3n de los jueces y funcionarios judiciales o sistemas de remoci\u00f3n que incorporen la participaci\u00f3n ciudadana directa, mecanismos disciplinarios \u00e1giles y transparentes e instancias parlamentarias y ciudadanas de seguimiento del funcionamiento judicial. Tambi\u00e9n ser\u00eda importante establecer como requisito para la designaci\u00f3n de jueces, juezas, funcionarios y funcionarias judiciales la formaci\u00f3n en derechos humanos y la demostraci\u00f3n de un acabado compromiso de las y los postulantes.<\/p>\n
La CPM impulsa actualmente varias denuncias (a\u00fan en tr\u00e1mite) a jueces y fiscales provinciales y federales ante diferentes \u00f3rganos disciplinarios, la mayor\u00eda con escaso avance:<\/p>\n
\n- Funcionarios de la justicia provincial: fiscal Juan Pablo Tahtagian del Departamento Judicial de La Matanza, fiscal Juan Cruz Condom\u00ed Alcorta del Departamento Judicial La Plata, fiscal general Fabi\u00e1n Uriel Fern\u00e1ndez Garello del Departamento Judicial de Mar del Plata, fiscal general Sebasti\u00e1n Scalera y fiscales Pablo Rossi y Sebasti\u00e1n Bisquert del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, jueza de Ejecuci\u00f3n Marcela Oterm\u00edn del Departamento Judicial de Mercedes.<\/li>\n
- Funcionarios de la justicia federal: fiscal federal Santiago Ulpiano Mart\u00ednez de Bah\u00eda Blanca y jueza federal Mar\u00eda Gabriela Marr\u00f3n de Bah\u00eda Blanca.<\/li>\n<\/ul>\n
La causa contra el fiscal Claudio Scapol\u00e1n, del Departamento Judicial San Isidro, avanz\u00f3 en 2022 y fue destituido este a\u00f1o, 2023, por la causal de mal desempe\u00f1o.<\/p>\n
La agenda de temas pendientes es vasta, y va desde el funcionamiento arbitrario e irregular de algunas jurisdicciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal hasta la persecuci\u00f3n a jueces independientes, la injerencia ilegal de agentes de inteligencia en causas provinciales y el armado o fraguado de causas.<\/p>\n
Debemos insistir con el bajo est\u00e1ndar investigativo general que se profundiza cuando se trata de casos de violencia estatal o institucional. En los datos emanados de \u00f3rganos del propio poder judicial se observa que las fiscal\u00edas especializadas en materia de violencia institucional, ordenadas mediante ley provincial 14.687, siguen siendo muy escasas: apenas 3 fiscal\u00edas especiales y 5 ayudant\u00edas fiscales (\u00f3rganos de menor jerarqu\u00eda) que abarcan 6 departamentos judiciales sobre el total de 20 (muchos de extensos territorios y\/o con alcance a poblaciones muy numerosas).<\/p>\n
Tampoco se observan acciones tendientes a resolver problemas medulares de la administraci\u00f3n de la justicia penal, como la creaci\u00f3n de la polic\u00eda judicial: un cuerpo de funcionarios judiciales que asuman la investigaci\u00f3n de manera profesional desplazando a la polic\u00eda bonaerense que oficia hoy como instructora. Ya la ley 15.005, reformada luego por la ley 15.023, afirm\u00f3 que el sentido del cuerpo es transparentar y mejorar esta tarea, hoy signada por la regulaci\u00f3n territorial del delito por la polic\u00eda, el armado o fraguado de causas y el escaso profesionalismo de las fuerzas para llevarlas adelante.<\/p>\n
El incumplimiento reiterado de las leyes mencionadas (creaci\u00f3n de la polic\u00eda judicial y las fiscal\u00edas especializadas para investigar la violencia institucional adem\u00e1s de la ley 14.442 que avanza en otorgar autonom\u00eda a la defensa p\u00fablica y que este a\u00f1o cumple 10 a\u00f1os de incumplimiento), alerta sobre la debilidad institucional de la provincia de Buenos Aires y la degradaci\u00f3n de los principios republicanos de gobierno. Son responsables los tres poderes estatales, pero centralmente el Procurador General de la Provincia y la Suprema Corte provincial. Si las m\u00e1ximas autoridades judiciales incumplen abiertamente las leyes vigentes sin ninguna consecuencia, poco se puede exigir al resto de la sociedad.<\/p>\n
Pese a lo abrumador que pueda parecer el cuadro de situaci\u00f3n presentado, lejos est\u00e1 de ser imposible de transformar. Se requieren decisiones pol\u00edticas sostenidas en un amplio consenso, del mismo tipo que el obtenido con el manodurismo<\/em> impuesto en los \u00faltimos 25 a\u00f1os.<\/p>\nEl actual sistema no s\u00f3lo no resuelve los problemas y produce graves violaciones a los derechos humanos sino que consume buena parte de los recursos financieros del Estado de manera ineficaz y onerosa. Estos mismos recursos invertidos en pol\u00edticas sociales orientadas sobre todo a ni\u00f1os\/s y j\u00f3venes, los m\u00e1s castigados por el sistema de la crueldad, no s\u00f3lo fortalecen la justicia social sino que ser\u00eda \u00fatil para prevenir y luchar contra la violencia y el delito. En cualquier gobierno democr\u00e1tico deben ser prioritarias las pol\u00edticas de asistencia a la salud mental, a los consumos problem\u00e1ticos, y a la atenci\u00f3n de las familias vulneradas por una pobreza estructural de d\u00e9cadas.<\/p>\n
La memoria de aquellas ilusiones que colmaban las plazas y las calles en la renacida democracia de 1983 debe ser un aliento que nos lleve a retomar como sociedad la idea que casi nadie discut\u00eda: que la democracia se basa en la plena vigencia de los derechos humanos.<\/p>\n
Aqu\u00ed radica la lucha para que los horrores de ayer no se repitan: construir un pa\u00eds que garantice la educaci\u00f3n, la salud, el trabajo, la vivienda, el goce de la vida y de un ambiente sano. Un pa\u00eds que incluya a todos y todas, que permita construir un proyecto vital pensando en el futuro.<\/p>\n
Un pa\u00eds que abandone los paradigmas securitarios sesgados que tienen como proyecto prioritario garantizar la seguridad de bienes, objetos y algunas vidas sin importar los excluidos de nuestra sociedad. Este \u00faltimo, sustentado en la desigualdad, el odio o la indiferencia, s\u00f3lo puede sostenerse desde la violencia estatal extrema.<\/p>\n
Esta idea nos lleva a lo peor del pasado, a menos democracia y a nuevos autoritarismos. A 40 a\u00f1os de democracia esta disyuntiva es el gran desaf\u00edo de nuestra sociedad.<\/p>\n<\/div>
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Acciones del Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura en 2022<\/h4><\/h4><\/div>0<\/span><\/div>inspecciones <\/div><\/div><\/div>
0<\/span><\/div>entrevistas a familiares y\/o v\u00edctimas<\/div><\/div><\/div>
0<\/span><\/div>presentaciones judiciales individuales y colectivas<\/div><\/div><\/div>
0<\/span><\/div>casos de violencia policial en donde se intervino<\/div><\/div><\/div>
0<\/span><\/div>denuncias de corrupci\u00f3n policial o penitenciaria<\/div><\/div><\/div>
0<\/span><\/div>intervenciones en juicios<\/div><\/div><\/div><\/div>