Pol\u00edticas de justicia<\/strong><\/p>\nEntre 2014 y el primer semestre de 2022, en la Provincia se iniciaron 32.899 causas por presuntos delitos enmarcados en la ley 14.687\/14 de violencia institucional. A pesar de tal escenario y lo que dispone la mencionada ley sancionada hace casi una d\u00e9cada, s\u00f3lo existen 8 dependencias judiciales -presentes en seis de los 20 departamentos judiciales- dedicadas exclusivamente a investigar la violencia estatal.<\/p>\n
Dentro de ese periodo, entre 2018 y el primer semestre de 2022, en el 68% de las causas de violencia institucional los presuntos autores de los delitos investigados pertenecieron a fuerzas policiales y el 29% fueron agentes penitenciarios mientras que s\u00f3lo 69 acusados fueron agentes judiciales, lo que revela que el Poder Judicial no se investiga a s\u00ed mismo. El 49% de estas pr\u00e1cticas estatales se perpetraron en lugares de encierro, el 32% en la v\u00eda p\u00fablica y el 15% en domicilios particulares.<\/p>\n
Del total de los autores involucrados en esos delitos, s\u00f3lo el 3% resultaron imputados formalmente (ninguno de ellos, perteneciente a \u00f3rganos judiciales). Por otra parte, en general, sobre funcionarios p\u00fablicos la prisi\u00f3n preventiva se utiliza en sentido inverso al que se aplica a civiles, que promedia el 50%. Respecto al delito de tortura, en ese mismo per\u00edodo se investigaron solamente 29 casos (0,1% del total) a pesar de ser una pr\u00e1ctica extendida y sistem\u00e1tica en los lugares de encierro.<\/p>\n
En cuanto a c\u00f3mo terminan las causas de violencia institucional, en el per\u00edodo 2018 y primer semestre 2022, 9 de cada 10 se resolvieron mediante archivo (66%) o desestimaci\u00f3n (26%). S\u00f3lo el 4% de los expedientes fue elevado a juicio oral y ninguno se resolvi\u00f3 mediante juicio abreviado, un instituto que se utiliza en tres de cada cuatro causas cuyos imputados no son agentes p\u00fablicos.<\/p>\n
Litigio como MLPT<\/strong><\/p>\nLa CPM ha incrementado sus intervenciones en conflictos jur\u00eddico-penales tras su designaci\u00f3n como Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura (MLPT); estas experiencias lograron importantes condenas a funcionarios policiales y expuso la experticia de la CPM en su rol de MLPT, adem\u00e1s de contextualizar la violencia policial como pr\u00e1ctica estructural y sistem\u00e1tica de la fuerza.<\/p>\n
Durante el 2022, se intervino como particular damnificado y particular damnificado institucional en tres juicios orales que terminaron en sentencias condenatorias para los polic\u00edas imputados: los asesinatos de Mat\u00edas Banuera en Quilmes, Lucas Ver\u00f3n en La Matanza y Ulises Rial y Ezequiel Corbal\u00e1n en San Nicol\u00e1s.<\/p>\n
En esa l\u00ednea de intervenci\u00f3n, en 2022 se present\u00f3 en 10 causas de violencia estatal como particular damnificado institucional y en una presentaci\u00f3n en el fuero federal como querella institucional. Acerca de las nuevas causas iniciadas por la CPM en 2022, se destacan la que investiga la muerte violenta de Daiana Abreg\u00fa en la Comisar\u00eda de Laprida; la muerte por violencia policial de C\u00e9sar \u201cLolo\u201d Regueiro en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata; los casos de ni\u00f1os v\u00edctimas de torturas en Mar del Plata; y el abandono y muerte sin control en Comunidad Terap\u00e9utica de San Fernando.<\/p>\n
Finalmente, el Poder Judicial requiere una serie de reformas no s\u00f3lo de sus procedimientos de selecci\u00f3n sino tambi\u00e9n de sus sistemas disciplinarios y de enjuiciamiento sino tambi\u00e9n. Frente a conductas delictivas o faltas graves de funcionarios judiciales, los mecanismos de enjuiciamiento son poco efectivos, lentos y atravesados por m\u00faltiples intereses pol\u00edtico-partidarios o de grupos de presi\u00f3n que no analizan la conducta de los magistrados evaluando su actuaci\u00f3n sino desde la utilizaci\u00f3n que puedan hacer de esa funci\u00f3n jurisdiccional para la protecci\u00f3n de sus intereses. Las pocas causas que avanzan y llegan a un juicio pol\u00edtico o una sanci\u00f3n tardan muchos a\u00f1os, pese a tratarse de funcionarios con gran cantidad de pruebas en su contra.<\/p>\n
En este sentido, la CPM impulsa actualmente varias denuncias \u2013a\u00fan en tr\u00e1mite- contra jueces y fiscales provinciales y federales ante diferentes \u00f3rganos disciplinarios: el fiscal Juan Pablo Tahtagian del Departamento Judicial de La Matanza; su par de La Plata, Juan Cruz Condom\u00ed Alcorta; el exfiscal de San Isidro, Claudio Scapolan; el fiscal federal de Bah\u00eda Blanca, Ulpiano Mart\u00ednez; y la jueza federal Mar\u00eda Gabriela Marr\u00f3n, con asiento en esta \u00faltima ciudad; entre otros.<\/p>\n
Por otra parte, en pos de las reformas urgentes que requiere el funcionamiento del Poder Judicial, tampoco se observan acciones tendientes a resolver problemas medulares de la administraci\u00f3n de la justicia penal como la creaci\u00f3n de la polic\u00eda judicial: un cuerpo de funcionarios judiciales que asuman la investigaci\u00f3n de manera profesional desplazando a la polic\u00eda bonaerense que oficia hoy como instructora.<\/p>\n<\/div>
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