Control de la corrupci\u00f3n y la inteligencia ilegal<\/strong><\/p>\nEn el marco del monitoreo de casos de corrupci\u00f3n, en 2022 la CPM registr\u00f3 un total de 134 denuncias sobre pr\u00e1cticas delictivas que involucran a personal policial y penitenciario: 75 hechos ligados a corrupci\u00f3n policial y 61 de corrupci\u00f3n penitenciaria. Sobre aqu\u00e9l total el organismo realiz\u00f3 233 presentaciones, entre acciones judiciales e informes ante la autoridad administrativa correspondiente.<\/p>\n
Respecto a la corrupci\u00f3n policial, el 2022 estuvo signado por casos significativos: muertes por consumo de coca\u00edna adulterada en Tres de Febrero y la desaparici\u00f3n y muerte de dos j\u00f3venes en Guernica. En ambos casos la CPM se present\u00f3 como particular damnificado institucional. El caso Scapolan -el exfiscal recientemente destituido- es emblem\u00e1tico sobre este tipo de causas en las que se entremezclan y vinculan las vulneraciones a los derechos humanos y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Durante el a\u00f1o la CPM registr\u00f3 un total de 75 casos de corrupci\u00f3n policial e involucran a 154 efectivos de las fuerzas de seguridad. 69 El 95% (65) corresponde a personal de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires. M\u00e1s de la mitad de los casos de corrupci\u00f3n policial registrados en 2022 por la CPM involucraron a los agentes investigados con hechos de narcocriminalidad y extorsi\u00f3n.<\/p>\n
Lo que se observa en los casos de narcocriminalidad es, adem\u00e1s, la mediaci\u00f3n con el sector judicial juega un rol clave a la hora de garantizar la impunidad de estos hechos a trav\u00e9s de un conjunto de pr\u00e1cticas que involucran la manipulaci\u00f3n de evidencia, la incorporaci\u00f3n de testigos falsos, la incriminaci\u00f3n de inocentes a trav\u00e9s de extorsiones y amenazas, as\u00ed como la tergiversaci\u00f3n de denuncias para que las causas se radiquen en fiscal\u00edas y juzgados \u201camigos\u201d. Todas estas estrategias apuntan a desviar, entorpecer y obstaculizar las investigaciones, volviendo al actor judicial-institucional un part\u00edcipe necesario, para perpetrar la impunidad y pervivencia de estas redes de ilegalidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s de estos estas categor\u00edas, el registro de la CPM releva la participaci\u00f3n de funcionarios policiales en hechos de exacciones ilegales, armado de causas y otras actividades il\u00edcitas como trata de personas, venta de protecci\u00f3n y zonas liberadas, entre otras.<\/p>\n
Por otro lado, En el \u00e1mbito penitenciario, la corrupci\u00f3n es una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica y estructural que, al mismo tiempo, produce violencia y tortura sobre las personas privadas de la libertad. En 2022 la CPM registr\u00f3 61 casos de corrupci\u00f3n penitenciaria, siendo las tres categor\u00edas m\u00e1s denunciadas: la comercializaci\u00f3n de espacios y bienes, la extorsi\u00f3n y la narcocriminalidad. Usualmente las autoridades del SPB utilizan instrumentalmente para tales fines, la cadena m\u00e1s d\u00e9bil del sistema penitenciario: las personas detenidas.<\/p>\n
Cabe destacar que durante la actual gesti\u00f3n de gobierno, la Auditor\u00eda de Asuntos Internos del SPB implement\u00f3 una pol\u00edtica activa en materia de investigaci\u00f3n de hechos vinculados a actos de corrupci\u00f3n e irregularidades en el sistema penitenciario. Esto se evidenci\u00f3 en un marcado salto en el n\u00famero de sumarios tramitados y un sostenido incremento de los mismos entre 2020 y 2021, con una leve disminuci\u00f3n durante el a\u00f1o 2022.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 la Auditor\u00eda, hasta abril de 2023, se encontraban 1308 sumarios en tr\u00e1mite y 11 sumarios vinculados a hechos de Salud Penitenciaria (10 por abandono de servicio), con 183 agentes penitenciarios sumariados, 77 agentes con pase a disponibilidad, 7 destituidos, 5 sanciones, 6 sobreseimientos y 1 un expediente en Asuntos Jur\u00eddicos del Ministerio de Justicia en tr\u00e1mite.<\/p>\n
En materia de inteligencia ilegal se destaca -en el \u00e1mbito provincial- el uso de los recursos de inteligencia por parte de la polic\u00eda (incluso por funcionarios judiciales, como en el caso Scapolan) para el acceso a informaci\u00f3n clave en materia de narcocriminalidad para cometer il\u00edcitos, el fraguado de causas con fines extorsivos, as\u00ed como la incorporaci\u00f3n de falsas tareas investigativas en expedientes judiciales por comercializaci\u00f3n de estupefacientes.<\/p>\n
Las pr\u00e1cticas ilegales de inteligencia no se alojan ya en los llamados \u201cs\u00f3tanos de la democracia\u201d sino que hace casi una d\u00e9cada han emergido a la superficie como parte de la din\u00e1mica pol\u00edtica, particularmente en el per\u00edodo 2016-2019, tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
La CPM interviene como querellante y\/o denunciante en investigaciones que tramitan tanto en la justicia federal como en el sistema de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales bonaerense, como por ejemplo en la causa que investiga una asociaci\u00f3n il\u00edcita conformada por las principales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia -entre ellos, el director Gustavo Arribas y la subdirectora Silvia Majdalani- destinada a obtener informaci\u00f3n por medios ilegales de personalidades pol\u00edticas, miembros de organizaciones sociales y religiosas y personas detenidas en el penal federal de Ezeiza y la Alcaid\u00eda de Melchor Romero.<\/p>\n
Sin embargo, el avance de las distintas causas en las que se juzgan presuntas pr\u00e1cticas de inteligencia ilegal se vio frenado por el corporativismo judicial que, con epicentro en los tribunales federales de Comodoro Py, ha funcionado como dispositivo de protecci\u00f3n pol\u00edtica y judicial de muchos de los imputados.<\/p>\n<\/div>
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