[5] <\/a><\/sup>publicado este a\u00f1o profundiza esta grave violaci\u00f3n de derechos humanos, mitigada por la asistencia alimentaria de las familias constituidas en el principal sost\u00e9n; sin ellas, el hambre ser\u00eda extremo.<\/p>\nLas pol\u00edticas de ni\u00f1ez y adolescencia<\/b> se ven directamente impactadas por el contexto social cr\u00edtico descripto antes. En la provincia de Buenos Aires, durante 2023 el sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n\u00f3n intervino en 73.200 casos de ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes, superando los 68.000 casos en los que intervino en 2022. Los motivos de estas intervenciones fueron: en el 61 % de los casos por maltrato f\u00edsico o psicol\u00f3gico y \u201cnegligencia\u201d, criterio que hemos cuestionado por su imprecisi\u00f3n conceptual e interpretativa donde se cuela el paradigma tutelar y sus componentes de clase, y que representa el 30 % de los ingresos al sistema. Le siguen las razones de abuso sexual en el 13% de los casos y la ausencia de adulto responsable en el 10%.<\/p>\n
De todos estos casos, 4.101 ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes fueron institucionalizados durante el a\u00f1o 2023. La mayor\u00eda se encuentra alojada en dispositivos no oficiales, tanto conveniados como no conveniados, persistiendo la tercerizaci\u00f3n del Estado en otros actores. Apenas 336 ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes est\u00e1n alojados en centros oficiales, menos del 10 %. Unos 3.300 se alojan en hogares conveniados con el Estado y 447 en hogares sin convenio, estos \u00faltimos sin ning\u00fan tipo de marco regulatorio, supervisi\u00f3n o control. El Estado no tiene dispositivos propios para ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes con discapacidad o en modalidad de comunidad terap\u00e9utica.<\/p>\n
La delegaci\u00f3n estatal en organismos del tercer sector abarca un universo diverso de organizaciones sociales, iglesias, empresas y asociaciones civiles. La pol\u00edtica de tercerizaci\u00f3n con tal heterogeneidad de perfiles pol\u00edtico-institucionales deja un amplio margen para la discrecionalidad y reduce significativamente la incidencia del Organismo de Ni\u00f1ez en la orientaci\u00f3n de los abordajes. El tr\u00e1nsito de cada ni\u00f1o\/a por el sistema depender\u00e1 del dispositivo asignado, sin ning\u00fan tipo de piso m\u00ednimo de derechos garantizado ni perspectiva unificada. Esto se conjuga con una escasa supervisi\u00f3n y revisi\u00f3n estatal.<\/p>\n
En las inspecciones advertimos diversas situaciones de vulneraci\u00f3n de derechos: condiciones materiales y de seguridad deficientes, casos de tortura, malos tratos, agresiones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas, castigos inadecuados, deficiente atenci\u00f3n a la salud y falta de acceso a actividades recreativas, culturales y educativas. Otro de los grandes problemas para la restituci\u00f3n de derechos es la restricci\u00f3n de v\u00ednculos familiares, con casos de separaci\u00f3n de hermanos y dificultades para revincularse con la familia de la que fueron separados, aun cuando forma parte de las demandas de ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes.<\/p>\n
En cuanto a la atenci\u00f3n de la salud mental, los problemas de articulaci\u00f3n entre el Ministerio de Salud y el Organismo de Ni\u00f1ez y Adolescencia dificultan el abordaje de casos de ni\u00f1os\/as o j\u00f3venes que se encuentran bajo medidas protectorias y sufren trastornos mentales. Esto tambi\u00e9n genera problemas para la externaci\u00f3n de usuarios del hospital y las internaciones se prolongan por razones sociales. As\u00ed, el camino a la institucionalizaci\u00f3n y manicomializaci\u00f3n de ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes persiste como pr\u00e1ctica dando cuenta de la vigencia de paradigmas que no los percibe como sujetos de derechos y anteriores al modelo social de la discapacidad.<\/p>\n
A 19 a\u00f1os de la promulgaci\u00f3n de la ley de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos, que promov\u00eda un paradigma de perspectiva de derechos, sigue vigente una mirada tutelar en la intervenci\u00f3n del Organismo Provincial de Ni\u00f1ez y Adolescencia. A esto se agrega la falta de recursos para fortalecer los dispositivos de la ley. Esta respuesta tard\u00eda o ineficiente del Estado repercute en el otro extremo: la intervenci\u00f3n punitiva del Estado. En el encierro las vulneraciones de derechos y la falta de perspectiva se agravan mucho m\u00e1s.<\/p>\n
El sistema de responsabilidad penal juvenil aborda la poblaci\u00f3n en conflicto con la ley que tambi\u00e9n debe ser asistida por el sistema promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos, lo que lamentablemente no ocurre. El Estado llega a esta poblaci\u00f3n a trav\u00e9s de las pol\u00edticas represivas y punitivas, tarde para promover acciones preventivas que limiten el ingreso al \u00e1mbito penal.<\/p>\n
Esto provoca que el sistema penal juvenil presente cada vez m\u00e1s vasos comunicantes con el sistema penal de adultos a partir de la reproducci\u00f3n de patrones propios de la penalidad de tipo m\u00e1s duro, consolidando un proceso temprano de carcelizaci\u00f3n<\/i> de los j\u00f3venes y que no cumple con el paradigma legal de la responsabilizaci\u00f3n<\/i> o reeducaci\u00f3n.<\/p>\n
Durante 2023 ingresaron 828 j\u00f3venes a los centros de detenci\u00f3n; del total de ingresos, el 82% ten\u00eda entre 16 y 17 a\u00f1os, y el 16% eran menores de 16, es decir no punibles. Todo ni\u00f1o\/a aprehendido\/a debe ingresar en un centro especializado de aprehensi\u00f3n (anteriormente denominados CAD, centros de atenci\u00f3n y derivaci\u00f3n) hasta que el juzgado resuelva su detenci\u00f3n o puesta en libertad, pero esto no ocurre; en lugar de promoverse la creaci\u00f3n de lugares de alojamiento no policiales se los achica, tal como ocurri\u00f3 con uno de los tres CEA, el de San Nicol\u00e1s, cerrado hace m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n
Pero el alojamiento en lugares que no corresponden no se da solo al ingreso. Al 31 de diciembre de 2022, se encontraban privados de libertad 1.371 j\u00f3venes: el 44% en centros del Organismo de Ni\u00f1ez, pero casi el 35% en unidades penales de adultos a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esto \u00faltimo contrar\u00eda el principio de especialidad del fuero.<\/p>\n
El Organismo de Ni\u00f1ez cuenta con 36 establecimientos oficiales; casi el 80% de los 448 j\u00f3venes alojados ten\u00eda r\u00e9gimen cerrado y s\u00f3lo un 20 % r\u00e9gimen de semi-libertad.<\/p>\n
Durante el a\u00f1o pasado, a partir del monitoreo de estos lugares y las 531 entrevistas a j\u00f3venes, se relevaron y denunciaron 1.179 hechos de tortura y malos tratos; estas pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas se inscriben en hechos de represi\u00f3n e imposici\u00f3n de medidas sancionatorias, como forma de gestionar la conflictividad hacia el interior de los dispositivos. Tambi\u00e9n los asistentes de minoridad utilizan la tercerizaci\u00f3n de la violencia en j\u00f3venes, uno m\u00e1s de los vasos comunicantes con el sistema penal de adultos.<\/p>\n
Menci\u00f3n aparte merecen las requisas practicadas a familiares y referentes afectivos, que son requisados de forma vejatoria al ingreso a los dispositivos, lo que agrava las condiciones de detenci\u00f3n en tanto desalientan la concurrencia de visitas.<\/p>\n
Otro de los reclamos constantes de los j\u00f3venes es el deficiente sistema de provisi\u00f3n de alimentos: poca variedad de alimentos, escasa cantidad de las raciones, punto de cocci\u00f3n deficiente o feo sabor, falta de temperatura del men\u00fa diario, no ser acorde a la estaci\u00f3n estival, provocar consecuencias en la salud por la ingesta de productos vencidos.<\/p>\n
Este problema en la provisi\u00f3n de alimentos fue reconocido por las autoridades de distintos centros que informaron que durante el 2023 las empresas incumplieron el pliego, argumentando que el Organismo de Ni\u00f1ez no hab\u00eda ajustado el valor del monto asignado por el servicio pese a la creciente inflaci\u00f3n. Tambi\u00e9n fue corroborado en pericias que se llevaron a cabo en distintas causas judiciales; a modo de ejemplo: el informe pericial realizado en el centro de contenci\u00f3n Gambier, donde se provee la alimentaci\u00f3n para seis establecimientos penales, destac\u00f3 que los alimentos llegaban crudos, eran escasos y la cocina no reun\u00eda las condiciones de higiene y salubridad necesarias, y adem\u00e1s que consum\u00edan agua no potable.<\/p>\n
Por otro lado, persisten problemas estructurales: nulo o escaso acceso a espacios de formaci\u00f3n para la inclusi\u00f3n socio-laboral y serios problemas para un acceso pleno a la educaci\u00f3n formal. Tambi\u00e9n, la desatenci\u00f3n de la salud: falencias significativas en el abordaje integral de la salud mental, falta de profesionales, fundamentalmente del campo de la psiquiatr\u00eda donde se prioriza el uso de medicaci\u00f3n psicofarmacol\u00f3gica como \u00fanico recurso y ante cualquier tipo de situaci\u00f3n. Otro de los problemas destacados es la falta de aplicaci\u00f3n del protocolo de prevenci\u00f3n del suicidio, que no logra constituirse a\u00fan como una pol\u00edtica institucional del sistema de responsabilidad penal juvenil.<\/p>\n
La falta o deficiente acceso a la justicia es otro de las situaciones relevadas: la falta de contacto con defensor, asesor y\/o abogado del ni\u00f1o\/a o la falta de conocimiento sobre la propia situaci\u00f3n procesal, entre otros aspectos. En la mayor\u00eda de los casos no se cumplen las llamadas audiencias del art\u00edculo 12<\/i> donde se recepta el derecho a ser o\u00eddo en cualquier proceso que lo involucre.<\/p>\n
En cuanto a las pol\u00edticas de salud mental<\/b>, debemos destacar avances significativos: un descenso de las personas internadas en los cuatro hospitales monovalentes de la Provincia que pasaron de 1.081 en 2022 a 957 en 2023 (un 11 % menos), y la reducci\u00f3n considerable de las muertes producidas en instituciones p\u00fablicas o privadas de salud mental que pasaron de 205 en 2022 a 108 en 2023.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se registraron avances significativos en la implementaci\u00f3n de la ley nacional de salud mental (LNSM), especialmente a trav\u00e9s de pol\u00edticas p\u00fablicas desarrolladas por la Subsecretar\u00eda de salud mental, consumos problem\u00e1ticos y violencias en el \u00e1mbito de la salud del Ministerio de Salud. Entre las principales iniciativas se encuentran el sostenimiento del Plan Provincial de Salud Mental 2021-2027<\/i> y la creaci\u00f3n de un registro de establecimientos de salud mental, ambos dise\u00f1ados para mejorar la atenci\u00f3n y regulaci\u00f3n en este campo. No obstante, a\u00fan falta la formalizaci\u00f3n de los recursos disponibles para garantizar su aplicaci\u00f3n obligatoria; adem\u00e1s, de los 10 equipos m\u00f3viles proyectados para atender urgencias de salud mental en la v\u00eda p\u00fablica hay s\u00f3lo cuatro en funcionamiento.<\/p>\n
Entre los avances tambi\u00e9n destacamos la creaci\u00f3n de un mapeo p\u00fablico de lugares de atenci\u00f3n en salud mental y consumos problem\u00e1ticos. Lamentablemente, a pesar de estos avances, se siguen reportando graves violaciones de derechos en instituciones p\u00fablicas y privadas como c\u00e1rceles neuropsiqui\u00e1tricas, cl\u00ednicas privadas y comunidades terap\u00e9uticas. Estas violaciones incluyen pr\u00e1cticas como abuso sexual, aislamiento ilegal, sujeci\u00f3n mec\u00e1nica indebida, sobremedicaci\u00f3n y falta de cuidados adecuados.<\/p>\n
En las unidades penitenciarias 34 y 45 de mujeres ubicadas en Melchor Romero, designadas como instituciones neuropsiqui\u00e1tricas, persiste el incumplimiento de la LNSM y la ley de derechos del paciente. En estos lugares la atenci\u00f3n de la salud mental est\u00e1 a cargo del SPB y el principal interlocutor es la Direcci\u00f3n provincial de salud penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estas instituciones no han sido incluidas en el Plan Provincial de Salud Mental 2021-2027<\/i>. Aqu\u00ed el tratamiento de personas con padecimientos mentales se limita a una perspectiva psiqui\u00e1trica hegem\u00f3nica, con administraci\u00f3n de psicof\u00e1rmacos sin la debida informaci\u00f3n a los pacientes y carencia de un equipo interdisciplinario adecuado. La falta de adecuaci\u00f3n a las normativas vigentes y el insuficiente control sobre el tratamiento y la atenci\u00f3n de las personas con padecimiento mental dentro de las unidades penitenciarias de Melchor Romero exigen una reforma urgente. Debe replantearse el modelo de atenci\u00f3n actual promoviendo un enfoque m\u00e1s humanitario y respetuoso de los derechos de los pacientes.<\/p>\n
En las cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas y las comunidades terap\u00e9uticas privadas inspeccionadas se registraron graves violaciones de derechos humanos. En ambos casos queda en evidencia que el sector privado cubre el vac\u00edo estatal respecto al acceso a la salud, lo que habilita una discrecionalidad en relaci\u00f3n a las pr\u00e1cticas y las vulneraciones de derechos al interior de dichas instituciones. En cuatro cl\u00ednicas fallecieron personas internadas y se investiga la responsabilidad de quienes estaban a su cuidado: Alma Merlo (16 a\u00f1os) en la Cl\u00ednica Luminar, Nahir Michelli (18 a\u00f1os) en la Cl\u00ednica Santa Ana, Gianfranco Ereude (25 a\u00f1os) en la Cl\u00ednica Neuropsiqui\u00e1trica La Plata y J. M. (33 a\u00f1os) en la Cl\u00ednica San Juan. Respecto a la situaci\u00f3n administrativa de estas cl\u00ednicas, se relev\u00f3 que ten\u00edan habilitaciones ministeriales obsoletas, basadas en normativa antigua no adecuada a ning\u00fan par\u00e1metro de salud mental y derechos humanos.<\/p>\n
En t\u00e9rminos generales, se identific\u00f3 la persistencia de l\u00f3gicas manicomiales: r\u00e9gimen de aislamiento prohibidos legalmente, sujeci\u00f3n mec\u00e1nica gravosa, estado de abandono de personas mayores de edad y\/o con discapacidad, postradas en la cama sin asistencia m\u00ednima, personas menores de edad sin un acompa\u00f1amiento significativo alojadas en el mismo espacio que personas adultas, sin garant\u00edas de abordaje particular ni actividades adaptadas al rango etario, pacientes con falta de cuidados y apoyos, falta de control de legalidad de las internaciones, intervenci\u00f3n policial discrecional frente a las crisis de los pacientes, falta de profesionales y enfermeros, violencia verbal y psicol\u00f3gica, es decir pr\u00e1cticas de torturas y malos tratos en sus diferentes dimensiones. En la misma l\u00ednea se constat\u00f3 la ausencia de abordaje interdisciplinario, deficientes estrategias de externaci\u00f3n y un protagonismo persistente del paradigma psiqui\u00e1trico.<\/p>\n
La CPM tambi\u00e9n inspeccion\u00f3 comunidades terap\u00e9uticas privadas donde evidenciaron muertes y abusos que exigen un control estatal m\u00e1s riguroso.<\/p>\n
Las comunidades terap\u00e9uticas juegan un papel significativo en el abordaje de los consumos problem\u00e1ticos porque cubren el vac\u00edo estatal en la pol\u00edtica p\u00fablica sanitaria. Sin embargo, muchas de estas instituciones no se adecuan a la ley nacional de salud mental (LNSM) y, en lugar de proporcionar un tratamiento adecuado, vulneran los derechos de las personas. A pesar de los esfuerzos recientes para mejorar la supervisi\u00f3n, muchas comunidades terap\u00e9uticas siguen operando sin cumplir con las normativas y existe una gran cantidad de instituciones que funcionan de manera clandestina, lo que permite discrecionalidad en sus pr\u00e1cticas.<\/p>\n
Durante 2023, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria monitore\u00f3 seis de estas instituciones y encontr\u00f3 graves vulneraciones de derechos: internaciones compulsivas, violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica, sobremedicaci\u00f3n y pr\u00e1cticas de aislamiento forzoso. En cinco de las seis comunidades inspeccionadas, la CPM present\u00f3 acciones de habeas corpus colectivos por la gravedad de las situaciones relevadas.<\/p>\n
En dos casos espec\u00edficos la intervenci\u00f3n de la CPM se inici\u00f3 por la muerte de menores de edad en estas instituciones. La muerte de Santiago de 17 a\u00f1os en la comunidad terap\u00e9utica Soltar y la de otro joven de 16 a\u00f1os en el Centro Victoria exhiben graves irregularidades en la administraci\u00f3n de psicof\u00e1rmacos y la atenci\u00f3n de los pacientes. Ninguna instituci\u00f3n contaba con habilitaci\u00f3n sanitaria adecuada, y ambas permit\u00edan pr\u00e1cticas como la administraci\u00f3n de medicamentos por personal no capacitado y el uso de espacios de aislamiento como castigo.<\/p>\n
Estas pr\u00e1cticas no s\u00f3lo violan la LNSM y las leyes de protecci\u00f3n de derechos de j\u00f3venes sino que tambi\u00e9n subrayan la urgente necesidad de una regulaci\u00f3n m\u00e1s estricta y un control efectivo del Estado.<\/p>\n
Como se\u00f1alamos desde hace dos d\u00e9cadas, este sistema de la crueldad que describe el Informe Anual se sostiene por la responsabilidad de los tres poderes del Estado. El poder judicial tiene una enorme responsabilidad en todo lo que se diagnostica en este informe.<\/p>\n
En la pol\u00edtica criminal implementada, las instancias de articulaci\u00f3n institucional promovidas judicialmente y que podr\u00edan vehiculizar transformaciones progresivas (centralmente las mesas de trabajo en el marco de la causa Verbitsky ante la Suprema Corte de Justicia, de la causa sobre comisar\u00edas ante el Tribunal de Casaci\u00f3n Penal o de las medidas cautelares en tr\u00e1mite ante la CIDH) nunca alcanzan definiciones efectivas y sostenibles en el tiempo, pese a coincidir en los diagn\u00f3sticos. S\u00ed destacamos el logro de reducir la poblaci\u00f3n detenida en comisar\u00edas, alcanzando la marca m\u00e1s baja desde el a\u00f1o 2015, y el vaciamiento de las 21 comisar\u00edas cauteladas ante la CIDH[6]<\/sup><\/a>.<\/p>\nLa forma elegida por la cabeza del poder judicial para intervenir en este problema estructural, adem\u00e1s de diagnosticarlo, es impactar sobre el poder ejecutivo, s\u00f3lo recomendar o exhortar sobre las decisiones jurisdiccionales de fiscal\u00edas y juzgados de garant\u00edas que convalidan detenciones policiales y dictan prisiones preventivas sin fundamentos o de juzgados de ejecuci\u00f3n que retrasan sistem\u00e1ticamente los egresos. No se ha modificado la escasa propensi\u00f3n a utilizar las alternativas al encierro para descomprimir esta situaci\u00f3n: se conceden dos de cada 10 pedidos de morigeraciones (libertad condicional, asistida o transitoria, entre otras) y cada vez son m\u00e1s las personas que egresan con la pena cumplida.<\/p>\n
Para consolidar el estado de derecho y el sistema republicano de gobierno es necesario que la Suprema Corte adopte decisiones jurisdiccionales urgentes, categ\u00f3ricas, adecuadas y efectivas para desandar esta crisis humanitaria provocada por la pol\u00edtica criminal de la provincia de Buenos Aires. Estas iniciativas, adoptadas en el marco de la ejecuci\u00f3n del fallo de la Corte nacional, podr\u00edan compararse con una pol\u00edtica de reducci\u00f3n de da\u00f1os. Se trabaja sobre emergentes que en algunos temas y de manera positiva logran modificaciones pero que distan de ser estructurales, y es poco probable que puedan sostenerse en el tiempo. Lo se\u00f1alamos como positivo, ya que sin muchas de ellas seguramente la situaci\u00f3n ser\u00eda peor. No obstante, debemos se\u00f1alar que no se han abordado algunos de los problemas estructurales que la provocan. De no hacerlo, no se resolver\u00e1n y m\u00e1s temprano que tarde la situaci\u00f3n volver\u00e1 a agravarse a un ritmo m\u00e1s acelerado.<\/p>\n
Otro aspecto a se\u00f1alar es que los poderes ejecutivo y legislativo designen los cuatro cargos vacantes de la Suprema Corte, y ser\u00e1 importante que los\/as seleccionados\/as tengan formaci\u00f3n acad\u00e9mica en derechos humanos y probado compromiso con su defensa, que es lo mismo que decir respeto irrestricto por los mandatos de las constituciones nacional y provincial. A esto se agregan los m\u00e1s de 800 cargos vacantes en la justicia provincial, lo que dificulta y lentifica su funcionamiento, entre ellos 120 vacantes de fiscales, m\u00e1s de 55 de jueces del fuero criminal y m\u00e1s de 40 vacantes de defensores oficiales penales.<\/p>\n
En cuanto al nombramiento de magistrados, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria reitera la necesidad de implementar un sistema de selecci\u00f3n transparente y participativo en el que la ciudadan\u00eda pueda ser parte del proceso y opinar sobre quienes ejercer\u00e1n dichos cargos. O sea, echar luz sobre procesos que no son muy claros.<\/p>\n
Una cuesti\u00f3n importante a se\u00f1alar es la deserci\u00f3n del poder legislativo en la resoluci\u00f3n de estos problemas, al no constituir la comisi\u00f3n bicameral que debe abordar las necesarias y urgentes reformas procesales. Dicha comisi\u00f3n fue creada por la Legislatura provincial en 2022 mediante la ley 15.357 con el objetivo de \u201cadecuar la legislaci\u00f3n procesal penal en materia de prisi\u00f3n preventiva y excarcelaci\u00f3n y dem\u00e1s alternativas o morigeraciones (\u2026) y la legislaci\u00f3n de ejecuci\u00f3n penal y penitenciaria, a los est\u00e1ndares constitucionales e internacionales\u201d. Sin embargo qued\u00f3 desintegrada a fines de 2023, luego del recambio de legisladores.<\/p>\n
Desde hace casi 10 a\u00f1os venimos reiterando la necesidad de poner en marcha tres leyes indispensables como herramientas para revertir esta situaci\u00f3n:<\/p>\n